Paraguay/ ensañamiento: 11 campesinos condenados en una farsa de juicio [José A Vera]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

15 de julio 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

  _____  

Paraguay

Ensañamiento 

El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y seis policías morían en un muy
dudoso enfrentamiento en el departamento de Curuguaty. El lunes pasado, sin
la menor prueba, 11 campesinos fueron condenados en Asunción a penas de
cuatro a 35 años de cárcel, acusados de ocupación ilegal de propiedad
privada, asociación ilícita para delinquir y asesinatos múltiples. 

José A Vera, desde Asunción

Brecha, Montevideo, 15-7-2016

http://brecha.com.uy/

¿“Qué pasó en Curuguaty?, es la pregunta general instalada. “Todos somos
Curuguaty”, se lee en las remeras amarillas que portan, sobre todo, jóvenes.
“Todos estamos condenados”, claman otros carteles. Lo cierto es que a partir
de este sospechoso juicio cualquier habitante de este país, por más inocente
que sea, puede considerarse amenazado de terminar preso, dada la
desprolijidad que acompaña a jueces y fiscales.

Hay más de 12 mil personas en las cárceles paraguayas, 75 por ciento sin
condena, y entre ellas están estos 11 campesinos, más otros seis de quienes
poco se habla, condenados por su supuesta participación en el secuestro y
asesinato de una joven, hija de un ex mandatario, hace diez años. Estos
hombres habían huido a Argentina, desde donde fueron extraditados. Se
declaran presos políticos, y la verdad es que con los 11 de esta semana
suman 17 en esa condición. El gobierno paraguayo y su prensa aliada lo
niegan, pero claman por la libertad de los presos en Venezuela.

Al inicio del juicio a los 11 de Curuguaty, “una mascarada para legalizar lo
injustificable”, al decir del abogado Alberto Alderete, miembro del equipo
defensor, el Ministerio Público presentó una caja de cartón con los
elementos que “demostraban” la perversidad de los acusados: una escopeta
vieja, sin disparar ningún tiro en fecha cercana (habría sido traída de una
comisaría), unos machetillos, unas desvencijadas vajillas de aluminio, papel
higiénico, y poco más.

Esa carga habría sido parte del arsenal utilizado por los campesinos, según
el fiscal Jalil Rachid, quien encabezó la orden de detención. En el juicio,
los propios agentes de policía que intervinieron se contradijeron, pero
todos han reconocido que un helicóptero llegó al sitio de operaciones
lanzando un espeso humo que provocó el comienzo de los disparos entre los
propios policías, unos 350, entre ellos integrantes de fuerzas
especializadas.

Martina Paredes, hermana de dos campesinos muertos y dos de los condenados,
testigo voluntaria en el juicio, relató que un hermano la llamó por celular
pidiendo que lo rescataran porque estaba herido de bala y temía que lo
mataran. Así fue: lo remataron y lo fotografiaron junto a otros dos, cada
uno con una escopeta entre las piernas. Esas imágenes, reconocidas por
policías que participaron en el hecho, han desaparecido, al tiempo que el
piloto del helicóptero falleció repentinamente hace un año, días antes de
abrirse el juicio; además se ha rechazado practicarles una autopsia a las 17
víctimas, como han solicitado sus familiares.

Justo una semana después de la masacre el presidente Fernando Lugo era
víctima de un expeditivo juicio político parlamentario por “mal desempeño de
sus funciones”.

El Palacio de Justicia, imponente edificio de mármol blanco, está convertido
desde hace días en un campo de batalla. Barreras de bloques de cemento cada
pocos metros en todas las calles circundantes y un inmenso despliegue
policial que, mientras se leía la sentencia, impidió que pudiera acceder a
la escalinata la multitud apostada en la plaza de enfrente, cercada por
altas verjas de hierro.

Tras leerse la condena estalló la reacción dentro de la sala de los abogados
defensores y las 30 o 40 personas, en su mayoría mujeres, solidarias con los
campesinos. Un año antes del juicio, el presidente del tribunal, Ramón
Trinidad Zelaya, había sido detenido e imputado por tráfico de
estupefacientes. Su designación para presidir “este circo”, según dijo Luis
Lezcano Claude, ex ministro de la Corte Suprema y uno de los defensores de
los campesinos, sería el precio que habría pagado el magistrado para zafar a
una condena. Los militantes humanitarios no se han cansado de denunciar las
continuas irregularidades que marcaron el juicio, así como los lazos de todo
tipo existentes entre fiscales y jueces, parlamentarios, el flamante
presidente del Congreso, Robert Acevedo, y hasta el presidente, Horacio
Cartes.

Las tres figuras invocadas por el tribunal para condenar a los 11 mueven a
risa. La ocupación de propiedad privada por los campesinos es la primera
falacia. Meses antes de la masacre, unas 70 familias sin tierra habían
comenzado a cultivar un predio de 200 hectáreas en una propiedad de 4 mil
que pertenece al Estado desde hace cuatro o cinco décadas, donada entonces
por Italia tras un abandono de años al morir sus propietarios italianos. El
general Alfredo Stroessner cedió esa tierra a la Armada, que se limitó a
alquilarla a sojeros y ganaderos, hasta que en 2004 el presidente Nicanor
Duarte Frutos la destinó al Instituto de Reforma Agraria que, por burocracia
y corrupción, fue demorando su distribución. Tras mucho peregrinar entre
oficinas, un grupo de campesinos decidió incursionar y comenzar a producir
alimentos en esa superficie. Cabe recordar que más que los campesinos son
los dirigentes políticos vinculados a las esferas de poder los que han
usurpado más tierras a lo largo de estas décadas, entre ellos el fiscal de
este juicio, Jalil Rachid.

La segunda acusación fue la de “asociación para delinquir”, pero en el curso
del juicio no fue presentada ninguna prueba en ese sentido. La tercera fue
la de asesinato, y tampoco se pudo demostrar que los tiros que mataron a los
policías hubieran sido disparados por los campesinos condenados. Por otro
lado, el proceso fue contra los acusados de haber matado a los uniformados.
En la masacre murieron 11 campesinos. De su asesinato no hay ningún acusado.

  _____  

 



---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20160715/539ffd31/attachment.htm