Colombia/ renegociaciòn: las Farc y el gobierno "firmaron un mejor acuerdo" (Juanita León/Juan Esteban Lewin)

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de noviembre 2016

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Colombia

Las Farc y el Gobierno firmaron un mejor acuerdo

Juanita León/Juan Esteban Lewin

La Silla Vacía, 13-11-2016

http://lasillavacia.com/

Hoy, en medio de cierto afán y sin que los del No hubieran podido leer lo
pactado, se firmó y se anunció el nuevo y definitivo Acuerdo de Paz con las
Farc, poniendo así fin a la incertidumbre sobre el futuro de lo pactado
después de que el acuerdo inicial fuera rechazado en las urnas el pasado 2
de octubre.

Sin haber leído los nuevos textos (que no habían sido publicados todavía) y
con base en los discursos del jefe negociador del gobierno, Humberto de la
Calle, y del presidente Juan Manuel Santos, el nuevo pacto refleja “los
ajustes y las precisiones” que las dos partes se habían comprometido a hacer
al día siguiente de su derrota y un gran cambio sustancial: que el Acuerdo
de Paz ya no entra al bloque de constitucionalidad.

El nuevo acuerdo sobre todo refleja el compromiso de las Farc con la paz,
pues cedió en varios puntos más de lo esperado, aunque no en dos que eran
simbólicos para muchos que votaron por el No: no habrá cárcel para los
guerrilleros y sí podrán ser candidatos a elecciones populares aún si están
pagando sus condenas.

Por eso sigue la expectativa sobre cómo responderán los promotores del No, y
en particular el ex presidente Álvaro Uribe, que varias horas después del
anuncio seguía sin fijar una posición.

Los ajustes

Los ajustes apuntan a tranquilizar a varios sectores que votaron por el No.

Tranquiliza a los que votaron convencidos (y engañados) de que el Acuerdo
tenía “ideología de género” y que por la vía del bloque de
constitucionalidad iba a reformar el concepto de mujer y hombre y de
familia. Se eliminaron las referencias a la perspectiva de género aunque sí
quedó explícito que las mujeres que han sufrido especialmente el conflicto
sean tratadas con prioridad, algo sobre lo que nadie tenía reparo.

La mención de la comunidad Lgbti, que era la fuente de preocupación de los
religiosos, quedó solo en el capítulo sobre que ningún grupo, ni por su
religión, orientación sexual o étnica, podrá ser discriminado.

Además, al dejar explícito que tendrán un papel en la política contra el
consumo de drogas y que en la implementación se va a respetar la libertad de
cultos, ataca el temor de que la implementación reviviera prácticas de las
Farc contra algunos de sus miembros. Y, como un guiño a su ideología, habla
del fortalecimiento de la familia campesina.

El nuevo acuerdo también tranquiliza a los empresario, especialmente con
varios puntos buscan aliviar temores de los empresarios del agro, tanto
latifundistas tradicionales como agroindustriales.

Lo primero que hace es dejar explícito el respeto a la propiedad privada
-una de las preocupaciones de latifundistas-, tranquiliza el temor de que
vía el Fondo de Tierras se les expropiaran predios.Y, al dejar explícito que
la actualización del catastro no modifica en sí mismo los avalúos de las
tierras, reduce el fantasma de que ahora tendrán que pagar mayores impuestos
prediales por sus latifundios (aunque no lo mata del todo).

También reduce el temor de que no puedan hacer negocios en el campo, pues
aclara que aunque el Acuerdo se refiere a programas en favor de los
campesinos, no van contra otros usos del campo, como el turismo o la
agroindustria.

Por otro lado, se elimina el miedo que tenían muchos empresarios -y sobre
los que Uribe fue enfático- a ser víctimas de una cacería de brujas por
haberle pagado extorsión a los paramilitares o guerrilleros: la justicia
transicional solo podrá investigar a los que hayan tenido una participación
determinante en los delitos de los paramilitares (y no una habitual, como
decía antes y podía incluir a los que los financiaban periódicamente así no
fueran particularmente poderosos) y podrá servir para que les cierre los
procesos que hoy tengan en la justicia ordinaria, si no se trata de crímenes
graves (lo mismo que ocurre con guerrilleros y militares).

Y también ayudó a reducir el fantasma de que el Acuerdo obligara a ponerles
más impuestos para financiar su implementación. Para eso se alargó su
implementación de 10 a 15 años, con lo que cada año se necesitará menos
plata, se dejó explícito que los gastos no pueden ignorar la necesidad de
sostenibilidad fiscal, y quedó claro que el plan de implementación debe
precisar cuál es la fuente de los recursos, un punto muy defendido por Marta
Lucía Ramírez.

Los militares, un grupo que Uribe quiso representar en sus propuestas,
también tienen con qué quedar tranquilos: se reiteró que si contribuyen con
verdad y reparación pueden obtener beneficios penales incluyendo la
excarcelación o la terminación de los procesos penales que tengan por hechos
relacionados con el conflicto.

Y otro de los actores que apareció en el debate, la Corte Suprema, también
tiene con qué calmar sus temores. Entre ellos estaba que la Justicia
Especial para la Paz no iba a tener límite determinado en el tiempo y podría
volverse a constituir en el futuro, y ahora solo podrá funcionar por 10
años;  otro, que contra sus decisiones no cabía ningún recurso, y ahora
están sujetas a la tutela; y una más era la presencia de magistrados
extranjeros en el tribunal para la Paz, que se eliminó.

E incluso resuelve temores generalizados, como que a través de la comisión
de protección y garantías de seguridad, hicieran una purga del Estado y
golpeara la seguridad privada. Para evitarlo, las Farc ya no estarán en la
comisión y ésta ya no vigilará a las empresas de seguridad privada ni
revisará hojas de vida de funcionarios.

Lo sustancial

La renegociación del acuerdo se logró en tan solo un mes y medio, tras
jornadas larguísimas de discusión del equipo de negociadores del gobierno
primero con los del No y luego con las Farc.

El Gobierno venía informándoles a los promotores del No y al país sobre los
avances que iban teniendo en la mesa en la Habana. Pero por una razón que La
Silla no ha podido determinar, en el último momento se apresuró el anuncio
del Acuerdo Final sin habérselo contado antes a todos los del No (Marta
Lucía Ramírez estaba fuera del país) como -según dijeron dos de ellos- el
Presidente les había prometido que lo haría.

Así quedó el Acuerdo Final

La Silla consultó con dos personas cercanas a la negociación y ambas
coincidieron en que la negociación “ya no daba más”, como dijo una. “Es una
decisión política que incluye muchos factores internos y externos”, explicó
la otra.

Una tercera fuente, de menor nivel pero que estuvo en la Habana, dijo a La
Silla que el gran temor era que cada día que pasaba era más difícil sostener
el cese del fuego. Las Farc como los del sistema de monitoreo de la ONU
estaban preocupados porque a veces no llegaba comida a las zonas de
preagrupamiento y los guerrilleros no tenían plata para comprarla.

Del lado de los militares, también había mucha tensión porque no sabían qué
seguía y temían que algún guerrillero se peleara con otro, o disparara.

Independientemente de la razón que tuvieran para anunciar el acuerdo hoy, el
afán fue evidente. Santos citó de urgencia a Álvaro Uribe en Rionegro,
Antioquia, para explicarle lo acordado y casi cinco horas después del
anuncio televisado desde La Habana, no habían subido los textos con los
cambios porque cuando los anunciaron no los tenían listos.

A pesar de ese gesto de última hora, después de la reunión con el
Presidente, Uribe se limitó a pedir públicamente que todavía no firmara el
Acuerdo pero aún no se ha pronunciado sobre el contenido del mismo.

De todo lo que pidieron los uribistas, y sin contar con lo que era
abiertamente descarado como pedir que se reformara la ley de restitución de
tierras de 2011 que no tenía que ver con el Acuerdo para presumir la buena
fe exenta de culpa de los que compraron tierras despojadas, muchos de sus
puntos quedaron incorporados.

Tres particularmente significativos.

Uno, que era importante para los que votaron por el No y que fue promovido
por Uribe, Ramírez y Pastrana, y es que las Farc se obligan a hacer un
inventario de los bienes para reparar con ellos individualmente y como
grupo, a sus víctimas.

Este era un punto que Sergio Jaramillo y de La Calle estaban a punto de
sacar adelante cuando Santos envió a la Canciller y a los otros negociadores
al “cónclave” express de las últimas semanas y se quedó por fuera. Las Farc
lo ofrecieron en la víspera del plebiscito, pero no estaba en el Acuerdo.
Ahora quedó explícito.

El otro que también se pactó en esa reunión las últimas semanas y que ahora
fue reversado tiene que ver con los privilegios ‘extras’ del partido que
surja de las Farc frente a los demás.

Mientras en el primer acuerdo recibían un total del 20 por ciento de la
financiación estatal mientras que un partido grande recibe alrededor del 15
por ciento, ahora las Farc recibirá lo mismo (lo cual ya es un empujón
importante pero corrige cierta desigualdad).

Y el tercero, que realmente es el punto en el que más cedió las Farc, es que
el nuevo acuerdo no entrará a formar parte del bloque de constitucionalidad.
Esto tiene implicaciones jurídicas, pero sobre todo políticas.

La idea del bloque de constitucionalidad era del político conservador Álvaro
Leyva y asesor de las Farc, quien les metió en la cabeza que incorporar todo
el Acuerdo dentro de la Constitución era la manera de darle solidez para que
no llegara el próximo presidente y desconociera lo pactado.

Ese punto ofendió a muchos políticos y juristas, incluyendo a la Corte
Suprema, que decían que se había reformado la Constitución por la puerta de
atrás, y era uno de los principales reparos del ex presidente Andrés
Pastrana y de abogados como Jaime Castro o José Gregorio Hernández.

También era a través de ese bloque de constitucionalidad que los religiosos
creían que la ideología de género quedaría ‘encriptada’ en la Constitución.

Ahora quedó en el bloque de constitucionalidad solo lo que tiene que ver con
el Derecho Internacional Humanitario (una idea que De la Calle y Jaramillo
defendieron también infructuosamente la primera vez, antes de que Leyva
convenciera al Presidente de incluirlo todo).

En este bloque se entiende que queda incluida la amnistía, que es
fundamental para darle tranquilidad a los guerrilleros de que no los van a
meter presos más adelante.

Pero ya el Acuerdo no será omnipresente en la Constitución y solo ese hecho
ya convierte lo renegociado en un “nuevo acuerdo”, para efectos del fallo de
la Corte Constitucional sobre el plebiscito.

Lo que no se logró

De las dos concesiones que eran muy simbólicas para los del No y
precisamente por eso más difíciles de aceptar para la guerrilla, una se
logró parcialmente y la otra no.

Se precisó mejor lo de la restricción de la libertad.  Aunque no quedó
explícitamente que pagarán una condena en una colonia agrícola ni se incluyó
la humillación que muchos desearían, tampoco será cierto que tendrán a todo
el país como cárcel, como decían varios de los que votaron por el No.

Lo que no cambió fue el tema de la elegibilidad. Uribe quería que los que
habían cometido delitos atroces no pudieran ser elegidos para corporaciones
públicas, y Marta Lucía Ramírez proponía que lo hicieran pero después de
pagar la pena.

Ninguna de las dos quedaron incluidas. Como el eje fundamental de la
negociación era la idea de que cambiaran las balas por las urnas, negarle a
los comandantes la posibilidad de hacer política era truncarle el futuro
político al partido que surgiera de las Farc. Como en los partidos
tradicionales, las figuras conocidas son las que jalonan los votos.

La pregunta ahora será si habiendo incorporado muchas de las propuestas del
No, sus promotores aprovecharán que el nuevo acuerdo es mejor para sacar
pecho y compartir con la coalición oficial la bandera de la paz. O si, por
el contrario, aprovecharán que no se logró renegociar lo de la cárcel y la
elegibilidad, para sin asumir el costo de los muertos que ya no habrá, usar
la idea del ‘conejo’ como bandera para intentar regresar al poder en el
2018.

Del camino que escoja el ex presidente Uribe dependerá que la nueva fase de
implementación que arranca ahora sea más o menos fácil. Porque, dado el
silencio al respecto, parece evidente que refrendación no habrá.

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