Brasil/Río de Janeiro/ "bienvenidos al infierno" [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de julio 2016

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Brasil/Río de Janeiro

Juegos Olímpicos

“Bienvenidos al infierno” 

Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, la violencia en las
favelas se ha disparado y ha sacado a la luz la guerra silenciosa entre
policías y narcotraficantes. Los habitantes de estas comunidades son las
principales víctimas del fuego cruzado. Tan sólo en mayo la policía mató a
una persona cada nueve horas. Tres de cada cuatro eran jóvenes negros. 

Agnesse Marra, desde Río de Janeiro

Brecha, Montevideo, 22-7-2016

http://brecha.com.uy/

El miércoles 6 un grupo de policías se manifestaba en el aeropuerto
internacional Galeão, de Rio de Janeiro, con una pancarta con la que
provocaban a los turistas que recién llegaban a la “ciudad maravillosa”:
“Bienvenidos al infierno”, decía. Esta era la respuesta de las fuerzas del
orden ante el aumento de agentes asesinados en la guerra que se juega a
diario en las favelas cariocas entre fuerzas armadas y facciones del tráfico
de drogas.

Esa misma semana un informe de Human Rights Watch (Hrw) confirmaba que por
cada policía asesinado en 2015, las fuerzas de seguridad mataron a 25
personas. En este sentido, los habitantes de los morros hace tiempo que
viven en un infierno. Jóvenes, niños, adultos, muertos por balas perdidas,
por estar en el lugar y el momento equivocados.

Desde que se supo que Brasil albergaría la Copa del Mundo, y después Rio de
Janeiro los Juegos Olímpicos, la violencia en las favelas no ha hecho más
que aumentar. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis
años la policía carioca fue responsable de entre 13 y 21 por ciento del
total de asesinatos en la ciudad. En 2015 fueron asesinadas 645 personas, y
una de cada cinco murió por “homicidio derivado de acción policial”. El
director de Amnistía Internacional de Brasil, Atila Roque, advierte que ese
número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son
registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no
colocar la culpa en las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con
Eduardo Jesús, un niño de 10 años, asesinado por la Policía en abril de 2015
en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la
escuela: “Como maté a tu hijo puedo matarte a vos también, porque él era un
hijo de bandido”, le dijo el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras
ella le gritaba desesperada.

El Instituto de Seguridad Pública reconoció que entre febrero y mayo de 2016
las muertes por acción policial aumentaron 78 por ciento con relación al año
anterior. El 30 de junio la policía asesinó brutalmente a Jonathan Dalber,
un menor de 16 años que salía de la casa de su tío, en el morro de Borel,
con una bolsa de pop en la mano. Sin mediar palabra, un agente le pegó un
tiro en la cabeza al pensar que lo que llevaba en la mano era una bolsa con
droga. Los vecinos de la comunidad grabaron un video donde se ve cómo los
policías, al darse cuenta del error, intentan socorrer al chico pero acaban
abandonándolo y huyendo.

Asesinatos extrajudiciales, abuso de fuerza, invención de la escena del
crimen y amenazas a posibles testigos forman parte del día a día de la
Policía Militar, según denuncia el informe de Hrw “El buen policía tiene
miedo: Los costos de la violencia policial en Rio de Janeiro”. La impunidad
y el “vale todo” en aras de la seguridad permiten que la lógica de la
vulneración de derechos humanos se mantenga: “Pocas veces llegan a la
justicia los casos de policías que han hecho abuso de poder. La mayoría de
las confrontaciones son encubiertas como legítima defensa”, reconoce el
fiscal general Marfan Martins Vieira en ese documento.

Lógica de guerra

Rio de Janeiro es el estado brasileño con tasas de mortalidad más elevadas
en el transcurso de operaciones policiales. En los últimos diez años más de
8 mil personas fueron asesinadas en el curso de invasiones “pacificadoras”
en las favelas. Las políticas de seguridad pública se basan en la
militarización de estas comunidades. Por un lado, desde las Unidades de
Policía Pacificadora (Upp), y, por otro, desde operativos de guerra con
tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial
apenas existe: “Las Upp eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso
porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas
de control y represión”, le cuenta a Brecha Atila Roque.

Después de diez años de Upp el balance de los vecinos es desalentador: “Los
militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros
en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan; es
una pesadilla”, cuenta Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la
policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Sabemos
que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir entre los tiros”,
dice Santiago, habitante de la favela de La Maré desde hace más de treinta
años.

El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas donde viven
alrededor de 140 mil personas, fue invadido por la Policía Militar poco
antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran
durante el evento, pero la Policía Militar permaneció allí un año más, hasta
julio de 2015. En estos días están a punto de volver.

El secretario de Seguridad Pública del estado de Rio de Janeiro, Jose
Mariano Beltrame, anunció que 60 mil policías y 20 mil militares ocuparán la
ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No especificó cuántos de
ellos “subirían” a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se
quedarían allí. En abril, Beltrame, tras la muerte de un integrante del
Batallón de Operaciones Especiales a manos de un comando de
narcotraficantes, había advertido que quien “se atreva a disparar a un
policía va a recibir un tiro”.

Las muertes de policías también han aumentado en momentos en que el estado
de Rio de Janeiro se encuentra en “estado de calamidad”. Las fuerzas de
seguridad, al igual que los profesores, los funcionarios públicos y el
personal sanitario, reciben sus salarios con atraso. En todos esos sectores
los recortes han sido muy duros.

“Por un lado el policía es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable,
pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus
víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque.
Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la
policía de Rio de Janeiro por la crisis económica hace que “aumente el
estrés y también la violencia”. Pero ello no justifica de manera alguna que
se vulneren los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción
para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El
director de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de
las favelas y al aumento de los asesinatos sino también a la nueva ley
antiterrorista, que desde el 4 de junio criminaliza cualquier manifestación
que se haga en determinados puntos de la ciudad hasta pasados los Juegos
Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas
de derechos humanos presos e incluso heridos. No podemos permitir que
avasallen la libertad de expresión”, apunta el militante humanitario.

“Un tipo normal” 

A sus 30 años, Víctor Santiago se ha convertido, junto a su madre, Irone, en
un activista social de la favela de La Maré. Después de lo que le sucedió
dice que lo único que le queda es denunciar su caso “para mostrar al mundo”
lo que sucede a diario en las favelas de Rio de Janeiro, donde el Estado
sólo llega en forma de fusil o de tanque.

Víctor repite constantemente que siempre fue un “hombre normal”: pagaba sus
cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde para ser técnico
en seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le
sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015 cuando volvía a casa
en el coche de un amigo. Primero los paró un primer control militar para
pedirles documentos. Pudieron seguir adelante esa vez, pero antes de llegar
a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares, sin
intercambiar palabra, comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor
recibió un tiro y Víctor Santiago dos. Víctor estuvo una semana en coma y
tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis.
Las dos balas que recibió lo dejaron parapléjico y con una pierna menos. Él
responsabiliza al estado de Rio. “Fue culpa de la incompetencia de los
gobernantes, a quienes no les importamos nada”, dice. Cuenta que una de las
cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y sin
ningún tipo de ayuda. “El Estado no me ha dado ni una curita.”

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa
prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus
necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su
trabajo de costurera para cuidarlo, y el resto del tiempo lo dedica a
intentar conseguir que se haga justicia. “Recién un año después de los
hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor,
y lo más absurdo de todo es que en este caso mi hijo constaba como testigo y
no como víctima”, se lamenta Irone.

La mujer afirma no tener miedo de posibles represalias. Sabe que la policía
suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le
ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas, que
tienen miedo de hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay
en La Maré, por no hablar de los asesinatos. Quieren acabar con todos
nosotros, no tenemos derecho a nada”. 

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El fracaso de las UPP

Alcyr Cavalcanti *

La política de seguridad del estado de Rio de Janeiro aplicada mediante las
Unidades de Policía Pacificadora (Upp), que apuntaban a acabar con la
criminalidad llevando urbanización, saneamiento y construcción ciudadana a
las favelas, parece haber llegado a su fin sin haber alcanzado sus
objetivos. Las agresiones, amenazas, torturas y asesinatos se volvieron
rutinarios, y todo lleva a pensar que las órdenes para actuar en tal sentido
vienen de las jerarquías, de los gobernantes, y ya no de elementos sueltos.

Pero la situación parece haber escapado a todo control. El prefecto
[intendente] Eduardo Paes, que fue recientemente homenajeado en Medellín con
el premio Scroll of Honour por su supuestamente exitosa administración,
repite en sus discursos que Rio de Janeiro es poco menos que un paraíso
terrenal en el que su población vive en seguridad, paz y armonía. El Scroll
of Honour premia proyectos que promueven el acceso de los sectores más
pobres a los servicios públicos, garantizan su ciudadanía plena y
contribuyen a un aumento de su calidad de vida. Pero la realidad es bien
distinta.

En principio, las Unidades de Policía Pacificadora, creadas cuatro años
atrás por el gobernador Sergio Cabral, con el respaldo de la Onu, debían
ayudar a mejorar las actuales condiciones subhumanas de vida de los sectores
más marginales. Pero el proyecto está basado en conceptos derivados del Plan
Colombia, una prolongación de las concepciones de la Guerra Fría según las
cuales el enemigo debe ser exterminado a cualquier precio. El enemigo actual
es el narcotráfico infiltrado en las favelas y morros cariocas.

En la práctica, el proyecto trasplantado de Medellín y adaptado a los morros
de Rio aumentó los niveles de inseguridad, no sólo entre los 2 millones de
habitantes de las favelas sino en todo el estado de Rio de Janeiro.

Las invasiones y ocupaciones de los asentamientos no son nuevas. Datan de
los años 1990, cuando el general Nilton Albuquerque Cerqueira era secretario
de Seguridad y la Escuela Superior de Guerra ubicaba a su nuevo enemigo en
las “áreas rojas” que constituían las favelas Morro do Alemão, Jacarezinho,
La Maré y Rocinha, las mayores de la ciudad, que debían ser invadidas,
ocupadas y aisladas. Las calificaciones castrenses también comprendían unas
“áreas amarillas”, las favelas de peligrosidad media. Pero el problema fue
que las favelas crecieron en número, en parte como producto de la ausencia
de una adecuada política pública de vivienda: en 1948 eran 105, en 2000
habían trepado a 513 y hoy superan las mil. Sus habitantes carecen de
saneamiento, padecen de enfermedades hace tiempo erradicadas de otras zonas
del país, tienen niveles de desempleo particularmente altos, y todo ello a
pesar de los sucesivos Programas de Aceleración del Crecimiento (Pac 1 y 2)
puestos en funcionamiento por los gobiernos del PT.

La ejecución de Amarildo de Souza y la desaparición de su cuerpo, en la
favela de Rocinha, en la zona sur de Rio de Janeiro en 2013, por policías de
una Upp, fue el primero de una serie de episodios que mostraron la verdadera
cara de este proyecto. Quien ordenó las torturas a De Souza fue el
comandante de la Upp. Luego se multiplicaron los hechos de ese tipo. Douglas
Rafael Pereira, un bailarín de funk que animaba un programa de la Red Globo,
fue asesinado en una favela que debía ser “pacificada”. Sus pobladores
salieron a protestar y Edilson dos Santos, un joven con problemas mentales,
resultó muerto de un tiro en la cabeza por un policía.

El correlato de la extrema violencia ejercida por la Policía Militar contra
los favelados ha sido una respuesta igual de violenta de éstos contra los
policías, especialmente policías militares. De la misma forma que el Estado
ofrece recompensas por la cabeza de algunos delincuentes, en ciertos morros
la muerte de policías es recompensada. El narcotráfico imita al Estado, del
que también forma parte. Los narcos pasan de favela en favela a medida que
se van instalando las Upp, y hay un continuo recambio en los liderazgos de
sus organizaciones, que atraen a millares de jóvenes en busca de un estatus
efímero en zonas donde predomina el cada cual por su lado y el todos contra
todos.

* Periodista y antropólogo, autor de investigaciones sobre la violencia
urbana en Rio. Escribió el libro É sexta de Carnaval, o ensaio é geral,
sobre los vínculos entre samba, narcotráfico y Jogo do Bicho.

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