Venezuela/ la promesa de democracia bolivariana está colapsando [Roldan Tomaz Suárez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de octubre 2016

Boletín Informativo

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Venezuela

Supernova de democracia bolivariana 

Podríamos decir que la promesa estelar de la democracia bolivariana está
colapsando espectacularmente en una supernova que amenaza con dejarnos
sumidos por largo rato en un agujero negro.

Roldan Tomaz Suárez 

La Clase.info, Caracas, 22-10-2016

http://web.laclase.info/

I

Vivimos en una “democracia” tan “participativa y protagónica” que una simple
recolección ciudadana de firmas, contemplada expresamente en la
Constitución, puede ser suspendida, invalidada o anulada judicialmente
–incluso antes de empezar. Esto sin olvidar que para esa recolección primero
hubo que pedir “permiso” al Estado venezolano durante 6 meses, realizando 3
colectas previas de firmas –nada de lo cual está contemplado en lo más
mínimo en la Constitución.

II

Para este año 2016 era legítimo esperar que se llevaran a cabo dos eventos
electorales en Venezuela: la recolección de firmas para el referendo
revocatorio presidencial y las elecciones a Gobernadores. Todo apunta a que
ninguno de los dos se llevará a cabo. El primero acaba de ser suspendido
judicialmente hasta nuevo aviso; el segundo hace ya varios días fue
pospuesto por medio año por decisión del Consejo Nacional Electoral. Habrá
que ver en qué condiciones se llevarán a cabo estos eventos en 2017, si es
que se llevan a cabo. Al momento de escribir estas palabras, se están
dictando medidas de prohibición de salida del país a varios dirigentes de la
oposición, en lo que parece ser la antesala a su encarcelamiento. Esto,
aunado a la posibilidad de ilegalizar algunos partidos políticos con base en
tecnicismos legales (posibilidad recientemente asomada por el CNE), nos
dejaría con la perspectiva de tener en lo sucesivo eventos electorales sin
posibilidad de una participación significativa de la oposición.

III

La suspensión del referendo revocatorio y la pretensión de responsabilizar
automáticamente a sus promotores por el hecho de que en la etapa de
recolección del 1% del padrón electoral hubo casos de usurpación de
identidad no puede ser calificada sino como una farsa judicial.

En primer lugar, porque de acuerdo con un informe del propio CNE
(http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3466),
<http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3466>  de
las más de 400 mil huellas capturadas durante el proceso de verificación
biométrica efectuado en esa etapa, se registró un porcentaje de usurpación
de identidad de apenas 0,33%, cifra evidentemente marginal y que no tiene
incidencia alguna en el resultado final obtenido (el cual, por cierto,
representa aproximadamente el doble de ese 1% mínimo requerido por el CNE).
De modo que la suspensión del referendo con base en dicha situación no tiene
absolutamente ningún sentido.

En segundo lugar, la usurpación de identidad en todo caso tendría que
imputarse legalmente al individuo que la comete, en primera instancia, no a
los promotores del referendo. Evidentemente no es de esperar que los
promotores de un referendo dispongan de las herramientas tecnológicas
adecuadas o de las bases de datos necesarias para verificar, por su propia
cuenta, la identidad de los firmantes. Los promotores no tienen ni la
posibilidad ni el deber de asumir esa tarea, sobre todo cuando el propio CNE
ya se ha atribuido esa responsabilidad a través de sus variados
procedimientos de verificación -los cuales incluyeron no solo verificación
biométrica, sino también exámenes grafológicos y dactiloscópicos. Al
respecto cabría preguntarse: ¿por qué no fueron detenidos in fraganti (en el
mismo momento de la verificación biométrica en las sedes del CNE) los
individuos que presuntamente estaban usurpando la identidad de otras
personas? También cabría considerar hipotéticamente la posibilidad de que
estos individuos, lejos de actuar bajo órdenes de los promotores, actuasen
bajo órdenes de las fuerzas políticas interesadas en sabotear el referendo.
Esta alternativa, sin embargo, parece estar descartada a priori dentro del
procedimiento judicial que se está siguiendo en torno al caso, lo cual
revela claramente la grave parcialización política que opera en el trasfondo
de todo el asunto.

IV

¿Quién en su sano juicio puede dudar seriamente acerca de si en Venezuela en
estos momentos hay más de 4 millones de electores que desean que se lleve a
cabo un referendo revocatorio presidencial? Podemos asumir con plena
seguridad que la mayor parte de los 7 millones de votantes que ha reunido la
MUD en procesos electorales recientes forman parte de ese grupo. A eso
habría que agregarle un sector del chavismo disidente que también ha
declarado su apoyo a la realización del referendo revocatorio.

Lo anterior quiere decir que, cuando el gobierno realiza todas las maniobras
legales y burocráticas destinadas a impedir la convocatoria al referendo, lo
hace con plena consciencia de estar bloqueando un evento que, en buena lid,
si se respetaran los derechos políticos de millones de ciudadanos en este
país, debería ser tramitado sin ningún tipo de obstáculo. En realidad, no
solo tramitado “sin ningún tipo de obstáculo”, sino tramitado de manera
diligente y servicial por parte de todas las instituciones públicas
involucradas.

No hay, por tanto, otro modo de interpretar las acciones gubernamentales o
institucionales tendientes a entorpecer el proceso de convocatoria al
referendo sino como una muestra de gran cinismo, de pérdida de todo pudor,
de abandono de cualquier mínimo criterio ético o ideológico capaz de moderar
el simple, puro e implacable deseo de perpetuarse en el poder. Claramente
quienes nos gobiernan están dispuestos a todo por seguir haciéndolo: violar
derechos políticos, desatender o hacer caso omiso a las expresiones de
voluntad popular, desconocer o torcer a su conveniencia el contenido de
normas legales (incluso aquellas creadas por ellos mismos), manipular a su
antojo el sistema judicial, etcétera.

Es un verdadero drama histórico para Venezuela que un movimiento político
que originalmente entró en escena enarbolando las banderas de la democracia,
de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia social -en abierta
oposición a un pasado político, económico y social repudiado popularmente
por el incumplimiento de sus promesas de progreso y bienestar- esté
terminando hoy su trayectoria en la más abyecta antítesis de todos aquellos
ideales. Antítesis que no solo implica una traición de las esperanzas
populares similar a la que provocó la caída de la llamada Cuarta República,
sino que amenaza con dejar a Venezuela por tiempo indefinido con un régimen
político en extremo autoritario y antidemocrático, incluso con rasgos
totalitarios o fascistas, puesto al servicio de la rapiña continuada de
nuevas oligarquías nacionales e internacionales. En otras palabras, el
intento histórico de la sociedad venezolana por superar lo que en su momento
fue percibido socialmente como un pasado oscuro y nefasto está implosionando
en una actualidad y un futuro que pintan mucho, pero mucho peores aún que
aquello que se pretendía superar.

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