Colombia/ impunidades: el precio de la paz [Hernando Gómez Buendía]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de enero 2016

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Colombia

El precio de la paz 

El día que Colombia entraba en vacaciones, el Gobierno y las Farc divulgaron
el acuerdo crucial y decisivo para poner fin a su guerra brutal de medio
siglo y donde han muerto más de nueve civiles indefensos por cada
combatiente uniformado.

Hernando Gómez Buendía *

Línea de Fuego

http://lalineadefuego.info/

El acuerdo de la justicia es tan extenso y detallado como un código penal,
porque en efecto reemplaza al Código Penal. Dicho en pocas palabras, habrá
amnistía para la gran mayoría de los guerrilleros; sólo serán sancionados
los autores principales y directos de crímenes de lesa humanidad, y estos no
irán a la cárcel si confiesan sus delitos. Se creará un aparato judicial
autónomo y distinto del actual para llevar a cabo los procesos. Y esta
justicia “restaurativa” se aplicará también a los militares o a cualquier
responsable de delitos en desarrollo del conflicto armado.

El acuerdo se anuncia como el eje de un “sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición” porque “las víctimas son la
prioridad”. Y en efecto tendremos algunas confesiones de grandes criminales,
comisión de verdad no judicial, desminado y ubicación de fosas, trabajo
comunitario de algunos reos, unos años de cárcel para los remisos y —sobre
todo— dejación de las armas.

Pero en sustancia se trata de un horror moral o, como tal vez diría el
doctor Santos, de un “sapo” muy difícil de tragar. El sapo que su hermano
pactó con Timochenko cuando le prometió que no habría cárcel y que unos
abogados redactarían el Código por fuera de la mesa, con la sencilla
añadidura de perdonar a todos los otros criminales. Fue un pacto entre las
partes de esta guerra sucia, y por lo tanto el intercambio de sus
impunidades.

De esta manera, un Estado siempre incapaz de administrar justicia sale a
decirnos que unos jueces escogidos por algún mecanismo “de mutuo acuerdo”
harán justicia para los causantes de la tragedia humanitaria que vivimos. Y
acá debo notar que el “detalle” pendiente de quién escogerá los jueces será
la clave y al mismo tiempo la gota más amarga de este pacto amargo.

Y sin embargo hay que tragarse el sapo. El cínico diría que habría tanta o
más impunidad si aquellos criminales fueran sujetos a la patética justicia
colombiana. El historiador recordaría que hemos tenido ya 25 amnistías, o
que el perdón prematuro de Uribe a sus compañeros de viaje fue un horror que
seguimos silenciando.

Y es porque un acuerdo de paz no refleja ideales sino fuerzas reales, y
resulta que aquí la oposición tiene más interés en proteger a sus aliados
que en la justicia para los guerrilleros. Por eso el uribismo pide que los
militares no tengan ni siquiera que confesar sus crímenes. Por eso —al fin
de cuentas— el proceso tenía que desembocar en un acuerdo entre los dos
extremos, donde Santos sirvió de intermediario y donde vamos a tener el
mínimo castigo para el menor número de criminales poderosos que sean
compatibles con la sensibilidad de la opinión nacional y con los vientos del
derecho internacional.

* Director de la revista digital Razón Pública. Fuente original del
artículo: http://www.elespectador.com/opinion/el-precio-de-paz

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