Argentina/ a seis meses del nuevo gobierno: un diagnóstico socio-económico [Plataforma 2012]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de junio 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

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Argentina

A seis meses del nuevo gobierno: un diagnóstico socio-económico

Plataforma 2012, Buenos Aires, 10-6-2016 

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A seis meses de asumido el nuevo gobierno, desde Plataforma 2012 proponemos
recuperar la vigencia de nuestro planteo originario y retomar, bajo las
actuales condiciones, el necesario debate sobre los problemas fundamentales
que siguen pendientes de resolución en la Argentina. 

En nuestro documento original de enero de 2012 planteamos algunos ejes
problemáticos: las violaciones de derechos humanos y el avance en la
legislación represiva; el proceso de concentración de riqueza y
especialmente el problema de la concentración de la propiedad de la tierra y
la soja-dependencia, correlato del despojo de comunidades campesinas y
pueblos originarios, el avance de la megaminería contaminante y los
privilegios recibidos por las grandes corporaciones mineras, cerealeras,
petroleras, automotrices, bancos. En esta línea, señalamos el incremento de
las brechas de la desigualdad. Por último, apuntamos a visibilizar la
construcción, por parte del gobierno, de un relato que pretendía enmascarar
dichas políticas y alianzas, bajo un discurso épico pretendidamente
progresista y fuertemente descalificador y estigmatizante de toda
disidencia. 

Es indudable que el gobierno anterior dejó como herencia problemas
profundos. Para nombrar algunos: alta inflación, niveles crecientes de
pobreza; aumento del empleo informal y de la desocupación, el mayor déficit
fiscal en la historia democrática reciente, muy bajo nivel de reservas,
intercambio comercial deficitario con controles arbitrarios de importaciones
y mercado de cambios, producción y empleo privado estancados hace años con
el empleo público creciendo como mero refugio, un esquema de subsidios a los
servicios públicos caracterizado por la corrupción en la connivencia entre
las empresas y el gobierno y una progresiva incapacidad de sostenimiento
financiero y la destrucción del sistema de indicadores económicos y
sociales, etc. 

Esta herencia es responsabilidad del gobierno anterior, pero los caminos
elegidos por el actual gobierno para intentar resolver estos problemas no
parecen los más adecuados y ni siquiera garantizan su resolución. Más aún,
el modo en cómo ha encarado la herencia recibida revela las características
del nuevo oficialismo: se trata de un gobierno neoempresarial, que entiende
la política como gestión y marketing y concibe la tecnocracia como la
estrategia central de la construcción de hegemonía. 

En efecto, el punto anterior referido a la “herencia recibida” constituía un
test general para el nuevo gobierno, que decidió abordar su resolución
optando por un ajuste tradicional –uno más de los que históricamente ha
sufrido la sociedad argentina-, golpeando duramente a los sectores más
vulnerables, e incrementando las desigualdades –incluso justificándolas-, en
nombre de la promesa de un futuro “derrame”. De este modo, lejos de las
promesas de “pobreza cero”, el discurso fundacional del nuevo oficialismo se
centra en la necesidad de un “sinceramiento doloroso y eficaz”, el cual es
presentado como si hubiera una respuesta “única”, de carácter “técnico”, sin
discutir el modo de abordaje, con lo cual se pretende ocultar la estructura
de intereses que existe detrás de la dialéctica existente entre la herencia
recibida y la resolución implementada, la cual, una vez más, favorece a los
sectores más concentrados de la sociedad. 

Basta observar que en estos meses la inflación se aceleró como resultado de
las políticas oficiales, la política monetaria y cambiaria se muestra
contradictoria y muy favorable a la renta financiera mientras el sistema
productivo soporta fuertes incrementos de costos; de hecho, la mejora
competitiva de la devaluación de inicio se erosionó en gran medida con la
aceleración de precios, al tiempo que las tasas de interés impulsadas desde
el Banco central garantizan negocios financieros especulativos para los
grandes operadores. Asimismo, pese al déficit fiscal se resignaron impuestos
a las grandes corporaciones mineras y agropecuarias mientras no se ajustan
escalas y tributos a los grupos de menores ingresos y a las empresas de
menor tamaño. Se reclama una situación de emergencia para el ajuste del
gasto público y de los salarios, pero no se plantean impuestos directos y
progresivos a la renta financiera, a las grandes fortunas y a la
concentración de la propiedad.

Puede afirmarse que las principales medidas en el campo económico del actual
gobierno han buscado reestablecer la renta financiera y las ganancias de las
grandes corporaciones, con el declarado objetivo de atraer capitales al
país. El anunciado blanqueo de capitales es otra medida que va en el mismo
sentido y que se contradice con el discurso oficial contra la corrupción
público-privada. En estas cuestiones, preocupa la confusión que está
generando el gobierno entre interés público y privado. La elección como
funcionarios públicos de ex CEOs de las grandes corporaciones empresariales
es un dato más de esta confusión. El gobierno parece considerar que
administrar los bienes y servicios públicos es igual que administrar los
bienes y servicios privados, lo cual es un error probado por la literatura y
la investigación económica y social. 

En este sentido, y como muestra del modo en que se implementaron los ajustes
de las tarifas de servicios, el interés primordial del gobierno ha sido el
de garantizar rápidamente las ganancias de las empresas, dejando en un
segundo plano el impacto negativo sobre el bienestar de la población
(desconociendo incluso las diferencias térmicas entre los extremos de la
geografía nacional en la aplicación del incremento tarifario de electricidad
y gas), y los costos de empresas de menor tamaño que son las responsables
principales de la oferta laboral en el país. La concepción de la gestión
pública con criterios de las grandes corporaciones privadas, quedó
evidenciada en la ola de reclamos y el anuncio cotidiano de excepciones a
los ajustes. Más que “eficiencia”, el gobierno muestra desconocimiento y
arbitrariedad, además de las sospechas sobre funcionarios por sus estrechos
vínculos con las corporaciones beneficiadas. 

Los recientes anuncios gubernamentales, pegados a un blanqueo y a la
eliminación del impuesto a los bienes personales, también tiene
reminiscencias del gobierno anterior, que habilitó varios blanqueos durante
su gestión y siempre usó la estrategia de justificar y legitimar medidas
favorables a los grupos de mayor riqueza con algunas medidas sensibles
socialmente. Así, el anuncio de la oferta del Estado para todos aquellos
jubilados que están en litigio (con sentencia firme o que están en juicio),
lo cual implicaría un aumento del 45% para aquellos que acepten entrar en
este acuerdo, es una medida en el sentido correcto, pero no se tiene en
claro cómo seguirá el financiamiento a futuro de estos beneficios y del
conjunto del sistema porque el pago de esos beneficios está atado a un nuevo
blanqueo de capitales. En realidad, el pago de la deuda histórica para con
los jubilados sólo podría sostenerse en el tiempo si se lleva a cabo una
reestructuración impositiva general y progresiva; acompañado esto de un
aumento del empleo en blanco. 

Por otro lado, el anuncio de un nuevo blanqueo no es sólo a todas luces
política y moralmente inaceptable, sino que además vendría atado a la
promesa de eliminar el impuesto a los bienes personales para el año 2019. O
sea, no solo que pueden blanquear lo que estaba en negro, sino que además no
van a cobrarle en el futuro impuestos por esa riqueza. El impuesto a la
riqueza es uno de los instrumentos más eficaces para combatir la desigualdad
distributiva y debería potenciarse en lugar de eliminarse.

Peor aún, el actual gobierno ha resuelto profundizar la política del
gobierno anterior favorable a la matriz energética sostenida en
hidrocarburos. Como hemos expuesto en otros documentos, esta apuesta no sólo
es cara sino también nociva para el país y va a contramano de los crecientes
problema que plantea el cambio climático al tiempo que profundiza los
conflictos territoriales en torno a la contaminación del medio ambiente. La
no publicidad del contrato de YPF con la multinacional Chevron, el
mantenimiento de los contratos con China son solo ejemplos de la continuidad
en la materia.

Otra medida preocupante es la modificación del decreto 436 del 31 de enero
de 1984, sancionado en la época de Alfonsín, que había quitado a los
militares el manejo de una serie de definiciones en torno a su personal, que
pasaban a ser controladas por el Ministro de Defensa. Este decreto
fundacional de la nueva era democrática, fue reemplazado por un reciente
decreto presidencial (721/2016), por el cual las Fuerzas armadas vuelven a
tener atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios,
incorporación de retirados en espacios de formación, que desde 1985 estaban
bajo el control político. De este modo, se fortalece un funcionamiento más
corporativo y autónomo de las fuerzas armadas, lo cual implica un claro
retroceso respecto del necesario control civil de las mismas. 

En otro orden, contrariamente a lo que se esperaba, no se observa una
despolarización del campo político-social. Por un lado, sectores importantes
del exoficialismo niegan el carácter crítico de la herencia recibida (como
si la Argentina anterior al 10 de diciembre de 2015 hubiese sido un país
igualitario, sin problemas de inflación, de pobreza, de empleo ni de tipo de
cambio, entre otros), exacerbando con ello los esquemas binarios. Por otro
lado, el actual oficialismo ha preferido potenciar esa brecha como
estrategia política. Sin desconocer que el empleo público fue utilizado por
el gobierno anterior con fines político-partidarios, también hay que señalar
que el actual gobierno se embarcó en una política de despidos que en varios
casos alcanzan áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta,
con muchos años de antigüedad. Las contradicciones que se observan en cuanto
a la recuperación del personal técnico del Indec no le otorgan al gobierno
mucha legitimidad para estas acciones.

Asimismo, el acento puesto en el sobre-empleo estatal no se corresponde con
la evidente necesidad de ampliarlo en áreas vitales como la salud y la
educación pública cuyo deterioro es reconocido por los estudios
especializados en la materia. También hay necesidad de ampliar coberturas,
incorporar empleo en áreas sensibles al bienestar, el cuidado y la igualdad
de oportunidades de la población. Más aún cuando ya es evidente y aceptado
por el propio gobierno, que las políticas aplicadas han generado mayor
deterioro en los ingresos y el bienestar de la población más vulnerable. 

Pese a que se continúa sin estadísticas oficiales en la materia,
estimaciones privadas cuya solidez ha sido reconocida por funcionarios de
este gobierno señalan un incremento notable de la pobreza por ingresos y un
deterioro de las condiciones laborales de la población más vulnerable. Otra
vez, la rapidez del ajuste para recomponer la ganancia de los grandes grupos
empresarios contrasta con la lentitud en políticas dirigidas a sostener el
empleo y el bienestar de los grupos más desaventajados. Aún si el proyecto
de la pensión universal representa una señal positiva, la ampliación de la
cobertura de la Asignación por Hijo a los monotributistas, la anunciada baja
del IVA para el consumo de ciertos productos de grupos seleccionados de la
población, las “tarifas sociales”, son paliativos insuficientes y que
continúan con el criterio de “individualizar” carencias en lugar de
“universalizar” servicios. Estas continuidades señalan que al igual que el
anterior gobierno, el actual apuesta a continuar con la fragmentación en el
sistema de protección social y el aliento a la prestación de bienes y
servicios sociales segmentados según el nivel de ingresos y riquezas. 

En otro orden, el reciente veto presidencial a la llamada Ley antidespidos,
sancionada por el Parlamento Nacional, también marca una continuidad con
políticas del gobierno anterior. Es discutible la efectividad de una norma
de este tipo para proteger el empleo, pero no es cierto como afirma el
oficialismo que la misma genere pobreza o destruya empleo. La pobreza crece
y el empleo se destruye por muchas otras razones, incluyendo algunas de las
actuales políticas que descargan sobre el costo laboral el ajuste de otros
precios. En todo caso, y más allá de cuestionar la norma que apunta sólo a
la protección del empleo de los grupos más formales, es criticable el veto a
una ley parlamentaria. Si bien el “veto” es una herramienta prevista por la
Constitución (algo de lo cual el actual presidente se ha servido de modo
recurrente y controversial durante sus 8 años de mandato en la ciudad de
Buenos Aires, sumando 128 entre vetos parciales y totales), el mismo
representa un remanente del pasado, vinculado con un modo de concebir la
democracia que rechazamos (el debate colectivo situado bajo la autoridad o
custodia última de un individuo dotado de la imparcialidad de la que las
mayorías sociales y legislativas carecen). 

Desde Plataforma 2012 seguimos con atención también el modo en que, desde
los tribunales se enfrentan los casos de corrupción, presentes y pasados.
Sobre tales procesos, nos interesa marcar dos cuestiones, de naturaleza
estructural, que pueden ayudarnos a pensar sobre los mismos, alejándonos de
la coyuntura inmediata. En primer lugar, entendemos que, más allá de los
intereses e intencionalidades presentes –obvios e inevitables en cualquier
disputa política de relevancia- el debate sobre la corrupción resulta de
enorme relevancia, sobre todo a la luz del carácter estructural, más que
episódico, adquirido por la misma durante los últimos años del anterior
gobierno: se trató de un régimen que, más que convivir con eventos aislados
de criminalidad –recurrentes a lo largo de toda nuestra vida institucional-
construyó una maquinaria alimentada y generadora de actividades ilícitas.
Pasamos de contar con un gobierno salpicado de actos ilegales a otro que
resultó definido por ellos. El actual gobierno se encuentra obligado a dar
señales (más) claras, de que ha roto lazos con dichos mecanismos (sin
embargo, la experiencia pasada en el Gobierno de la Ciudad lo muestra más
vinculado que enfrentado a la maquinaria puesta en marcha por el gobierno
anterior).

En segundo lugar, consideramos que las dificultades, ocasionales apuros,
limitaciones y titubeos que muestra el sistema judicial en la atención de
los casos de corrupción estructural tampoco resultan coyunturales: las
acciones y omisiones de la justicia argentina –y, en particular, de la
justicia federal- aparecen motivados menos por el derecho y cómo
interpretarlo, que por cálculos de conveniencia, propios de los magistrados
y fiscales a cargo de las investigaciones. Sin presión social y política, y
sin cambios significativos que se operen sobre el poder judicial, no resulta
en modo alguno esperable un cambio en este modo –interesado o cómplice- con
que nuestro sistema institucional procesa hoy los casos más graves de la
corrupción estructural.

Asimismo, no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo al Protocolo de
Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones
Públicas, que emitió apenas asumido el nuevo gobierno, a través del
Ministerio de Seguridad. Nuevamente, el inaceptable legado del gobierno
anterior en la materia (el espionaje sobre trabajadores desde el Estado o
por medio de fuerzas auspiciadas por el gobierno; la represión constante de
obreros –de Lear, Kraft, Pepsico, Donnelley, etc.; bajo una retórica de
respeto de los derechos humanos y sociales de los trabajadores, la sanción
de la ley antiterrorista), no protege al nuevo gobierno frente a las
objeciones que merece por el modo en que comenzara a tratar el tema de la
protesta social. El protocolo propuesto pecó por problemas de todo tipo,
incluyendo problemas procedimentales (un texto que afecta en particular a
los grupos más desaventajados de la sociedad, pero que fuera escrito a las
apuradas, con vocación meramente efectista, y sin una consulta directa y
obligatoria a los sectores que terminarían siendo los más afectados por el
mismo); y sustantivos (una visión torpe sobre los aspectos expresivos del
derecho a la protesta; un desconocimiento de las responsabilidades del
Estado en la afectación de derechos constitucionales básicos que luego dan
base a la protesta; el apresuramiento en la calificación de las conductas de
protesta como delictivas; liviandad y vaguedades impermisibles en la
regulación jurídica del comportamiento de las fuerzas de seguridad; etc.). 

A pesar de que el protocolo represivo con el que se quiso sancionar e
impedir las manifestaciones callejeras, fue inaplicable hasta ahora, nuevos
y graves hechos represivos sacuden la escena social. Desde febrero de este
año, son innumerables los hechos de represión y los avances en la
criminalización de la protesta que han afectado diferentes sectores , desde
trabajadores del ámbito público y privado, hasta pueblos originarios,
abarcando la totalidad de nuestra geografía, desde Jujuy hasta Tierra del
Fuego. Sin embargo, al igual que la ley antiterrorista, dicho protocolo
queda disponible para ser aplicado cuando las condiciones sociales lo
permitan. De hecho, en el corto plazo el gobierno proyecta relanzar dicho
protocolo.

No obstante la persistencia de la polarización y la profundización de la
crisis económica, las grandes manifestaciones sociales de los últimos meses
muestran la necesidad de recomponer desde otra perspectiva, la respuesta
colectiva a políticas públicas que no reconocen como prioritarios derechos
básicos como el trabajo, la vivienda, la tierra, la educación y la salud,
así como el derecho a contar con servicios básicos (electricidad, gas y
agua). Dicha recomposición requiere como condición necesaria una
articulación social que respete los diferentes protagonismos populares,
colocándose así por fuera de cualquier pretensión de liderazgo único o
hegemonismo, tal como es visible en aquellas fuerzas sociales nucleadas en
el anterior oficialismo.

Como ya hemos señalado en documentos anteriores, desde Plataforma 2012
consideramos queson numerosos los temas relevantes que deberían abordarse,
en orden de repensar la relación entre sociedad y Estado, política y
economía, ciudadanía y democracia: la necesidad de una reforma tributaria
progresiva que incluya impuestos verdes, a la riqueza y a la herencia; de
una reforma política que contemple mecanismos e instituciones que permitan
evitar la concentración del poder político y posibiliten la democratización
de las decisiones en la vida política; de una reforma del sistema nacional
de cuidado y ampliación de la calidad de la salud, de la educación pública,
de políticas de género que incluyan una declaración emergencia nacional en
materia de violencia de género; de la sanción de un ingreso ciudadano
universal e incondicional; de políticas públicas de protección del medio
ambiente y de los bienes naturales que apunten no sólo a una sustentabilidad
fuerte sino también a la descentralización y desconcentración económica; de
una política social dirigida a mejorar la calidad de vida y la participación
política de los pueblos originarios; de planes de desarrollo regionales, de
desarrollo productivo, orientados a la desconcentración de la propiedad
rural y de la riqueza; de políticas de combate del narcotráfico; en fin, de
políticas culturales amplias y planificadas en pos del libre acceso a la
cultura, la información y la comunicación. Estos son algunos de los grandes
temas que hoy no discute el nuevo gobierno ni están presentes en la agenda
política.

Firmas Grupo Promotor de Plataforma:

Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor
Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman,
Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Diana Kordon, Darío
Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, Patricia Pintos,
Daniel Rodríguez, Alfredo Saavedra, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella
Svampa, Ruben Szuchmacher,  Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique
Viale, Patricia Zangaro.

Para adherir:   plataforma2012 en plataforma2012.org,ar
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