Brasil/ corrupción: Lula en el banquillo [Que Pasa]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de marzo 2016

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Brasil

Lula al banquillo 

La Justicia lo acorrala

El juez y el delator

Que pasa, Montevideo, 5-3-2016

http://www.elpais.com.uy/

“No voy a bajar la cabeza después de hoy y la forma de levantarla es no
tener miedo", dijo ayer el expresidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva en una
rueda de prensa desde la sede del Partido de los Trabajadores (PT) y tras
declarar por tres horas en una comisaría de la Policía Federal.

El interrogatorio al líder del PT y emblema de una era de gobiernos de
izquierda en América Latina fue el epicentro de un terremoto político cuyas
réplicas continúan. La Policía Federal, el Ministerio Público y el juez
federal de Curitiba, Sergio Moro, que dirige la investigación de la trama
Petrobras, cuentan con dossier de 39 fojas de pruebas documentales contra el
exmandatario. Si bien luego de las tres horas de declaración Lula recobró la
libertad, está muy lejos de haber dejado atrás la investigación que se
convirtió en el mayor escándalo de corrupción en la historia del país
norteño.

El testimonio del senador Delcidio Amaral, que fuera jefe de la bancada
oficialista en la Cámara de Senadores, fue la pieza determinante para este
tramo de la indagatoria que tiene lugar apenas 24 horas después de la
imputación del presidente de la Cámara de Diputados, el antiguo aliado de la
presidenta Dilma Rous-seff, Eduardo Cunha. Las declaraciones "premiadas" del
arrepentido Amaral colocan en el centro del escándalo a la propia presidenta
Rousseff, quien, sostiene el delator, estaba al tanto de la trama de
corrupetelas e incluso intentó interceder con la designación de miembros del
Tribunal Supremo afines a su gobierno.

La tormenta perfecta se desató en Brasilia. Y la rápida salida pública de
Dilma Rousseff ayer desde Planalto parece confirmar el estado de pánico que
se generalizó en los altos niveles de gobierno. De hecho, el grueso del
discurso de Rousseff estuvo dirigido a ponerse a salvo a sí misma de las
acusaciones de Amaral.

En tanto, la parte que le toca a Lula de esta compleja trama ya se echó a
andar. En lo medular se le acusa de haber recibido como pago de un soborno
un lujoso tríplex en San Pablo y el edificio donde tiene sede en la
mencionada ciudad el Instituto Lula, así como pagos y donaciones por
alrededor de US$ 8 millones.

Un ícono

El séptimo hijo de una familia de labradores analfabetos del nordeste
brasileño que llegó a convertirse en uno de los hombres más influyentes del
mundo, enfrenta a sus 71 años el peor momento de su carrera política.

Y no es que la vida de Lula Da Silva haya estado exenta de sinsabores y
contrariedades de todo tipo. A principios de la década de 1960 Brasil vivía
su momento de mayor expansión, San Pablo es elegido por varias de las
grandes industrias, entre ellas la automotriz, para instalar allí sus líneas
de producción. Lula se convierte en mecánico tornero y trabaja en la
industria metalúrgica, camino que lo llevará en pocos años a liderar el
sindicato del sector. Tiene 17 años cuando en un accidente de trabajo pierde
el dedo meñique de la mano izquierda, algo que se convertirá en uno de sus
rasgos personales.

Se casa con 23 años, pero dos años más tarde pierde a su esposa embarazada
de ocho meses, a causa de una hepatitis agravada por una anemia. En los años
de plomo que viven los países latinoamericanos Lula es un líder sindical
comprometido, en 1980 cae preso durante las intensas luchas sindicales. Más
cercano en el tiempo, fue su salud la que le puso otro desafío en el camino:
su tratamiento por cáncer. Todos estos traspiés fueron templando la figura
del líder y hacen que hoy la frase que lanzó al cabo de tres horas de
interrogatorio policial suene casi como un grito de guerra.

Este hombre que asumió por primera vez la presidencia en 2003 y la mantuvo
durante ocho años, antes de ceder la banda presidencial a su sucesora y
discípula, Dilma Rousseff, puede ver ahora el final abrupto de una carrera
que marcó la historia de los últimos tres lustros.

"Si quisieron matar a la cobra, no le dieron en la cabeza, le dieron en el
rabo. Y la cobra sigue viva", alertó Lula indignado y respaldado por los
militantes del PT, confesando que se había sentido "como un prisionero".

Acusaciones

La Fiscalía cree que el conjunto de indicios contra el exmandatario es
"bastante significativo" y que el Instituto Lula, presidido por el líder
político, recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de
dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos
en Petrobras.

El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, responsable de la investigación
del caso Petrobras, agregó que el exjefe de Estado recibió de esas mismas
cinco empresas cerca de 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares)
como pago por conferencias que dictó tanto en Brasil como en el exterior.

La operación que se llevó a cabo ayer además de la detención con fines de
una "declaración coercitiva" del exmandatario implicó un allanamiento de su
domicilio, ya que la fiscalía sospecha que pudo haber destrucción de
pruebas.

El abogado del expresidente, Cristiano Zanin, negó que se hayan destruido
pruebas antes de los registros realizados en varios domicilios vinculados al
político y su familia. "Jamás hubo intento o destrucción de pruebas", dijo
Zanin en una rueda de prensa en la sede del PT.

La Policía Federal dijo que, a pesar del sigilo que pesa sobre la
investigación, la información sobre la operación realizada ayer sufrió una
filtración y ya estaban enterados de ella tanto el PT como los familiares de
Lula.

El abogado dijo que ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda las
diligencias de la Policía hasta que esa corte decida sobre un conflicto de
competencias relativo al caso.

La investigación sobre la supuesta implicación de Lula en el caso se
desarrolla de forma paralela en el Tribunal de Justicia de San Pablo y el
Tribunal Federal de Curitiba.

Según la defensa del expresidente, al tratarse de los mismos hechos
investigados no se pueden juzgar en dos instancias diferentes, por lo que el
Supremo debe decidir cuál es el tribunal competente.

"Vamos a tomar todas las medidas jurídicamente posibles para que el
principio de seguridad jurídica sea respetado. Queremos que toda la sociedad
sepa que hay Constitución, que hay ley", comentó.

Zanin también dijo que la operación policial violó las reglas del proceso
penal y "el principio de dignidad humana" consagrado en la Constitución
brasileña.

La orden judicial, firmada por el magistrado Sergio Moro, justifica la orden
de llevar a Lula a comisaría como una medida para evitar posibles "tumultos"
causados por "militantes políticos".

Tumultos que de hecho existieron con incidentes entre partidarios de Lula y
contrarios al líder y al gobierno.

Dilma habló

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió ayer a su antecesor y
padrino político y también descalificó a uno de los delatores de la
corrupción en la estatal Petrobras, que los implicó a ambos en esos asuntos.

En un mensaje transmitido por televisión desde el Palacio presidencial de
Planalto, y flanqueada por sus ministros, Rousseff reiteró su "más absoluto
inconformismo" con la operación policial de la que fue objeto ayer Lula,
quien fue trasladado desde su casa a una comisaría para prestar declaración.

Rousseff, que ya había difundido una nota en la que calificó de
"innecesaria" esa operación y exigió "respeto" a los derechos individuales y
"responsabilidad" a las instituciones, aprovechó para responder a la
supuesta delación de un político detenido por el caso Petrobras, que la
acusó de intentar manipular a la justicia.

La mandataria manifestó su "inconformismo" e "indignación" frente a
supuestas acusaciones del parlamentario Delcidio Amaral, exjefe del grupo
oficialista en el Senado, que fue detenido en noviembre pasado y, según
reveló la revista Istoé, aceptó cooperar con la justicia e hizo graves
acusaciones contra Rousseff y Lula.

La presidenta se refirió en particular a una de ellas, que señala
irregularidades en la compra de una refinería en EE.UU. por parte de
Petrobras en 2006, cuando Rousseff presidía el consejo directivo de la
compañía estatal.

Según la supuesta delación de Amaral, la mandataria y todos los miembros del
consejo sabían de las irregularidades, pero aun así decidieron seguir
adelante con la compra de la refinería, que según admi- tió más tarde
Petrobras, le causó pérdidas por el orden de al menos 500 millones de
dólares.

Rousseff recordó que, en 2014, ofreció explicaciones sobre ese asunto a la
Procuraduría General, que decidió archivar el caso tras aceptar que los
miembros del consejo desconocían dos cláusulas lesivas a Petrobras en el
contrato de compra de las instalaciones a una firma belga. 

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Principales acusaciones de fiscalía contra lula

"Propinas"

Hay evidencias de que Lula Da Silva recibió un apartamento tríplex y una
finca en Atibaia, San Pablo, así como amoblamiento de lujo para ambas
propiedades de parte de una empresa investigada.

Empresas

La fiscalía federal tiene pruebas suficientes de que varias de las empresas
de la trama Petrobras se enriquecieron gracias a las coimas pagadas a través
de presuntas donaciones y pagos de conferencias.

Partidos

El esquema de corrupción era manejado por los dirigentes de los partidos de
gobierno: Partido de los Trabajadores (PT), Partido Progresista (PP), el
PMDB aliado a Lula da Silva, que distribuían coimas.

Beneficiario

La fiscalía sostiene que el expresidente Lula Da Silva "era el responsable
final de la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno
de los principales beneficiarios de los delitos" investigados.

Baja el dólar y salta la Bolsa paulista

Los mercados reaccionaron positivamente a la detención del expresidente Lula
da Silva, haciendo bajar el precio del dólar e impulsando una significativa
suba de los precios de las acciones en San Pablo.

La divisa estadounidense bajó 1,10%, cerrando a 3,761 reales en la punta
vendedora, habiendo llegado a caer hasta los 3,656 reales en el correr de la
tarde, pero moderó su caída después que el Banco Central redujese su
participación en el mercado mediante la colocación de "swaps cambiarios" que
habitualmente utiliza para moderar la volatilidad de la moneda. En la semana
el precio del dólar frente al real cayó 4%

Por su parte, la bolsa de San Pablo avanzó ayer un 4,01 % y su índice
Ibovespa se situó en los 49.084 puntos. El parqué paulista avanzó un 18 % en
cinco sesiones, lo que supone la mayor ganancia semanal desde 2008, en medio
de la tensión política generada en torno a las investigaciones sobre la
trama en Petrobras, de la que ahora es blanco el exmandatario.

Los analistas consideran que la detención de Lula puede acelerar el proceso
de destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, a la que se acusa de haber
manipulado las cuentas públicas, lo que contraviene la ley de
responsabilidad fiscal. Lula, por su parte, ha sido detenido en relación con
el caso de corrupción que afecta a la petrolera estatal Petrobras.

"Los mercados reaccionan positivamente a las noticias que envuelven a la
cúpula del PT ya que eso disminuye la probabilidad del PT de continuar en el
poder, bien sea ahora o en las próximas elecciones", dijo a EFE Ignacio
Crespo, de la consultora Guide Investimentos.

No obstante, algunos expertos advierten que el tono positivo de los mercados
puede durar poco una vez que los inversores constaten que el proceso de
destitución de Rousseff no será inmediato y que durante ese tiempo Brasil se
puede sumir en un caos aún mayor. Esta semana se supo que la economía
brasileña se contrajo un 3,8% durante el año pasado.

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El juez y el delator

La laberíntica trama del escándalo "Petrolão" tiene en el juez federal de
Curitiba, Sergio Moro, a uno de sus principales protagonistas.

Los informantes en calidad de arrepentidos se convirtieron en las otras
piezas clave, tal el caso del exjefe de la bancada oficialista en el Senado,
el senador Delcídio Amaral. Sergio Fernando Moro (1972) era un juez federal
brasileño aparentemente desconocido hasta que en 2014 asumió el caso
Lava-Jato, la mayor investigación de corrupción que se ha visto en Brasil y
que ayer hizo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fuera conducido
a una comisaría. Pese al protagonismo y la fama que ha ganado como
responsable por una investigación de corruptelas que salpican a una veintena
de grandes empresas y medio centenar de políticos, Moro, considerado como
uno de los mayores especialistas en investigar lavado de dinero en el país,
insiste en mantener su vida privada en el anonimato.

El juez fue el responsable por la orden de "conducción coercitiva" por la
que la Policía Federal condujo a Lula a una comisaría para prestar
declaración sobre los supuestos beneficios que recibió de las empresas que
desviaron recursos de Petrobras. Pero mantenerse a la sombra ha sido difícil
dada la extensión que ha alcanzado la investigación por los millonarios
desvíos en la petrolera estatal Petrobras, que tiene en prisión a
millonarios empresarios y contra las cuerdas a decenas de políticos y
autoridades. Alzado a casi un símbolo nacional contra la corrupción, el juez
ha pasado a dar conferencias en universidades y ante empresarios, que enfoca
en asuntos técnicos y en las que mantiene su tradicional seriedad. Nacido en
Maringá, ciudad en el sureño estado de Paraná, este juez titular de la 13ª
Corte Penal Federal de Curitiba es hijo de Odete Starke, profesora de lengua
portuguesa, y Dalton Áureo Moro, profesor universitario de geografía (ya
fallecido). Su formación académica le llevó por varios centros académicos de
Brasil y Estados Unidos, donde se especializó en el análisis de crímenes
financieros, de lavado de dinero y en los practicados por grupos criminales
organizados. Estudió Derecho en la Universidad regional de Maringá, cursó un
programa para instrucción de abogados en la Harvard Law School (EE.UU.) y
participó en el "Programa para Visitantes Internacionales" organizado en
2007 por el Departamento de Estado norteamericano, especializado en la
prevención y el combate al lavado de dinero. Casado con una asesora jurídica
y padre de dos hijos, es maestro y doctor en Derecho del Estado por la
Universidad Federal de Paraná (UFPR), actual profesor adjunto de Derecho
Procesal Penal en dicha universidad y asesor de la Comisión de Constitución
y Justicia del Senado brasileño. Cuenta con la experiencia de haber
colaborado con la jueza Rosa Weber, actual magistrada del Supremo Tribunal
Federal, en un caso de corrupción que en 2005 hizo tambalear al Gobierno de
Lula porque probó que varios legisladores recibían sobornos periódicos por
apoyar las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Durante su carrera
profesional, Moro ha escrito varios libros y artículos académicos, todos
ellos de carácter legal, entre los que se encuentran títulos como "Crimen de
Lavado de Dinero" y "Desarrollo y Aplicación Judicial de las Normas
Constitucionales".

Fue considerado una de las 100 personas más influyentes de Brasil en 2014
por la revista brasileña Época y recibió la medalla del Mérito Legislativo
en 2015 por recomendación del líder del Partido Popular Socialista (PPS) en
la Cámara de los Diputados, Rubens Bueno. Sus obligaciones jurídicas han
levantado pasiones y odios a partes iguales, divididas entre aquellos que lo
ven como un justiciero y aquellos que lo acusan de ceder ante las presiones
e intereses de los medios de comunicación. Pese a la gran cantidad de veces
que aparece su nombre en las noticias desde hace ya dos años, este
magistrado se mantiene en un silencio que solo rompe para ir desmantelando
poco a poco este escándalo que amenaza ahora al gobierno de la actual
presidenta, Dilma Rousseff. Pero la pieza determinante del caso sale de sus
propias filas. Según reveló la revista Istoé, el senador Delcídio Amaral,
exjefe de la bancada oficialista en la cámara alta, detenido a fines de
noviembre por su participación en el "petrolão", tanto la presidenta como
Lula estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de
Petrobras. Amaral, del Partido de los Trabajadores (PT), apuntó que Dilma
usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar
para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a
favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a
directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con
la petrolera estatal. Y acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear
las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar
comprar el silencio de testigos de la multimillonaria trama de corrupción en
Petrobras. Istoé obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado
entre la Procuraduría General de la República y Amaral, que desde el 19 de
febrero cumple prisión domiciliaria. La revista aclaró que el documento, de
unas 400 páginas, aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal
(STF), que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el
defenestrado senador petista. El abogado de Amaral sembró dudas sobre lo
publicado por Istoé: "Ni el senador ni su defensa confirman el contenido de
la nota. No conocemos el origen y tampoco reconocemos la autenticidad de los
documentos que van adjuntos al texto", escribió. De todos modos a esa
noticia Rousseff respondió ayer.

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