México/ a la intemperie: dos años de la matanza de estudiantes de Ayotzinapa [Eliana Gilet]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de setiembre 2016

Boletín Informativo

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México

Dos años de la matanza de Ayotnizapa

A la intemperie

El 26 de setiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio de la ciudad de
Iguala, en el estado de Guerrero, eran secuestrados por policías municipales
coordinados con bandas de narcotraficantes. Desde entonces engrosan la
gigantesca lista de desaparecidos mexicanos. Brecha se reunió con
integrantes de un “plantón”, una suerte de campamento, levantado en Ciudad
de México en recuerdo de “los 43”.

Eliana Gilet, desde México

Brecha, Montevideo, 23-9-2016

http://brecha.com.uy/

Llueve de a ratos. En la entrada del “plantón” que se mantiene en recuerdo
de los 43 estudiantes secuestrados y los cinco asesinados en 2014, el grupo
los Batallones Femeninos rapea: “yo sólo menstrúo cuatro días al mes, tú
eres un idiota todo el año”. Toda esta semana, hasta el 26, tiene lugar en
todo México una multitud de actividades en conmemoración de la masacre de
Iguala. Este plantón se mantiene desde hace bastante más de un año, desde
diciembre de 2014, cuando un grupo variado de gente y organizaciones lo
montaron en plena avenida Reforma, la avenida de la ciudad, en el cantero
frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (Pgr).

La biblioteca está a la izquierda, apenas entrar, y más adelante, pasando el
maíz sembrado a la derecha, en el pedazo de tierra que había disponible,
aparecen las mesas y la cocina; las carpas se levantan alrededor. El
perímetro está rodeado por las fotos de los estudiantes, que apuntan hacia
la Pgr. Para “la cotidiana” de los padres de los jóvenes, que tienen una
reunión al mes en ese punto, el plantón sirve de base y de apoyo. Allí, en
la calle, ofrecían una conferencia de prensa al salir de las oficinas de
justicia, precisando sus puntos de acuerdo y discrepancia con la
investigación oficial y anunciando las acciones que planifican, como lo
hacen cada mes.

Sentado a una de las mesas, Reynaldo señala el portón de madera de la
entrada e indica que “el plantón empieza en la alcancía esa que cuelga
afuera, y a ver si deja usted algo de dinero cuando sale, para solventar
este monumental esfuerzo”. Rey­naldo tiene 76 años y desconfía de las
preguntas. Dice que es pesimista y que por eso se guarda lo que piensa. Por
ahora cuenta que se alternan para cubrir los días, para que siempre haya
gente y nadie se desgaste.

Luis, a su derecha, tiene 20 años y barba. Sonríe. Tiene pinta de
estudiante. Lleva poco más de un año apoyando el plantón por los 43 de
Ayotzinapa y también por los “presos políticos” que pueblan las cárceles
mexicanas y cuyas fotos también están colgadas, así como las de otras
personas de­saparecidas. Luis se integró poco a poco, a través de otros
compañeros que conocían el lugar. “Aquí somos gente con distintas ideas, no
hay una que predomine; hay muchas personas que se acercan, y yo aprendí
mucho de otro tipo de luchas. Ninguno de nosotros tiene un parentesco
directo con los estudiantes desaparecidos en Iguala, pero sí hay un
sentimiento. Si esto nos hubiera pasado a nosotros, ellos, los 43, estarían
buscándonos.”

¿Por qué hacer un plantón en el medio de la ciudad? “Para mostrarle a la
gente que la lucha no ha pasado, que seguimos buscando mantenerla viva, pero
no somos nomás nosotros, hay mucha gente atenta y haciendo algo.”

Explicar la importancia que el ataque a los normalistas de Ayotzinapa tuvo
para este país no es tan relevante como señalar algunas de sus
consecuencias. Uno tras otro los familiares de desaparecidos de distintos
puntos de la república, que vivían sus procesos de dolor y búsqueda más o
menos aisladamente, señalaron una de esas consecuencias, quizás la más
básica: la necesidad de buscar a los desaparecidos, de no dejar que el
olvido gane la partida. “Si los padres de los 43 buscan, nosotros también
podemos”, destaca Luis. Otra fue una toma de conciencia de la fuerza de
cierta mecánica del horror, que venía acechando a los normalistas
secuestrados desde al menos diez años antes y que se sintetizó en un lema
que se hizo carne: “Fue el Estado”.

“Explotó la olla, duele, es nuestra gente, nuestro país. Fue un gran abuso
de poder y creo que los padres, con dignidad, exigen justicia con sobrada
razón.” Rosa María, 74 años, lo vivió en carne propia durante otro período
duro, el de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, en la década del
90. Ella misma sufrió que sus hijos fueran torturados por integrantes del
Ejército cuando dieron alojo a un luchador social en su pobre casa. Adrián,
de 37 años, cierra la ronda: “Ayotzinapa es un parteaguas en esta compleja
sociedad mexicana. Tiene todos los elementos de una desaparición forzada,
que no son algo nuevo tampoco, porque ya se practicaban en 1969. La
diferencia es que antes directamente los mataban, se multiplicaban las
ejecuciones extrajudiciales. Hoy es otra la práctica”. Ayotzinapa sucedió
una vez que el norte del país ya había sufrido un recrudecimiento “bien
cabrón” de las desapariciones masivas. “En este caso hubo una reacción
inmediata, que no sé por qué fue”, admite Adrián.

Necropolítica

Las lonas que hacen de techo suenan cuando las levanta el viento que viene a
vaciarlas del agua acumulada a unos metros de la mesa en donde estamos
sentados. Nadie parece inmutarse, como si estos jóvenes y veteranos hubieran
nacido a la intemperie.

Muchos de los que se acercan tienen presos o desaparecidos en sus familias,
otros tantos no. Pura sociedad civil que, como en cualquier proceso similar,
tuvo y tiene altibajos. Pero todos acuerdan en que, si “los padres” no se
han rendido, ellos tampoco pueden ni deben hacerlo. Llevan 629 días de
convivencia, y han aprendido a bancarse. Esa es otra de las consecuencias
del ataque a los normalistas: la lucha por la “presentación con vida” de los
43 ha llevado a gente de diversa estirpe a aunarse y “vivir un proceso de
tolerancia”, todo frente a los ojos de la gente que pasea por una de las
zonas más coquetas de la ciudad.

Hay otro punto en el que los “plantonistas” están de acuerdo: el efecto
devastador de las campañas mediáticas. “La gente tiene idea de quién cometió
este crimen, pero cuando viene y platica con nosotros nos dicen ‘ya están
muertos’, tal y como se promueve desde arriba para cerrar el caso sin que
nada se resuelva. Desde que comenzaron la guerra contra el narco, en 2006,
la gente tenía idea de lo que sucedía, pero con Ayotzinapa armó ese
rompecabezas.” Ya no se contentaron las familias con una caja de cenizas, y
la afirmación de la justicia “fueron Los Zetas” (en alusión a uno de los
cárteles de narcotraficantes) ha sido internalizado por la sociedad.

Se estima que en los últimos diez años fueron desaparecidas entre 27 mil y
30 mil personas, y asesinadas otras 50 mil. La gran mayoría de ellas han
sido víctimas de las fuerzas regulares de represión.

“El gobierno afirma que aumenta la violencia porque hay narco, pero en este
país siempre ha habido narco”, dice Serafín, sumándose a la conversación.
“Para lo que sirvió el narco fue para crear un enemigo interno, culpable de
todos nuestros dolores, con lo que se diluye la responsabilidad del Estado
en esta situación. ¡Y hay gente que lo cree! Que acepta que a su familiar se
lo llevaron Los Zetas o Los Templarios. Incluso nosotros, al primer lugar
que fuimos a buscar a los estudiantes, a los 15 días de su secuestro, fue a
los cerros de Iguala: estábamos buscando fosas, los estábamos buscando
muertos.”

Serafín se remonta al año 2006, a la represión en San Salvador Atenco, un
pueblito del estado de México que resiste aún la construcción de un nuevo
aeropuerto para la capital (véase Brecha, 6-V-16). Fue terrible la represión
en aquella ocasión, que incluyó agresiones sexuales de policías a un grupo
de mujeres, un hecho por el que se ha condenado internacionalmente al Estado
mexicano. “Vimos cómo, sembrando el terror, nos sometieron entonces a una
despoblación estratégica de ciertas partes del país. ¿Por qué sucedió en el
norte? Porque allí se encuentra la cuarta reserva más grande de gas natural
en el mundo, la cuenca de Burgos. Si no hay gente, no hay quien se oponga a
sus proyectos extractivos”, apunta Serafín.

“Creo que Ayotzinapa no fue algo que hubiesen planeado, sino que se les
salió de las manos. Y en eso es importante la hipótesis planteada por el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (Giei), lo del quinto
autobús como parte de la ruta del tráfico de drogas hacia el norte.”

Desde que elaboraron su primer informe, al año de la masacre de Iguala, los
miembros del Giei sostuvieron que en el quinto autobús que tomaron los
estudiantes para trasladarse a Ciudad de México a conmemorar un nuevo
aniversario de la masacre de Tlatelolco estaba la clave de su secuestro. Los
jóvenes ignoraban que ese ómnibus estaba acondicionado para el traslado de
droga hacia el norte de México, y se lo llevaron sin sospechar el infierno
que se les venía encima. “Desde la década del 60, en el estado de Guerrero
hay señales de colusión entre el Ejército y el narco. Al propio Lucio
Cabañas (maestro y líder guerrillero de los sesenta y setenta) lo entregaron
dos narcos al Ejército cuando lo toparon en la sierra, en 1974.” El Partido
de los Pobres, integrado por Cabañas, había secuestrado ese mismo año a
Rubén Figueroa Figueroa, caudillo del Pri que fue pieza central de la guerra
sucia en los setenta y de la coordinación con el narcotráfico. Los Figueroa
Figueroa son la familia dominante en Huitzuco, un municipio vecino de Iguala
al que se señala como destino final de los estudiantes, según un testimonio
recabado este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “¿Por qué el
presidente de la república y toda su estructura meten las manos para
manipular la verdad y proteger a un municipio como Huitzuco? Porque hay un
poder mayor al del presidente que lo quiere así”, dice Serafín, y coinciden
todos en el plantón.

“Soy pesimista y creo que estamos en un proceso de descomposición muy
fuerte. Como en el 68, cuando se resistió para intentar parar y bloquear la
represión, pero eso no evitó Aguas Blancas, tampoco Acteal”, afirma
Reynaldo, el veterano, aludiendo a dos masacres cometidas por fuerzas
policiales y parapoliciales, la primera en 1995 en el estado de Guerrero y
la segunda dos años después, en Chiapas.

“Tampoco detuvo a Nochix­tlán”, apunta otro, en referencia a las nueve
personas asesinadas el 19 de junio último por la Policía Federal en el
pueblito mixteco de la sierra de Oaxaca, durante la resistencia al avance de
la reforma educativa. “La reforma educativa, la reforma energética y otras
reformas liberales por el estilo sólo pudieron ser aprobadas cuando la gente
que las resistió estuvo lo suficientemente aterrorizada. Las reformas del
despojo son las leyes que requiere el capitalismo para un nuevo proceso de
acumulación”, dice este joven.

Epílogo

En agosto, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación
Criminal de la Pgr y coordinador de las investigaciones oficiales sobre la
matanza de Ayotzinapa, renunció a su cargo. El Giei lo había acusado
–apoyándose en evidencias– de diversas manipulaciones. Fue él, señaló el
grupo de expertos, quien “plantó” restos humanos en el río San Juan y quien
construyó la “verdad oficial” de que los cuerpos de los 43 estudiantes
habían sido quemados en el basurero del municipio de Cocula, un relato
desmentido por los antropólogos y otros especialistas que han trabajado en
el caso. Los padres de los 43 habían cortado el diálogo con la Pgr hasta que
Zerón fuese separado del cargo y entregado a la justicia.

Los familiares de los normalistas y los grupos de derechos humanos luchan
actualmente por la sanción de una ley que tipifique el delito de
desaparición forzada adecuándose a los estándares internacionales. La que
existe actualmente, presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en
diciembre pasado, si bien recoge algunas de las exigencias de las
organizaciones de defensa de los derechos humanos, excluye de eventuales
sanciones penales a integrantes del Ejército y de los cuerpos policiales, y
no contempla el armado de un mecanismo nacional de búsqueda de cuerpos de
desaparecidos. Por el contrario, atribuye la responsabilidad de las
investigaciones a los distintos estados. “Todos sabemos que las entidades
locales están permeadas por la delincuencia”, comentaron representantes de
colectivos de familiares de desaparecidos.

En el plantón, el sentimiento lo resume Adrián: “Estamos en un momento en
que la sociedad tiene que evolucionar en sus formas de resistencia”.

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