Uruguay/ cuestión de clase: gobierno y patronales contra el salario [Redacción - Hugo Dufrechou - Salvador Neves)

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de marzo 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

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Uruguay 

Gobierno y patronales contra el salario

Cuestión de Clase

En cadena nacional el 1° de marzo, Tabaré Vázquez lo había anunciado: las
“pautas salariales” no se modifican como forma de contrarrestar el “brote
inflacionario” (10,8% anual). Para algunos, es el regreso de la “ortodoxia
monetarista”. O sea, a la receta clásica del liberalismo económico: contraer
el consumo interno, afectando los salarios y quitar circulante de la plaza
mediante el encarecimiento del crédito. Aunque habría un premio consuelo: la
cara “heterodoxa” del plan de ajuste incluiría una mirada atenta sobre los
“excesos” en que incurren los “formadores de precios” (grandes empresas,
supermercados, etc.) y multarlos si “abusan” de su posición dominante. 

Lo cierto, es que en las 16 negociaciones colectivas (tripartitas, gobierno,
empresarios, sindicatos) que se cerraron a marzo de 2016, el gobierno votó
junto a las cámaras patronales. En ningún caso hizo lugar al planteo de los
trabajadores. No se firmó ningún convenio en contra de los empresarios. El
“desconcierto” de la cúpula del PIT-CNT se hizo notar hasta el punto de
prever un año “cargado de conflictividad”, una frase repetida, que solo
puede quebrar la lucha y la organización de los trabajadores de base. Las
tres notas publicadas en Brecha que a continuación reproducimos, dan cuenta
de la estafa salarial en tiempos de “enfriamiento” de la economía y del
“”fin de ciclo” de un “crecimiento” basado, pura y exclusivamente, en el
boom de las exportaciones entre 2004 y 2014 y el arribo de inversiones
extranjeras. Como el “viento de cola” se terminó y los empresarios exigen
mantener el “margen de rentabilidad”, el salario vuelve a ser la “variable
de ajuste”. Mientras tanto, entre los meses de enero-febrero-marzo, un nuevo
golpe contra los asalariados: aumento de las tarifas públicas (luz
eléctrica, agua, telefonía) el transporte, la alimentación, los costos en
salud y educación. Como bien ha dicho Jair Krisschke, para definir la
capitulación del PT en Brasil, “el progresismo es una forma de engañar a las
izquierdas” (Correspondencia de Prensa, 11-3-2016). Y, sobre todo, un
mecanismo de conciliación de clases para afirmar el “pacto corporativo”
entre gobierno, empresarios y aparatos sindicales, en perjuicio del ingreso
de la clase trabajadora. (Redacción de Correspondencia de Prensa) 

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Consejos de Salarios: hijos y entenados

La conspiración de los iguales 

Este año vencen 126 convenios colectivos, más de la mitad de los firmados, y
todo el mundo sabe que la porción de torta a repartir será la más reducida
de la última década. Esta nota se pregunta si no es ésta la oportunidad de
que los trabajadores organizados procuren que la parte más grande le toque a
los que más apetito tienen.

Salvador Neves

Brecha, Montevideo, 11-3-2016

http://brecha.com.uy/

Veintiocho pesos el boleto urbano. “El peso, por ejemplo, de los ajustes
salariales incide mucho”, alegó el intendente el 30 de enero pasado, cuando
se anunció la medida. “Bajaron los combustibles pero aumentaron los salarios
y los costos fijos que hacen al precio del boleto. Es matemática pura”,
insistió Martínez a Subrayado. Para el medio millón de uruguayos que cobran
sueldos de 15 mil pesos o menos, y que, salvo que caminen o pedaleen, gastan
en ómnibus la décima parte de lo que ganan, la insistencia en que el 72 por
ciento de esa suma se utiliza para pagar remuneraciones muy superiores a las
que ellos perciben debió recordarles un hecho un tanto amargo. De acuerdo a
la información que proporciona el Banco de Previsión Social, la mitad de los
trabajadores formales cobra salarios de hasta 20 mil pesos. La expectativa
de irla llevando con sueldos superiores a los 20 mil, pero inferiores a los
37 mil, está al alcance para uno de cada cuatro. Otros, siete de cada 100,
ganan más de 67 mil pesos; y el 3 por ciento, más de 104 mil.(1)

Cuando todavía falta que concluya la renegociación de algunos convenios que
vencieron en diciembre, como el de las trabajadoras domésticas, que demandan
que se definan las tareas (“nos contratan para limpiar y después aparecen
niños para cuidar”, dicen), este año vencen nada menos que 126 convenios,
105 (la mitad del total de los vigentes) en junio (véase recuadro). Durante
años se escuchó protestar a las cámaras empresariales porque el Poder
Ejecutivo solía votar con los sindicatos. El año pasado, en las 16
negociaciones que se resolvieron por votación, gobierno y patrones siempre
votaron juntos.

El mensaje presidencial del 1 de marzo pasado confirmó las perspectivas de
que las negociaciones –complicadas desde el pique por la desaceleración del
crecimiento económico– pueden ser duras. El lunes, en una entrevista
concedida al Portal del Pit-Cnt, Fernando Pereira, presidente de la central
de trabajadores, negó que tras los dichos el movimiento sindical hubiese
“declarado la guerra” al gobierno, pero valoró que “de una u otra forma se
nos declara un conflicto”.

El transporte está resuelto, así que no habrá protestas por paros de este
gremio. Habrá paros en otros, tal vez llegue a faltar algún producto,
seguramente subirán precios. No faltará quien, como el intendente, recuerde
a los quincemilpesistas indignados con los aumentos que, al menos en alguna
parte, éstos se explican por las remuneraciones que otros trabajadores han
obtenido.

Con ese nivel de ingresos, que el movimiento sindical logre que el Poder
Ejecutivo modifique las pautas salariales y se cuente con su voto para
mantener el salario real, objetivo en que insisten sin tregua los
representantes de los trabajadores, parece muy poco. La cuenta es trivial:
para un quincemilpesista tal triunfo implicaría a lo sumo unos 300 pesos más
por semestre.

Esto mientras una encuesta de Equipos publicada el 27 de enero, que ordenó
las instituciones de acuerdo a la confianza que depositarían en ellas los
uruguayos, ubicó a los sindicatos en penúltimo lugar, sólo por arriba de los
partidos. Parece razonable pensar que sería justo y conveniente que los
sindicatos pusieran en el centro de la atención la situación de aquellos que
trabajan dos o tres días al mes sólo para pagar el boleto.

Conciencia y estructura

“Si el movimiento sindical siempre lograse priorizar la situación de los más
desfavorecidos, no se entiende, por ejemplo, por qué sigue sin modificarse
el régimen de seguro de desempleo de los trabajadores rurales, que deja a
tantos sin cobertura. El gobierno no quiere que se le dispare la inflación,
está bien. ¿Pero cuánto podría costar arreglar esto?”, argumentó a Brecha el
sociólogo Bolívar Moreira, delegado del Ministerio de Trabajo en los
consejos de salarios entre 2005 y 2014 y autor de algunos aportes a la
sociología de las relaciones laborales en el campo.

(Una investigación de los economistas Andrés Dean, Estefanía Galván e Ivonne
Perazzo mostró que si un 70 por ciento de los trabajadores rurales están
formalizados en este país, los que de necesitarlo acceden al seguro de paro
no llegan a la mitad de ese porcentaje, cosa que se mejoraría
sustancialmente sólo con aplicarles el régimen vigente para el resto de los
trabajadores). (2)

“Hay como una cultura en la que nadie se apura en poner en negro sobre
blanco cuáles serían los sectores que se deberían priorizar y cuáles no. En
realidad es más cómodo decir que todos somos trabajadores iguales y pedir
reglas uniformes que lo que hacen es tratar igual a los que son distintos”,
afirmó Moreira. El sociólogo ha observado que “cuesta” hablar de estas
cosas, que “son parte de lo no dicho”.

“Utaa (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y algún otro sindicato
suelto señalan a veces estas cosas”, comentó.

La explicación de este fenómeno “sin duda tiene que ver con que los que
están mejor casi siempre coinciden con los que están más organizados e
inciden más en la central”, sostuvo Moreira. La discusión del salario mínimo
se resuelve en un par de semanas, la de los salarios de cada grupo puede
llevar meses. “En realidad, la central potencia las luchas de los más
fuertes, pero no siempre sucede así en el caso de los más débiles. Si
queremos que los que están más atrás avancen respecto de los que están
mejor, los que están mejor deberían admitir estacionarse un poco, si no
necesitaríamos una tasa de crecimiento que ni te cuento. En esto me parece
claro el ejemplo de Adeom, que vivió un conflicto suficientemente importante
como para esperar que la central tomara posición. El Pit-Cnt nunca le dijo
explícitamente a Adeom ‘no te apoyo’ o ‘no te sigo en tales
reivindicaciones’”, ejemplificó.

Para Moreira resulta paradójico que esta dinámica “no le provoque ningún
problema político a los que en teoría pelean para que los que tienen menos
tengan más”. Sin embargo, para el sociólogo la raíz del problema no está en
los sindicatos. “En realidad, esa cultura se formó como en espejo de la
cultura estatal. Fue el Estado el que diseñó esta lógica de negociación.
Todos nos felicitamos de la ley de consejos de salarios y la consideramos un
ejemplo formidable del legado batllista, pero en la medida en que organizó
la discusión por ramas de actividad, determinó que los sindicatos se
formaran en función de esa perspectiva. Un postulado histórico señala que a
la misma tarea debe corresponder la misma remuneración, pero en realidad esa
igualdad sólo se produce dentro de cada rama. ¿Cuál es la diferencia entre
un peón de la construcción, uno de un depósito y otro de un establecimiento
rural? ¿Por qué debería haber una diferencia?”, argumentó Moreira. “Por eso,
como en tantas otras cosas, yo creo que la responsabilidad está en la
política, en el Estado, en los partidos”, concluyó.

¿Hay algún sitio donde esto no funcione así? Fernando Errandonea también es
sociólogo, autor de Pacto corporativo en América Latina (Ediciones El
Mendrugo, Montevideo, 2014), donde repasa las experiencias mexicana,
argentina, venezolana y uruguaya en materia de relaciones entre Estado,
empresarios y sindicatos, para afirmar que, aun superada la era de las
“reformas neoclásicas” (habitualmente llamada etapa neoliberal), subsiste
“tercamente” un pacto cuya naturaleza corporativa bloquea el avance de
alternativas francamente igualitarias. A la pregunta por las excepciones,
Errandonea respondió que no conoce casos ni en América Latina ni en la mayor
parte de Europa.

Donde las cosas sí funcionarían distinto sería en los países nórdicos
(Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca), pero la razón de que así
sea no está para el sociólogo en que los sindicatos sean sustancialmente
distintos, sino en que el Estado ha asegurado una gama de derechos
universales que protegen a todos, empleados y desempleados, formales e
informales, suficientemente robusta para acotar sustancialmente los
incordios de la desigualdad. “Es el rol del Estado”, subrayó. “Hasta el
primer gobierno del Frente Amplio sólo tenían derecho a asignación familiar
quienes trabajaban. Era una prestación contributiva. El gobierno fue el que
la hizo universal. No recuerdo que los sindicatos hayan luchado por esto.
Los sindicatos luchan por los derechos de los trabajadores y, en particular,
de los trabajadores formales”, concluyó.

Centro de Pereira

Hay quien no se resigna. “Esa discusión está presente en el movimiento
sindical”, aseguró a Brecha Jorge Peloche de Fuecys. “Nosotros en la mayoría
de los convenios establecimos ajustes diferenciales. Sé de sectores de Aebu
que se plantean la misma discusión. Hay que recordar que ahí están los
bancarios clásicos pero también los trabajadores de Abitab o Red Pagos, que
están como nosotros”, ilustró. No siempre es sencillo lograr que todos
acompañen esta idea: “cuando prima la lógica pesista, se te complica”,
admitió. “No sé si 50 mil pesos es mucho o poco, pero de alguna manera hay
que definir un criterio y en alguno de nuestros convenios se aceptó que los
salarios que alcanzaban esa cifra no tuvieran aumento para que fuera más
importante el que recibían los peor pagos”, agregó, sin embargo.

En algunos sectores una medida que podría conducir a acercar los salarios
sería que la negociación se estructurara por cadenas productivas y no por
rama de actividad, como sucede actualmente. “Vos sabés que el peón de tambo
gana chirolas y el que está en la planta industrializadora, si es Conaprole,
gana muy bien. Si la negociación fuera por cadena seguramente se mejoraría
en mayor medida al peón de tambo que al trabajador de la industria. Esta es
una discusión que está buena y está planteada. Pero ahora precisamente ese
sector está en la lona”, ejemplificó Peloche.

Uruguay además tiene sus cosas. Incluso Errandonea lo presenta como un caso
desviado de su tesis. En un país de cercanías la distancia social entre los
trabajadores mejor y peor situados no es insondable. Al menos hace 60 años
que los “cuellos duros” y los peones de tambo creen que marchar juntos los
beneficia. Tal vez eso en alguna medida explique que, a pesar de que según
la encuesta de Equipos sólo el 39 por ciento de los uruguayos expresa
confiar en los sindicatos, Uruguay sea uno de los países de América Latina
donde esa confianza es mayor, siendo en esto sólo superado por Chile.(3)

El próximo lunes los representantes del Pit-Cnt se reunirán con los del
Poder Ejecutivo para intentar acercar posiciones. En su entrevista del lunes
pasado Pereira recordó el medio millón de trabajadores que ganan 15 mil
pesos o menos, lo que “implica unos 13 mil pesos líquidos, y no hace falta
aclarar que hay cientos de miles de trabajadores de 11 o 12 mil pesos, por
lo que es lógico que nuestra preocupación inmediata es que, mientras la
riqueza crezca, esos salarios tienen que mejorar”. El presidente de la
central añadió que es necesario discutir cómo se mantiene el empleo “porque
para el que pierde su puesto de trabajo, aunque se logre un gran porcentaje
de aumento de salario, eso significará cero. Ese es uno de los aspectos
clave, mantener empleo y generar nuevos empleos (…). El otro punto clave es
la mejora de los salarios sumergidos”, ratificó. Falta saber si desde el
Ejecutivo alguien aparecerá para cabecear. 

Notas

1.Como los últimos datos disponibles en la web del Bps sobre la evolución de
cotizantes son de diciembre de 2014 y la distribución por tramos de ingresos
se presenta en función de la cantidad de bases de prestaciones y
contribuciones (Bpc) a que equivalen esas remuneraciones, para actualizar
los salarios consignados se los calculó tomando el valor actual de la Bpc,
puesto que no parece haber razones para pensar que en 2015 haya habido
cambios relevantes en ese aspecto.

2.“¿Acceden los trabajadores rurales al subsidio por desempleo en Uruguay?
Análisis de la situación actual y simulación de esquemas alternativos”,
Documentos de Trabajo, Instituto de Economía, Udelar, diciembre de 2014.

3.Latinbarómetro, “La confianza en América Latina. 1995-2015. Veinte años de
opinión pública latinoamericana”, disponible en la página de la empresa.

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Para este invierno

Ciento cinco convenios se vencen el próximo 30 de junio. Prácticamente la
mitad de los vigentes, que son 216. Del 1 de julio en adelante se
renegociarán salarios y condiciones de trabajo en una enorme variedad de
actividades.

La mayor parte de ellas pertenecen a los grupos 10, 18 y 19, que involucran
a los trabajadores del comercio y los servicios. “Call centers, áreas verdes
y recolección de residuos siguen siendo sectores con los salarios más bajos
y condiciones de trabajo bien complicadas. También la limpieza, pero firmó
convenio por cinco años, por lo que su convenio no vence ahora.
Supermercados, mayoristas y bazares estarían en un segundo escalón”, señaló
a Brecha Jorge Peloche, dirigente de Fuecys, la federación que reúne estos
sindicatos. Para el dirigente el primer problema será definir al sector como
dinámico, de actividad media o en problemas, cosa que, de acuerdo a las
pautas establecidas por el gobierno, afectará el porcentaje de aumento que
se le asigne. “El gobierno no ha dado parámetros claros para esta
clasificación. Podría pensarse en que lo fuera la cantidad de gente que cada
sector tiene en el seguro de paro, pero esto también puede indicar que en
realidad se está operando en él una reestructura que hace que la
productividad se incremente y con eso las ganancias empresariales. También
podría pensarse en el nivel de ventas, pero ese número no suele estar sobre
la mesa”, ilustró Peloche. Y a continuación seguirá la discusión por los
porcentajes. Fuecys espera además que la negociación no se restrinja a los
salarios. En 50 de los subgrupos cuyos trabajadores representa la federación
los convenios firmados establecen la creación de comisiones de salud y
seguridad laboral, pero de éstas sólo funcionan cinco, y Fuecys espera
lograr cambios en este sentido. “¿Cómo termina su jornada la trabajadora de
un call center que está seis horas y media atendiendo reclamos todo el día,
con una pausa de siete segundos entre llamada y llamada, pausa que antes ni
siquiera existía? Cajeras de supermercado, vendedoras de tiendas, gente que
trabaja en las carnicerías de las grandes superficies, si no están sufriendo
tendinitis es más que probable que –por efecto de su tarea– la van a sufrir;
hay cosas para hacer sobre eso”, anotó el dirigente. La federación también
espera lograr avances en materia de categorización; “en los depósitos de
algunas grandes tiendas como Si-Si o Daniel Cassin tenemos trabajadores
auxiliares de depósito, que cobran salarios de 15 mil pesos, cuya definición
de tareas agrega, a las lógicas, la cláusula ‘y cualquier otra tarea
inherente a su función’, cosa que permite que por 15 mil pesos terminen
haciendo cosas muy distintas a aquellas para las que fueron contratados”,
graficó Peloche.

En esta instancia también se negociará la situación de 14 subgrupos del
grupo 1 (“Procesamiento y conservación de alimentos”), la mayor parte de los
cuales estarán representados por la Federación de Obreros y Empleados
Molineros y Afines (Foeyma). Aquí también se anuncian discrepancias acerca
de la situación económica de cada sector. “Las empresas que se dedican a las
raciones balanceadas, sobre todo las que venden alimentos para mascotas, por
ejemplo, han tenido un enorme crecimiento, y allí y en las fábricas de
pastas es donde tenemos los sueldos más bajos. En el arroz los empresarios
entienden que están perdiendo y la realidad dice otra cosa”, explicó a
Brecha Federico Barrios, de Foeyma. Según el dirigente, en estos sectores
los salarios más bajos llegarán a 15 mil pesos recién cuando se haga el
ajuste de julio.

Los convenios de la construcción y la industria frigorífica vencen en
setiembre, pero los de tres rubros de esta última (avícolas, chacinados, y
carga y descarga de carne) caen también el 30 de junio. Luis Muñoz, de la
Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), enfatizó que
“la industria de la carne no tiene ningún tipo de problemas, tenemos el
mismo trabajo que hace cinco años, y si tenemos problemas es con las pautas,
porque señalan porcentajes muy inferiores a los que el sector puede dar”. ¿Y
las avícolas? “La única que exporta es Tres Arroyos. Es cierto que no le
está vendiendo a Venezuela, pero está sacando la producción para otros
destinos, vuelca también al abasto interno y en cualquier momento vuelve a
venderle a Venezuela. Chacinado tuvo años de crecimiento explosivo, de 2007
a 2014, y ahora paró un poco pero está en lo real.”  En carga y descarga la
complicación está en que los frigoríficos tercerizaron la tarea ya desde los
ochenta. Entre los trabajadores de ese rubro y los de las avícolas estarían
los problemas mayores, “sueldos de 15 o 16 mil pesos, que son bajos y que no
tienen razón de ser en una industria que marcha como marcha ésta”, consideró
Muñoz.

Tres subgrupos de la pesca, ocho de la química, dos de los trabajadores
rurales y el fútbol también serán parte de la tanda de julio.

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El gobierno y la negociación colectiva

Cuestión de clase 

Hugo Dufrechou *

Entre los meses de enero y marzo se cerraron las negociaciones de los grupos
y subgrupos que estaban negociando desde 2015. El hecho destacable de esta
nueva ronda de negociación colectiva ha sido que en 16 oportunidades el
Poder Ejecutivo votó junto a las patronales en contra de los trabajadores,
mientras que en ningún caso ocurrió lo inverso. O sea, no se firmó ningún
convenio con los trabajadores en contra de los empleadores.

Esto ha provocado una sensación de desconcierto a nivel sindical, sobre todo
entre quienes tenían confianza en que el gobierno votaría con ellos en caso
de tener que definir una mesa de negociación.

Sin embargo, el presidente Vázquez en cadena nacional despejó cualquier duda
al defender la política laboral de su administración y al asegurar su
mantenimiento. Para abordar la interrogante sobre el futuro, y encontrar
algunas explicaciones sobre lo que pasó, vale la pena repasar un poco parte
del proceso que confluyó con las resoluciones de las mesas de negociación
resueltas. En primer lugar, cabe analizar los lineamientos elaborados por el
Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (Mtss) a mediados del año pasado. Estos establecen aumentos
salariales nominales diferentes según la catalogación de cada grupo de
negociación de acuerdo a: su nivel de actividad, el envío de gente al seguro
de paro, o por los subsidios que recibe.

La lógica de los aumentos salariales nominales es el avance de uno de los
objetivos explícitos en los lineamientos de la ronda de 2013, pero que sin
embargo recién en la actual ronda se efectiviza. Esta tiene como cometido
romper con la lógica de determinación salarial de “ajuste por inflación más
un aumento real”. Con esta fórmula, el aumento del salario real sólo será
posible si la inflación en los primeros 18 meses (o la inflación en los
primeros 24 meses para los convenios firmados a tres años) es menor al
porcentaje del nivel de aumento.

Para poder mantener el poder de compra de los salarios, en los convenios a
tres años se hará un correctivo por inflación al final del segundo año. En
los acuerdos a dos años, el correctivo será al final del convenio (también
con una espera de 18 o 24 meses). A su vez se mantiene una cláusula gatillo
–que hace que si la inflación acumulada desde el inicio del convenio pasa
determinado límite, se aplica un ajuste adicional entre la diferencia de la
inflación acumulada y el ajuste salarial correspondiente–, que se activa si
la inflación anual pasa del 12 por ciento (en los convenios anteriores se
fijó una inflación anual del 10 por ciento). Esto deja entrever dos cosas,
la primera es que en el mejor escenario (con correctivo de inflación al año)
los trabajadores podrían compensar su salario real a los 18 meses (cabe
consignar que dado cómo viene la dinámica inflacionaria en la mayoría de los
casos nunca va a aumentar). Lo segundo es que al ampliar el límite
inflacionario en la cláusula gatillo y al mantener las metas de inflación
incambiadas, el gobierno acepta en los hechos que tales objetivos no se
cumplirán, haciendo que el aumento generalizado de precios signifique una
transferencia de dinero desde los trabajadores y el resto de las personas
que reciben partidas fijas de dinero hacia los empresarios, que tienen
partidas de ingresos variables. En efecto, el aumento de tarifas de algunas
empresas públicas en enero y el último dato de inflación acumulada de 10,23
por ciento dan cuenta de ese fenómeno.

Por último, vale mencionar la importancia que se le da en los lineamientos a
la condicionalidad de los aumentos salariales al aumento de la productividad
laboral. Más allá de si actualmente hay niveles de productividad deseables o
no, esta lógica es peligrosa para la clase trabajadora por diversas
consideraciones: a) no es única la forma de medir la productividad, por lo
cual se debería discutir cómo se va a captar; b) es difícil identificar cómo
recompensar individualmente a un trabajador por su productividad, cuando
ésta depende de tareas y procesos colectivos; c) la productividad laboral no
sólo depende del esfuerzo y la habilidad de los trabajadores, sino también
de otros factores como la organización del trabajo o el nivel de inversión
de la empresa –aspecto en el cual, en organizaciones privadas y jerárquicas,
los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad; d) también se presenta
como un problema la asimetría de información en cuanto a los niveles y la
captación de la productividad, es decir, los dueños de la empresa tienen
incentivos para esconder la información a los trabajadores; e) por último,
suponiendo que se superan todas las trabas anteriores (y varias otras más),
aceptar que se aten los aumentos salariales a la productividad es aceptar
que la masa salarial no puede disputar el excedente de la producción, por lo
cual no puede haber cambios en la correlación de fuerzas sobre la
distribución del ingreso.

Estos lineamientos marcan un claro retroceso para la clase trabajadora, no
deben verse únicamente como un viraje conservador del gobierno en materia
laboral, hay que ampliar la mirada para entender este movimiento.
Concibiendo al Estado como la síntesis de la correlación de fuerzas en el
interior de la sociedad, la hipótesis que planteamos es la de un nuevo
avance de las clases dominantes en el terreno político-económico. Este
avance puede tener como punto de partida el año 2013, cuando las principales
cámaras empresariales lanzaron el documento “Aportes para una agenda de
mejora. La competitividad y el desarrollo de Uruguay”, donde se expone un
programa económico político con muchos puntos de contacto con los
lineamientos del Poder Ejecutivo.

La beligerancia de los sectores empresariales está alentada por el
desaceleramiento de la economía, la caída de los precios de las materias
primas y, como consecuencia, la pérdida de captación de renta
extraordinaria. Esto genera que los sectores empresariales necesariamente
operen para cambiar la correlación de fuerzas de modo de ampliar sus
márgenes de rentabilidad, atacando el salario (directo en el caso de los
consejos de salarios, pero también el indirecto, exigiendo menor gasto
público o atacando a las empresas públicas).

Este avance ha hecho mella en el gobierno, al aceptar la premisa de una
suerte de “curva de Phillips” original,1 en la que el salario real atenta
contra el nivel de empleo. Este precepto también lo expuso el presidente
Vázquez, al contestarle indirectamente al Pit-Cnt el pedido de modificación
de los lineamientos para los consejos de salarios (en especial en la
modificación del tiempo de ajuste por inflación para 12 meses), al decir:
“en el plano de las negociaciones salariales, y a los efectos de evitar un
mayor impacto negativo sobre el empleo se requiere mantener los lineamientos
salariales diseñados en 2015”.

Por otro lado, está presente el combate a la inflación partiendo de la
perspectiva de cortar la “espiral de precios y salarios”.2 Sin embargo, un
estudio de la consultora Cinve demuestra que para el caso uruguayo (y para
el período poscrisis hasta 2012), los aumentos salariales sólo se trasladan
en un 30 por ciento a precios. La elección del ataque a los salarios para el
combate de la inflación debe ser entendido como una política de clase, dado
que mientras se ataca el salario, el gobierno permite la depreciación del
dólar para compensar la rentabilidad de los sectores exportadores, así como
incrementa las tarifas de las empresas públicas para aumentar los ingresos
del Estado sin tener que proponer una nueva modificación de la estructura
tributaria.

Durante este año vencerán los convenios colectivos de 126 subgrupos, donde
destaca la mayor parte de la industria así como la construcción. Se prevé un
año cargado de conflictos, que –tal cual ha venido sucediendo a nivel
regional– profundizará la puja entre las clases para poder modificar a su
favor la correlación de fuerzas sociales. Independientemente de la buena
voluntad, el pasado político o la ideología de los representantes del
gobierno, los reales actores de esta partida serán las organizaciones de las
clases en pugna: partidos, sindicatos, cooperativas, cámaras empresariales y
medios de comunicación. La reivindicación de la acción política en un
contexto estructural desalentador, así como la independencia de las
organizaciones de clase, serán las claves para la intervención en esta
etapa.

* Integrante de la cooperativa Comuna.

Notas

1.La curva de Phillips expresa una relación inversa entre salario real y
empleo. Esta constatación la hizo el economista neozelandés Alban William
Phillips, que en 1958 llevó adelante un estudio llamado “The relationship
between unemployment and the rate of change of money wage rates in the
United Kingdom 1861-1957”, y cuyas conclusiones se han tomado como regla
general para el sistema capitalista, a pesar de que él mismo en su estudio
las relativiza.

2.2. Se le dice “espiral de precios y salarios” al fenómeno que haría que un
aumento de salarios se traslade directamente a los precios generando un alza
inflacionaria directa. Ante esta suba de precios, los salarios deberían
volver a aumentar para no perder poder de compra y se reiniciaría el ciclo
generando una espiral.

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