Bolivia/ guerras extractivistas [Eduardo Gudynas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de setiembre 2016

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Bolivia

Guerras extractivistas

Eduardo Gudynas *

Rebelión, 2-9-2016

http://www.rebelion.org/

El asesinato de un viceministro y la muerte de cuatro mineros vuelve a
confirmar que los extractivismos transitan hacia mayores niveles de
violencia. No es la primera vez que esto sucede, pero en esta ocasión golpea
al gobierno de Bolivia y uno de sus más íntimos aliados políticos. Más allá
de los clásicos argumentos partidarios, este caso deja en claro que las
ideologías políticas quedaron relegadas detrás de una cruda guerra por los
excedentes económicos. Una vez más, las comunidades y la Naturaleza, lo
sufren. 

El conflicto entre las cooperativas mineras y el gobierno de Evo Morales no
puede ser analizado apelando a los marcos clásicos. De un lado, no estamos
frente a una gran corporación minera transnacional, sino a un conglomerado
de agentes económicos que hacen minería, y que se presentan a sí mismos como
cooperativas (y de izquierda). Del otro lado, el gobierno de Evo Morales y
el Movimiento al Socialismo, construyó una estrecha relación política con
todo ese sector, convirtiéndolo en uno de sus aliados más importantes. 

El actual ciclo de conflictividad se inició a inicios de agosto con la
aprobación parlamentaria de una reforma a la ley de cooperativas propuesta
por el gobierno Morales, para permitir y proteger la sindicalización de los
trabajados. La medida fue duramente criticada por Federación Nacional de
Cooperativas Mineras (FENCOMIN), y el 10 de agosto comenzaron movilizaciones
y protestas. Se estima que existen unos 130 mil cooperativistas mineros, lo
que les convierte en actores de peso. Rápidamente se generaron bloqueos en
rutas nacionales, pedreas y declaraciones cada vez más encendidas. 

Desde el gobierno los discursos también se volvieron más duros y se
desplegaron policías. Estallaron las refriegas, donde había decenas de
manifestantes detenidos y a la vez decenas de policías eran retenidos como
rehenes por los mineros, con heridos de uno y otro lado. Varios mineros son
encarcelados y se les inician procesos judiciales, lo que hace endurecer
todavía más a los cooperativistas. El 24 de agosto mueren dos mineros en
esas refriegas, y al otro día es secuestrado el viceministro del interior,
Rodolfo Illanes, quien intentaba iniciar una nueva negociación. Al menos un
dirigente minero afirmó, con toda claridad, que asesinarían a ese
funcionario si moría otro manifestante minero. 

Bajo esa dinámica, ya sin control, la noticia del deceso de un nuevo
manifestante terminó en que una turba golpeara y tortura al viceministro
hasta su muerte; al poco tiempo dejaron abandonado su cadáver en una
carretera (fue recuperado el 26 de agosto). Es una triste y dolorosa
situación donde, al día de hoy, hay un total de cinco muertos. 

Claroscuros de un raro conflicto 

Como muchas veces sucede en Bolivia, casi nada es lo que parece y es
necesario disecar con precaución a los actores y sus disputas. Por un lado,
las llamadas “cooperativas” mineras en realidad son más similares a
empresas, y en buena parte de ellas existen unos pocos socios
cooperativistas y unos cuantos obreros asalariados, que trabajan bajo
durísimas condiciones de seguridad y ambiente, malos sueldos, impedidos de
organizarse. En algunas cooperativas incluso se explotaba como asalariados a
mujeres o niños. 

Por otro lado, la propuesta de modificación del gobierno Morales se enfocaba
en los asalariados de las cooperativas de servicios, y era discutible si
afectaría a los mineros. Bajo la excusa de que esa medida volvería a sus
cooperativas ingobernables es que se lanzaron las movilizaciones. Es un tipo
de argumentos que resulta muy conservador, pero que era dicho por
organizaciones, sin duda populares, y que se presentan a sí mismas como
parte de la revolución del Movimiento al Socialismo. Recordemos que estas
cooperativas han sido uno de los socios más poderosos en ese gobierno, tanto
por su poder de movilización como por el gran número de votos que
significan. Es un conglomerado que tiene muchas caras, ya que por momentos
opera como un sindicato, a veces como una cámara empresarial y en otros
casos como movimiento político (incluso tiene sus propios legisladores y han
colocado a sus integrantes en puestos ministeriales). 

Para muchos analistas y medios parecería que esto es la primera vez que
ocurre en Bolivia. Sin embargo, hay una larga lista de antecedentes. En uno
de los más recordados, en 2006 murieron 16 personas por durísimos
enfrentamientos entre mineros cooperativistas y mineros del sindicato de la
empresa estatal, para controlar unas parcelas en la localidad de Huanuni, en
el altiplano andino. Aquella fue otra guerra extractivista que también
escapó al control gubernamental. 

Entonces nadie puede sorprenderse del evidente aumento de la violencia
alrededor de la minería. Ya no es solo la imposición de unas empresas contra
comunidades locales, sino que en varios sitios en distintos países estallan
conflictos entre distintos tipos de mineros (tales como cooperativistas
versus trabajadores, sean de empresas estales o privadas, o legales contra
ilegales), mineros de cualquier tipo versus campesinos que todavía se
dedican a la ganadería o agricultura, o frente a pueblos indígenas. La
violencia en el extractivismo ya no expresa ocasionales accidentes, sino que
es un componente esencial y propio de ese tipo de actividades. 

Dando otro paso en la particularidad boliviana, los reclamos de las
cooperativas mineras iban mucho más allá de resistirse a la sindicalización.
Sus exigencias eran sustancialmente más amplias, incluyendo poder efectuar
contratos directamente con empresas transnacionales, esquivar el control
parlamentario en ese tipo de comercialización, aumentar las áreas de
explotación minera, incluyendo el acceso a tierras forestales y áreas
protegidas, recibir todavía más ayudas financieras (por ejemplo, que
regalías mineras fueran reinvertidas en proyectos mineros de las
cooperativas), y subordinar los controles ambientales a sus fines
productivos. 

Por lo que puede verse estos son reclamos que serían un sueño para las
grandes corporaciones transnacionales, pero que aquí son exigidas
violentamente por grupos populares que se consideran parte del progresismo,
incluso como revolucionarios anti-imperialistas, y eran socios íntimos del
gobierno. Es que justamente otra particularidad de esta situación es que las
cooperativas mineras tienen ese enorme poder y el desparpajo de hacer ese
tipo de reclamos gracias a las sucesivas concesiones y beneficios que le ha
dado el gobierno de Evo Morales. La más reciente fue la nueva ley de minería
No 235, aprobada en 2014, que consolida su status privilegiado, le otorga
grandes beneficios económicos, y hasta declaraba que sería ilegal cualquier
actividad que impidiera la minería (entre ellas, la huelga, por supuesto). 

Necesidad de recuperar rigurosidad e independencia 

Este caso boliviano también muestra la necesidad de miradas conceptualmente
rigurosas sobre los extractivismos. Es que no son pocas las definiciones de
extractivismos mineros que, aún en la crítica, lo conciben solamente como
una expresión propia de las grandes corporaciones del norte. Esas
conceptualizaciones son casi siempre compartibles, pero al caer en unas
narraciones metafóricas, no siempre sirven para entender otros
extractivismos, tales como el cooperativismo minero boliviano o la
ilegalidad / informalidad de los mineros de oro en la Amazonia. 

Por ello, una definición más precisa subraya que los extractivismos son un
tipo de apropiación intensiva y de grandes volúmenes de los recursos
naturales que puede darse bajo distintos regímenes de propiedad (privada,
estatal, mixta, cooperativa, etc.) (1). De esta manera, la rigurosidad en
entender los extractivismos no es una manía académica, sino que es
indispensable para abordar sus distintas conflictividades. 

A lo largo de los últimos años, mientras que cooperativistas y gobierno eran
aliados dentro de gobierno, no han habido muchos análisis independientes, ya
que se protegían mutuamente. Los pocos que lo hicieron, como ocurrió con
algunos analistas, militantes y unas pocas ONGs en Bolivia, alertaron sobre
las exageradas concesiones que el gobierno otorgaba a esas cooperativas
mineras, y difundieron las denuncias que partían desde las comunidades
locales. Los estudios de esas ONGs, especialmente los de CEDIB (Centro de
Documentación e Información de Bolivia), fueron duramente cuestionados desde
el poder y sus seguidores entre los medios y otras ONGs, presentándolos como
un obstáculo para explotar los recursos naturales. Ahora es evidente que
ellos estaban en lo cierto, y a la vez queda en evidencia la fragilidad de
los analistas que apenas son un eco gubernamental. 

Los abordajes en función a lo que dice o quiere el gobierno siguen operando,
sin duda, y un ejemplo muestra cuán limitado es ese intento. A las pocas
horas de publicarse la primera versión de este artículo, Katu Arkonada,
conocido por replicar posturas oficialistas bolivianas, denunció en twitter
lo que calificaba como “cuatro mentiras” en mi análisis. Sólo me referiré a
su primera crítica para no ser aburrido: dice Arkonada que es mentira que
“la patronal minera denominada cooperativistas" se hubiese presentado nunca
como "de izquierda". 

Mi respuesta es que esos dirigentes acompañaron al MAS y a Evo Morales, y
éste reconoció su apoyo en repetidas ocasiones, legitimándolos como socios
políticos, tanto en sus dichos como en retribuciones concretas (desde
camiones a ventajas económicas). Por si fuera poco, en el XI Congreso
Nacional de la federación de esas cooperativas mineras (2011), ellas mismas
sostenían que el “contenido ideológico” de su cooperativismo minero es
“clasista y revolucionario , anti-oligárquico y anti-imperialista”, y se
describen a no como “proletarios”, pero sí como “trabajadores y parte del
pueblo oprimido”. Con eso queda muy claro dos cosas: La primera, que los
cooperativistas en su imaginación se conciben como una izquierda
revolucionaria, anti-oligárquica y anti-imperialista, confirmando las
descripciones en mi nota (y similares descargos podría presentar para las
otras “mentiras” que me achacan). La segunda, confirma que aquel tipo de
análisis, esos que son ecos gubernamentales, no entienden bien lo que está
sucediendo, y aunque así lo fuera, como carecen de independencia, no le
sirven ni a los movimientos sociales ni paradojalmente al propio gobierno. 

Una disputa sobre los excedentes 

Las acusaciones entre los distintos actores en este conflicto se cruzan
aunque en un plano todavía superficial. Los cooperativistas y sindicatos
exigen responsabilidades políticas al gobierno por haber permitido que
escalara la violencia, y en especial identificar a quienes asesinaron a los
manifestantes. A su vez, el gobierno avanza sobre las cooperativas, se
iniciaron procesos judiciales contra quienes dieron muerte al viceministro,
pero sorpresivamente parece exculpar a las bases, ya que otra vez insiste en
que todo el asunto es parte de un complot de la derecha partidaria. 

Lo sorprendente en una discusión de ese tipo es que no se analiza la esencia
del conflicto: una violenta disputada por los excedentes de los
extractivismos. Sin duda que estamos ante una disputa político partidaria
convencional, y para nada menor, en tanto se rompe la alianza del gobierno
de Morales con uno de sus principales aliados. Pero esa no es la causa de
todo este drama, sino que es una consecuencia de una contradicción mucho más
profunda. 

De un lado el gobierno y del otro los mineros, se están peleando por
controlar los excedentes que provienen de explotar los recursos naturales,
para asegurarse la mayor tajada posible de su rentabilidad económica. Ni
ellos ni los analistas o medios convencionales están debatiendo, por
ejemplo, si es apropiado seguir con ese tipo de minería, ni sobre sus costos
sociales y ambientales o su real beneficio económico, ni tampoco sobre su
inherente violencia. 

Es una situación muy triste porque somos testigos de grupos sociales que han
caído en visiones tan pero tan mercantilizadas de la naturaleza y de las
comunidades, que la destrucción ambiental, el secuestro o el asesinato,
están justificados con tal de recuperar las tasas de ganancias. Son este
tipo de condiciones, que tienen raíces más profundas, las que alimentan una
y otra vez las guerras extractivistas. En ellas, las víctimas que siempre se
repiten siguen siendo las comunidades locales y la Naturaleza. 

* Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología
Social (CLAES). Una primera versión de esta nota se publicó en ALAI (Quito),
el 29 de agosto de 2016. Seguimiento en twitter: @EGudynas

Nota 

1) El marco conceptual con más detalle en Extractivismos. Ecología, economía
y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, por E.
Gudynas. Edición Bolivia, Cedib, Cochabamba, 2015; edición Perú, RedGE,
CooperAcción, Lima, 2015.

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