Uruguay/ pobreza y delito: el cerrojo de la cárcel [Gabriel Pereyra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de marzo 2016

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Uruguay 

El cerrojo de la seguridad pública: la cárcel 

La universidad del delito: entre el doctorado y el examen de ingreso

"La izquierda terminó por aceptar un discurso que le era ajeno acerca de que
hay delincuentes irrecuperables y que la pobreza nada tiene que ver con su
actividad. Pero esta postura, presuntamente más realista y menos soñadora,
niega datos científicos que vinculan la pobreza a la delincuencia"

Gabriel Pereyra

El Observador, Montevideo, 17-3-2016

http://www.elobservador.com.uy/

Es uno de los nudos más apretados de las políticas de seguridad pública. Es
una de las instituciones más ineficientes del Estado, pero cada tanto los
políticos le dan nuevas herramientas y la hacen más abarcativa. Allí, de
forma directa o indirecta, los delincuentes coinciden con el Poder Judicial,
el Legislativo y el Ejecutivo. Es la cárcel. El Observador presenta a partir
de hoy una serie de notas que van desde el sistema de penas y
rehabilitación, pasando por los riesgos de que un ciudadano honesto caiga en
el infierno, hasta la cárcel como cuartel general de la delincuencia con el
testimonio de quienes pasaron por allí y una nueva visión acerca de qué hay
de cierto en eso de que la cárcel es "la universidad del delito".

Las penas y la rehabilitación: la inflación punitiva

Una imagen tradicional de cualquier película de Hollywood sobre cárceles es
la de presos con mameluco naranja, formados en fila antes de salir al patio
o ir al comedor. Los 10 mil presos que hay en las cárceles uruguayas jamás
protagonizan una situación como esta ni ninguna otra que tenga que ver con
el orden o la disciplina.En las prisiones uruguayas, donde supuestamente se
pena la violencia, lo único permanente es precisamente la violencia.

En las prisiones uruguayas, donde supuestamente se pena la violencia, lo
único permanente es precisamente la violencia.

El censo policial que se hizo en 2012 reveló que el 40% de los presos habían
recibido algún castigo o tenían algún tipo de lesión producto de situaciones
violentas.

"Cada día salen de la cárcel 10 presos dispuestos a reincidir". La frase,
pronunciada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alude al que
posiblemente sea uno de los capítulos del tema seguridad al que menos
trascendencia se le da nivel de opinión pública y cuya incidencia en el
aumento del delito y, sobre todo, en los índices de violencia, es evidente.

Cuando la Policía detiene a un delincuente, están los que tienden a pensar
que se cerró un ciclo para ese bandido, cuando en realidad es un eslabón de
una polea que no tiene comienzo ni fin. Es difícil que la opinión pública
atine a preguntarse de dónde vino ese delincuente ni adónde irá cuando
recupere la libertad.

"En gran medida, la opinión pública elude el principio básico de que la
prisión es antes un medio para devolver a la sociedad individuos en mejores
condiciones, que un fin en sí mismo", sostuvo en un seminario de la
Universidad el sociólogo Luis Eduardo Morás, quien ha realizado
investigaciones sobre violencia y reclusión.

La cárcel es el lugar, único, donde coinciden las acciones del Parlamento y
sus leyes, los fiscales y jueces que las aplican, la Policía que persigue a
los infractores, y los delincuentes.

La cárcel no tiene un papel disuasorio como algunos señalan. En todo caso
esa puede ser una consecuencia de su existencia. Las cárceles deben cumplir
dos funciones básicas y complementarias: por un lado sancionar al que viola
la ley y alejarlo transitoriamente del resto de la sociedad, y por otro
rehabilitarlo para que, un vez cumplida la pena, pueda reinsertarse en esa
sociedad a la que le produjo un daño. En Uruguay, si se tradujera en
términos económicos, el primero de estos principios (la sanción) sufre una
inflación creciente, y el segundo (la rehabilitación) una deflación
decadente.

En Uruguay, si se tradujera en términos económicos, el primero de estos
principios (la sanción) sufre una inflación creciente, y el segundo (la
rehabilitación) una deflación decadente.

Cuánto más presión parece haber en el peso de la sanción, más impacta eso en
el otro factor penitenciario que es la rehabilitación.

"Animales enjaulados"

La ley dice que la sanción que debe cumplir un preso es el encierro por un
período determinado por la ley. "A nadie se le aplicará la pena de muerte",
comienza diciendo el artículo 26 de la Constitución, que es como decir que
todo el que caiga preso en algún momento volverá al seno de la sociedad. El
artículo constitucional se completa: "En ningún caso se permitirá que las
cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y
penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la
profilaxis del delito".

La ley rechaza la tortura, y no habla de celdas llenas de mugre e inundadas,
ni de la convivencia con las drogas, la prostitución, los cortes
carcelarios, el cobro de peajes o las bandas organizadas, ni de la presión y
amenaza a las familias de los más débiles, ni de otras tantas cosas que
existen hoy en los centros de reclusión uruguayos.

Una publicación de la ONU sobre cárceles en Uruguay se refería así a los
módulos de metal (las latas) que funcionaron en Libertad: "Los internos se
hacinan como animales enjaulados. Las condiciones en todos los contenedores
eran espantosas y revelaban una falta completa de respeto por la dignidad
humana de los internos. Los contenedores no tenían ventanas sino una
abertura muy pequeña de un lado. En verano, las temperaturas en estas latas
de acero eran muy elevadas y los internos tenían que tomar turnos frente a
la pequeña abertura para tener suficiente oxígeno para respirar.En verano,
las temperaturas en estas latas de acero eran muy elevadas y los internos
tenían que tomar turnos frente a la pequeña abertura para tener suficiente
oxígeno para respirar.El sistema de drenaje estaba colapsado. Los internos
tenían restringido el acceso al agua, por lo que se veían obligados a beber
del retrete. Además, para orinar y defecar tenían que usar bolsas y botellas
de plástico que tiraban después al patio común de cada módulo. Como
resultado de esto, los contenedores estaban rodeados de montones de basura,
lo que producía un olor insoportable. Los internos solo podían salir de las
celdas como máximo cuatro horas por semana". Hubo una acción de amparo y la
Justicia, responsable de enviar allí a personas procesadas, no se consideró
competente como para cerrar estos módulos.

¿Es un fenómeno novedoso esto de meterlos en jaulas? En 1986 el ministro del
Interior, el colorado Antonio Marchesano, dijo que Punta Cartetas era un
caos, "una ciudad dentro de otra", En 1994 el ministro nacionalista Ángel
Gianola dijo que la corrupción policial contribuía a la violencia. Juan
Pedro Martínez entonces director de Libertad dijo que en la prisión no había
agua potable. Héctor Carracedo, defensor de oficio, que Libertad era "una
cloaca pensada para destruir al presos no para rehabilitarlo". En 1995, tras
una visita, la Comisión de derechos humanos del Parlamento dijo que Libertad
era "inadecuada para albergar a seres humanos".

En 2009 el sistema se sacudió cuando llegó al país Manfred Nowak, el relator
de la ONU, quien calificó a las cárceles de "oscuras e inmundas".

Aunque mejoró en algo sus condiciones, Uruguay aún viola directamente o
camina por el pretil de varias leyes internacionales a las que adhirió: la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el Protocolo
Facultativo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Una de las cosas que combate el derecho internacional es el ocio en las
cárceles, algo que parece una burla en los lugares de encierro del país.

Para peor, en diciembre pasado la ONU estableció como "tortura" cualquier
sanción que mantenga aislado a un preso más de 15 días , dijo a El
Observador el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. El funcionario
admitió que en Uruguay no se cumple y una fuente de la Policía reconoció que
hay sanciones de "meses".

Naturalmente -o sea, sin tener en cuenta todas las condiciones degradantes
antes mencionadas- la cárcel produce en el preso aislamiento afectivo,
ausencia de intimidad, frustración y una nueva escala de valores "basadas en
la desconfianza y la agresividad", dice un estudio académico de expertos
extranjeros (Intervención psicopedagógica en contextos diversos), que añade
que en algunos reclusos se producen severos desequilibrios psiquiátricos.

La presión de los 90

Massimo Pavarini, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la
Universidad de Bolonia y experto en cárceles, dijo a Página 12 que hay
muchos presos "sufriendo (...) y siempre son los delincuentes pobres, los
locos, los que son criminalizados. Me parece una perspectiva digna reducir
la violencia. Pero, primero, hay que reducir la violencia de la reacción
penal, la violencia institucional que es terrible, mucho más terrible que la
criminalidad".

Esa inflación sancionatoria provocada por las condiciones de encierro se vio
agravada en la década de 1990 con el incremento de las penas, o sea, más
tiempo de permanencia de los presos en esos lugares donde campea la
violencia.

El ex comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, quien fuera
candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, no tuvo
reparos en una publicación de ONU en criticar la situación carcelaria cuando
gobernaba el nacionalismo.

A mediados de los 90 "el sistema carcelario atravesaba una profunda crisis;
el desconocimiento de los derechos de los privados de libertad era entonces
generalizado. Tal crisis, fue el resultado de la combinación de dos
factores: el explosivo aumento de la población reclusa y la falta de
inversión en cárceles. (La situación comprometió) la imagen nacional".

A partir de 2010 "asoman los primeros resultados: una mejora en la
infraestructura penitenciaria y el inicio de una transformación de la
gestión", agregó.

¿Es esta una visión "progresista" que justifica de alguna forma las
políticas oficiales en torno a la seguridad?

"A mí me gustaría que los jueces y los fiscales fueran más a menudo a las
cárceles", dijo Garcé a El País en su momento. Posiblemente uno de los
uruguayos que más sepa sobre prisiones, Garcé aludía a que los magistrados
deben pensar dos veces antes de enviar a una persona a esos pozos inmundos
en los que cualquiera puede tropezar y caer dentro.

Cuánto más se reproduce en la sociedad esa violencia a la que son sometidos
los delincuentes en las cárceles, los políticos se ven más presionados por
reclamos de mayores penas.

Dos bibliotecas y el peso de los hechos

Algunas voces, como la del fiscal Gustavo Zubía, acompañan esos reclamos.
"Tenemos una detención y sometimiento a proceso del 10% de los delitos
cometidos. Y, de esos, hay un 40% que son procesados sin prisión y cuando le
aplican la pena queda siempre estrictamente en el papel, ya que no pasa un
solo día en la cárcel", dijo en una reciente ponencia. En declaraciones a El
País sostuvo:. "Es un muy buen negocio delinquir. Pero se puede frenar,
podés poner sanciones más severas".

La evidencia empírica no le estaría dando la razón al fiscal: las penas han
aumentado y con ellas los delitos. Por eso hay otras voces que van en
sentido contrario, como la del catedrático en Derecho Penal Miguel Langón.
"Existe una discusión criminológica en torno a si el anuncio de las penas
tiene eficacia, es decir, si tiene o no un resultado disuasivo. En general,
se sostiene que tiene muy poca eficacia disuasiva. Es decir, al delincuente
no le importa si la pena es de seis u ocho años, ni tampoco que la pena
mínima pase de doce a dieciséis meses", expuso en un trabajo
académico.Indicó que "el delincuente se contiene más si ve que la Policía
funciona, que los Juzgados actúan y existe posibilidad de ser atrapado por
el crimen que cometió y no por la pena que eventualmente le puede recaer" .

Indicó que "el delincuente se contiene más si ve que la Policía funciona,
que los Juzgados actúan y existe posibilidad de ser atrapado por el crimen
que cometió y no por la pena que eventualmente le puede recaer" .

El sociólogo Morás sostuvo que "los datos disponibles muestran que este
camino no sólo no logró revertir la violencia delictiva en los últimos 20
años, sino que ha generado nuevos problemas".

En 1963 la población total del Uruguay era de tres millones y la población
carcelaria era de 1.500 personas.

Mientras que la población total ha aumentado a 3.390.000, hay 10.100 presos,
según cifras a marzo de 2016. Este incremento en las tasas de prisionización
estuvo acompañado de un aumento sostenido de los delitos.

Cada año ingresan unas 800 personas a la cárcel. Aludiendo a esa imagen
ajena a las cárceles locales de presos formados ante la autoridad, el ex
director nacional de Policía, Julio Guarteche, dijo que "lo peor" que se le
puede dar a un delincuente como sanción por el delito cometido "no es
violencia, sino orden. Hay que hacerles saber que van a caer en un lugar
terrible no por lo duro sino por lo ordenado. En naciones europeas pasa el
guardia-cárcel y le pregunta al preso si va a ir a taller o al estudio; si
dice que no, queda 23 horas encerrado. Al otro día ya dice que sí".

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La universidad del delito: entre el doctorado y el examen de ingreso

Gabriel Pereyra

El Observador, Montevideo, 28-3-2016

"Yo soy chorro, mi padre fue chorro, mi abuelo fue chorro y tengo ocho hijos
en la calle"

"La cárcel es la universidad del delito". ¿Cuántas veces hemos escuchado
esta frase? Su sola mención es un reconocimiento de que la prisión no cumple
eficazmente ninguna de las funciones que les confieren una razón de ser: la
sancionatoria, a pesar de la violencia a la que se somete a los presos, ni
la rehabilitadora, que asegura al resto de la sociedad que esa persona no va
a causar más daño del que ya causó.

En todo caso, la frase da a entender que cuando salga puede llegar a
provocar un daño mayor. Y como en Uruguay no hay pena de muerte ni cadena
perpetua y más del 70% de los presos tienen menos de 35 años, en algún
momento van a salir en libertad. Y como la reincidencia supera el 50%, la
noria delictiva no se detendrá.

Pero hay otra visión o interpretación de esa frase sobre la universidad del
delito que en general la población no atina a mensurar y que, de alguna
forma, queda reflejada en esta historia relatada por Juan Miguel Petit,
comisionado parlamentario de cárceles: "Un día vino un preso y me dijo: 'Yo
soy chorro, mi padre fue chorro y mi abuelo fue chorro. Ahora tengo a mi
mujer sola afuera viviendo con mis ocho hijos". Aún a riesgo de
"estigmatizar" el futuro de esos niños, la pregunta que se hace Petit luce
pertinente: 

"Si el bisabuelo fue chorro, el abuelo fue chorro, el padre fue chorro, ¿qué
suponemos que van a ser esos chiquilines?".

10.000 niños

Un 84% de las reclusas y un 66% de los reclusos tienen hijos. Más de 10 mil
niños uruguayos tienen a su madre o a su padre en una prisión, según el
censo de cárceles.

Aunque la presión sobre los políticos en torno a la seguridad moldea el
discurso más que los datos estadísticos, hay algunas cifras oficiales
vinculadas a los niños uruguayos que dan para reflexionar. Un 35% de los
menores de 4 años sufre algún tipo de déficit alimentario que en algunos
casos produce anemia. Entre los usuarios de INDA, esas cifras trepan por
encima del 60%

La izquierda terminó por aceptar un discurso que le era ajeno acerca de que
hay delincuentes irrecuperables y que la pobreza nada tiene que ver con su
actividad. Pero esta postura, presuntamente más realista y menos soñadora,
niega datos científicos que vinculan la pobreza a la delincuencia: los niños
que sufrieron deficiencia de hierro en los primeros años de vida tienen más
riesgo de ser depresivos y de adoptar conductas delictivas en su
adolescencia temprana. Son datos científicos, no interpretaciones
sociológicas o temores populares.

Según la OMS, cada año más de 200 millones de niños y niñas menores de cinco
años de edad fallan en alcanzar su máximo desarrollo cognitivo y social y
eso impacta en "problemas de salud mental, obesidad, cardiopatía y
delincuencia", advierte la organización. Documentos internacionales que
aportó la subsecretaria de Salud, Cristina Lustenberg, indican que una de
las consecuencias del déficit alimentario es una mayor tendencia a la
"violencia y delincuencia" juvenil.

Por esa razón Petit está centrando su atención no solo en las cárceles sino
en lo que pasa fuera de ellas, tratando de hacer un seguimiento sobre la
familia del preso.

El sociólogo Luis Eduardo Morás, que ha investigado la situación de encierro
de adolescentes y adultos, dijo al blog Sala de Prensa que un "producto
perverso del desmesurado crecimiento del sistema carcelario en Uruguay, es
que cada vez hay más niños que tienen familiares privados de libertad. De
los 10.000 presos adultos que hay en el país, el 64% tiene hijos (el censo
mostró cifras mayores) y ahí se genera un circuito de reproducción de la
violencia porque muchos de esos niños, sin haber cometido ningún delito, sin
estar presos, tampoco son libres, porque ya les cae un estigma de tener un
familiar preso y, por lo tanto, la vida comunitaria se le hace mucho más
difícil. Hay que cortar ese circuito y la única forma de hacerlo es una
mirada integral de los problemas con la integración de distintos agentes y
actores de la sociedad uruguaya".

Para el sociólogo es evidente que se da una "trasmisión generacional o
familiar de prácticas delictivas", sobre todo en algunos delitos como el
narcotráfico y una extensión de una cultura carcelaria al exterior de la
sociedad.

De los más de 10 mil presos que hay en las prisiones, un 43% creció en un
hogar monoparental. Unos 2.500 parecen no tener a nadie en la vida: uno de
cada cuatro presos no recibe ni una visita.

Solidaridad para la reinserción

Inés Bausero, de la Dirección Nacional de Atención al Liberado (ex Patronato
de Encarcelados y Liberados), dijo a El Observador que entre las 1.970
personas que atendieron en 2015 hay casos muy variados. Allí se les da
asesoramiento a liberados y familiares de presos (se les tramita la cedula,
el carné de salud, entre otras cosas) y se les intenta conseguir trabajo a
través de convenios que tienen con organismos públicos y unas pocas empresas
privadas. 

"Hay experiencias positivas, donde nos dicen que los liberados son
excelentes trabajadores. Lo que pasa es que muchos de ellos no tienen una
cultura de trabajo detrás. Nos encontramos con gente que luego de pasar por
la cárcel no tiene qué hacer y recién cuenta con 20 años". Reconoció que la
sociedad tiene "temores fundados" y otros "infundados" sobre la relación con
exconvictos, pero que si no se apela a la solidaridad, a hacerle un
seguimiento a esos liberados "a aguantarle la cabeza como a veces se la
aguantamos a un compañeros de trabajo"- las cosas solo van a empeorar.

Según datos oficiales, solo un 10% de los liberados busca apoyo, de alguna
manera, en esta repartición.

La cultura "tumbera" que adquieren los presos -en la jerga carcelaria basta
con algunas palabras para funcionar- y su bajo nivel educativo -hay presos
que en algún momento estuvieron alfabetizados pero se olvidaron de cómo leer
y escribir- atentan contra la reinserción.

Gustavo Belarra, subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex
Dirección de Cárceles), dijo a El País que la mayoría de los presos
pertenecen a "un contexto de crianza y de vida de fragmentación, de cierta
complejidad, de trayectorias educativas interrumpidas, acceso temprano al
mercado de empleo en general no calificado o semicalificado, con un corte de
situaciones de vulnerabilidad o de riesgo social, que muchas veces está
asociado a la comisión del delito".

El 50% de los reclusos dijo que nunca tuvo trabajo estable y un 35% no
realiza en prisión ninguna de las labores que se le ofrecen para que acorte
la pena o adopte una cultura laboral.

Primarios cada vez más violentos

Un 48% de los presos son primarios, lo que por un lado plantea un universo
interesante para trabajar buscando evitar la reincidencia, pero por otro los
testimonios de trabajadores de cárceles revelan que esos primarios son cada
vez más violentos.

El universo y las condiciones carcelarias no les hacen las cosas fáciles a
los primarios. "Cuando cayó por primera vez era chiquito y flaquito, y desde
el primer día tuvo que tratar de conseguir algún corte carcelario porque si
no le iban a hacer la vida imposible", contó a El Observador el familiar de
un preso que terminó luego cayendo varias veces. "Esa situación hacía que
cada vez que alguien trataba de llevárselo por delante él no tuviera otra
que reaccionar con violencia y así pasaba sancionado", concluyó.

Las autoridades reconocen que hay profesionales del delito a los que será
muy difícil rehabilitar. La izquierda parece poner mucho énfasis en este
aspecto como para balancear el histórico discurso que vinculaba la
delincuencia a la pobreza. 

Para los involucrados en el tema, una cosa es ese discurso como definidor de
algo generalizado y otra negar la realidad: no todos los pobres son
delincuentes pero la abrumadora mayoría de los delincuentes provienen de
hogares pobres.

Petit considera que atacar las causas sociales de la violencia no eliminará
la delincuencia, pero impactará en algunos casos y reducirá los índices de
violencia en otros.

Penar

Para el fiscal Eduardo Zubía, los índices de reincidencia -que según el
oficialismo se ubica en un 50% pero que la oposición eleva hasta 70%- están
confirmando que la cárcel efectivamente es la universidad del delito en el
sentido más directo de la expresión.

La carrera delictiva de buena parte de los presos le da la razón: comienzan
con arrebatos o hurtos siendo adolescentes y luego pasan a la rapiña, aunque
las últimas estadísticas indicarían que esta carrera delictiva se ha
acelerado y agravado ya que la mitad de las casi 20 mil rapiñas que se
cometen son protagonizadas por menores.

La participación de menores de edad en el delito es un capítulo aparte,
aunque las condiciones de encierro que existen en el INAU y sus
características son casi un calco de lo que pasa con las cárceles de
mayores. Hay unos mil menores de edad sometidos a la Justicia penal de niños
y adolescentes.

La posición de Zubía de penar más severamente al reincidente fue asumida por
el gobierno: el ministro del Interior, Eduardo Bonomi está impulsando un
aumento de las sanciones para quienes reincidan con la posibilidad incluso
de quitarles la patria potestad de sus hijos. 

"Cuando existe delincuencia habitual con alguien que está preso, sale en
libertad y vuelve a caer preso y tiene hijos chicos, ahí es uno de los
lugares donde más se reproduce el delito. La idea es que en esos casos el
Estado se haga cargo de la patria potestad", dijo el ministro.

Cifras que han sido controvertidas desde el oficialismo indican que reincide
un 70% de los liberados bajo el amparo de la Ley de humanización de la
Situación Carcelaria, vigente desde 2005, que prevé la posibilidad de
otorgar la libertad a los presos que cumplan las dos terceras parte de su
condena y reciban el certificado de buena conducta.

El excomisionado parlamentario Álvaro Garcé reconoció que los reincidentes
delinquen con mayor violencia que cuando fueron a prisión por primera vez.

¿Podrá la dirigencia política lograr un consenso o pegar un giro lo
suficientemente radical como para invertir en prisiones y erradicar este
sistema desde sus raíces? En su trabajo "Crimen y orden social en la
sociedad contemporánea", David Garland, profesor de sociología en la New
York University e investigador sobre el encierro, dio una definición que
luce desalentadora: "La generación de las políticas públicas se ha vuelto
profundamente politizada y populista. Las medidas de política pública se
construyen de una manera que parece valorar, sobre todo, el beneficio
político y la reacción de la opinión pública por encima del punto de vista
de los expertos y las investigaciones".

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