Uruguay/ mano de obra atrapada: presos que trabajan no tienen derechos laborales [Betania Núñez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de junio 2016

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Uruguay

Los presos que trabajan no tienen derechos laborales

Mano de obra atrapada 

Entre el Ministerio del Interior y el de Trabajo y Seguridad Social parece
haber una diferencia semántica de peso. Cada vez son más los presos que
trabajan, pero nadie fiscaliza que se cumplan sus derechos laborales.
Mientras tanto, y entre las múltiples tareas que realizan, los presos
construyen cárceles pero no reciben ni siquiera una remuneración. 

Betania Núñez

Brecha, Montevideo, 24-6-2016

http://brecha.com.uy/

A cambio de su fuerza de trabajo un preso no percibe lo mismo que cualquier
trabajador. Para el Estado, un preso que trabaja no es igual a cualquier
trabajador. Y mientras tanto, dentro de la cárcel hay casi tantas
modalidades de trabajo como trabajadores, muchas teñidas por la
informalidad. La oferta laboral de la cárcel exhibe emprendimientos del
Estado y de privados que “contratan” a presos, además de presos-empresarios
que se transforman en jefes de sus compañeros-empleados.

El criterio que parece primar, defendido por muchos mediante argumentos por
demás atendibles, es que es necesario que las personas privadas de libertad
estén ocupadas, se capaciten y reciban algún dinero para colaborar con sus
familias o generar ahorros de cara a la salida. El trabajo dignifica, parece
ser la idea que está detrás de los esfuerzos por incrementar los puestos
que, según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ascendieron de 80 en
2010 a 3.511 en junio de este año, en un sistema penitenciario que hoy tiene
10.100 internos.

Pero cuando son los presos los que refaccionan la derruida estructura
edilicia de las cárceles, construyen un centro para hijos de policías con
discapacidades o elaboran productos de consumo para el Instituto Nacional de
Rehabilitación (Inr), sin percibir un peso a cambio, ¿el trabajo también
dignifica? En algunos casos la ocupación que brinda el Ministerio del
Interior parece rozar el concepto de “trabajo forzoso”, como algunos
especialistas señalaron a Brecha cuando se les relató la situación que, con
orgullo, describen desde el Inr. La interrogante que las autoridades del
Ministerio del Interior no parecen estarse formulando es si la cantidad de
puestos es lo único importante, o también la calidad del trabajo, entendida
como el respeto de los derechos laborales más básicos.

Los Polos en el Polo 

El Polo Industrial del ex Comcar, ahora Compen, que también tiene una pata
en la Cárcel de Mujeres, lleva poco más de dos años en actividad y emplea
actualmente a 400 personas privadas de libertad. “Una de las áreas en las
que trabajamos tiene que ver con la refacción de la estructura edilicia del
sistema, que estaba totalmente colapsada”, contó a Brecha Jaime Saavedra, ex
subdirector del Inr, actualmente encargado del Polo. “Trabajan de modo
voluntario porque no tenemos plata para pagar, pero llevamos realizadas una
cantidad de obras impresionante, que afectan a 68 mil metros cuadrados
dentro y fuera del Comcar. Se hicieron obras de carácter social, como el
centro de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia y un
hogar para hijos de policías discapacitados. Agarramos gente que de repente
no sabía ni usar una escoba y terminó saliendo capacitada en albañilería o
finalista de obra.”

En la segunda área del Polo se elaboran productos destinados al
autoabastecimiento. Saavedra relató que “hay cosas que si las compráramos en
el mercado serían inaccesibles, entonces las hacemos nosotros. Nos sale
mucho más barato y capacitamos gente. Hacemos pinturas, ollas, carretillas,
escobas. No es que se vendan, hacemos las escobas que va a usar el Inr”.

Los presos del Polo tienen un régimen de trabajo diario de ocho horas y
marcan su entrada y su salida mediante tarjetas magnéticas. Cuando salen en
cuadrillas, se instalan fuera de la cárcel por el período que lleve la obra.
Son trabajadores como todos. La diferencia es que no tienen ningún tipo de
remuneración ni seguridad social. Y el único beneficio que el Inr ofrece es
que “la gente que va haciendo buena letra, que se va portando bien, viene a
trabajar con nosotros y pasa a vivir en nuestros módulos, que son el 7 y el
9, de más confianza, donde hay otro clima de convivencia. Una cosa es vivir
en las instalaciones del Polo y otra cosa son ciertos lugares del Comcar,
donde la situación es muy difícil. Eso es lo que los entusiasma, porque no
ganan un mango”, dijo Saavedra.

Pero no todos los trabajadores reciben el mismo trato. “Hoy tenemos 32 con
salario, de las empresas privadas, más puestos zafrales que oscilan, y
tenemos unos 50 peculios (una figura prevista legalmente para remunerar el
trabajo de los presos que equivale a medio salario mínimo nacional). El
resto, como 300, no cobran nada. Ni siquiera la redención de pena, porque
eso depende del juez. Nosotros decimos: ‘Jaimito con nosotros laburó
fenómeno’, y el juez decide. En general la dan”, explicó.

Los empleos donde se pagan sueldos y, según Saavedra, se respetan los
laudos, están en la tercera área de desarrollo del Polo. Los 32 presos
trabajan en “un aserradero y una empresa que hace dispositivos contra
incendios. La gran novedad es que pagan lo mismo que pagarían afuera, están
en caja y van generando antigüedad como cualquier trabajador formal”. Para
elegir a los operarios que ingresan a las empresas “hay un sistema de
antigüedad y de méritos. Si nos piden cinco personas para trabajar en el
aserradero mandamos a los que hace años que están con nosotros, que tienen
una buena actitud. Después el privado ve si se adaptan a lo que él quiere.
Es la empresa la que generalmente define”.

Respecto de esta situación, Daniel Diverio, dirigente del Sunca, se mostró
preocupado y agregó que “de las condiciones de laburo no sabemos mucho, pero
no creo que tengan las condiciones elementales que se requieren. Desde el
sindicato vamos obra por obra y siempre la pelea es que falta una baranda o
una cuerda, y en esos centros no existe una figura sindical que pueda ayudar
a controlar eso. No sé si el Ministerio del Interior tiene la capacidad y el
conocimiento para tomar las precauciones. No sé si hay un prevencionista
trabajando ahí adentro, por ejemplo”.

Las otras modalidades

El abanico de modalidades de trabajo que se ofrece a los internos es amplio,
aseguraron los consultados del Inr. Y ya lo era en 2011, cuando se realizó
la investigación “El trabajo dentro de las cárceles y la inserción laboral
de las personas liberadas del sistema penitenciario”.(1) En la publicación,
que a través de los relatos de fuentes calificadas y personas privadas de
libertad da cuenta de las mismas modalidades que se aplican hoy, se elabora
una clasificación, pero de pique se advierte que “pueden existir otras
modalidades de trabajo accidental o informal, que no es posible categorizar,
que no se encuentran reguladas por normativa alguna y obedecen a decisiones
y prácticas de las distintas unidades penitenciarias”.

Dentro de lo clasificable, el estudio especifica que los presos participan
de emprendimientos que en algunos casos son “gerenciados por las autoridades
penitenciarias”, en otros son “gerenciados por reclusos”, y que también
están los administrados por “empresas privadas que desarrollan parte de su
actividad dentro del recinto carcelario”. Nomás en el Polo se puede ver la
primera y la última modalidad, algo que se repite en otras cárceles.

Más allá de la diversidad, el conflicto aparece cuando llega la hora de
pagar. Ahí se inicia toda una discusión sobre lo que es trabajo y lo que no.
Por ejemplo, hay quienes sostienen que las tareas de la huerta no son
trabajo, mientras que elaborar la comida para presos y policías sí. En esta
situación suelen estar quienes perciben peculios. Pero si el Inr nunca pudo
garantizar que a igual tarea se asignara el mismo peculio, mucho menos lo ha
hecho desde que la cantidad de peculios se redujo a la mitad: hasta 2014
eran 1.020, momento en que se congeló el monto que se destinaba a esos fines
(unos 55 millones de pesos anuales), y a medida que fue subiendo el salario
mínimo, la cifra de peculios empezó a bajar. Hoy ronda los 500 para todo el
sistema penitenciario.

En este sentido, Enrique Mesa, coordinador de emprendimientos laborales del
Inr, contó a este semanario que “se paga con peculio a veces sí y a veces
no, porque no hay tantos peculios. En el Interior, donde las unidades tienen
entre cinco y diez, se parten al medio (es decir que terminan por equivaler
a un cuarto de salario mínimo nacional). Dan para atender la cocina, la
carnicería, la panadería; para lo demás –como limpieza, fajina, cortadas de
pasto– no alcanzan, lo que sí se da es redención de pena”.

Pero una presa consultada por Brecha aclaró que en la cocina se recibe
peculio recién después de tres meses de estar trabajando a prueba, y que en
otros casos, como en las tareas de corte de pasto, el pago está asociado a
la cantidad de tiempo que hace que el recluso la desempeña.

Diferente es la situación de los emprendimientos institucionales o en manos
de reclusos que se pagan a destajo. En esos casos “se sacan los costos” y,
por ejemplo en las bloqueras, “si queda uno o dos pesos por bloque, se
reparte entre cada uno de los que trabajan”. Para facturar, en algunos casos
se ha empezado a apelar a la modalidad de monotributo que ofrece el Mides,
que tiene un costo de 280 pesos por mes, pero “es muy variable, hay unidades
que han hecho la experiencia con un emprendimiento, hay lugares que ya
tienen tres o cuatro, hay otros que no. Estamos en la etapa de
regularización. Si bien el cometido nuestro es que se regularice, demoramos
un tiempo para ver cuántas personas van a trabajar y si el emprendimiento
funciona. La idea no es que se hagan ricos, es que dé la mayor ocupación de
mano de obra para quitar el ocio de los pabellones”, explicó Mesa.

Brecha habló con sindicalistas y autoridades del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social que se mostraron sorprendidos por la situación. Sin
embargo, desde la Inspección General del Trabajo dijeron que no tienen
competencia para fiscalizar que se cumplan las condiciones laborales en el
trabajo de los presos, porque allí “no se dan las características típicas
del contrato laboral”, y que las veces que han enviado inspecciones a las
cárceles fue para verificar denuncias de policías frente a situaciones en
las que vieron afectados sus derechos como trabajadores.

Mientras tanto las autoridades se congratulan porque cada vez son más los
presos que trabajan. Pero parece que, fuera de cámaras, el gobierno no
considera que los presos sean realmente trabajadores. De lo contrario
debería haber alguien preocupado por hacer cumplir sus derechos laborales.

Nota 

1) La publicación, de noviembre de 2011, se realizó en el marco del programa
“Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad”
de las Naciones Unidas, del que participaron diversos organismos del Estado.
El informe tuvo como responsables a Javier Palummo (coordinador), Cristina
Magarelli y Gianina Podestá.

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Según Petit hay que dividir el COMPEN en varias cárceles

“Urgente”

Dos presos recluidos en el Compen (ex Comcar) murieron entre el jueves 16 y
el domingo 19, y en lo que va del año son cinco las muertes por hechos
violentos en esa institución. Según dijo a Brecha Juan Miguel Petit,
comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, en el caso del
jueves el interno murió luego de un enfrentamiento, “no se sabe exactamente
si fue entre dos personas o más, y todavía no hay procesados porque el
episodio es confuso”. Previo a la segunda muerte, “aparentemente un interno
tuvo un intercambio con la guardia perimetral”, luego “se trepó para entrar
a su celda y se cayó, no está claro si le dispararon balas de goma”. Según
Petit, “las dos muertes nos llevan al mismo punto: faltan actividades que
llenen la vida cotidiana de sentido, de tareas, de acciones”. 

El comisionado mantuvo reuniones toda la semana con las autoridades, que
“están preocupadas y tratando de tomar algunas medidas”, mientras elabora un
informe con recomendaciones. El jerarca adelantó a Brecha que incluirá la
necesidad de una reestructura del Compen. “En tres módulos, el 8, el 10 y el
11, se concentra el 18 por ciento de la población total penitenciaria, hay
hacinamiento, hay un problema muy serio y es urgente resolverlo.” Petit
señala que hay cárceles del Interior que tienen entre 150 y 200 internos,
“entonces hay que asumir que eso no son tres módulos, que eso son tres
cárceles, mucho más si el mismo director tiene que ocuparse de otros diez
módulos. Toda la bibliografía en el mundo dice que los megacentros no
funcionan”.

Por eso asegura que el Compen debe ser dividido en unidades autónomas. “Es
absolutamente imposible que un solo director pueda gestionar 3.400 presos,
el 35 por ciento de la población del sistema penitenciario. El director no
puede conocer a la gente, no puede tener programas diferenciados. Las mismas
personas que están ahí con sables y cortes, cuando son cambiadas de lugar a
un contexto educativo, llámese Salto, Durazno, Campanero, Punta de Rieles,
se enganchan en otra mecánica, en otra convivencia. La fuente de esta
violencia es la falta de un programa de actividades, que produce mala
convivencia, mucha violencia, heridos y muertes. Todas las semanas hay
apuñalados, y cada apuñalado genera sentimientos de venganza, y cada
venganza genera más violencia.”

Según Petit se requieren educadores dirigiendo esas unidades, y que se
aprovechen los espacios verdes y edificios que están inutilizados para
realizar actividades deportivas, culturales, laborales. En el Compen hay
3.400 internos, pero sólo 400 están participando de actividades educativas.
“Y hay miles de internos del Compen que están pidiendo realizar actividades
educativas. ¿Qué nos dice esto? Algo pasa para que no estemos logrando
responder a algo que es posible.”

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