Uruguay/ sistema penal juvenil: cultura de terror y violaciones a los derechos humanos [Mariana Castiñeiras]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de setiembre 2016

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Uruguay



Mismo problema, diferente nombre

Sistema penal para adolescentes: el dilema de los mil nombres

"Tenemos que ir a descolgar a los jóvenes" (Gabriela Fulco)

El sistema para los jóvenes en conflicto con la ley ha cambiado su
institucionalidad y liderazgo en los últimos 10 años pero sigue habiendo
malos tratos, problemas edilicios y falta de garantías para los jóvenes,
algunas de las grietas de este sistema resquebrajado. ¿Cuáles son las causas
del estancamiento?

Mariana Castiñeiras

Que Pasa, Montevideo, 11-9-2016

http://www.elpais.com.uy/

Es probable que adolescente privado de libertad en 2003 no supiera quién era
su abogado ni cuánto iba a durar su reclusión. Si le tocaba cumplir su
sanción en el hogar SER, la rutina iba a tener una hora de recreo y 23 de
encierro en una celda de cuatro metros cuadrados con tres jóvenes más,
goteras, cables pelados y viento frío colándose por entre las rejas. Si
tenía entre 12 y 15, seguramente le tocaran habitaciones limpias pero con un
baño en estado lamentable, sin privacidad y con mal olor. Estas son algunas
de las descripciones que hacía la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) tras una visita exhaustiva por varios centros, hace más de una
década.

Para el joven del 2016, la situación no está muy lejos de lo que fue en
2003. Y según lo dicho ante el Parlamento por la presidenta del Instituto
Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, es aún más
preocupante. Las condiciones son "paupérrimas" en todos los niveles, dice, y
alejadas de estándares internacionales. Habla de jóvenes que intentan
suicidarse y carencias de todo tipo, desde las almohadas para dormir hasta
de platos de comida fríos o salteados a modo de provocación. Una "cultura
del terror" promovida por los funcionarios y violaciones a los derechos
humanos.

Un informe de seguimiento de la OMCT de 2015 va por la misma línea. Constata
"tratos inhumanos y degradantes", entre los que identifica celdas de
aislamiento y condiciones insalubres de detención. Al igual que en 2003, la
víctima debe denunciar los en la oficina del denunciado, lo que no asegura
la protección necesaria para la complejidad de los casos, dicen. El
documento habla además de demoras en las investigaciones por malos tratos y
de un exceso en el tiempo de ocio para los jóvenes.

La principal y más llamativa diferencia es que el informe de 2003 felicitaba
por el nivel de especialización del personal. El último condena su escasa
formación y refiere a un "árbol genealógico del sistema de responsabilidad
penal" —una investigación de Brecha revela que hay al menos 114 vínculos
familiares entre los funcionarios, de los más de 1.500 que tiene.

Desde entonces, el sistema ha tenido cuatro nombres diferentes, con el eje
en distintos aspectos: rehabilitación, ejecución de medidas por infracción,
responsabilidad penal e inclusión. En la última década, pasó por el
liderazgo de siete personas y, desde 2005, no puede asegurarle a los padres
de un menor que sus derechos van a estar contemplados durante el encierro.
Mucho menos su rehabilitación o inclusión. ¿Por qué, entre tanto ir y venir,
el gobierno no ha podido poner al sistema a tiro con las exigencias mínimas
de los organismos internacionales? ¿Cuáles son las razones entre este
aparente divorcio entre la política aplicada y lo planteado por los expertos
y organismos desde hace ya más de una década?

Los comienzos

En 2005 Víctor Giorgi asumía como presidente del Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU). Lo esperaba un período plagado de
conflictos, fugas, motines y resistencias internas. "Había una especie de
costumbre de amotinamiento con respuestas de funcionarios muy poco
adecuadas", recuerda el psicólogo. La sospecha de que los motines eran
provocados por funcionarios se pudo constatar muy pocas veces pero, resume,
había una "violencia caótica y abusiva" como respuesta a un sistema que
tambaleaba frente al intento de reforma del primer gobierno del Frente
Amplio.

¿Dónde está el origen del problema sistema penal juvenil? Luis Pedernera,
integrante de la organización que aboga por los derechos humanos Ielsur y
miembro electo del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no
puede definir un origen. Sí explica que en los 70 años anteriores a 2004
rigió un modelo "ambiguo". "Iban a cárceles, a los mismos lugares, solo que
no se llamaban cárceles, se llamaban hogares. También iban a centros de
detención donde lo que se priorizaba era el criterio custodia". En este
"paradigma de la ambigüedad", Pedernera cuenta que llegó a conocer a niños
que, con apenas nueve años, estaban encerrados.

En 2005 un motín en la Colonia Berro terminó con un edificio reducido a
escombros. El entonces senador Eduardo Lorier fue tomado de rehén por un
grupo de 13 menores que lo llevaron —amenazado con un cuchillo en la
garganta— en una camioneta como moneda de cambio para su libertad.

La socióloga especializada en Desarrollo Humano y Oficial de Protección de
Unicef en Uruguay, Lucía Vernazza, definió este episodio como un hito. Por
un lado llevó a que se cuestionara a las autoridades y puso en evidencia la
ineficiencia del sistema, explica en su artículo "El sistema penal juvenil
en jaque". Por otro, agrega, colocó al tema en el debate parlamentario e
instaló "en la opinión pública la idea de que los adolescentes son
ingobernables, impunes y peligrosos".

Motines y fugas eran moneda corriente en este período y el impulso de
medidas socioeducativas era prácticamente imposible. "Hubo un montón de
intentos que no llegaron a consolidarse", explica Giorgi. "Se caían por
cuestiones circunstanciales, profesores que renunciaban por las condiciones
que les tocaba vivir o porque había dificultades de traslado".

Y si bien en 2006 se logró una especie de tregua, a fines de 2008 el
director del Interj, el abogado penalista Carlos Uriarte, renunció para ser
sucedido por el sacerdote Mateo Méndez. El año que Méndez lideró el Interj,
que en ese tiempo pasó a llamarse Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes
con Infracción (Semeji), terminó con una gran frustración. "Nosotros
quisimos hacer una brisa de esperanza en este trabajo", había dicho en su
momento, "ha tenido una cantidad de perjuicios y de actitudes que se han ido
anquilosando en la institución y tendrán que empezar a soplar vientos
nuevos". Méndez también había definido a la institución como "corrupta" y
"enferma".

Tras la renuncia de Méndez y un período en que el cargo no se ocupó, tomó el
relevo, como gerente, Jorge Jouroff, quien tuvo la oposición del sindicato
desde el comienzo. Según un artículo de Últimas Noticias de octubre de 2009,
su designación sin concurso había sido resistida como la "una gota más para
un vaso lleno". El liderazgo de Jouroff duró poco y para 2011 había sido
removido.

Según versiones de prensa, tuvo que ver con aparente "negligencia" ante la
fuga de un menor al que llamaban "El talibán", quien huyó con la ayuda de
otros dos menores que interceptaron su traslado en moto y armados. Si bien
Jouroff afirmaba que bajo su gestión las fugas habían bajado en un 30% en el
primer año, el cortocircuito con las autoridades del INAU terminó con uno de
sus asesores a cargo: el psicólogo Rolando Arbesún.

Si la gestión de Jouroff duró poco, la de Arbesún fue aún más corta. Si bien
se le reconocieron sus esfuerzos por reducir las fugas —con protocolos de
seguridad, requisas semanales y remociones de funcionarios—, la mala
relación con sus subalternos lo llevó a renunciar. "Nunca he visto tanta
canallada y mediocridad al mismo tiempo. Va siendo hora de volver a la
academia", había publicado en su cuenta de Twitter antes de renunciar.

Por ese entonces la seguridad se convertía en una de las preocupaciones
principales de los uruguayos. Según datos de Cifra citados por Vernazza en
su artículo, mientras en 2007 solo el 13% de los encuestados entendía que la
seguridad era el problema principal, en 2010, cuando asumió la presidencia
José Mujica, era la primera preocupación de cuatro de cada 10 uruguayos. En
ese contexto fue que se gestó la creación, por parte de la oposición, de la
Comisión Nacional por la Seguridad para Vivir en Paz, que juntó firmas para
bajar la edad de imputabilidad y mantener antecedentes a los menores.

El debate y la oposición entre quienes defendían más seguridad con logotipos
de pequeñas manos alzadas y quienes se resistían, con el irónico colibrí
como bandera, siguió hasta el fracaso de los primeros en el plebiscito de
2014. En el medio, se aprobaron una serie de leyes que llevaron a los hechos
los cambios que la opinión pública reclamaba.

La ley 18.771 creó, en julio de 2011, el Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (Sirpa), que debía priorizar "la inserción social y comunitaria
de los adolescentes". La 18.777, por su parte, penalizó la tentativa y
complicidad en el delito de hurto e infracciones gravísimas y la 18.778
previó que se mantuvieran los antecedentes penales de adolescentes en casos
de rapiña, copamiento, secuestro, homicidio intencional.

En enero de 2013 se aprobó además otra ley, la 19.055, que impuso una pena
mínima de un año de reclusión para los delitos gravísimos. Pedernera tiene
una posición firme en su contra: "Rehabilitar privando de libertad es como
enseñar a niño a jugar al fútbol en un ascensor".

"Los estudios han mostrado que cuando el tema se politiza y se convierte en
mercancía electoral las respuestas son aumentar criminalización y disminuir
posibilidades de aportar soluciones".

Pedernera entiende que el sistema político falló a la hora de crear
instancias de reflexión y que las voces que se alzaron en contra del
plebiscito no fueron lo suficientemente altas.

El presente

Con la creación del Sirpa como organismo desconcentrado de Inau vino lo que
la socióloga Vernazza define como "etapa de control extremo", en
contraposición a la anterior, "de fugas". Desde su creación el Sirpa tuvo
como prioridad ponerle el freno a las fugas, así como fomentar programas de
educación e inserción laboral.

Ruben Villaverde defiende con firmeza sus logros. "Entre 1991 y 2011 se
produjeron 15.250 fugas. Por tanto, ni rehabilitar, ni responsabilizar, ni
incluir se podía allí" sostiene. Dice que su secreto para frenar las fugas
fue la educación, el trabajo y el ingreso de 300 funcionarios, una medida
que contentó al sindicato. Se firmaron, dice, decenas de convenios laborales
que beneficiaron a unos 300 jóvenes y se logró que los internos rindieran
alrededor de 2.500 exámenes.

A su vez se levantaron nuevos centros, que hoy están en el ojo de la
tormenta por vicios de construcción.

Lo que le quedó en el tintero, afirma, fue implementar un sistema de
formación de personal. Una de las claves de su mandato, y en eso coinciden
tanto él como el presidente del sindicato del Inau José Lorenzo López, fue
el buen vínculo con el sindicato.

Sin embargo, la integrante del Directorio de la Inddhh Mirtha Guianze lo
contradice. Afirma que la educación de los jóvenes no fue más que "materias
sueltas" y "servían como entretenimiento". A su vez, sobre la inclusión
laboral apunta: "Nunca encontramos a los famosos jóvenes trabajando". Los
informes sobre derechos humanos tampoco han sido alentadores. De hecho, en
2014, se volvía a señalar el hacinamiento, poca higiene y malos tratos. Al
igual que hoy.

Una década después, Giorgi cree que el sistema está en un lugar muy parecido
al que le tocó enfrentar en su época. Fulco, la nueva presidenta del Inisa,
habla de refundar el sistema, de reducir la privación de libertad y de
contratar personal con formación adecuada. Por ahora, los conflictos
internos parecen estar interponiéndose en su camino. "En esta nueva gestión
se entró con postulado muy parecido y se da desde el inicio un choque muy
fuerte con sindicato".

Con leyes que endurecen las penas y pocos signos de avanzar hacia lo
contrario, las intenciones de Fulco dependen de la respuesta que el sistema
político le dé a sus reclamos. En el marco de un sistema de reclusión —para
adultos y para jóvenes— que no ha hecho más que fracasar, lo que espera a
los mayores de estas "generaciones perdidas" parece ser más de lo mismo.

Los problemas de antes

Un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunciaba en
2003 denunciaba que los adolescentes a quienes había entrevistado
desconocían quién era su abogado y el tiempo que iban a estar encerrados.

Se informaba además sobre funcionarios culpables de maltratos que seguían
trabajando en la institución además de un sistema de denuncia inadecuado
para los jóvenes.

Por otro lado, se hablaba de un alto nivel de formación en los funcionarios.

Y se instaba al gobierno a desarrollar medidas alternativas al encierro, con
la reclusión como una excepción.

Y los de ahora

El informe de seguimiento de 2015 de la OMCT revela preocupación por la
carencia de un sistema de denuncia para los casos de malos tratos que
garantice la seguridad del adolescente y el hecho de que no va a haber
represalias.

Recomienda al Estado garantizar un defensor que no sea de oficio y un
trabajador social para evitar “selectividad” y “violencia estatal”.

Además, identifica denuncias con respuesta demorada y lentitud en las
investigaciones.

Y constata la falta de datos sobre investigaciones, denuncias y condenas,
entre otros.

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Denuncias por maltrato en centro desafío

El centro Desafío, que a comienzos de este año era considerado por las
autoridades del Inisa como una institución modelo dentro del sistema, está
en plena investigación por una situación de maltrato a dos jóvenes. Según
planteó el miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
(Ielsur) en la denuncia que realizó ante Inisa, dos jóvenes estaban
almorzando cuando, de forma arbitraria, los funcionarios les retiraron la
comida. Las respuestas ante la queja fueron, según lo denunciado,
cachetadas, golpes y encierro. El cambio de trato, según manejaron expertos
consultados por El Observador, tiene que ver con un cambio en la dirección.

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Medidas no privativas de libertad

Además de la privación de libertad existen medidas alternativas que el
sistema prevé para los jóvenes. Sin embargo, opina la Lucía Vernazza, las
distinciones son poco claras. Según explica, no hay un mismo criterio a la
hora de aplicar sanciones entre los jueces y la respuesta varía según el
punto en el país o las opciones en que el juez considera que puede confiar.
En 2015 hubo 78 sentencias por hurto que implicaron "medidas socioeducativas
no privativas de libertad", ocho "advertencias", 10 "amonestaciones" y147
incorporaciones a "programas socioeducativos". Además, hubo cuatro
"observancias de conducta", 194 sanciones en régimen de "libertad asistida",
18 de "libertad vigilada", 66 internaciones, dos internaciones en "régimen
de semilibertad", seis que implicaron servicio a la comunidad, dos que
obligaron a reparar el daño y una prohibición de conducir vehículos.

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Las alternativas al encierro

En 2006, la principal preocupación de los uruguayos era la economía. Sin
embargo, en 2009, la seguridad escaló el ranking y así se ha mantenido desde
entonces. Un estudio que Unicef encargó a la consultora Equipos Mori refleja
que hay una "falta contundente de conocimiento de las penas no privativas en
la población", desde a quiénes se les pueden aplicar hasta cómo funcionan.
El estudio plantea que la ciudadanía entiende que hay solo dos caminos
viables: el encierro o la impunidad. "En este marco optan por la privación
de la libertad, ya que consideran que la libertad impune no es la mejor
opción ni para los adolescentes ni para la sociedad". Sin embargo, al
plantearse la posibilidad de utilizar medidas no privativas de libertad, la
población se muestra abierta a considerarlas. Las tareas comunitarias
aparecen como principal opción. La socióloga Lucía Vernazza entiende que
actualmente se confunde lo penal con la protección social. "No se puede
creer que lo que estamos haciendo es aplicar una política social. No se
trata de extender penas para que terminen el liceo".

Tras un seminario de debate organizado a comienzos de este mes Unicef
publicó una serie de recomendaciones. Entre ellas, establecer un sistema
especializado se justicia penal juvenil, con presupuesto necesario, reducir
la privación de libertad con un sistema de medidas no privativas sólido y
fomentar la responsabilidad por el daño cometido.

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Gabriela Fulco

"Tenemos que ir a descolgar a los jóvenes "

La presidenta del Inisa, Gabriela Fulco describió un panorama caótico frente
al Parlamento a principios de setiembre. "Si ustedes supieran las
condiciones en que los jóvenes están, es imposible rehabilitarlos", dijo a
los legisladores. La presidenta describió un panorama similar al que se ha
vivido en décadas anteriores y planteó que se ha realizado un "barrido" del
personal que no cumplía con sus funciones y que podía llegar a abaracar
turnos enteros. Fulco refirió una "cultura del terror" de los funcionarios
con las familias y los adolescentes en lo que refiere a los maltratos y que
en la administración anterior se medicaba a los jóvenes en exceso, incluso a
la fuerza. En referencia a los problemas edilicios, la presidenta dijo que
las obras que implicaron una inversión de US$ 20 millones en la
administración de Ruben Villaverde no sirven para la rehabilitación.

José L. López

"Se dicen muchas cosas para la tribuna"

El presidente del Sindicato Único del INAU (Suinau) José Lorenzo López
considera que la política actual de la presidenta del Inisa está
"complicándole la existencia a los jóvenes". "Fulco ha hecho más denuncias
penales a funcionarios que todo el resto de las administraciones
anteriores", dice López, quien considera el cuestionamiento al sindicato no
favorece un clima de consenso. López cree muchos de los cuestionamientos la
sindicato son "para la tribuna" y que no se ven resultados tras 16 meses de
gestión. Le parece además una "paradoja administrativa" que ahora se
critiquen políticas que el Frente Amplio llevó adelante hace pocos años.
Sobre el video en que aparece junto a decenas de funcionarios aparecen
reduciendo a dos jóvenes que se difundió a fines de 2015, López sigue
sosteniendo que se trató de una operación política.

Ruben Villaverde

"He sufrido mucho este último proceso".

"La justicia investiga el ingreso de personal durante la administración del
ex presidente del Sirpa Ruben Villaverde, por obras que se realizaron
durante su período y que sea han deteriorado a poco de inauguradas.
Villaverde dijo que por ahora no ha tenido que declarar y refirió a la
cantidad de visitas y elogios que recibieron las obras en su momento. Además
aclaró que uno de los centros con problemas no se terminó de pagar por
defectos constructivos. Sobre los malos tratos de los funcionarios,
Villaverde dijo que "se parte de supuestos erróneos". "Decir que todos
empleados son violadores, golpeadores y ladrones está bravo", sostuvo, "no
se va a encontrar en tres años y medio ningún comentario mío que dejara en
falsa escuadra a los trabajadores". "He sufrido muchísimo este proceso
último. Se ha puesto en duda mi nombre, mi honor , es un trago más que
amargo", agregó.

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