Uruguay/ ¿hacia dónde vamos? ¿era este el proyecto progresista? [Juan Pablo Bentura/Alejando Mariatti]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de octubre 2016

Boletín Informativo

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Uruguay

Sobre el Estado social y el proyecto progresista

Aquello no fue sólo una fábrica de jabones y galletitas 

Después de dos períodos y medio de gobierno del Frente Amplio se tornan más
que pertinentes algunas preguntas sobre resultados, pero sobre todo, sobre
la propuesta política. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto progresista?
Las respuestas parecen tomar dos direcciones aparentemente contrapuestas.
¿Serán en efecto contrapuestas? De un lado se escuchan voces que hablan de
equidad, crecimiento con distribución, descenso de la pobreza y la
indigencia; del otro se habla de inseguridad, de necesidad de mano dura, de
deterioro de la autoridad. Lo curioso es que estas voces están mezcladas, no
se concentran del lado del gobierno las primeras, ni sólo en la oposición
las segundas.

Juan Pablo Bentura/Alejando Mariatti *

Brecha, Montevideo, 21-10-2016

http://brecha.com.uy/

Esta nota pretende amplificar otras voces, mucho más tímidas, inseguras, que
preguntan en voz baja: ¿era este el proyecto progresista? Porque hay otros
indicadores terribles que nos hablan de una sociedad fragmentada y en un
proceso regresivo, otros datos que parece que nadie quiere escuchar. ¿Qué
significa enfrentarnos al hecho de que nuestras cárceles parecen campos de
concentración donde encerramos a cerca de once mil seres humanos en
condiciones inhumanas? ¿Por qué la mayoría son jóvenes que cometieron
delitos contra la propiedad? A ellos se suman más de setecientos
adolescentes encerrados en condiciones similares.

Al poco tiempo de asumir el gobierno, en 2005, el recién creado Ministerio
de Desarrollo Social nos escandalizaba con el dato –nunca preciso y siempre
sospechado de ser menor al real– de que seiscientos y pico de compatriotas
vivían en la calle y que un gobierno progresista iba a enfrentar
decididamente esa situación que nos avergonzaba como nación. Once años
después recibimos el dato, con menos vergüenza –y tal vez esto sea lo más
grave–, de que esa cifra creció a cerca de mil setecientas personas. Pero
nos tranquilizan diciéndonos que ahora no hay menores viviendo a la
intemperie. Se puede seguir sumando datos sobre las problemáticas más agudas
de la cuestión social: embarazo adolescente, ciudadanos viviendo en
asentamientos, o directamente sobreviviendo de los desechos de la ciudad.

Las ciencias sociales saben de sobra que las sociedades que abandonan la
regulación social en manos de las reglas que impone el mercado pueden ser
muy prósperas, pueden tener un crecimiento constante (con crisis
periódicas), pero inevitablemente desarrollan un sostenido proceso de
desagregación social y su correspondiente anomia. Uruguay sabe de esto, o
debería saberlo, o lo supo y lo olvidó. Los datos reseñados antes en esta
nota son el resultado inexorable de una sociedad que ha renunciado a
intervenir decidida y sustantivamente sobre el mercado, que abandona las
instituciones que modelaron el Uruguay social a su suerte y les impone
regulaciones de cuasi mercado: las evalúa por su éxito mercantil. La
educación es ineficiente, no porque no forme ciudadanos críticos y cultos
capaces de apropiarse de la cultura universal, es ineficiente porque no
forma para el mercado. Las empresas públicas son evaluadas como
ineficientes, no porque no generen empleo de calidad y no ofrezcan servicios
subvencionados, son ineficientes porque no compiten en una lógica
empresarial mercantil.

En los noventa esto parecía claro, al menos para las ciencias sociales
críticas y para la izquierda política que pretendía defender aquel Estado
social que ya sufría un deterioro notable. Ya bastante entrado el nuevo
siglo, aquellas voces comienzan diciendo que pretender el retorno del Estado
social es signo de un romanticismo vergonzante, para acabar diciendo que
aquel Estado social fue un mito, el sueño de la siesta uruguaya; y
pretendiendo reunir datos para demostrarlo, decretan sin dudar que el Estado
social nunca existió.

Decir que la historia escrita es una selección y que ésta refiere a un sesgo
del sujeto pensante no es una novedad, pero invita a recordar, sin caer en
romanticismos, lo que significó el Estado social batllista (1) y
neobatllista (2) del “Uruguay feliz”. Sobre todo porque aquellos diez años
de crecimiento, a mitad de siglo, significaron para nuestra república un
mojón inédito de ampliación de ciudadanía. Por lo tanto, para no suponer que
aquello nunca existió es importante resaltar algunos rasgos que lo
caracterizaron, pues a nivel de las ciencias sociales contemporáneas y
vernáculas parece ganar la idea de que aquello fue sólo una fábrica de
jabones y galletitas. Pero sobre todo, demostrar que aquel Estado social en
construcción concebía al desempleo y la pobreza como temas públicos, y no
como una responsabilidad privada; que lejos de justificar el enrolamiento de
los desempleados en el Ejército, abrió las puertas para el trabajo público y
el pleno empleo como mecanismo integrador de una sociedad que, con el diario
del lunes, fue explicada por Rama con el término de “hiperintegrada”.

Datos aportados por Cures nos dicen que en 1929 el país tenía una población
activa de 683.400 individuos y en 1931 la cifra de desocupados era de 25 mil
personas, alcanzando a superar los 40 mil en 1933 como consecuencia del
crack del 29, lo que nos da un índice promedio de desocupación para estos
años de entre 4 y 6 por ciento. Fue el “pacto del chinchulín” (3) ente el
batllismo y el nacionalismo independiente, lo que permitió algunas medidas
económicas que incluyeron un incremento notable del empleo público. En 1931
había 43.220 empleados públicos, cifra que según datos aportados por
Filgueira y otros ascendió en 1955 a 166 mil: más de 100 mil en 24 años. En
1933 la ley 9.080, del 19 de agosto de ese año, decía: “Autorizase al Poder
Ejecutivo a disponer de Rentas Generales, en el presente ejercicio
económico, de los fondos que considere necesarios para dar, de inmediato,
trabajo a los desocupados”.

Siguiendo los aportes del investigador Raúl Jacob, el escenario de
desocupación de la década de 1930 implicó una responsabilidad pública con
características particulares. Baltasar Brum (4) en 1931, alentaba el
desarrollo de obras públicas, sustituyendo en lo posible a las máquinas por
hombres. Pero esto no era una preocupación exclusiva del partido de
gobierno, también lo era de la Federación Rural, que en el diario La Mañana
del 20 de junio de 1934 denunciaba a la desocupación como un problema ajeno
a los individuos y de responsabilidad estatal. Dice Jacob: “basta que exista
esa situación desesperante de hombres de trabajo fuertes y capaces que por
causas a las que son ajenos no encuentran manera de ganarse el propio
sustento, aun en un número limitado de ellos, para que el Estado reconozca
la obligación de ampararlos y lo haga”.

Durante la dictadura de Terra en 1934 (5) se creó el primer seguro de
desempleo, y también según Jacob: “el presidente informaba que la
Intendencia de Montevideo había empleado a más de 5 mil obreros, y que la
desocupación ‘casi había desaparecido en la capital’”. Frega, junto a otros
investigadores, informan que en los años siguientes Uruguay tuvo un
crecimiento industrial que, según el censo empresarial de la época, en 1936
alcanzó a las 11.103 fábricas, pasando en 1947 a 22.472. Según Hugo Cores,
“En el lapso que va del 45 al 55 el índice de mano de obra empleada en la
industria crece en un 45 por ciento y la producción aumenta un 97 por
ciento”. Este nuevo escenario fabril llevó incluso a la creación de pueblos
en torno a las industrias –como en la década del 40 el auge de la industria
textil generó el “pueblo-fábrica” Juan Lacaze–, y es constatable la
presencia de lo que algunos autores llaman “paternalismo industrial”,
poniendo como ejemplo a los empresarios Salvo y Campomar.

En el período del neobatllismo el modelo agroexportador comenzaba a ser
redimensionado por un impulso modernizador que diversificó y nacionalizó
parte de la economía. El proceso de industrialización por sustitución de
importaciones (Isi) instaurado a partir de 1943 hasta 1959 derivó en un
modelo de desarrollo unido a la ampliación de derechos para la ciudadanía en
general y para los trabajadores en particular. Una creciente preocupación
por las condiciones de trabajo y las denuncias de la bancada comunista en
1938 sobre la situación miserable de la clase obrera motivaron que el
Parlamento creara una comisión para conocer las condiciones laborales. Esto
desembocará en la ley de consejos de salarios de 1943, y entre 1944 y 1945
serán creadas las cajas de compensación por desempleo para varias
industrias.

Las consecuencias de este desarrollo significaron, para Filgueira, la
construcción del “Estado de bienestar uruguayo”, basado en cuatro pilares:
la asistencia pública en materia de salud, la educación pública, la
regulación del mercado de trabajo y la política de retiro de la fuerza
laboral. Esto fue en parte consecuencia de la coyuntura económica favorable,
pero también de la presencia y la organización obrera, que en 1942 fundó la
Unión General de Trabajadores. De acuerdo con Porrini, entre 1940 y 1950 se
crearon casi 30 sindicatos. “El desarrollo industrial y el Estado de
‘bienestar’, junto a la presión de los sindicatos –que se ‘relanzaron’, (…)
produjeron la elevación de los niveles salariales urbanos.”

Claro que durante todo el período la oposición feroz al modelo articuló los
intereses oligárquicos y del capital financiero representados en las figuras
del estanciero y del imperio (Nahum, 1979; Vanger, 2009). La culminación de
la Guerra de Corea, en 1953, marcó el final de las condiciones históricas
que habían permitido el desarrollo del Estado social uruguayo. El triunfo
del Partido Nacional en 1958 representó la desagregación del bloque en el
poder, sustituido por un nuevo bloque que condensó los intereses que había
representado, como fue dicho, la oposición histórica al modelo batllista. El
lapso comprendido entre 1958 y 1967 marcará el comienzo de un proceso en el
que, para Real de Azúa, “todas las pragmáticas neoliberales fueron puestas
en práctica” (1984: 76).

El Uruguay social nunca fue rico en metálico, pero fue un país que extremó
al máximo el potencial civilizatorio en el marco del capitalismo. Los
uruguayos decidieron pagar el alto costo de la igualdad, sus posibilidades
de consumo siempre fueron limitadas. No tenían la diversidad de bienes de
consumo que tenemos hoy, sin duda, pero fueron reconocidos en el mundo
entero por la calidad de ciudadanos que producían. En su obra de más de 500
páginas, Historia del siglo XX, Hobsbawm menciona a Uruguay tres o cuatro
veces, pero la referencia más larga es para recordar a “la ahora olvidada
‘Suiza de América del Sur’, y su única democracia real, Uruguay” (1995:
115).

El Uruguay social no fue un resultado inexorable de condiciones
estructurales, fue consecuencia de decisiones valientes; tampoco su
destrucción lo fue, y las decisiones que lo destruyeron tuvieron la
oposición decidida de lo mejor de nuestra nación, y fue necesaria una
dictadura criminal para aplastar aquella oposición. El Frente Amplio es uno
de los legados de aquella resistencia y hoy parece dispuesto a aceptar que
aquel Estado social es irrecuperable. Para imponer el Estado neoliberal
fueron necesarios muertos, exiliados y varios miles de presos “políticos”,
la conclusión de esta imposición tiene como consecuencia otras formas de
exilio, también muchos muertos y más de 11 mil presos “sociales”.

No tenemos la fórmula para recuperar el Estado social, pero no tenemos dudas
de que un buen comienzo sería empezar a asumir la desgracia de nuestros
semejantes como una responsabilidad social; y a no confundirse:
responsabilidad social no es algo que se esfuma en una sociedad donde, si
todos somos los responsables, entonces nadie lo es. La responsabilidad
social es efectiva cuando es comandada e impuesta por el Estado. 

* José Pablo Bentura Alonso es doctor en ciencias sociales (Flacso),
investigador, docente y director del Departamento de Trabajo Social de la
Fcs-Udelar (Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República). .
Alejandro Mariatti es magíster. Doctorando en ciencias sociales en la
Fcs-Udelar, investigador y docente del Departamento de Trabajo Social de la
Fcs-Udelar.

Notas de Correspondencia de Prensa 

1) José Batlle y Ordoñez (1856-1929), caudillo histórico del Partido
Colorado, fue dos veces presidente de la República (1903-1907 y 1911-1915).
Al finalizar la última de las guerras civiles (1904), inició un período de
reformas que consolidaron la organización del Estado capitalista. Desde
entonces, “batllismo” es sinónimo de un modelo que dominó la vida política
del Uruguay hasta mediados de 1950, basado en las políticas sociales
“inclusivas” y estatismo de las grandes empresas públicas. Es la referencia
que, la mayoría de los historiadores toma como ejemplo de Estado Social.
Existen numerosos estudios sobre el período, además de los que citan los
autores del artículo (ver bibliografía). Desde el marxismo revolucionario,
hay dos rigurosos trabajos que polemizan con la mayoría de las
interpretaciones académicas y con los historiadores vinculados al Frente
Amplio: “La época batllista”, de la maestra y sindicalista Marita Silvera
(1945-1999) y del investigador y ensayista Juan Luis Berterretche (Partido
Socialista de los Trabajadores, Montevideo, 1987); y la  “La crisis
estructural del Estado-tapón”, estudio de “Interpretación de la historia
uruguaya” del maestro y profesor Luis Sanguinet Cabral (Combate, Estocolmo,
1980). 

2) Hace referencia a la corriente liderada por Luis Batlle Berres
(1897-1964) en el Partido Colorado. Durante su gobierno (1947-1951) se
desarrolló una política estatista y proteccionista, que en varios aspectos
continuó la política de sustitución de importaciones creada en los años 1930
durante la dictadura de Gabriel Terra. El neobatllismo es asociado a un
proceso de industrialización, regulación estatal y políticas sociales
inclusivas. Luego de un viaje a Suiza, Batlle Berres acuñó la frase de que,
en verdad, el país helvético era el “Uruguay de Europa”. 

3) Acuerdo parlamentario realizado en 1931 entre batllistas y nacionalistas
independientes. El caudillo blanco Luis Alberto de Herrera (1873-1959), jefe
del Partido Nacional, denominó el acuerdo como el “pacto del chinchulín”,
que aseguraba la aprobación de algunas leyes de intervención del Estado a
cambio de la participación de su partido en los directorios de las empresas
públicas. 

4) Baltasar Brum (1883-1933), Presidente de la República entre 1919 y 1923.
Dirigente de la corriente batllista del Partido Colorado. Opositor al golpe
de Estado del 31 de marzo de 1933, instó a la resistencia esperando un
levantamiento popular que no se produjo. La población en general tomó la
ruptura institucional con indiferencia. Luego de un breve tiroteo con la
policía que venía a arrestarlo, se suicidó en la puerta de su casa frente a
una cantidad de curiosos que “contemplaban los hechos como si se tratara de
un accidente de tránsito”. Hasta hoy, el suicidio de Brum es presentado como
un gesto “de la resistencia a la dictadura y un sacrificio por la libertad”.

5) Gabriel Terra (1873-1942) del Partido Colorado, asumió la Presidencia de
la República para el período 1931-1938. Representante de los sectores más
conservadores y oligárquicos, disolvió el Parlamento el 31 de marzo de 1933
con el apoyo de la Policía, la “neutralidad” del Ejército y el sector
mayoritario del Partido Nacional, dirigido por Luis Alberto de Herrera. Su
gobierno autoritario y antiliberal, censuró la prensa, encarceló a políticos
y sindicalistas, obligando a numerosos dirigentes a exiliarse en Argentina.
Los principales opositores a su dictadura, fueron el batllismo y las fuerzas
de izquierda de entonces (comunistas, socialistas y anarquistas). 

Bibliografía 

Hobsbawm, Erik (1995). Era dos extremos. O breve século XX 1914-1991.
Companhia das Letras. San Pablo.

Nahum, Benjamín (1979). Batlle, los estancieros y el imperio británico. Ebo.
Montevideo, 1979.

Real de Azúa, Carlos (1984). Uruguay ¿una sociedad amortiguadora? Ciesu-Ebo.
Montevideo.

Hobsbawm, Erik (1995). Era dos extremos. O breve século XX 1914-1991.
Companhia das Letras. San Pablo.

Nahum, Benjamín (1979). Batlle, los estancieros y el imperio británico. Ebo.
Montevideo, 1979.

Real de Azúa, Carlos (1984). Uruguay ¿una sociedad amortiguadora? Ciesu-Ebo.
Montevideo.

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