Brasil/ 24 años de Carandiru: guerra a los pobres y política de Estado [Raphael Sanz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de octubre 2016

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Brasil

24 años de Carandiru y política de Estado: “la dictadura no terminó en la
periferias”

Raphael Sanz, Redacción

Correio da Cidadania, 11-10-2016

http://correiocidadania.com.br/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

El último día 2 de octubre, hicieron 24 años de la Masacre de Carandiru. Por
entonces, cifras oficiales daban cuenta que una acción de la Policía Militar
(PM) en la Casa de Detención, buscando contener una rebelión, había dejado
111 internos muertos. Hay controversias en cuanto a los números. José
Aguiar, sobreviviente de Carandiru, declaró el 2 de octubre de 2015, durante
la manifestación que recordó entonces los 23 años de la masacre: “estamos
cansados de saber que fueron más de 300 personas”.

El día de la masacre, José Aguiar era uno de los presos que estaban
“marcados” (para morir), según afirma él mismo. Antes, pasaba sus días en
Carandiru ocupando dos funciones: En una de ellas trabajaba en el escritorio
jurídico de la cárcel ayudando a revisar procesos – vale recordar que buena
cantidad de los muertos no había siquiera sido juzgada o condenada. Esa era
su rutina durante la semana. En los fines de semana él era árbitro de la
FIFA, la Federación Interna de Fútbol Amateur, “creada por el hijo de puta
Waldemar Carabina”, como explica José Aguiar, que sobrevivió por haberse
escondido en un armario.

Aguiar estuvo en Carandiru entre 1982 y 1996, cuatro años después de la
masacre y seis años antes del cierre de la Casa de Detención, que ocurrió en
2002. Él cuenta que “en el día de la masacre los policías llegaron a
Carandiru entre las 6 y 7h de la mañana. De noche, el noticiero, divulgó que
había llegado a las 11h de la mañana. Todo lo que salió en la prensa fue
mentiroso. Los responsables hasta fueron condecorados y ninguno fue a la
cárcel, están todos impunes”, declaró hace un años, sin saber que el 27 de
setiembre de 2016 los 74 policías investigados por la masacre serían
absueltos en el Tribunal de Justicia de San Pablo, luego de la unanimidad en
los pareceres de los jueces Ivan Sartori, Camilo Léllis y Edison Brandão,
que invalidaron los cinco juzgamientos realizados entre 2013 y 2014 en los
cuales un jurado popular optó por condenar a dos policías.

“Estoy con 73 años, corriendo atrás, pidiendo una reparación para que esa
masacre sea esclarecida y que los responsables sean castigados. Así como yo
pasé muchos años en el Carandiru ¿por qué esos tipos quedan impunes? Es
lamentable que cada año la gente se reúna para denunciar a esas autoridades
que nada hacen”, lamentó José Aguiar hace un año.

El Coronel Ubiratan Guimarães, comandante de la operación, fue asesinado el
10 de setiembre de 2006. El crimen, supuestamente cometido por una amante,
sigue sin resolverse y él murió sin aclararle a la sociedad sobre lo
ocurrido en 1992. Queda su reivindicación de la matanza a través del uso del
número 111 (seguido del 14 de su partido) en la campaña que lo llevó al
cargo de diputado estadual por San Pablo en 2002

Los 24 años de Carandiru

Así como en el año anterior, en 2016 también hubo una manifestación en
memoria del aniversario de la Masacre de Carandiru, ahora a los 24 años.
Ocurrió el jueves 6 de octubre, en San Pablo. A partir de las 14h hubo una
conferencia de prensa en la Casa del Pueblo, centro de San Pablo, que
presentó a los medios de comunicación datos y análisis en torno a este
debate. Por vuelta de las 18h, una marcha con pocas centenas de personas
partió de la Avenida Tiradentes, en frente al comando General de la PM, y
marchó hasta el Tribunal de Justicia, en Praca da Sé, donde fue aprobado el
pedido de archivar el caso. La marcha pasó por la Secretaría Estadual de
Justicia.

“Esa decisión es una afrenta a las vidas que nosotros madres trajimos al
mundo, pues ese don no lo tiene el judicial. Recibimos la absolución de los
agentes del Estado como el caso más vergonzoso que haya en la Justicia
brasilera. Entre diversos casos , nunca vie ninguno igual a ese en que
pasaran por encima de la decisión de jurado popular. Así, pusieron también
en jaque el propio jurado popular”, declaró Débora Silva, de las Madres de
Mayo.

El fotógrafo Sérgio Silva estaba presente en la marcha. Él quedó ciego de un
ojo después de la represión violenta de la policía el 13 de junio de 2013
durante las manifestaciones, y también comprobó en los últimos meses, como
en el caso de Carandiru, la absolución de los agentes del Estado en su caso.
“La policía, desde la época de su formación, sirve a la política. En ese
caso específico quedó más evidente no sólo el uso político de la policía,
sino también de la Justicia. Ese poder, tanto en mi caso personal como ahora
en esa cuestión de Carandiru, demuestra también esa imparcialidad de lo que
la gente llama democracia. Cuando el Estado participa de la acción, o sea,
cuando es el agente causador de la violación de derechos, la Justicia tiene
una tendencia muy fuerte a quedarse del lado del Estado, y difícilmente se
queda del lado de la víctima o del ciudadano”, evaluó.

Para Sergio, un ejemplo claro esta colocación puede ser visto si comparan
los casos de él y de la muerte del cineasta Santiago Andrade en Río de
Janeiro: “En el caso de Santiago, fueron dos agentes de civil: tanto la
víctima cuanto los agresores. En ese caso, la Justicia rápidamente actuó
buscando poner una sentencia sobre los acusados y ellos están presos hasta
hoy. En mi caso, yo estaba en la misma situación que Santiago: trabajando
entre los manifestantes y policías. Sólo que como en mi caso fue la policía
quién me golpeó, el Judiciario no actuó de la misma forma como en el caso de
Santiago. Por tanto, queda claro que el Estado, cuando es acusado por
ciertas acciones, usa el Judiciario como escudo”, analizó el fotógrafo.

Débora Silva ve esa característica como falta de ética y concuerda con la
posición de Sérgio Silva. “La policía es muy bien preparada no hacernos lo
que hace, caso contrario, con seguridad, la Justicia  no cancelaría la
decisión. El sospechoso es el pobre y negro de la favela. La policía de
seguridad a la propiedad privada y no a la población que paga sus impuestos.
La dictadura no se terminó en las periferias”, lanzó la madre que lucha por
verdad y justicia.

Absolución del caso Carandiru y política de exterminio

Sobre la absolución de los 74 PMs (Policías Militares) envueltos en la
Masacre de de Carandiru, Aline Passos, abogada y profesora de derecho penal,
escribió para Correio da Cidadania: “Este embrollo, que puede ser tomado por
mera formalidad, en tanto, es la pista para algo mucho más grave. La Masacre
de  Carandiru no fue la suma de 74 conductas individuales, fue una política
de Estado. No hay, por tanto, mucho que se pueda esperar cuando el Estado se
juzga a sí mismo. Es preciso debatir la Masacre de Carandiru como política
de Estado, y no según una ontología criminal. Al final, al hacer la opción
por esto último, perderemos siempre, como perdimos en esa ocasión”.

Cuando la Justicia dice que “no hubo masacre”, y sí legítima defensa e
invalida la decisión previa del juzgado, da pruebas materiales para la tesis
de Aline Passos. El Estado juzga y absuelve al propio Estado, Con en el
subterfugio de la individualización de la conducta, lo que saca el debate
del ámbito de las políticas del propio Estado que, por su vez, lleva
adelante lo que el poeta Deley de Acari denominó a este periodista en 2008,
como “genocidio a prestación”.

En otras palabras, se comete un Carandiru aquí, una carnicería de Osasco
allí, matan a unos niños por otro lado, y todo se encuadra en “excesos
individuales” de agentes que “cometieron un excesivo uso de la fuerza”. Poco
se discute el papel de la policía en tanto instrumento político, como hizo
el sociólogo Ruy Braga en entrevista al periodista Gabriel Brito, también en
Correio da Cidadania (Ver Correspondencia de Prensa, 21-9-2016)

“De hecho, la Policía Militar tiene partido y es el partido del orden, en el
caso de aquí, de San Pablo, el partido que comanda el estado, el PSDB
(Partido de la Socialdemocracia Brasilera). La policía reprime duramente las
manifestaciones progresistas, protagonizadas por la juventud, pacíficas, y
celebra o garantiza las manifestaciones por el impeachment, contra el PT,
contra Dilma y así por delante. Es una clara demostración de que la Policía
Militar tiene un partido, un partido conservador, un partido anti-popular,
de ataque a los pobres, a la juventud negra; es el partido de aquello que
podemos llamar de atraso. Esto ocurre teniendo en consideración el uso cada
vez más frecuente y trágica, de la violencia política contra las masas
populares que se rebelan”, explicó Braga, usando las manifestaciones
callejeras como ejemplo de ese uso político e ideológico de las fuerzas
policiales, que puede ser visto con un carácter mucho más letal en la
periferias de las grandes ciudades.

Guilherme Boulos, del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo),
aclara que siempre hubo ideologización del aparato represivo estadual: “La
policía históricamente actúa de forma selectiva dependiendo de la clase
social y sobre todo para defender el patrimonio. Lo que ha sucedido en el
último período de un escalada represiva de las policías y nada más que la
intensificación de algo que siempre existió y está en la naturaleza de este
modelo de seguridad”, afirmó.

“Cuando tenemos una situación en que el juez y el Ministerio Público son
partidarios, perdemos la ética dentro de la Justicia, y las Madres de Mayo
exigen que se construya una nueva ética. Ese recado dimos al presidente del
Supremo Tribunal Federal y ella misma concordó,”, declaró Débora Silva.

Ruy Braga va más allá. Explica que “la estrategia de acumulación por
expoliación depende fundamentalmente de la violencia de la policía y del
Estado”. En ese caso, la militarización del cotidiano de la mayoría de los
brasileros es “componente inherente del propio régimen y modelo de
desarrollo”. Braga concluye afirmando que esa fuerza de represión va a ser
cada vez más usada para la consolidación de un determinado proyecto de
sociedad, una vez que la “democracia o la democratización del país no es una
alternativa para la burguesía brasilera. La alternativa única y exclusiva es
la violencia vía presión popular”.

Lo reflejos de esto se pueden ver. Hablando en movimiento social, es notoria
la militarización y la escalada de violencia estatal en manifestaciones y
actividades de los movimientos sociales. Viendo exclusivamente lo cotidiano
de las periferias, especialmente de San Pablo y Río de Janeiro, son diarios
los relatos de homicidios perpetrados por las policías contra la juventud
pobre. Y más allá de los relatos diarios, todavía hay un calendario de
masacres . Sólo para citar algunas, en Río de Janeiro hubo la Masacre de
Acari, un año antes de la Masacre de Carandiru en São Paulo. Además tuvimos
la Matanza de la Candelária, de la Providencia  y muchos otros episodios
cariocas.

En San Pablo, una serie de matanzas que barrió las periferias de la ciudad
en 2015 ganaron notoriedad, como la que segó 21 vidas en Osasco y la que
victimó a 8 integrantes de la Torcida Pavilhão 9, organizada del
Corinthians. Y solo para hablar de 2015. Todavía en los años 90 hubo una ola
de matanzas en Diadema, en el Gran San Pablo, que también fue estampada en
los medios de prensa. Y las disculpas son innumerables, incluso sin una
comprobación oficial. Pelea de la torcida, crimen organizado, drogas,
intercambio de tiros...Cualquier subterfugio es suficiente para no discutir
las políticas de exterminio que el Estado brasilero lleva adelante o hace la
vista gorda.

Pensemos en los crímenes de mayo de 2006, cuando la Policía Militar paulista
cometió 564 ejecuciones en el Gran San Pablo y en la Baixada Santista en
respuesta a los desencuentros con el PCC (Primer Comando de la Capital) (1),
que por su parte ejecutó a cerca de 40 PMs. Fue a partir de esas más de 500
ejecuciones que nació la lucha de las Madres de Mayo.

“Cuando el sistema judicial criminaliza a las madres que quieren justicia,
el muestra que no existe justicia. Ya mostramos al mundo, a través de la OEA
(Organización de Estados Americanos), que la Justicia tiene la principal
parte de culpa al pedir el archivo del caso en Carandiru. La madres de mayo,
las madres de la cárcel y las madres de los policías son todas madres. El
dolor de una madre es igual a la de otra, no tiene mayor ni es peor”, afirmó
Débora Silva.

Guerra a los pobres

Lo que vemos en Brasil son datos de una guerra. No declarada, es claro,
endosada por la acción -y no por el discurso- del Estado Brasilero. Según
datos oficiales, en 2014 más de 3 mil pobres estuvieron “en el lugar
equivocado y en la hora errada”, o lo “merecieron porque eran bandidos”. O
sea, fueron muertos oficialmente por las policías brasileras. 3 mil
“acciones aisladas que deben ser sancionadas con rigor”, para usar el
lenguaje oficial, en un solo año. Cerca de 8 por día, según datos divulgados
en la gran prensa.

Recordemos que si totalizamos los homicidios en general, desde la violencia
estatal, doméstica, crímenes “comunes”, etc., en 2014 fueron casi 60 mil. En
2012, según datos de Naciones Unidas, 11% de los homicidios del mundo
ocurrieron en Brasil, y los 50 mil de aquel año fueron un número menor de
que en 2014. Hay índices de aumento de la violencia en el bienio 2015/2016
que todavía no están registrados. Todo eso sin tener en cuenta las
desapariciones.

Encarcelamiento en masa y privatización del sistema carcelario

Para Railda Alves, de la Amparar (Asociación de Amigos y Familiares de
Presos), hay un interés todavía mayor en este cuadro. Ella se refiere a las
ganancias despertadas en empresas de seguridad privadas sobre la posibilidad
de administrar el superpoblado sistema carcelario brasilero.

 “¿Por qué quieren privatizar? Son justamente los que hacen lobby de las
empresas de seguridad que quieren encarcelar todavía más personas y
perjudicar todavía más la vida del pobre y del negro en la periferia. Vemos
las empresas seguridad cumpliendo el papel de la policía, inclusive
protagonizando escándalos en que vigilantes particulares torturan
trabajadores. ¿Usted cree que sería diferente en los presidios? Van a
arrestar mucha más gente, van a ganar por cabeza mucho más que hoy”,
proyectó Railda.

Ella explica que su organización ampara a las familias de los presos que no
tienen respaldo alguno en la sociedad. “Son humilladas en las puertas de los
presidios. Pagan más de 500 reales de jumbo (cesta con alimentos y productos
de higiene personal que envían los familiares presos). ¿Qué Que respaldo
esas familias tienen? No saben ni la situación procesal de los hijos,
maridos, compañeros y hermanos. Es una demora muy grande de la Justicia. Se
encarcela mucho a pesar de haber penas alternativas. ¿Por qué no ponen en
práctica las penas alternativas? ¿Por qué se llenan tanto las prisiones?
Porque en Brasil la prisión da dinero”, explicó Railda Alves.

Railda correlaciona todo: superpoblación de las prisiones, encarcelamiento
en masa, truculencia y uso político de los aparatos policial y judicial,
masacres, carnicerías, y así por delante. Para ella, la absolución de los
responsables de la Masacre de Carandiru legitima no las acciones llamadas
aisladas o los supuestos excesos, sino la obligación del Estado brasilero de
matar. “Es un mensaje de que el Estado mata y puede matar. Inclusive en
muchos casos que yo acompañé, de niños ejecutados y el propio promotor
acostumbra decir que fue en el cumplimiento del deber y de la ley que
mataron a los niños. Eso es un absurdo”.

Nota de Correspondencia de Prensa

1) PCC, organización mafiosa-criminal con miles de adherentes en diversas
ciudades y en las principales cárceles del país. Sus orígenes se remontan a
1993 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté (San Pablo); se
constituyó para defender los derechos de la masa penitenciaria, sobre todo
en las prisiones de alta seguridad. En 2001, el PCC organizó la mayor
rebelión de presos en las cárceles brasileras. Su principal jefe es Marcos
Willians Herbas Camacho, alias "Marcola", actualmente recluido en el penal
de máxima seguridad Presidente Venceslau. Desde allí, continúa dirigiendo
las actividades de su organización y mantiene un acuerdo de hecho con las
autoridades del penal para ordenar y administrar el régimen interno.

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