Paraguay/ tras la masacre de ocho militares: acabar con los zurdos [José Antonio Vera]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de setiembre 2016

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Paraguay

Tras la masacre de ocho militares

Acabar con los zurdos 

José Antonio Vera, desde Asunción

Brecha, Montevideo, 2-9-2016

http://brecha.com.uy/

Paraguay está convulsionado por la muerte de ocho militares, víctimas de un
atentado terrorista cuya autoría el gobierno de Horacio Cartes y el grueso
de la prensa le cuelgan al Ejército del Pueblo Paraguayo (Epp), provocando
el resurgir de posturas como el reclamo, desde el propio parlamento, del
retorno a la dictadura “para acabar con los zurdos criminales”.

El hecho trajo de inmediato a la memoria ciudadana la masacre de Curuguaty,
con 11 campesinos y seis policías asesinados, ocurrida el 15 de mayo de
2012, que fue el pretexto para destituir, una semana después y en menos de
24 horas mediante un juicio político parlamentario, al presidente Fernando
Lugo, con la falacia de “mal desempeño de funciones”, cortando una política
de sensibilidad social que llevaba cuatro años y que Cartes sepulta todos
los días. Algunos especuladores estiman que estos nuevos crímenes bien
podrían representar un Curuguaty II, sin que surja la más mínima hipótesis
de motivación.

La emboscada atribuida al Epp recuerda al crimen de Curuguaty, juzgado el
mes pasado por un tribunal parcial que jamás investigó a los policías,
integrado por tres jueces imputados de vínculos con el narcotráfico, al
extremo de que el propio presidente del cuerpo estuvo preso en 2007 por
coimear a narcos, pero se ha permitido emitir condenas de hasta 35 años.
Marina Cué es el nombre del sitio de esas 17 muertes, a unos 80 quilómetros
de la frontera con Brasil, tierras fiscales que por ley deben ser
distribuidas entre unas 70 familias de campesinos que apenas reclaman 240
hectáreas de las 2 mil ocupadas ilegalmente por una poderosa familia de
empresarios y dirigentes del gobernante Partido Colorado.

Este último atentado se produjo el sábado, más al norte, en el departamento
de Concepción, zona de fuertes luchas campesinas por la tierra, generando un
intenso rastrillaje, con masivos allanamientos de rancheríos, encabezados
por fiscales y tropas de elite equipadas para la guerra, que habrían
apresado a campesinos y cometido toda clase de abusos contra los pobladores,
como el robo de alimentos, según denuncias de familiares.

En las imágenes que difunde la prensa se observa un camión de las Fuerzas de
Tareas Conjuntas (Ftc, Ejército y Policía) destinado a transportar
materiales pero que ese día, inexplicablemente, llevaba a ocho subalternos
sin ninguna protección, como enviados a la muerte. Varios agujeros de bala
de grueso calibre son el testimonio de un enfrentamiento que terminó con la
explosión del vehículo. El reporte fiscal dice que “los guerrilleros
criminales se llevaron cinco fusiles de guerra y gran cantidad de municiones
y chalecos antibalas”.

Cartes, de visita oficial en México, retornó de inmediato y se trasladó al
teatro de operaciones, desde donde comunicó a los jerarcas de las Ftc que
asumía personalmente la conducción de “la lucha contra el narcotráfico”,
palabras que desviaron un poco los dardos dirigidos contra el Epp y hasta
hoy generan toda clase de especulaciones, desde un lapsus en el uso del
español, habitual en el mandatario, hasta burlas en las redes sociales,
donde abunda la incredulidad y se recuerda que Cartes es sindicado a menudo
como un poderoso patrón en ese negocio.

En ese acto, cerrado a la prensa, el comandante en jefe ordenó a todos los
generales y coroneles que debían salir de la comodidad de los refugios y
ponerse al frente de la tropa. Luego se conoció que un par de horas después
del despegue aéreo del mandatario se produjo la retirada, también en avión,
de los jerarcas que regresaron a sus domicilios en Asunción, dejando de
nuevo abandonada a una tropa desmoralizada, sin directrices claras, con
miedo de ingresar a los montes y a las comunidades más conflictivas, salvo
para robar alimentos en las chacras, según numerosas denuncias de
campesinos.

En la última década el Epp ha sido acusado de todo tipo de asesinatos
crapulosos, así como de asaltos a bancos y secuestros de personas, en su
mayor parte registrados en la zona de más intensa lucha campesina por la
tierra. En los informes oficiales se le achacan en total unos 40 asesinatos
y el secuestro de varias personas, tres de las cuales aún están
desaparecidas.

Ningún documento –salvo unas hojas manuscritas y declaraciones de algunos
presos políticos– permite sin embargo asegurar la responsabilidad del grupo
en esos actos. Delincuentes comunes, presentándose como guerrilleros del
Epp, han sido identificados en varios de esos casos. Circula, asimismo, la
impresión de que si ese movimiento político existiera, como se pudo creer
hace unos años, hoy se habría convertido en funcional al régimen como pieza
clave en autoatentados.

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