Brasil/ sálvese quien pueda: gobierno Dilma se desmorona [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de marzo 2016

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Brasil

Sálvese quien pueda 

El gobierno de Rousseff se desmorona tras su vinculación directa con el
escándalo de Petrobras. No sólo su equipo se ha visto afectado, también el
ex presidente Lula. Mientras, en las calles crece el sentimiento
antipolítico y se abre el camino para que nuevos mesías salvadores de la
patria intenten tomar el relevo.

Agnese Marra, desde San Pablo

Brecha, Montevideo, 18-3-2016 

http://brecha.com.uy/

En la última semana el gobierno de Dilma Rousseff sufrió uno de los más
duros reveses de su segundo mandato. El domingo manifestaciones
multitudinarias dejaron claro que querían sacar a la presidenta. El martes
las declaraciones de Delcídio Amaral, ex representante del PT en el Senado,
dieron las razones que faltaban para que las calles estén más cerca de su
objetivo.

Por primera vez la presidenta fue directamente vinculada al escándalo de la
Operación Lava Jato, acusada por su compañero de partido de obstruir dicha
investigación, ofreciéndole dinero a través del ex ministro de la Casa Civil
Aloizio Mercadante para que no delatara a los directores de dos de las
constructoras investigadas. Dicen en Brasilia que al enterarse de la noticia
Dilma se quedó sin palabras, y tras unos minutos, decidió convocar una
reunión de emergencia con sus ministros más allegados para buscar posibles
salidas a una crisis política que no deja títere con cabeza.

La líder del Ejecutivo ha sido tan sólo una más de las piezas que fueron
cayendo tras hacerse pública la declaración de Amaral ante el Ministerio
Público Federal. El jefe del Congreso, Renan Calheiros (Pmdb), el
vicepresidente, Michel Temer (Pmdb), Aécio Neves (Psdb), Lula da Silva y la
bancada completa del Pmdb, aliado del gobierno en el Senado, fueron algunos
de los acusados por el ex senador petista de diversos delitos relacionados
con el escándalo de Petrobras.

La Fiscalía General del Estado anunció que estudiaría las acusaciones de
Delcídio y tomaría una decisión sobre si seguir adelante con una
investigación sobre Rousseff. En relación con la otra decena de acusados,
está por verse cuál será el papel del juez Sérgio Moro. Sus próximas
decisiones responderían la pregunta que la izquierda y parte de los juristas
del país se hacen acerca de la verdadera intención del magistrado, si tiene
que ver con la lucha contra la corrupción o con una persecución dirigida
contra Lula y el Partido de los Trabajadores. Máxime cuando ahora, por
decisión de la justicia, Moro no sólo se hará cargo de las investigaciones
relacionadas con el escándalo de Petrobras sino con las que tienen que ver
con las acusaciones que pesan sobre Lula.

Ministerio

Para el ex presidente Lula la semana no fue menos intensa. Al igual que su
sucesora, se convirtió en el foco de las manifestaciones del domingo que
celebraban el pedido de prisión preventiva que se había hecho público días
antes. Incluso gran parte del éxito de estas movilizaciones se achaca al
cerco policial establecido en la residencia de Lula durante los días
anteriores al evento.

El pasado lunes el ex sindicalista fue llamado a declarar ante la Policía
Federal de San Pablo para esclarecer informaciones sobre posibles
ocultamientos de propiedades a nombre de terceros, concretamente un
apartamento de playa en Guarajá y una casa de campo en el interior paulista.
Ambos inmuebles fueron reformados por constructoras relacionadas a la
Operación Lava Jato, y aunque el ex presidente asegura no ser dueño de
ninguno de ellos, la Policía Federal desconfía de su defensa. El mismo día
se daba a conocer la decisión de la jueza que evaluaba el pedido de prisión
solicitado  por la Fiscalía de San Pablo contra el ex mandatario. La
magistrada prefería no involucrarse y derivaba el expediente al juez Moro,
por tratarse del mismo asunto que investigaba su compañero.

El hecho de que Moro pudiera ser quien juzgara a Lula llevó a que la idea de
Dilma de ofrecerle un ministerio a su padrino político se pusiera de nuevo
sobre la mesa. Desde que la Policía Federal fue a la casa del ex presidente
el viernes 4, la líder del Ejecutivo planeó esta estrategia para matar dos
pájaros de un tiro. Por un lado, quien fuera el presidente más popular de
Brasil podría ayudarla a negociar y a buscar aliados, y por otro, Lula se
libraría de ser juzgado por Moro.

Al ex mandatario no le hacía gracia sin embargo que pareciera que quería
escapar de la justicia y del juez de Curitiba: “No necesito eso, sé
defenderme solo”, repitió a diversos miembros de su partido. Un ala
importante del PT opinó, de todas maneras, que Lula sería fundamental en
estos momentos y que hay que hacer todo para preservarlo. El propio Leonardo
Boff, muy crítico con el gobierno Rousseff, le escribió una carta al ex
presidente pidiéndole que aceptara el cargo de ministro “para evitar que
todos los avances logrados se perdieran de un plumazo”. Dilma le aseguró que
podría elegir el ministerio que más le interesara. El equipo de ministros
petista también le comunicó que le cederían sus puestos con los ojos
cerrados, sabiendo que la Casa Civil y la Secretaría de Gobierno son los
únicos cargos que realmente podrían interesarle. Eligió la Casa Civil, según
se anunció el miércoles. Ayer jueves Lula asumió el cargo, pero a las pocas
horas otro juez, esta vez de Brasilia, frenó la designación con una medida
cautelar. Dilma volvió a hablar de golpe, el gobierno apeló la cautelar del
juez, y el baile seguirá.

A lo largo de la semana el ex metalúrgico se reunió en varias ocasiones con
el presidente del Congreso, Renan Calheiros, para asegurarse de su apoyo
incondicional en el caso de aceptar la oferta de la presidenta. Las
respuestas de Calheiros, también investigado por la Lava Jato, fueron vagas,
ya que la mayoría de su partido quiere romper definitivamente con un
gobierno “quemante”. En su última asamblea, celebrada el sábado, el Pmdb
decidió prohibir a sus militantes aceptar cualquier cargo de gobierno
durante los próximos 30 días, fecha en la que decidiría si se aparta de una
vez del equipo de Rousseff.

Cuando el tema estaba en discusión, se manejó que si Lula aceptaba formar
parte del gobierno, evitaría que Moro lo investigara y su caso pasaría al
Tribunal Supremo, donde se lo juzgaría en una única instancia. Algunos
juristas opinaron que ello beneficiaría al ex presidente ya que la mayoría
de los jueces del Supremo fueron nombrados por Dilma y por el propio Lula.
Otros opinaron lo contrario: “Sería un juicio mucho más rápido y la
sentencia sería definitiva, no podría apelar. Además todo el caso ya está
siendo muy mediático y hay muchas opiniones formadas sobre él”, comentó el
profesor de derecho constitucional de la Puc de San Pablo, Pedro Serrano, en
la Bbc Brasil.

Independientemente de las ventajas o desventajas judiciales, lo simbólico
aparecía en principio como más importante para el ex presidente: “He
trabajado mucho por este país como para que ahora crean que huyo de la
justicia”, le dijo a Dilma durante una cena en Brasilia el pasado martes. El
cerco policial en torno a Lula y un posible pedido de prisión por parte de
Moro también se manejan como amenazas reales. La profesora y socióloga
Esther Solano bromeaba en la revista Carta Capital: “En mis clases lo hemos
hablado, el juez Moro o lleva preso a Lula, o lo hace presidente en 2018”.

La antipolítica en las calles 

Esta idea de la socióloga española se escuchó en las manifestaciones del
pasado domingo. Pedro de Albuquerque decía irritado: “Hay que llevarlo
preso, si no lo cazamos ahora, lo vuelven a elegir presidente”. La
preocupación de este empresario de 57 años es la que expresó gran parte de
los manifestantes que recorrieron la Avenida Paulista.

El pedido de prisión de Lula había encendido los ánimos y parecía que el
sueño de gran parte de la población podía hacerse realidad. No faltaron los
muñecos con la imagen de Lula entre rejas, incluso una performance sobre un
camión que llevaba enjauladas a dos personas con las máscaras del ex
presidente y de su sucesora. Ambos fueron definidos como los causantes de
todo mal del país, como los inventores y detentores de la corrupción.

Esa idea la trasmitió una gran mayoría de clase media alta, blanca, con
elevado nivel de escolarización y con edades de entre 35 y 60 años. No se
puede negar que la elite paulista fue la que destacó en este evento donde se
volvieron a repetir las selfies con la Policía, las copas de champán y la
convivencia normalizada junto a skinheads y grupos pro dictadura. Pero
también hubo jóvenes, e incluso algunas personas más humildes, como la
barrendera Eunice da Silva, que aseguraban que Dilma tenía que dejar el
gobierno, pero matizaban: “Si Lula se presentara de nuevo, volvería a
votarlo”.

Estas protestas tan multitudinarias (3,5 millones de personas en todo el
país) fueron probablemente las más complejas de analizar. Si hubo algo que
predominó, además del verde-amarelo ya uniformizado en estos eventos, fue el
sentimiento patriótico de “salvar al país” y la victoria de la antipolítica.
“Ninguno sirve”, “todos roban” y “debe caer Dilma pero no sabemos quién
viene después, no me gusta ninguno” fueron las frases más repetidas. En este
contexto el juez Moro aparecía como un héroe nacional, como el salvador de
la patria corrompida por los políticos, y camisetas con la cara del
magistrado se sumaban al merchandising anti Dilma.

Pero el discurso de los manifestantes también coincidía en atacar las
conquistas sociales por las que el PT adquirió fama internacional. Muchos de
los interrogados por los medios de comunicación en las marchas aseguraban
estar en contra de la Bolsa Familia, de las cuotas para negros en las
universidades, y repetían: “Eso de los derechos humanos es para ladrones,
para vagos, no lo queremos en nuestro país”. Con ese razonamiento no es de
extrañar que el otro héroe de las manifestaciones fuera el diputado Jair
Bolsonaro, un ex militar, evangélico, homófobo, quien le llegó a decir
precisamente a la ex ministra de Derechos Humanos Maria do Rosário que “no
la violaba porque no se lo merecía”. Efectivamente, cuando se preguntaba a
la gente por posibles candidatos presidenciales para 2018, el nombre de
Bolsonaro aparecía en buen lugar.

Otra de las novedades de las protestas fue el papel de los grandes
empresarios en las manifestaciones. No sólo la Federación de la Industria de
San Pablo, que hace meses se ha convertido en la principal promotora de los
actos anti Dilma. Esta vez también se sumó una conocida cadena de comida
rápida brasileña (Habib’s) y la Asociación Médica de Brasil, que días antes
habían anunciado en diversos diarios su participación en el acto del 13 de
marzo.

Los políticos también estuvieron más presentes que nunca, pero no
consiguieron el éxito esperado. En San Pablo, tanto el gobernador del
estado, Geraldo Alckmin (Psdb), como Aécio Neves, del mismo partido, fueron
silbados y también acusados de corruptos..

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