Venezuela/ la crisis del modelo chavista "socialismo siglo XXI" parece irreversible [Rolando Astarita]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de mayo 2016

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Ven

La Venezuela de Maduro está en crisis

Rolando Astarita

Guerrilla Comunicacional México

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La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible. La
situación del país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que
en los 12 meses a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%. Oficialmente la
inflación en 2015 fue del 180%, y los salarios aumentaron un 97% (BCV). En
lo que va de 2016 se establecieron aumentos salariales del 56%, y la
inflación enero-abril es de 275%. El FMI pronostica que la inflación podría
llegar al 700% en 2016 y el PBI caer un 8%. Según CEPAL, la caída sería del
6,9%. La Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres
universidades nacionales, dice que el 73% de los hogares cayeron por debajo
de la línea de la pobreza (en 2013 era el 31%). Fuentes privadas y de las
universidades sostienen que el venezolano medio ha disminuido
considerablemente el consumo de calorías y proteínas. El Banco Central de
Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística han dejado de publicar
datos sobre pobreza.

En algunos rubros el panorama es dramático. La carencia de medicinas alcanza
al 85% y el Ministerio de Salud no publica estadísticas de mortalidad desde
hace tres años. El presidente de la Federación Médica de Venezuela dice que
los hospitales cuentan con solo el 4 o 5% de los medicamentos que necesitan
los pacientes. Las colas para conseguir alimentos, medicinas, pañales u
otros productos de primera necesidad, insumen muchas horas por día a los
venezolanos, y en varios casos han terminado en violencia, saqueos o
intentos de saqueo. En el mercado negro el dólar se paga más de 100 veces
más caro que en el mercado oficial. La corrupción vinculada al mercado
externo (importaciones fraudulentas con tipo de cambio oficial para fugar
divisas) es una fuente de grandes negociados para funcionarios y allegados
al chavismo. A su vez, los “bachaqueros” (personas que compran los productos
a precios regulados para revenderlos en el mercado negro o destinarlos al
contrabando) conforman la capa de “trabajadores de la economía informal” de
mayor expansión.

Lógicamente, el clima que se vive en Venezuela es de extrema tensión. Una
preocupación central de la oposición burguesa, agrupada en torno a la MUD,
es que la bronca social acumulada estalle y se transforme en un movimiento
incontrolado. El Gobierno, por su parte, responde a la crisis acentuando el
control represivo. Durante años el chavismo se ocupó de debilitar, dividir y
controlar al movimiento obrero, y reprimir a toda vanguardia o movimiento de
activistas y dirigentes que llevara adelante alguna política independiente
con respecto al Estado. Listas negras, asesinato de dirigentes sindicales,
despido de trabajadores estatales no afectos al chavismo, manipulación de
elecciones gremiales, fueron algunos de los medios empleados. Pero ahora
también limita y ataca la autonomía de la Asamblea Nacional, dominada por la
oposición. A lo que se suma el reciente decreto que establece el estado de
excepción y emergencia “para derrotar al golpe de Estado”. Así, el
Ejecutivo, apoyado fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y la burocracia estatal, se coloca por encima no solo del
Legislativo, sino también, y más importante, por encima de cualquier
expresión de poder popular independiente que pueda incubarse al calor de la
crisis.

Se trata de un avance hacia una forma de Estado más represiva, que se
desarrolla a la par del ahondamiento de la crisis del capitalismo estatista
y rentístico promovido por el chavismo.

Socialismo siglo XXI basado en la FANB

Durante años los apologistas de izquierda del chavismo han batido el parche
con el cuento de que el proceso revolucionario venezolano tenía su pilar en
las consejos comunales, una supuesta democracia directa, que sería la
expresión avanzada del socialismo siglo XXI. Esos consejos creaban en los
barrios bibliotecas o centros sociales, o ambulatorios u otros proyectos,
canalizando la iniciativa popular. Se los consideraba entonces bastiones del
poder “de los de abajo”. Por supuesto, los apologistas de izquierda
disimulaban el hecho de que eran controlados desde el Ministerio de Poder
Popular para las Comunas y Protección Social y por medio del financiamiento
estatal.

Ahora, con la crisis, aquel discurso sobre el “poder popular” se revela como
lo que es: parloteo y cartón pintado. Los consejos y el poder popular no
tienen ningún poder efectivo. Más aún, a medida que la crisis se ahonda y
afecta más y más el nivel de vida del pueblo, aparece con mayor claridad el
resorte último del poder estatal venezolano: es la clásica “banda de hombres
armados”, que están separados y por fuera de cualquier control de “los de
abajo”, de los explotados y humillados. La realidad es que el chavismo se
conforma como un frente de hecho entre la lumpen burguesía aliada, la alta
burocracia estatal y, muy en primer lugar, la FANB y los mandos militares.
Como sucede siempre que las tensiones sociales se intensifican y se agotan
las maniobras de distracción y conciliación, la elevación del poder de las
fuerzas armadas y represivas es la alternativa a mano de los que dominan.
Los datos sobre la extensión y el poder de los militares constituyen la
refutación más directa y contundente del relato “progre” sobre el “poder de
las bases” en el chavismo.

Efectivamente, los militares encabezan aproximadamente un tercio de los 28
ministerios de Venezuela y gobiernan casi la mitad de sus 23 estados. Hay
nada menos que 4000 generales, entre activos y retirados. Los militares
pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen
acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y
han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado
lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios.
Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en
Venezuela, con enormes beneficios.

Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y
controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de
agricultura; EMILTRA de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de
comunicaciones de la FANB,; TVFANB un canal de TV digital abierta; TECNOMAR,
empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de
inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB empresa Mixta Bolivariana;
Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, Compañía Anónima Militar de
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de
febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto
presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad
será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de
Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento.

Represión al pueblo

En forma paralela al fortalecimiento del aparato militar se ha producido un
avance represivo sobre la población, principalmente los sectores más pobres
y marginados (lo que sigue se basa en denuncias de Provea y Human Rights
Watch, división Americas). Con el argumento de combatir a la delincuencia
(en 2015 la tasa de homicidios oficial fue de 58 cada 100.000 personas, una
de las más altas del mundo, y estimaciones privadas la consideran más
elevada), el Gobierno ha lanzado la “Operación de Liberación y Protección
del Pueblo”. Consiste básicamente en redadas y represión indiscriminada, con
blanco muchas veces en las comunidades populares más empobrecidas. En estas
operaciones han participado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía
Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC) y las policías estatales. Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz,
en 2015 murieron 245 personas en operativos en los que “intervinieron
funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Los funcionarios dicen
que las muertes ocurrieron durante “enfrentamientos”, pero las
organizaciones de derechos humanos encontraron que al menos en 20 casos no
hubo tales enfrentamientos. Además, la marcada disparidad entre el número de
personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad
y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en
redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser
muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights
Watch. Por otro lado, varias víctimas fueron vistas con vida por última vez
cuando estaban bajo custodia policial. Distintos informes de prensa asimismo
se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían
opuesto resistencia.

También según testigos, las fuerzas de seguridad arrestan
indiscriminadamente: unas 14.000 personas fueron detenidos en esos
operativos, pero menos de 100 fueron finalmente imputadas. En algunos casos
examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los
detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos.
Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles,
teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y
pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían
a sus residentes. Los testigos y otras fuentes también hablan de desalojos
forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de
ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener
nexos con “paramilitares”. Unos 1700 colombianos de zonas fronterizas fueron
deportados y al menos otras 22.000 personas habrían abandonado Venezuela por
temor. En muchos casos, mientras las personas eran expulsadas, los militares
se apropiaban de sus pertenencias y derribaban sus viviendas. Los organismos
de derechos humanos dicen que con frecuencia las víctimas y sus familiares
se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que
no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.

En conclusión, hay que acabar con ese relato fantástico del “poder popular
en el socialismo siglo XXI venezolano”. El poder militar venezolano en
ascenso no es el producto de un “error” de “honestos compañeros
revolucionarios confundidos”. Por el contrario, es el producto inevitable de
la lógica rentística del capitalismo burocrático estatal, ahora en
descomposición cuando se acabó la bonanza de los altos precios del petróleo.
La conclusión central para los socialistas es que el “poder popular” no se
construye en base a subvenciones del Estado burgués, manejado por milicos
advenedizos y burócratas arribistas, en alianza con la lumpen burguesía
enriquecida de la noche a la mañana. Y no hay “táctica entrista” ni “apoyo
crítico táctico” que cambie la naturaleza social de semejante entramado, y
menos que desarme la fuerza de ese poder burocrático militar. Solo por la
vía de la lucha de clases los explotados podrán cambiar esta situación. Para
eso, el primer paso es caracterizar a los burócratas y milicos como lo que
son, y no como lo que quisieran que fueran los “marxistas nacionales” y
similares.

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