Uruguay/ las cárceles en la era progresista [Betania Núñez - Aníbal Corti]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de octubre 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

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Uruguay

La Comunidad Educativa del ex COMCAR y la educación en las cárceles 

Derecho de unos pocos 

Con un maestro –con suerte dos, a veces ninguno–, se enseña a leer y
escribir en las cárceles. Para Petit, la escena “es surrealista: el Estado
incumple las propias normas que aprobó”. En ese marco, los estudiantes
presos han comenzado a agremiarse y a reivindicar sus derechos.

Betania Núñez

Brecha, Montevideo, 21-10-2016

http://brecha.com.uy/

No es sencillo conseguir permiso para entrar al Compen (Complejo
Penintenciario). A la infinidad de trámites previos se le suma un único
ritual de ingreso: cédula en mano, escáner y Guardia Republicana. Ya de
pique se empieza a dilatar el arranque del Primer Encuentro Educativo
Interdisciplinario e Interpenitenciario de Expresión Cultural, mientras los
profesores e invitados esperan afuera. Cuando la orden baja y se habilita la
entrada, la radiografía los dibuja uno a uno: “¿Usted tiene un celular?”,
repara automáticamente una de las guardias, que observa los contornos de la
figura humana en su pantalla.

Las calles de esa cárcel-ciudad están vacías, apenas se divisa alguna gente
a lo lejos. La Comunidad Educativa, donde tienen sede las clases de
Primaria, Secundaria y los talleres de educación no formal, está a algunas
cuadras de la entrada, a la izquierda del establecimiento. Ahora ese lugar
sí aparece poblado, con decenas de personas esperando, sin prisa, algunas
recostadas contra murales pintados el año pasado.

Los profes llegan, se mezclan y los ritmos se empiezan a acelerar. De
repente ya no se distingue quiénes son los internos y quiénes vienen de
afuera, y enseguida eso deja de importar. Alguien ya les advirtió de la
periodista, y dos gurises de veintipocos años deciden invertir los roles.
“¿Vos cómo creés que se soluciona la inseguridad?”, espeta, sin introducción
previa, uno de ellos. Un torpe “no sé” no lo convence, ni acepta la
repregunta de cuál solución consideraría él. En cambio, devuelve con otra
interrogante: “¿Te parece que se arregla con más cárceles?, ¿con más
presos?”. “Eso seguro que no”, obtiene ahora, y más o menos resignado,
elabora una contestación propia: “A mí me parece que la solución está
adentro de cada uno de nosotros”. Su compañero finalmente salva la situación
y arriesga una respuesta tan contundente como oportuna: “Yo creo que la
solución es la educación. Si no hubieses tenido educación, no hubieses
llegado a esa conclusión, no hubieses pensado en eso que recién dijiste”, le
comenta.

Rocío, la profesora encargada de esta actividad, toma un micrófono y explica
la metodología. En simultáneo se trabajará en talleres de dibujo, escultura,
tatuaje, cuentos, audiovisual… Los presos, que están todos en el hall
central, se dirigen hacia los salones que hay a un lado y a otro, o suben
las escaleras, en función del taller en el que eligieron estar.

Al rato, entre temas, fuentes y enfoques, el taller de periodismo se
interrumpe, y un preso hace el anuncio con un tono que suena acostumbrado:
“No nos trajeron la comida. Los que quieran almorzar se tienen que ir ahora
y no van a poder volver; los que se quieran quedar no van a poder comer”. Un
par se levantan y piden disculpas. El resto se queda y el comentario
siguiente surge natural: “Tenemos hambre, pero tenemos más hambre de
conocimiento”.

En el ex Comcar, como en el resto de las cárceles, es una minoría la que
accede a la educación, y “este año se anotaron menos personas que el año
pasado”, comentan preocupados desde la Asociación de Estudiantes Privados de
Libertad (Asepril). Según sus cálculos, en 2015 se inscribieron 750 de 3.600
y asistían efectivamente 250, este año se anotaron 450 y cursan unos 200, lo
que equivale a 70 u 80 estudiantes cada lunes, miércoles y viernes –cuando
se dictan las clases de Primaria y Secundaria–, y unos 30 los martes y
jueves –cuando hay talleres–. “Con todos los salones que hay se podría
aprovechar más el espacio”, opinan desde el gremio, y explican las razones
que inciden para que los presos no lleguen a las aulas: “Listas cada vez más
cortas, operadores que no van a buscarlos, policías que no los dejan salir
del módulo y, hay que decir la verdad, también pasa que los presos se
duermen o se anotan y después no vienen, hay de todo”.

El año pasado los operadores anunciaron que dejarían de llevar estudiantes a
la Comunidad Educativa como medida de protesta por la falta de personal. La
respuesta de los presos fue armar la asociación de estudiantes. El primer
movimiento del gremio fue pedir “una reunión con todos –profesores,
operadores, referentes de los estudiantes y autoridades del Instituto
Nacional de Rehabilitación–, para dar soluciones. Ahora tenemos personería
jurídica, hacemos reu­niones todas las semanas y tenemos libros de actas.
Además vienen de la Feuu a enseñarnos a pelear por los derechos de los
estudiantes, hacemos las fotocopias para todos los gurises, ayudamos a los
profesores, estamos en todos los eventos”.

Desde que están agremiados, “una de las cosas que logramos es que los
estudiantes que vienen trasladados de otras cárceles tengan prioridad para
acceder al cupo”, cuentan, y alguien acota desde el fondo del salón:

—Yo vine trasladado hace 10 días de Canelones, y hoy me trajeron por primera
vez, –dice, con un dejo de fastidio.

—Viste, ahí tenés, 10 días. Acá hay más de 3 mil que están esperando hace
años. Lo que queremos es que por un traslado no se le corte el proceso
educativo a nadie.

Otra pelea ganada, al menos en parte, es la de que no se les prohíba acceder
a la educación a los presos que trabajan en el economato y el Polo
Industrial del Compen, a quienes ahora se les permite asistir una hora al
día, entre las 12:30 y las 13:30, para que los profesores los orienten y les
brinden materiales de estudio. En estos días también consiguieron una
respuesta de Primaria, institución a la que reclamaban porque cuentan con
una sola maestra, desde donde respondieron que en breve ingresará otro
maestro y que en febrero se sumarán dos más. También reclamaron por el
sistema de duplas en Secundaria, algo así como “la reforma de Rama” de los
noventa, pero aplicada a las cárceles: en vez de que se dé cada materia
individualmente, se imparten de a dos, por ejemplo, filosofía y dibujo, “lo
que tiene como resultados que el estudiante salga menos horas de la celda y
tenga la mitad de la carga horaria”. En el segundo semestre se redujo la
cantidad de duplas, aunque sigue habiendo. “Nosotros pusimos un cartel que
dice que la educación es un derecho, no un beneficio, pero en los hechos acá
es al revés, porque de 3.600 pueden venir 200”, dicen con resignación, y
exhiben un mural, que será la tapa del próximo Pres y Diario, el periódico
del ex Comcar.

El impulso de Asepril parece comenzar a expandirse a otras cárceles: Punta
de Rieles ya está consolidando su gremio, iniciado por presos que fueron
trasladados del ex Comcar, y desde Canelones y Maldonado les solicitaron los
estatutos para intentar replicar la experiencia. Y es que el acceso y la
calidad de la enseñanza están muy limitados no sólo en el Compen, sino en
todas las cárceles.

El sistema penitenciario cuenta, según datos de julio de 2016 aportados a
Brecha por la Coordinación de Educación y Cultura (Cec) del Inr, con 19
maestros (sólo en tres cárceles, Maldonado, Canelones y Punta de Rieles, hay
dos maestros; el resto tiene uno o ninguno), 266 profesores de Secundaria,
11 de Utu y tres de la educación terciaria, además de 87 profesores de
educación no formal. De un total de 9.961 privados de libertad de los que da
cuenta la Cec, 714 se anotaron para cursar Primaria, 426 fueron habilitados
a cursarla y 411 asistieron a clases al menos una vez al mes. En Secundaria
son 2.211 plazas las solicitadas por personas privadas de libertad, 1.593
fueron concedidas y 1.346 fueron usufructuadas al menos una vez en el mes.
En Utu las plazas son sólo 79 y en educación no formal suman 861 las
utilizadas al menos una vez al mes.(1)

“La oferta educativa no puede cubrir ni la demanda de inscriptos ni la de
los que quedan en lista”, confirmaron a Brecha desde la Cec. “Planeamos un
crecimiento de la oferta que hasta 2014 fue sostenido, pero nos fue
imposible mantenerlo estos dos últimos años porque la mayoría de las
instituciones educativas no tienen asignadas más horas.” En cambio, “la
oferta ha disminuido significativamente: la Utu no tuvo cursos hasta
recientemente, cuando sacamos un convenio tripartito con Inefop, y en el
caso del Mec, que tuvo un recorte presupuestal importante, perdimos casi
todos los talleres de la Dirección de Cultura y mantuvimos los que teníamos
el año pasado de la Dirección de Educación, pero ya en 2015 habían mermado.
Lo que estamos desarrollando son alternativas, para cubrir la oferta que
teníamos con otras cosas”, dan cuenta en esa oficina.

En este escenario, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el
sistema penitenciario, sostiene que “cuando hay un vacío del Estado, cuando
hay derechos que no se cumplen, hay un abuso de autoridad, que en este caso
lo comete el propio Estado. Hay personas pidiendo estudiar, que quieren
salir del circuito en el que estaban, y el Estado les dice que no puede
sacarlos a las aulas porque no tiene personal”. Para Petit, eso “es
surrealista: el Estado incumple las propias normas que aprobó.
Conceptualmente es muy importante verlo así para que se dejen de poner
obstáculos. La paradoja es que el Estado quiere prevenir el delito, pero
tiene un montón de gente en su propia casa y no le da los elementos básicos
para que se pueda desarrollar”.

“¿Qué aspiramos de la educación?”, imprimieron los presos en el último Pres
y Diario: “Una forma potente de romper con la rutina, el malestar físico y
emocional que genera el encierro”, “ser más libres”, “recuperar la palabra,
aprender derechos, valores, oficios, teorías y prácticas”. 

Nota 

1) Se habla de plazas porque puede ocurrir que una misma persona privada de
libertad haya accedido a más de un cupo, lo que quiere decir que el total de
las plazas no equivale necesariamente a cantidad de presos que realizan
alguna actividad educativa.

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Las cárceles en la era progresista

Reforma sí, revolución no 

Aníbal Corti

Brecha, Montevideo, 21-10-2016

En los últimos 40 años Uruguay ha debido promover en tres oportunidades
liberaciones más o menos selectivas de presos para desagotar un sistema
carcelario que se había visto desbordado, o que estaba fuera de control y
amenazaba con estallar, o ambas cosas al mismo tiempo. Una de esas
liberaciones se produjo en plena dictadura.

Prácticamente ya nadie se acuerda, pero en 1977 el gobierno de facto dispuso
a través del decreto-ley 14.753, del 29 de diciembre de ese año, la
aplicación de un régimen especial de libertad anticipada, provisional o
condicional para presos comunes, que se denominó “amnistía”, aunque
técnicamente no lo era. Unos 260 reclusos se beneficiaron de esa medida,
según datos que manejara años más tarde el senador colorado Pedro W
Cersósimo, que en su momento había sido consejero de Estado de la dictadura.
Resulta improbable, aunque no imposible, que tal régimen haya sido dispuesto
por motivos puramente humanitarios. Lo más probable, en cambio, es que fuera
empleado para descongestionar unos establecimientos penitenciarios
seguramente desbordados en sus capacidades por el aluvión de presos
políticos que la represión dictatorial produjo, sobre todo a partir de 1975.

En 1985, en plena primavera democrática, el Parlamento dispuso nuevamente, a
través de la ley 15.743, del 14 de mayo de ese año, un régimen excepcional
de libertad anticipada y provisional para presos comunes. Suele denominarse
también a esto “amnistía”, aunque técnicamente tampoco lo fue. Sólo existe
en la ley aprobada una disposición en ese sentido, para determinados
procesados que tuvieran la calidad de primarios. De ese régimen excepcional
se beneficiaron 473 presos en Montevideo y una cantidad indeterminada en el
Interior. No hay que descartar que en esa oportunidad el régimen excepcional
de libertad anticipada sí haya sido dispuesto por motivos humanitarios. Pero
también es verdad que las cárceles estaban fuera de control (sobre todo
Punta Carretas y Miguelete, que luego fueron clausuradas) y que esa
situación potencialmente explosiva era insostenible en el tiempo.

Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 encontró un sistema
penitenciario desbordado y nuevamente al borde del colapso. Para entonces la
cantidad de presos se había duplicado con respecto a la que había en 1985.
(1) La izquierda declaró una situación de emergencia humanitaria en las
cárceles y estableció un nuevo régimen excepcional de libertad provisional y
anticipada, el tercero en la historia reciente del país. La ley 17.897, del
14 de setiembre de 2005, dispuso también un mecanismo de redención de pena
por trabajo y estudio, y otras medidas de modernización y humanización del
sistema. El total de liberados en esta oportunidad fue de 827 presos, 207
(un 25 por ciento) reincidieron, mientras que 118 incumplieron el régimen de
vigilancia y retornaron a la cárcel, aunque no reincidieron en el delito.

En los años siguientes el país hizo un fuerte esfuerzo económico para
erradicar el hacinamiento en las cárceles y dio impulso a una reforma
penitenciaria. Ahora hay muchas más plazas en el sistema, pero también hay
muchísimos más presos. (2) La cantidad actual de personas privadas de
libertad es el triple de la que había en 1985. El hacinamiento disminuyó
mucho, aunque todavía existe. Sin embargo, ese no es el problema principal.

Al Ministerio del Interior no le gusta que se diga que en las cárceles
uruguayas se violan los derechos humanos todos los días y a todas las horas,
pero esa es la cruda realidad. En lo que va del año murieron ya 32 presos,
en su mayoría de forma violenta, y hay más de 70 heridos. Las cárceles más
grandes (Compen, Libertad, Las Rosas) son ingobernables, y algunos de sus
sectores son verdaderas “zonas liberadas” donde impera la ley del más
fuerte. El Estado deposita en esos establecimientos, como si se tratara de
basura, al 70 por ciento de las personas privadas de libertad que existen en
el país. En esos lugares la supervivencia cotidiana se rige por los cánones
que imperan en la selva, en los abismos marinos o en los dominios
entomológicos. Algunos presos y algunos policías se benefician de la
situación, pero en general el sistema los embrutece a todos, los animaliza
por igual.

Aunque es verdad que el esfuerzo llevado a cabo en estos años ha sido muy
importante, está muy lejos de haber una revolución penitenciaria en curso,
como al gobierno le gusta decir. Apenas hay una reforma, y bastante tímida.

Multas, diversas modalidades de suspensión de la pena, trabajo en beneficio
de la comunidad: hay formas alternativas de castigo. No todas ellas son
adecuadas para cualquier clase de crímenes y en algunos casos la cárcel es
la única respuesta razonable. Pero es tan abrumador el consenso ideológico a
favor de la cárcel, que, cada vez que se reclama discutir alternativas, se
aduce (falsamente) que ellas no existen o que ya se sabe que no funcionan.
Cualquier alternativa que se ensaye costará dinero, desde luego. Pero
encarcelar gente tampoco es gratis. Y no son gratis tampoco las reformas
penitenciarias. El país ha gastado mucho en ese rubro en los últimos años y,
sin embargo, no se han conseguido grandes avances. El sistema se traga el
dinero y tritura a las personas, pero, en cambio, no devuelve mayor
rehabilitación de los infractores, menor reincidencia, ni más seguridad en
las calles.

Cárcel o ausencia completa de castigo, cárcel o impunidad para el delito:
esa es la alternativa falsamente dicotómica en la que se mueve la discusión
del tema en el país.

Las alternativas al castigo carcelario no se discuten, pero no porque no
existan, sino porque son parte de un temario que no le interesa a nadie: no
le interesa al gobierno ni a la oposición, tampoco a los sindicatos, ni
siquiera a las organizaciones cuyo discurso es de algún modo antisistémico,
como aquellas que abrevan en las teorías del feminismo radical, que en su
mayoría promueven el endurecimiento de penas para los delitos que les
interesan. Esto último es clave: existe una sensibilidad social marcadamente
selectiva frente al delito. Las organizaciones y agrupamientos de la
sociedad civil reaccionan exclusivamente frente a las ofensas que les
duelen. Es evidente que a las personas nos duelen las muertes y sufrimientos
en forma diferencial: un hijo, un amigo, un vecino no significan para
nosotros lo mismo que un desconocido, un extranjero, una persona que vive al
otro lado del mundo. Ello está en nuestra naturaleza. Pero también está en
nuestra naturaleza la capacidad de trascender las circunstancias emotivas
inmediatas que impregnan los hechos de un significado particular e
intransferible. Está en nuestra naturaleza la capacidad de formular juicios
morales más generales y abstractos, la capacidad de discutir acerca de la
justicia con independencia de nuestras circunstancias específicas.

Las cárceles son una inmundicia en todo el mundo. Y las cárceles uruguayas
agregan su cuota de sordidez particular. La inmensa mayoría de los
uruguayos, sin embargo, las considera una respuesta necesaria al delito y
desestima la discusión de alternativas penales como si se tratara de una
fantasía socialdemócrata nórdica, una excentricidad esnobista de gente que
no tiene los pies en la tierra. Puede ser. Mientras tanto, el país acumula
presos sin pausa. Cada tanto se produce una liberación extraordinaria, para
que el sistema no colapse. También se construyen nuevas plazas. Pero los
presos, no obstante, siguen acumulándose. Y todo empieza de nuevo. Más
temprano que tarde las plazas vuelven a resultar pocas, el personal
penitenciario también se torna insuficiente, las cárceles vuelven a estar
fuera de control, etcétera.

Algún día habrá que incluir en el listado de los asuntos a discutir un nuevo
punto: no ya la reforma del sistema, sino el cambio radical de rumbo. 

Notas de Correspondencia de Prensa 

1) Al momento de asumir la primera presidencia Tabaré Vázquez (1° de marzo
de 2005) había 5500 presos “sociales”. 

2) Actualmente, las personas “privadas de libertad” llegan a 11000. Según el
vice Ministro del Interior, Jorge Vázquez (hermano del Presidente de la
República), el 63% de la población carcelaria se concentra en personas de
entre 18 y 29 años. (El Observador, Montevideo, 3-6-2016)

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