Perú/ el fujimorismo social [Raúl Zibechi]
Ernesto Herrera
germain5 en chasque.net
Lun Jun 13 16:53:45 UYT 2016
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Correspondencia de Prensa
13 de junio 2016
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Perú
El fujimorismo social
Aunque las elecciones las terminó ganando Pedro Pablo Kuczynski, economista
neoliberal de 77 años, el fujimorismo mantendrá en Perú una fuerza
considerable, controlando el parlamento. El triunfo de este tecnócrata se
habrá debido al frente “anti Keiko” construido con apoyo de gran parte de la
izquierda, pero su gestión augura un continuismo de las políticas
económicas.
Raúl Zibechi
Brecha, Montevideo, 10-6-2016
http://brecha.com.uy/
Son las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia reciente
peruana. Un puñado de votos, y bastante menos de un punto porcentual (50,11
a 49,9) separan a ambos candidatos en poco menos de veinte millones de
votantes. Los resultados, añadidos a los de hace cinco años, cuando Keiko
Fujimori perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala por menos de tres
puntos, indican que el fujimorismo está sólidamente asentado en la sociedad
peruana, en particular en los sectores populares. Y que es más que probable
que, tarde o temprano, la hija del dictador ocupe el sillón de Pizarro.
En las elecciones de 2011 el partido fujimorista Fuerza 2011 había obtenido
en primera vuelta apenas 23 por ciento de los votos y 37 escaños, ocho
puntos menos que el actual presidente. En estas elecciones logró, bajo el
rótulo de Fuerza Popular, casi el 40 por ciento y 73 escaños de los 130 que
componen el parlamento, ubicándose muy por encima de las demás fuerzas
políticas. El izquierdista Frente Amplio, que llevó a Verónika Mendoza como
candidata, se quedó con 20 diputados, y el partido de Kuczynski con 18. El
crecimiento del fujorimorismo en el quinquenio lo muestra como una fuerza
avasallante.
No le será fácil a Pedro Pablo Kuczynski (“PPK”, le dicen) gobernar frente a
la holgada mayoría que tiene el fujimorismo. Salvo que, como buena parte de
los analistas especulan, se registre una división en filas del partido hoy
dirigido por la “China”. Algo de eso puede estar sucediendo si se pone la
lupa sobre la actitud de Kenji Fujimori, hermano de Keiko, quien
ostensiblemente no acudió a votar por su hermana en la segunda vuelta.
Una sociedad partida
Kenji forma parte del sector duro del fujimorismo, alineado detrás del
patriarca encarcelado. Según el analista Nelson Manrique, Fujimori padre
mantiene tensas relaciones con su hija, al no compartir su estrategia
electoral moderada, y envió una carta exigiendo la reincorporación de viejas
e impresentables figuras del movimiento, punto que fue rechazado por Keiko,
que se esfuerza por tomar distancias de la pesada herencia familiar.
“Ella tuvo que recurrir a una enérgica respuesta, alineando al comando de su
partido, negándose a poner en la lista del parlamento a los escuderos de
Alberto y dejando bastante en claro que la persistencia de Kenji en
autoproclamarse candidato presidencial para 2021 podría terminar con su
exclusión del movimiento”, destaca Manrique. (La República, martes 7).
Sin embargo, más allá de aciertos o errores, fue la propia historia del
fujimorismo la que impidió que la hija pródiga se alzara con la victoria. Si
la candidata pudo, mal que bien, despegarse mediáticamente de su padre, se
vio envuelta en un escándalo mayor. El secretario general de su partido,
Joaquín Ramírez, es investigado por lavado de dinero por las autoridades
peruanas y por la Dea, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.
La casa donde está instalado el cuartel general de su campaña electoral y
hasta la camioneta que usa Keiko para sus desplazamientos son propiedad de
Ramírez, uno de los principales financistas de la campaña. Todo indica que
las acusaciones en su contra golpearon la candidatura de Keiko en la última
semana previa a la segunda vuelta, en la que perdió la elección. Otro
analista, Mirko Lauer, señala que “los graves destapes de los medios
obligaron a Fujimori a pasar a la defensiva” (La República, martes 7).
Hubo dos fuerzas sociales que jugaron fuerte contra Keiko. Por un lado, el
sur del país, que votó masivamente a la izquierda. En esa región (que abarca
Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna) Kuczynski no superó el 10
por ciento de los votos en la primera vuelta, pero el Frente Amplio había
tenido muy buena votación. La opción implícita de la mayoría del FA peruano
a optar por Kuczynski para frenar a Fujimori hizo que el empresario con
acento inglés superara allí el 70 por ciento el domingo último. La segunda
razón es la votación en Lima, donde Kuczynski triunfó por estrecho margen.
Keiko había ganado en la primera vuelta con gran amplitud y se esperaba que
la capital fuera, una vez más, uno de sus bastiones. Sin embargo, la fuerte
irrupción de los movimientos sociales y de la izquierda en la capital, con
una enorme marcha de 100 mil personas bajo el lema “Keiko no va”, mostró que
el antifujimorismo tiene capacidad de movilización y de influir en los
resultados (véase recuadro).
Sin embargo, se trata de dos sectores sociales diferentes. Mientras el voto
del sur es campesino, popular y de izquierda, gente que rechaza al
fujimorismo y apoya al Frente Amplio, en Lima es un voto dividido masivo de
las clases media y media-alta. Es un voto que desconfía del fujimorismo
porque teme que una nueva gestión de esa tendencia desestabilice el país y
abra las puertas a gobiernos más o menos radicales de izquierda.
Futuro inmediato
Una vez ratificada la victoria de Kuczynski, comenzará la danza de acuerdos
y nombres para integrar el gabinete comandado por una fuerza política que no
tiene mayoría parlamentaria y que es la segunda en votos pero la tercera en
escaños. El nuevo presidente deberá formar necesariamente un gabinete
pluripartidista, pero tendrá que elegir entre una alianza con el Frente
Amplio o tentar acuerdos con el fujimorismo.
La intervención de Verónika Mendoza días antes de las elecciones llamando a
votar por Kuczynski –a título personal, ya que el Frente Amplio decidió no
pronunciarse–, con el argumento de cerrarle el paso al fujimorismo, tuvo un
efecto indudable que puede inducir al presidente electo a otorgarle a esa
fuerza algún ministerio. Otra cosa es que la izquierda acepte quemarse en un
gobierno que será neoliberal e inestable.
En cualquier caso el futuro inmediato de Perú augura más de lo mismo. El
quinquenio de Humala, que se presentó en sus inicios como un “cambio
popular”, se caracterizó finalmente por manejar una política muy similar a
la de gobiernos anteriores, por ejemplo alentando la expansión de la
minería, lo que generó la resistencia de las comunidades andinas y
amazónicas. La respuesta desde el Ejecutivo a esa resistencia fue la
sistemática declaración del estado de excepción y la militarización de las
regiones conflictivas, con un saldo de decenas de muertos, cientos de
heridos y encarcelados. Sólo en la población de Celendín (Cajamarca) hay 300
juicios pendientes a pobladores que rechazan a la multinacional minera
Newmont y su proyecto aurífero Conga.
Muchas comunidades consiguieron frenar los emprendimientos trasnacionales en
una coyuntura en que ha bajado el ritmo de las inversiones mineras por la
caída de los precios internacionales. El problema es que no se vislumbra
ninguna alternativa a la minería y los hidrocarburos, ya que nadie propone
modos de desarrollo no extractivos sino apenas aumentar o reducir las
regalías.
El economista Humberto Campodónico enfatiza en los rasgos peculiares de su
país: “En Perú el Consenso de Washington sigue vivo, a diferencia de otros
países que han adoptado políticas distintas al neoliberalismo, o de Chile y
Colombia, que han sido más pragmáticos. Kuczynski y Keiko Fujimori
garantizan la continuidad de ese modelo económico. Tienen algunas
diferencias, pero comparten la misma matriz económica neoliberal”.
Más aun, porque como señala la directora de Cooper Acción, Ana Leyva, el
empresariado minero ha pasado a la ofensiva en contra de la regulación
ambiental: “Desde 2013 los mineros hacen campaña contra la legislación
ambiental porque sería un obstáculo para las inversiones”. El sector logró
modificar algunos decretos y se cambiaron los estándares de calidad
ambiental para el agua destinada al consumo humano y se simplificaron los
trámites para conseguir licencias ambientales.
Mientras países dependientes de la exportación de commodities como Arabia
Saudita y Argelia se proponen encender otras velas ante la caída de los
precios internacionales, en Perú no parece haber más ideas que profundizar
el modelo minero. A pesar de que incluso el Banco Mundial y el Bid
recomiendan que la economía se oriente hacia una diversificación productiva,
los dos candidatos no mostraron la menor inflexión en perpetuar las
políticas económicas tradicionales, que sólo conciben al país como
exportador de materias primas.
¿Más represión?
Todo indica que se prepara un aumento de la represión. Mirtha Vázquez de
Grufides, que acompaña la resistencia antiminera, destaca que hay una
tendencia a considerar la protesta como acto criminal. “Antes el bloqueo de
vías era un delito menor al que le correspondían seis años, pero ahora se
considera extorsión y le corresponden 25 años de cárcel.” Vázquez explicó
que cada vez se utilizan figuras penales más severas, como secuestro y
asociación lícita para delinquir, para enfrentar las acciones de los
movimientos sociales.
En la próxima gestión gubernamental, dijo a Brecha, es más que probable que
haya un intento de “destrabar los megaproyectos”, mientras se propiciaría la
“participación de las fuerzas armadas en el control del orden social, o sea
militarizar los conflictos”. Se trataría de una suerte de “estado de
emergencia permanente”, en el cual los derechos de los ciudadanos se verían
recortados y sometidos a la fuerza pública.
Ante semejante panorama, un gobierno con apoyos parlamentarios raquíticos
puede convertirse en rehén del fujimorismo, que cuenta desde siempre con
excelentes relaciones con militares y policías, entre cuyas jerarquías
muchas se identifican con el ex presidente. El continuismo económico está
garantizado. La gran incógnita es si el tecnócrata Kuczynski profundizará la
represión, abriendo espacios a una radicalización de izquierda, o buscará
algún tipo de consenso que alivie la presión social.
La poeta Rocío Silva Santisteban lo dice sin remilgos: “Cualquiera de los
dos candidatos podría dar órdenes de fuego a discreción para aquella gente
que se resista al extractivismo bloqueando carreteras. Además, el actual
presidente Humala deja listo todo un andamiaje de normativas que permiten,
por un lado, la flexibilidad en el uso de la fuerza y el gatillo fácil con
impunidad, y (por otro) la criminalización de la protesta, con esas normas
de flagrancia y sentencias en dos días a ocho años, así como la persecución
a los líderes ambientalistas a través de fiscales que convierten a los
Frentes de Defensa locales en asociaciones ilícitas para delinquir” (La
República, martes 7). Silva asegura que “tendremos muertos durante los
próximos cinco años de protestas sociales, tendremos huérfanos y viudas”.
Esa certeza, que parece compartir una parte de los peruanos, en particular
los campesinos del sur, puede ser la explicación de la amplitud de los
movimientos para frenar el retorno del fujimorismo, así como la actitud de
la candidata del Frente Amplio. Con Fujimori retorna la oscuridad. Con
Kuczynski hay, por lo menos, una mínima esperanza que debe ser regada con
paciencia y firmeza.
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Todos contra la “China”
El movimiento #KeikoNoVa tuvo la virtud de convocar la mayor movilización
desde la célebre Marcha de los Cuatro Suyos, en 2000, que contribuyó a
enterrar el régimen autoritario de Fujimori padre. Algo similar sucedió en
la semana anterior a la segunda vuelta. Un movimiento heterogéneo, juvenil,
cargado de creatividad y sujeto de la denuncia de uno de los períodos más
negros de la historia del país, cambió una vez más el destino que parecía
hecho a la medida de la hija del autócrata.
#KeikoNoVa nació en las redes sociales y allí se viralizó. Fue la forma de
denunciar el “narco-Estado” y la corrupción, de forma tan potente que la
prensa conservadora debió darle cabida a la protesta.
Uno de los líderes del movimiento, Jayson Day, escribió en marzo pasado,
previo a la primera vuelta de las elecciones: “La candidatura de Keiko
‘pasaba piola”, nadie se metía con ella, los medios rara vez la mencionaban,
y ella se mantenía en su sólido porcentaje de votantes nostálgicos por los
logros del padre (quienes por miopía selectiva ni por un segundo se detienen
en los crímenes que éste cometió ni en el daño casi irreparable –hoy
seguimos viendo las secuelas, tan vivas como entonces– que a la
institucionalidad produjo). Y, de pronto, hoy, el antifujimorismo despertó
con la misma intensidad con que lo hizo en la segunda vuelta de 2011: a
Keiko el ataque de nervios se le adelantó” (La República, 19-III-16).
Es el otro Perú. El que debe recordarle a la sociedad que Alberto Fujimori
ha sido condenado por delitos de lesa humanidad y que su hija se propone
ponerlo en libertad, aunque formalmente haya negado esa eventualidad. En las
marchas que se sucedieron en todo el país, los grupos defensores de los
derechos humanos jugaron un papel en la recuperación de la memoria. Las
feministas tuvieron una participación muy activa durante la campaña,
recordando las esterilizaciones forzadas de indígenas practicadas durante el
régimen de Fujimori. “Somos las hijas de las mujeres que no pudiste
esterilizar”, rezaban las pancartas.
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