Uruguay/ violencia policial, pornografía punitiva y Estado penal [Guzmán Castro]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de julio 2016

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Uruguay

Violencia Policial, Pornografía Punitiva y Estado Penal 

Guzmán Castro

Razones y Personas: Repensando Uruguay, Montevideo, 14-7-2016

http://www.razonesypersonas.com/

En estos días se presenta el estudio “Adolescentes, Jóvenes, y Violencia
Policial en Montevideo.” (ver Correspondencia de Prensa, 9-7-2016) Resultado
de la articulación entre organizaciones de derechos humanos y la academia,
el trabajo tiene como objetivo “medir las formas, las frecuencias y las
intensidades de la violencia policial sobre adolescentes y jóvenes (de 13 a
29 años).” 

Entre las conclusiones más importantes cabe resaltar que:

a) “La policía dedica ingentes esfuerzos para el control por el control
mismo, bajo criterios de selectividad social y territorial, sin que ello
tenga ningún correlato positivo en materia de prevención, investigación y
conjuración del delito.”

b) “La violencia policial es la consecuencia de una forma de trabajo que
prioriza el control y el castigo y que se justifica por una fuerte demanda
social.”

c) “Los jóvenes (varones) pobres de las periferias urbanas son los más
sometidos a la violencia física, la vigilancia constante y el control
territorial.”

d) “Las intervenciones policiales son mayores en aquellos barrios con peores
indicadores socioeconómicos” y la “violencia y el trato inapropiado se
intensifican a medida que empeoran los indicadores socioeconómicos.” Pero
incluso en los más prósperos “centro y sur de la ciudad son intervenidos
muchos jóvenes que residen en los barrios más vulnerables, lo que demuestra
que el trabajo policial se configura sobre un claro perfil de selectividad
socioeconómica.”

e)  El 7.1% de los jóvenes entrevistados fueron detenidos en los últimos
cuatro años, mientras que para los varones mayores de edad ese número
asciende a 16%. Finalmente, “casi la mitad de los entrevistados presenció un
procedimiento policial sobre otras personas en los últimos cuatro años.”

Ante el sistemático avance de casos violencia policial y gatillo fácil (y
además de fácil, selectivo), el timing del estudio no podría ser más
apropiado. En este contexto, vale señalar que la violencia discriminatoria y
desproporcionada que localiza el trabajo está enmarcada en un cuerpo legal y
una lógica institucional que privilegia el encierro y el castigo. Con una
tasa de encarcelamiento de 282 cada 100.000 habitantes, Uruguay es el
segundo país de Sudamérica con más presos por persona.[2]

El aporte de este trabajo no es menor. En primer lugar porque visibiliza
prácticas de intervención policial que no llegan a la esfera pública. Y no
llegan porque el sesgo de los medios de comunicación y del aparato estatal
las invisibiliza en su paranoica carrera contra (¿por?) la inseguridad o
simplemente porque se materializan en territorios al margen del orden
socio-económico. Al hacerlo, provee herramientas para politizar un ámbito
fundamental de lo social, el campo de la seguridad, que la “hegemonía del
discurso conservador,” usando un término de uno de sus autores, ha extirpado
de la órbita de lo político.  

El estudio viene también a confirmar una serie de problemas que la academia,
la militancia, y por supuesto la democracia partidaria han relegado. ¿Cómo
pensar un estado que encierra a tantos de los suyos en el infierno de las
cárceles uruguayas; que lleva adelante razias en los barrios de menores
recursos con la excusa del combatir el narcotráfico -espectáculos de valor
mercantil que el sistema político intercambia, con la ayuda de los medios de
comunicación, por la fruta podrida del populismo penal; que no se puede
contener en el avance de políticas y discursos de mano dura porque es él
mismo quien los promueve; que gasta millones de dólares de los bolsillos de
ese 70% de trabajadores/as que no llegan a los 23mil y pico por mes en
helicópteros, drones, cámaras de seguridad, y otros juguetes que no dan de
comer pero aseguran una inseguridad filmada y archivada -dinero que, para
peor, va a parar a las cajas del complejo policial-industrial
estadounidense; que presupuesto a presupuesto aumenta los recursos para el
Ministerio del Interior mientras se hace una sangría con la educación
pública; y que además se dice de izquierda?

Es decir: ¿Cómo pensar el agigantamiento de lo penal-punitivo en la
interacción entre el estado y una parte de la población en la coyuntura
política? En comparación con nuestros vecinos, las ciencias sociales
uruguayas saben relativamente poco sobre el avance de lo que Pierre Bourdieu
llamó el “brazo derecho” del estado (entendido como contraparte a su “brazo
izquierdo,” compuesto por la educación, salud pública y otros servicios
sociales que en nuestro país relacionamos a la idea de “estado batllista”).
El llamado de Loïc Wacquant  a desentrañar las lógicas del estado penal -una
forma política que gobierna sobre la pobreza estructural de las democracias
neoliberales con un brazo derecho hecho de cárceles y policías- aparece cada
vez más urgente en nuestro país.

Siendo el estado una unidad de análisis tan difícil de asir, y sin embargo
tan real, un buen primer paso consiste en señalar dónde podemos divisar el
estado penal en Uruguay.

El estado penal aparece en dos formas, siempre entendidas, tomando la idea
de Timothy Mitchell, como “efectos de estado”. Por un lado, el estado penal
se inscribe en la realidad física y objetiva: piénsese en la cárcel de 2000
plazas que el gobierno va a construir bajo lógicas empresariales que
mercantilizan el encierro, en el cuerpo del joven de 16 años asesinado por
efectivos policiales en el Marconi en el mes de Mayo, en las cámaras de
seguridad que pasaron a formar parte de paisaje urbano de la Ciudad Vieja, o
en los textos de las reformas legales de carácter punitivo que viajaron en
las últimas semanas desde Presidencia hacia el Parlamento.

Su contraparte se cristaliza en el orden de lo simbólico, desde donde
entendemos el mundo que nos rodea. Así, el estado penal no solo actúa sobre
un mundo ya existente, sino que interviene en la clasificación,
ordenamiento, y construcción de ese mundo.

En su ropaje simbólico, el estado penal es espectáculo siempre lindante en
lo obsceno. El ejemplo más obvio y reciente es la tan comentada “comisión
interpartidaria de convivencia y seguridad ciudadana”. Desde el momento en
que el Presidente de la República decide definir esta instancia como
“comisión,” palabra cargada de capital tecnocrático fácilmente
intercambiable por capital político, una serie representaciones sobre la
composición y funcionamiento de lo social cobran legitimidad y se hacen
reales. El resultado en este caso fue un movimiento discursivo hacia la
derecha del tablero. Tan es así, que en el país de la intocable ley de
caducidad, es completamente normal que se reaviven proyectos punitivos en
torno a la “minoridad infractora” que parecían derrotados por voluntad
popular.

El verdadero trabajo político de la comisión, entonces, es simbólico. En sus
largas conferencias de prensa, la comisión devino en performance que
interviene reificando y rearticulando lo social en clave punitiva. A ver:
cuando el Senador Heber aparece con un cartel de Presidencia a su espalda
diciendo que el mayor problema del Uruguay son los “300 menores infractores
que lo tienen de rehén,” es ahí mismo que se genera un “efecto de estado”
que privilegia un imaginario interesado y subjetivo de la realidad social.

En una reciente columna, el antropólogo Marcelo Rossal y la antropóloga
Mariana Matto levantaban una pregunta central para pensar lo político en el
Uruguay hoy: “¿Qué hace que la definición del problema social y su
consiguiente 'tratamiento' sea la delincuencia y la inseguridad y no la
pobreza consustancial al sistema capitalista lo que hay que abordar?”[3] Lo
dicho anteriormente sugiere que la respuesta reside, por lo menos
parcialmente, en la emergencia y consolidación de un estado penal. Y aunque
duela en la izquierda, es indudable que esta forma de intervención estatal
fue promovida por gobiernos frentamplistas, especialmente el de Mujica y el
actual de Tabaré Vázquez, que desistieron de dar la batalla por los sentidos
de la inseguridad abocándose por completo a pelear en el chiquero del
populismo penal (terreno, dicho sea de paso, donde la derecha se siente más
cómoda). 

Ahora bien, la historia del estado penal uruguayo es más extensa y compleja.
Es más extensa, históricamente hablando, porque es indudable que las raíces
de prácticas e instituciones que lo componen se remiten al inicio del
autoritarismo-neoliberal que emerge a fines de los años sesenta del siglo
pasado. Es más compleja porque sobrepasa los límites del Uruguay como
estado-nación, planteando la problemática de cómo se articulan tecnologías
gubernamentales de naturaleza transnacional al contexto local. En este
sentido, vale señalar que a nivel transnacional el estado penal ha
funcionado como brazo armado del neoliberalismo. La relación entre estos dos
fenómenos es bien concreta y de clase. En algún momento del siglo XX, el
estado de bienestar keynesiano prometió amortiguar los costos humanos del
capitalismo a través de su brazo izquierdo. Al proletariado se lo apaciguó
con bienestar. En las últimas décadas del siglo XX, sin embargo, el estado
(o mejor, aquellos grupos sociales con legitimidad para hablar y actuar por
el estado) desequilibró la balanza en favor de su brazo derecho. Las
instituciones punitivo-penales pasaron entonces a ser las grandes
protagonistas de la intervención en los márgenes del sistema económico. En
vez de escuelas y hospitales, cárceles. En vez de la promesa de seguridad
laboral, la promesa de que la respuesta a cualquier rebelión contra un orden
económico inhumano termina en el arma de un policía o tras las rejas. (Son
iluminadoras de este último punto las respuestas oficiales al levantamiento
en el Marconi, negando de plano el obvio carácter político de ese evento).

En todo caso, y cerrando por el momento un tema que da para mucho más, el
estudio sobre violencia policial y jóvenes es muy bienvenido en tanto
problematiza el lugar común que dice que el palpable agigantamiento del
brazo derecho del estado es el resultado del aumento en la criminalidad a la
vez que abre espacios para pensar el significado político del giro punitivo
sobre el gobierno de los desposeídos por el capitalismo en la era
neoliberal.  

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