Venezuela/ de relato heroico a farsa grotesca [Carlos Carcione]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de junio 2016

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Venezuela

De relato heroico a farsa grotesca

Carlos Carcione *

Brecha, Montevideo, 27-5-2016

http://brecha.com.uy/

La amenazante sanción del decreto de excepción constituye quizás el
develamiento de una enorme parodia. Apoyado en un discurso barnizado de un
léxico “socialista”, que busca hacer ver continuidad con el gobierno de
Chávez allí donde sólo hay ruptura con él, el presidente Nicolás Maduro
acaba de dar otro paso en el camino de la liquidación del proceso
bolivariano tal como lo conocimos en estas dos décadas.

La democracia participativa y protagónica, las formas novedosas de
propiedad, la garantía irrestricta a los derechos humanos, los derechos
sociales y políticos que allí se establecen, hicieron de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela una hoja de ruta progresiva de la que
nunca se alejó el presidente Chávez.

Esa Constitución expresó un proyecto, perfectible, es cierto, pero
emancipador. Se trataba del sueño de completar la independencia política, de
alcanzar la soberanía económica y de construir la justicia social. Una
revolución política en un marco democrático. Hoy ese proyecto está
agonizando. Con el decreto 2.323, la tentación autoritaria que durante meses
vino mostrando la cúpula del gobierno se encuentra frente al delgado límite
de una medida extraordinaria que, de imponerse en todo su alcance, deroga,
de hecho, las garantías y derechos constitucionales y suprime la república
como forma de gobierno. Por medio del decreto el gobierno ha declarado a
viva voz su voluntad de transformar un régimen político democrático en uno
bonapartista clásico: totalitario, reaccionario y represivo.

La compleja situación política, económica y social por la que atraviesa el
país ha entrado, de la mano de ese decreto, en un tiempo de turbulencias
agudas que pueden de­sembocar en hechos impredecibles. Estamos presenciando
la profundización de un conflicto por el poder entre las dos cúpulas
políticas, tanto la del Partido Socialista Unificado de Venezuela (Psuv)
como la de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (Mud), que hace tiempo
están alejadas de las necesidades de los ciudadanos. Se trata de la disputa
por el control de la distribución de la renta. En esa disputa el pueblo es
un simple y sufrido espectador que paga las consecuencias.

Por otra parte, los artículos del decreto, al no especificar cuáles derechos
y garantías podrían ser suspendidos, diseñan, para la solución de los
problemas que señalan, un Estado de carácter policial, enmascarado de “poder
popular”, con la función de “vigilancia” que le asigna a los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (Clap) y los Consejos Comunales.

Al mismo tiempo se sigue sin atacar las causas fundamentales de la crisis
económica. El anterior decreto de emergencia económica fue un fracaso.
Algunos pocos datos ilustrarán lo que decimos: la inflación anualizada que
para 2015 estuvo alrededor del 200 por ciento, medida anualmente a marzo de
2016 ya alcanzaba el 514 por ciento. Cuando el desabastecimiento en
alimentos y medicinas en diciembre del año anterior llegaba al 60 por
ciento, en marzo llegaba al 75 en alimentos y 80 en medicinas.

Más allá de todas las maniobras empresarias, la base del desabastecimiento y
la carestía internos está en esta política. Es la economía “productiva”,
contra la que el pueblo en las colas ya ha empezado a rebelarse diariamente.
Lo más grave es que con el decreto el gobierno pretende forzar a las fuerzas
armadas a que rompan su tradición y raigambre bolivariana y defiendan una
política miserable contra el pueblo. Pero lo que concentra el cinismo del
documento se hace evidente en lo referente al Arco Minero y el tema de
conservación del ambiente. Mientras que en uno de los numerales de los
artículos se cuestiona la tala indiscriminada de bosques, en otros se
ratifica la línea de profundizar el extractivismo depredador del “motor
minero”, que no sólo destruye bosques y vida sino que convertiría en piedra
y polvo seco 22 por ciento del territorio nacional.

Por otra parte, la acusación de golpe de Estado permanente contra el
Ejecutivo abre paso a una represión indiscriminada. En todo caso, lo que sí
está dicho allí es que el gobierno considera, sin mencionarlo, que la única
acción hoy visible para que el pueblo evalúe su gestión y decida sobre su
continuidad, como es el referendo revocatorio, es un instrumento subversivo,
y lo iguala a las guarimbas. Rechaza de esta manera uno de los instrumentos
democráticos más avanzados y rompe con el legado de Chávez en su obra
instrumental más completa.

Al asimilar la puesta en marcha del revocatorio con la destitución de Dilma
Rousseff y la salida del PT del gobierno de Brasil, la cúpula del Psuv
desnuda toda la falacia de su discurso. Si lo que hubo en Brasil fue un
“golpe” parlamentario forzando hasta la ilegalidad una cláusula
constitucional, el referendo revocatorio no es una “opción” sino un derecho
ciudadano que el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral (Cne),
tiene el deber de facilitar, como lo ordena muy explícitamente la
Constitución.

Pretendiendo anular ese derecho, la cúpula del gobierno y el Psuv actúan de
la misma manera que los parlamentarios brasileños que forzaron la salida de
Dilma.

* Coordinador del equipo de investigación de Marea Socialista de Venezuela.
Tomado de Rebelion.org. Brecha reproduce fragmentos de esta nota.

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