Uruguay/ tercera planta de celulosa: la confirmación del modelo primarizado [Brecha - informe pasteras]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de julio 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

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Uruguay

Otra planta de celulosa en ciernes y el modelo en cuestión

Tres es una confirmación

El gobierno recibió con beneplácito la posibilidad de que se instale una
nueva pastera en el país. En un momento de estancamiento económico, la
inyección de 4.000 millones de dólares (la mayor inversión de la historia en
Uruguay) aparece para el Ejecutivo como un regalo del cielo. Sin embargo, el
entusiasmo no es unánime. 

Víctor H Abelando

Brecha, Montevideo, 29-7-2016

http://brecha.com.uy/

El pasado 14 de julio la empresa finlandesa Upm (ex Botnia) comunicó la
posibilidad de construir una segunda planta de fabricación de celulosa en
Uruguay. Para ello dijo que está en conversaciones con el gobierno nacional
y que la inversión sería de 4.000 millones de dólares, pero a diferencia de
cuando se instaló en Fray Bentos, dio a conocer un requerimiento básico: que
la planta cuente con una infraestructura que permita que sus productos sean
trasladados, preferentemente vía ferrocarril, a un puerto de aguas
profundas, en este caso el de Montevideo. Para cumplir con el requisito, la
administración nacional deberá desembolsar 1.000 millones de dólares. Upm
instaló su primera pastera a orillas del río Uruguay sin plantear estas
exigencias y fue la empresa quien eligió el emplazamiento. Lo distinto en
este caso es que las gestiones realizadas en 2014 por el entonces presidente
José Mujica en Finlandia proponían como lugar de la nueva planta el centro
del país, en lugar de las riberas de ríos compartidos con la vecina
Argentina.

El anuncio de la pastera fue bien recibido por el gobierno uruguayo (aunque
faltan negociaciones para que se concrete), en la medida que esa inversión
extranjera directa (Ied) sería un impulso a una economía cuasi estancada por
falta de capitales que la dinamicen. La obra pública ha sido recortada y en
el horizonte no aparece otro factor que actúe como locomotora del
crecimiento económico.

Esta nueva fábrica de Upm sería la tercera en producir celulosa en el país.
La interrogante que surge, más allá del ingreso de los dólares y el
incremento de al menos un punto del Pbi, es cuánto derrama y aporta al
desarrollo de Uruguay una producción de este tipo. La respuesta puede
medirse en dos factores principales: cuál es la conveniencia para el modelo
productivo, y cuánto de esa inversión (y sus resultados) genera recursos
para el desarrollo de las políticas públicas. Un primer asunto a tener en
cuenta es que, de concretarse el emprendimiento, debería instalarse en zona
franca puesto que, de acuerdo al tratado bilateral de inversiones (Tbi)
firmado con Finlandia, debe recibir un trato igualitario al de otras
empresas de la misma nacionalidad (y también de otro origen) instaladas en
Uruguay. El régimen de zonas francas fue definido, mediante una ley, en
1988. En la actualidad el Parlamento tiene para su aprobación un proyecto
del Ejecutivo (que cambia la denominación a “zonas económicas especiales”)
que en esencia mantiene todas las exoneraciones y la extraterritorialidad de
los negocios allí afincados. De acuerdo a la ley vigente, las empresas en
zonas francas están exoneradas de cualquier tipo de impuesto nacional,
incluida la remisión de sus utilidades a las casas matrices y sólo deben
abonar los aportes al Bps de los trabajadores nacionales, que en las dos
pasteras existentes (Upm y Montes del Plata, en Colonia) son la minoría.
Tampoco se grava la importación de insumos para su producción. Lo paradójico
de todo esto, confesó a Brecha un jerarca de anteriores administraciones
frenteamplistas, es que la ley de promoción de inversiones (que exonera
temporalmente de muchos impuestos al capital) se fundamentó en la necesidad
de limitar la existencia de zonas francas, pero en realidad éstas se han
ampliado y han perforado el marco tributario del país. Hoy son 11 y varias
de ellas fueron concedidas durante los gobiernos frenteamplistas, por
ejemplo la de Montes del Plata y Aguada Park (servicios globales), que
pasaron de representar el 3 por ciento de las exportaciones en 2005 al 18
por ciento en 2015 (unos 1.500 millones de dólares).

De acuerdo a un informe publicado en mayo de este año por Uruguay XXI, las
exportaciones de las dos plantas de celulosa en 2015 alcanzaron los 1.237
millones de dólares, ocupando el segundo lugar tras la soja. El principal
destino de la celulosa es China. A su vez, ese mismo año las exportaciones
de troncos hacia Upm y Montes del Plata fueron por un valor de 589 millones
de dólares. En el caso de la venta de los rolos de eucaliptos hacia los
establecimientos mencionados, cabe denominarlas exportaciones, porque van
hacia zonas extraterritoriales, aunque estén dentro del territorio uruguayo.

Los bemoles del modelo

En cuanto al aporte al desarrollo productivo del país, las conclusiones no
son tan alentadoras como sus defensores pregonan. El doctor en economía
Gustavo Melazzi señaló a Brecha que, por ejemplo, son 180 los trabajadores
nacionales contratados por Upm en Fray Bentos y están vinculados a trabajos
de baja calificación. El reclamo, añadió, de que dejara una cadena de valor
hacia adelante fue hecho por el Pit-Cnt, pero no cuajó. “Desde el comienzo
nosotros planteamos que era importante en todos los convenios decirle al
capital extranjero que avanzara en algún proceso industrial más desde la
celulosa (que es un commodity), pero nunca pasó nada”, concluyó Melazzi.
Incluso indicó que la única empresa creada para suministrar insumos a la
pastera (Kemira) está en la planta física de Upm –por tanto en zona franca–
y parte de su capital accionario es del Estado finlandés. Además, Kemira
también suministra los productos químicos a Montes del Plata.

Por otro lado, el ex jerarca gubernamental comentó a Brecha que habría
influencia positiva en el modelo de producción en el caso de que el aumento
de plantas permitiera que se montaran en el país empresas que proveyeran de
insumos a Upm y Montes del Plata. Y recordó que el principal motivo de la
implantación de plantas de celulosa por la parte privada es que la
diferencia de costos de flete entre transportar en barco la madera y hacerlo
una vez ya transformada en pasta produce, por la variación del volumen, “un
abaratamiento muy grande”. Pero la mano de obra en la cadena hacia adelante
está en China, y no en suelo uruguayo. De ahí que lo importante sería
participar en la cadena hacia atrás, en la producción de más productos
químicos, de repuestos o de otros insumos. “Desde el punto de vista
productivo eso sería lo más interesante”, remarcó.

Las plantas en sí emplean mano de obra mientras se construyen, pero después
funcionan con bajo empleo. “Cuando se habla de la cadena forestal y de las
grandes plantas, afirman ‘nosotros empleamos miles’; en verdad esos miles en
buena parte ya estaban empleados antes. Y los troncos en lugar de ir al
puerto van a las pasteras”, afirmó. Lo positivo sería que puedan utilizar
productos elaborados en el país, insistió. Y recordó que hoy, en el mundo,
los procesos industriales están fragmentados, pero todos los países quieren
participar de alguna manera en la elaboración de la mercancía final con la
incorporación de productos nacionales. De otra manera no hay efectos
positivos para el desarrollo local.

Melazzi subrayó que ya en 2011 se constató que las pasteras no produjeron
ningún efecto locomotora, excepto Kemira, que es de ellos, “el resto es
negativo porque se llevan las utilidades (Upm ya desquitó la inversión), y
lo único que se ha logrado es la consolidación de un modelo primarizado”. Y
en cuanto al personal ocupado recordó que mucho se habló de la formación de
soldadores uruguayos, pero ellos resolvieron que no, que necesitaban
soldadores con experiencia del exterior y los trajeron hasta de Polonia. En
referencia a los miles de empleos indirectos, advirtió que es correcto
diferenciar dos aspectos: en el caso de la plantación de eucaliptos ya
existente, no hay variación en la producción ni en la incorporación de mano
de obra, “simplemente se establece un destino alternativo al puerto de
Montevideo, para exportar los troncos”. Y si se trata de ampliar las áreas
cultivadas, la llamada generación de empleo indirecto es en realidad
negativa. “El censo agropecuario dice que cada mil hectáreas la forestación
ocupa 1,7 trabajadores y la ganadería, que es la que le sigue, seis
trabajadores. Lo que dejan es la parte de los salarios pagados, el
arrendamiento de algunas cosas y el pago de intereses de ciertos préstamos
solicitados al Banco República. La compra de energía no, porque ellos la
producen y se la venden a Ute”, sostuvo Melazzi. Según el informe de Uruguay
XXI, el excedente energético de Upm en Fray Bentos equivale al 11 por ciento
del total de la electricidad producida en el país y es suficiente para
abastecer 150 mil hogares. En el caso de Montes del Plata, lo producido y
vendido al ente es mayor y satisface la demanda de 200 mil hogares.

En relación con las utilidades no gravadas y enviadas al exterior, el
economista indicó que del 30 al 40 por ciento de las remesas (que en su
totalidad equivalen anualmente a 2,5 por ciento del Pbi) corresponden a las
pasteras. Esto relativiza el impacto que tienen en el incremento del
producto (1,5 por ciento), pues los ingresos al país resultantes de los
millones que exportan son mínimos.

Una opinión bastante generalizada en filas del propio oficialismo, aunque
manifestada en privado en función de las discusiones pendientes (por
ejemplo, la rendición de cuentas), es que la necesidad de inversiones obliga
a ser menos selectivo. Aparte de no existir convencimiento de que
necesariamente la nueva planta deba instalarse en una zona franca, se señala
el riesgo de que si bien el emprendimiento es positivo por el ingreso de
divisas, en la medida en que no exista la exigencia de instalar industrias
auxiliares importantes, y nacionales, para proveerle de insumos puede
generar problemas al resto de la producción nacional. Ello porque la
inyección de capital sin un fuerte desarrollo de proveedores y productores
nacionales lo que hace es fortalecer el peso, devaluando el dólar,
disminuyendo la capacidad de competencia del resto de la industria
exportadora del país.

Fuentes de la Opp (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) señalaron a Brecha
que se pretende trabajar en otra perspectiva y se piensa en plantear algunas
iniciativas de la cadena hacia adelante. Por ejemplo, no sólo referido a la
fabricación del papel sanitario sino hacia una “bioeconomía centrada en la
celulosa” para la producción de biocombustibles de segunda y tercera
generación. Esa sería una variable hasta ahora inexplorada.

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Los puestos de trabajo en las pasteras y la forestación

Ayuda memoria

Betania Núñez

Cuando desembarcó Botnia se dijo que la empresa generaría 8 mil empleos,
entre directos e indirectos. El mismo argumento se recicló con Montes del
Plata, que anunció que daría trabajo a 7 mil personas. Ahora Upm quiere
redoblar la apuesta y vuelve a sacar el mismo número de la galera: va a
generar, dicen, otros 8 mil puestos. Pero la experiencia obliga a tomar los
números con pinzas. Más allá de que hay quienes aseguran que tales cifras
nunca se alcanzaron, lo cierto es que luego del boom que se generó durante
la construcción de las plantas, la ocupación cayó estrepitosamente. Hoy la
propia Upm dice que emplea a 800 trabajadores, aunque hay quienes manejan,
por fuera de la empresa, cifras mucho menores. Mientras, Montes del Plata
afirmó en la última reunión de la Comisión de Seguimiento, realizada el 15
de octubre de 2015, que emplea a 286 trabajadores y 953 a través de
contratistas. Sin embargo, en la misma reunión el vecino de Conchillas
encargado de la bolsa de empleo, Fabián Almada, dijo, según consta en el
acta, que en el pueblo exigen el “trabajo que se les prometió” y aseguró que
“la cifra que maneja la bolsa de trabajo no es la misma que la presentada
por la empresa”.

Yendo un poco más atrás en el tiempo, las obras de Montes del Plata también
se recuerdan por la violación de los derechos laborales, particularmente de
los trabajadores extranjeros. “Venían con salarios menores, había
trabajadores que cobraban el 40 por ciento que nosotros; tenían condiciones
laborales totalmente diferentes respecto al cobro de horas extra y los
protocolos de seguridad. La informalidad que se da cuando vienen empresas
tan grandes es muy compleja. Nos pasó por ejemplo que un trabajador chileno
fue atropellado por un auto en Carmelo y no tenía cobertura médica ninguna”,
rememoró en diálogo con Brecha Daniel Diverio, dirigente del Sunca
(sindicato de la construcción). Eso, y no la falta de calificación del
personal uruguayo, fue lo que explicó muchas veces el empleo de personal
extranjero en lugar del nacional: “¿Por qué traen un trabajador extranjero,
si tienen el costo del pasaje y el de la estadía?”, se pregunta y se
contesta Diverio. “Porque lo que hay detrás es una explotación salvaje de
los compañeros extranjeros.”

En ese sentido, este semanario publicó en su momento, por ejemplo, que
durante la huelga iniciada por la muerte de un obrero en Montes del Plata
había trabajadores extranjeros que no hablaban español ni inglés y que, sin
poder ir a trabajar para cobrar el jornal y en un país mucho más caro de lo
que les habían anticipado, se habían quedado sin ahorros. A todo eso la
empresa para la que trabajaban no les daba explicaciones ni les facilitaba
un pasaje de vuelta a su país de origen.

De cara a la construcción de una tercera planta, Diverio consideró que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha mejorado, pero señaló que esa
cartera tiene serias dificultades para controlar que las grandes empresas
que realizan obras en el interior del país cumplan con las leyes nacionales.
“En las oficinas de la mayoría de los departamentos del Interior hay
inspectores que tienen escasa capacitación, y muchas veces desconocen los
últimos convenios laborales. Cuando se hace una denuncia puede ocurrir que
tengamos que esperar a que vaya un inspector de Montevideo y que cuando
llega la obra ya terminó. El ministerio tiene una pata flaca en eso.”

Menos visibles en la cadena de la celulosa, los trabajadores forestales
viven una realidad todavía más compleja. El semanario La otra voz de
Tacuarembó publicó el 8 de julio el testimonio de varios forestales de
Tranqueras, Rivera, donde se da cuenta de contratos laborales de 11 meses al
año disfrazados de zafrales y el pago en negro de buena parte del sueldo, lo
que reduce el aguinaldo y la perspectiva de una jubilación justa. También
relata la realidad generalizada entre los aplicadores de herbicidas que
trabajan sin habilitación y por unos pocos pesos, la distancia de un
sindicato, el Soima, que ya no los consulta de cara a las negociaciones en
los consejos de salarios, y las listas negras donde los patrones anotan a
“los revoltosos” que osan reclamar por sus derechos.

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¿Crear dos, tres, muchas papeleras? 

Hugo Dufrechou/Martín Jauge *

La empresa Upm comunicó el interés de instalar su segunda planta de
celulosa. Sería la tercera en nuestro país, procesaría el doble de madera
que la planta de Fray Bentos, y su construcción demoraría cuatro años, dando
empleo en esa etapa a 8 mil trabajadores.

La empresa Upm comunicó el interés de instalar su segunda planta de
celulosa. Sería la tercera en nuestro país, procesaría el doble de madera
que la planta de Fray Bentos, y su construcción demoraría cuatro años, dando
empleo en esa etapa a 8 mil trabajadores.

Además, la inversión total será de 5.000 millones de dólares: 4.000 millones
por parte de Upm y 1.000 millones por parte del Estado, para asegurar
condiciones de infraestructura y logística tanto para el transporte de la
materia prima hacia la planta como de la producción hasta el puerto de
Montevideo. El Estado espera realizar esta inversión en gran medida a través
de inversiones privadas.

Los beneficios económicos y sociales de estas megainversiones están
permanentemente en debate. Sus defensores manifiestan que son beneficiosas
por la cantidad de empleos directos e indirectos que generan, por las
posibilidades de transformar la matriz productiva al avanzar en el
encadenamiento vertical, integrando procesos productivos más complejos; por
ejemplo, fabricar papel.

Los opositores argumentan que la cantidad de empleos directos e indirectos
generados por este tipo de inversión suele no ser tal. Sostienen además que
estos proyectos generan daños en el ambiente que impactarán en las
generaciones futuras. Aseguran que la promesa de ser pasos intermedios hacia
una transformación productiva asociada a la industria de alta tecnología es
vacía, dado que de acuerdo a la división internacional del trabajo esas
actividades están restringidas a los centros económicos, como Estados
Unidos, algunos países de Europa y Japón. Argumentan, además, que la
estrategia de incentivo a la inversión desarrollada por el gobierno –por
ejemplo mediante la ley de promoción de inversiones o las zonas francas– no
parece apropiada para estas inversiones, ya que los principales incentivos
para su instalación tienen que ver con las condiciones del suelo o la
calidad institucional que promueve “reglas” claras.

Hay que recordar que la ley de promoción de inversiones permite la
exoneración de hasta un 100 por ciento del impuesto a la renta empresarial
(Irae), y las zonas francas se benefician de un régimen de exoneración
tributaria total, con excepción de los aportes a la seguridad social. En
otros países, como Noruega, China, Argentina, Chile, Estados Unidos, se
utiliza parte de la renta captada de esas empresas para capitalizar fondos
soberanos de inversión, previendo que las futuras generaciones no tendrán
beneficios cuando se agote el recurso natural que explotan (por ejemplo el
petróleo). Uruguay, parece estar en las antípodas de esas políticas.

Experiencias anteriores. Hoy el país cuenta con la experiencia acumulada de
las dos plantas de celulosa existentes, y tiene nuevos insumos para el
debate. Pese a que ambas son menores a la que se instalaría, en su momento
fueron “la inversión más grande en la historia del país”. En ambos casos la
construcción y la puesta en funcionamiento generaron un fuerte impacto en el
Pbi –en 2015 el crecimiento fue de 1 por ciento, según la ley de rendición
de cuentas, pero al descontar el efecto de Montes del Plata (Mdp), el mismo
fue de 0,3 por ciento–. A su vez, su influencia en la generación de empleo
tiene un fuerte aumento en la fase de construcción, cayendo drásticamente al
quedar operativa la planta. Actualmente hay unos 600 trabajadores en cada
una de ellas.

Respecto de los empleos indirectos, se estiman en unos 2.800 para Upm y 5
mil para Mdp. Si bien este es un indicador importante para ver el potencial
de este tipo de inversiones, también es cierto que la estimación es bastante
difusa, ya que muchos puestos de trabajo existían previamente. Tampoco se
incluye en el análisis la destrucción de actividades que se hacían en zonas
cercanas.

Posturas contrarias

La posición en contra de la nueva planta de celulosa se hace más compleja en
esta coyuntura. Si bien siempre hubo discursos sumamente críticos hacia este
tipo de inversiones, hoy el escenario es otro: el desempleo ha empezado a
aumentar y se hace sentir en los sectores más humildes de nuestra sociedad,
por lo que un posicionamiento contrario debería al menos contemplar esta
situación e intentar esbozar alternativas.

Respecto del perjuicio ambiental, el debate parece estar aún en fojas cero
debido a que los posibles impactos ambientales negativos de este tipo de
industria recién serán mensurables más adelante. Sin embargo debería
pensarse la crítica ambiental a toda la cadena de valor, y en particular la
referida a la erosión del suelo que produce el eucalipto. La crítica por
este lado debería apuntar no sólo a la parte industrial de la producción,
sino al proceso general, con énfasis en el modelo forestal. Otro
cuestionamiento apunta a lo poco democrática que resulta la toma de este
tipo de decisiones. Ante la necesidad de superar momentos recesivos (y a
veces no tanto), se atenta contra los mecanismos establecidos. Por ejemplo,
al hacer el anuncio, el presidente Vázquez da por sentadas dos cosas: la
aprobación de la Dinama, deslegitimando la opinión de –o ejerciendo presión
sobre– el órgano de contralor en temas ambientales; y la inversión en
infraestructura requerida por Upm, estableciendo que en gran medida será
provista por privados y mediante la modalidad de participación
público-privada. Tampoco resultan claros cuáles son los resguardos que pueda
tener el Estado ante la inversión que se comprometió a hacer, con plazos que
lo van a limitar y que debilitarán su capacidad para controlar aspectos
fundamentales de las grandes inversiones.

¿Por qué el Gobierno lo celebra? El gobierno recibió esta noticia como una
bendición caída del cielo. En un momento de contracción económica, la
estrategia es desarrollar mecanismos que atraigan más al capital
internacional. ¿Cómo? Garantizando mejoras en infraestructuras logísticas
(por eso se anunció un plan de infraestructura quinquenal de 12.700 millones
de dólares, que no sufre modificaciones en la actual rendición de cuentas);
atacando el déficit fiscal para mantener el acceso a mercados
internacionales de financiación, pero sin modificar los incentivos fiscales
a las inversiones y resignando potenciales aumentos de los ingresos
fiscales. En otro plano, pero con el mismo objetivo, se fijaron para el
sector privado pautas salariales que desvalorizan la fuerza de trabajo
mediante la reducción del salario real al desindexar los salarios en un
momento de inflación creciente –pautas que no varían pese al insistente
reclamo del movimiento sindical.

Para salir de la actual desaceleración económica se requieren fuertes shocks
de inversiones. Pero esta coyuntura es el resultado de un modelo económico
basado en la producción de commodities exportables y en un fuerte flujo de
entrada de la inversión extranjera directa (Ied). Por eso, ante una
disminución del precio de las materias primas y la retracción de la Ied, la
economía uruguaya enlentece su crecimiento y genera un aumento del desempleo
en áreas hasta ahora dinámicas, como la construcción, que ocupa entre otros
a un porcentaje relativamente grande de trabajadores no calificados y que
perdió cerca de 20 mil puestos de trabajo en los dos últimos años.

La apuesta del gobierno para salir de los problemas económicos que han
generado las propias limitaciones de este modelo productivo, curiosamente,
es su profundización. Vale aclarar que el modelo no es patrimonio del actual
gobierno, se arrastra desde los años ochenta y noventa y tiene como hitos
simbólicos y jurídicos la aprobación de la ley forestal (15.939, en 1987),
la ley 15.921 de zonas francas (en 1987) y la ley número 16.906, de
promoción y protección de inversiones, de 1998. Pero también hay que decir
que su permanencia no ha sido cuestionada por quienes desde hace más de una
década tienen el monopolio de las decisiones económicas en el gobierno (casi
en exclusividad el Frente Liber Seregni).

La fundamentación para sostenerlo no pondera si el modelo es bueno en sí y
tiene una oferta productiva deseable, sino que pone el foco en la inversión
que realiza, la actividad económica que despliega y el empleo que puede dar.
El modelo también propicia un proceso de fuerte concentración: del millón de
hectáreas que hay forestadas, 200 mil corresponden a Upm y 230 mil a Mdp. Lo
que muestra el alto grado de extranjerización y concentración de esta
actividad económica.

En síntesis, en un escenario donde la conflictividad crece progresivamente
(con la próxima votación de la rendición de cuentas y la continuación de la
negociación en los consejos de salarios), se pueden apreciar las
consecuencias del modelo al que se quiere seguir apostando por parte del
gobierno. No obstante –unificando las diferentes luchas disgregadas–, se
debería trabajar para generar condiciones como para que una planta de
celulosa no sea la solución para sostener la economía, ni muchos
compatriotas precisen de ella para mantener su empleo.

* Economistas. Integrantes de la cooperativa Comuna.

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Basta de joder con el ambiente 

Raúl Zibechi

La millonaria inversión de Upm para abrir la tercera pastera profundiza el
modelo extractivo, que no es sólo un modelo de economía, sino un modelo de
sociedad: una “sociedad extractiva”, no productiva ni innovadora. Una
sociedad que se dedica a convertir la naturaleza en mercancías, casi sin
transformación, tiene su futuro comprometido.

En las primeras décadas del siglo pasado, cuando el país se encontraba en
las puertas de un potente crecimiento industrial por sustitución de
importaciones, existían alrededor de 500 “pueblos de ratas”, rémora de un
pasado que estaba a punto de ser superado. El crecimiento de la industria
fue capaz de absorber a miles de trabajadores que provenían de los barrios
populares de la capital, de pequeñas y medianas poblaciones del Interior, y
también de aquellos pueblos rurales donde se amontonaba el pobrerío desde el
alambramiento de los campos.

Por lo menos tres generaciones se beneficiaron, a través del ascenso social,
de aquel desarrollo industrial. Familias enteras llegaron a la capital,
donde el varón solía encontrar trabajo en la construcción y la mujer en el
empleo doméstico. Con los años, él podía aspirar a ingresar en una fábrica
en la que aprendía un oficio y, con aplicación y no poco esfuerzo,
alcanzaría el grado de obrero calificado. Ella también podía ingresar en
alguna planta, como las textiles, que ocupaban mayoritariamente mujeres. A
lo largo de una vida levantaban su vivienda y sus hijos podían elegir, ellos
sí, entre el trabajo y los estudios. A menudo los hijos y los nietos de
obreros de la generación que irrumpió en los años cuarenta acudieron a la
universidad.

Esas performances no fueron, en absoluto, excepcionales. Uruguay tampoco fue
un bicho raro en este tipo de desempeño industrial. Duró poco, ciertamente,
pero le cambió la cara al país. Junto a ese proceso industrial se erigió un
Estado del bienestar, aún imperfecto; una sociedad integrada e integradora
anclada en la escuela pública, que nutría una cultura y unos valores
compartidos por la inmensa mayoría de la población, más allá de las clases
sociales a las que se perteneciera.

No era sólo un modelo económico sino un tipo de sociedad en que las clases
medias tenían un papel preponderante y, según Real de Azúa, “amortiguador”.
Estaba lejos de ser una sociedad perfecta (las mujeres y los jóvenes pueden
dar testimonio de ello), pero era aquel tipo de mundo en el que casi todos
podíamos reconocernos en el mismo espejo. Explotados y explotadores debían
amoldarse a ciertas reglas de juego que impedían que unos se llevaran casi
todo debajo del brazo. Era, en suma, una sociedad regulada. A veces,
asfixiantemente regulada. Pero funcionaba y seguía integrando.

***

Hoy se nos anuncia una millonaria inversión de Upm para abrir la tercera
pastera. Las autoridades dieron el visto bueno porque, dicen, se necesitan
inversiones para crecer y crear empleo. La central sindical avala esa
decisión, así como los partidos mayoritarios. Ninguno de los actores
mencionados, empero, explican los beneficios que tendrá para el país, más
allá de esos dos argumentos ciertamente pobres, aunque mediáticamente
eficaces. En una larga década tras la crisis de 2001, el Pbi se ha duplicado
largamente pero los nuevos problemas sociales no parecen en vías de
solución.

Como señaló días atrás Alberto Couriel, los gobiernos del Frente Amplio no
se han dotado de una estrategia de desarrollo capaz de promover la
innovación y la producción de alta tecnología. Seguimos siendo un país
exportador de materias primas sin procesar. Digamos, de paso, que si el
Frente renunció a diseñar un modelo de país en el que encuadrar (o rechazar)
las inversiones que el mercado propone, ha perdido una oportunidad histórica
ya que goza durante tres legislaturas de mayoría absoluta y una larga e
inédita década de crecimiento de la economía.La nueva pastera profundiza el
modelo extractivo, que no es sólo un modelo de economía, sino un modelo de
sociedad: una “sociedad extractiva”, no productiva ni innovadora. Una
sociedad que se dedica a convertir la naturaleza en mercancías, casi sin
transformación, tiene su futuro comprometido.

Desde el punto de vista económico, en el rubro celulosa somos apenas
exportadores de rolos de madera. El segundo o tercer destino de las
exportaciones uruguayas, según los meses del año, son las zonas francas,
porción de territorio en el que se ha renunciado a ejercer soberanía, donde
no se perciben impuestos, salvo los aportes a la seguridad social, y el
empleo que se genera es tan pequeño como los impuestos que se pagan.

¿Cuáles son las ventajas de emprendimientos que no generan valor agregado,
no pagan impuestos ni crean empleo? Aquí no hay ni modelo de país ni
estrategia de desarrollo. La impresión es que se funciona al golpe del
balde. Las inversiones vienen porque en los países del Norte decidieron
trasladar ciertos tramos de la producción al Sur y recalan en este país
porque les ofrece las mejores condiciones para las empresas multinacionales.
Pero acarrean consecuencias sociales que no suelen tenerse en cuenta.

La primera es que esta “sociedad extractiva” tiene mucho que ver con la
de-sintegración social que sufrimos, con el aumento de la violencia en
general y de la violencia machista en particular, con un alarmante
crecimiento de la marginalidad, que no es un hecho económico sino social y
cultural. No existen, ni pueden existir, modelos económicos que no sean, a
la vez, formas de sociedad –que incluyen relaciones sociales y culturales–,
salvo en la cabeza de economistas obnubilados por la macroeconomía.

Este modelo genera una enorme bolsa de trabajadores mal pagados. Una parte
sustancial de los empleos que se generan se acercan a un salario mínimo.
¿Qué futuro podemos ofrecer a los jóvenes de los sectores populares cuando
la mitad de los asalariados ganan menos de 15 mil pesos en empleos con
bajísima calificación? ¿Es tan difícil vincular eso que llaman
“delincuencia” con que una parte importante de los jóvenes no tiene futuro?
Ellos, y a menudo sus padres, están teniendo un desempeño de vida inferior
al de sus abuelos, como si la maquinaria que integraba en el siglo XX
funcionara ahora al revés, mostrándoles el camino del descenso social.

Además de desintegración, este modelo genera una enorme y brutal
insolidaridad e indiferencia ante los que sufren. Nadie se solidariza con
los condenados, que sólo merecen piedad o misericordia. La creciente
militarización de nuestra sociedad es la otra cara de la desintegración:
apelar a la policía para resolver problemas de la vida cotidiana es la cara
más amarga del extractivismo.

Esta sociedad extractiva se sostiene, por abajo, con políticas sociales que
fueron creadas para atender la emergencia provocada por la crisis de 2002,
pero ahora se eternizan porque el trabajo asalariado no asegura la
sobrevivencia con dignidad. Y se reproduce, por arriba, con la
ininterrumpida acumulación de riqueza por el 1 por ciento. La brecha
económica es cada vez mayor, pese a los discursos oficiales, como lo
demuestran los estudios que han analizado las declaraciones de la renta.

Mención aparte merece la creciente brecha urbana que ha sido definida como
“extractivismo urbano” por algunos urbanistas, que ahonda el apartheid por
el cual unos tienen libre acceso a la ciudad y los otros la sufren, ya sea
por el pésimo transporte público o porque cierto color de piel resulta
sospechoso (y perseguible) en las catedrales del consumo.

***

Este modelo de sociedad no funciona sólo en Uruguay. Con particularidades
que a veces lo empeoran (como la minería a cielo abierto), es la regla en
toda América Latina. Un pequeño país no puede salirse del modelo hegemónico
en solitario sin pagar enormes costos. Sin embargo, conviene recordarlo, un
pequeño y pobre país del Caribe, llamado Cuba, logró zafar de la dependencia
del monocultivo azucarero para convertirse en un exportador de tecnología
médica. Para ello fue necesario desafiar las “leyes del mercado”, o sea, a
los poderes que desgobiernan el mundo.

Que no sea sencillo salir del modelo no quiere decir que debamos
subordinarnos ni cantarle loas. Podría decirse, por ejemplo, que el
glifosato que se utiliza en los cultivos de soja es uno de los responsables
de que nuestros ríos estén contaminados y nuestra salud en riesgo. Pero lo
que no es éticamente aceptable es que se proclame que hay que levantarle un
monumento a la soja.

Tampoco es aceptable que se tache de “ambientalistas” a quienes se oponen al
modelo, con la misma intención de escurrir el bulto que décadas atrás usaban
las derechas, acusando de “comunistas” a los que luchaban contra el
pachecato. Es un modo mezquino de evitar el debate sobre el modelo de país
que queremos.

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