Colombia/ algo más que paz: en plebiscito la sociedad decide si ratifica o no el pacto [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de setiembre 2016

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Colombia

Algo más que paz

Este domingo la sociedad colombiana decidirá si ratifica o no los acuerdos
de paz que firmaron el lunes el presidente Juan Manuel Santos y el líder de
las Farc Rodrigo Londoño, “Timochenko”. A pesar de la ventaja que tendría el
Sí al pacto, en las calles se escuchan más voces en contra, y los falsos
mitos en relación con el contenido de los acuerdos hacen mella entre los
colombianos.

Agnese Marra, desde Bogotá

Brecha, Montevideo, 30-9-2016

http://brecha.com.uy/

El martes 27 Cartagena de Indias amaneció inquieta. Sus calles volvieron a
llenarse de turistas después de que el día anterior su muralla cerrara las
puertas e impusiera 24 horas de “ley seca”. En las tiendas, los bares, las
librerías, todo el mundo hablaba de lo mismo. Comentaban los discursos de
Timochenko y Santos. Recordaban cuando el avión de las fuerzas armadas pasó
antes de tiempo sobre la cabeza del líder de las Farc y por un momento todos
pensaron que la paz apenas había durado unos minutos. Hacían quinielas sobre
el plebiscito que se votará este domingo, y argumentaban sus opciones,
recordaban a sus muertos, querían hablar.

Así fue el primer día de paz en la ciudad donde se firmaron los acuerdos que
ponían fin a 52 años de guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) y el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos. El primer paso se dio el lunes. El segundo se dará este
domingo en el plebiscito que hará la siguiente pregunta a los colombianos:
“¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una
paz estable y duradera?”.

En Cartagena de Indias muchos taxis ya adelantaban su repuesta con carteles
del Sí y del No. Las mismas imágenes se ven en ciudades como Bogotá o
Medellín. “El acto del lunes fue muy importante, creo que ayudó a que muchos
colombianos decidan votar por el Sí”, cuenta a Brecha el congresista Iván
Darío Agudela Zapata, del Partido Liberal. Según este diputado, el
espectáculo de líderes internacionales, con una docena de jefes de Estado,
15 ex mandatarios, y Ban Ki-moon, como secretario general de la Onu y
padrino de la ceremonia, “dio legitimidad al evento y mostró cómo el mundo
apoya la paz en nuestro país”.

Pero fueron los discursos de uno de los mayores representantes de la elite
bogotana, Juan Manuel Santos, y del líder guerrillero Rodrigo Londoño los
que se convirtieron en un verdadero alegato por el Sí, y los que mostraron
que dos enemigos históricos decidían volver a caminar juntos. “Con estos
acuerdos queremos cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas,
esa es la decisión más valiente que puede tomar un grupo subversivo”, dijo
Santos. El mandatario dejó claro que tener a las Farc en el Congreso es una
forma de “construir democracia”. Timochenko pidió “perdón por todo el dolor
causado” a las víctimas y mandó un mensaje de confianza: “Que nadie dude de
que vamos hacia la política sin armas, preparémonos todos para desarmar la
mente y los corazones”.

Pero si la comunidad internacional felicitaba a Colombia por la nueva etapa,
días antes del plebiscito en las calles de Cartagena y Medellín el
sentimiento de desconfianza y rechazo era más fuerte: “Ha sido un
espectáculo para Santos, pero nadie se cree eso de la paz, la violencia va a
continuar, y ahora vamos a tener criminales en el Congreso”, decía Adelmar
Campos, un vendedor de Cartagena de Indias. En Medellín, la ciudad del ex
presidente Álvaro Uribe, mentor de Santos pero duro adversario de los
acuerdos, se escuchaban frases más violentas. “Lo bueno de los acuerdos es
que ahora los van a concentrar a todos en un lugar y así podremos matar a
esos hijoeputas”, decía un taxista de la ciudad de Pablo Escobar, reino de
paramilitares y bastón del No, para referirse a las 22 áreas “veredales”
donde se concentrarán los guerrilleros desmovilizados.

Falsos Mitos

Los pactos firmados el lunes, además de poner fin a un conflicto armado que
ha dejado casi 8 millones de víctimas (entre muertos, heridos y
desplazados), plantean un cambio estructural en la política colombiana:
mirar al campo y poner en marcha la eternamente postergada reforma agraria.
La lucha por los derechos de los campesinos, la distribución de tierras, el
fin de los latifundios fueron las bases sobre las que se formaron las Farc
en los años sesenta. Medio siglo después son esos mismos temas los que
marcan el grueso del documento que se debe ratificar el domingo.

Estos acuerdos tienen seis puntos y cuatro objetivos principales: la reforma
rural integral; el paso a la vida política de las Farc; la erradicación de
los cultivos ilegales de coca y la ayuda de la guerrilla para conocer los
procesos relacionados con el narcotráfico; y la reparación para las víctimas
y la creación de una comisión de la verdad.

La implementación de lo acordado la controlará la Organización de las
Naciones Unidas siguiendo el mecanismo tripartito (gobierno, Farc y Onu) que
se formó en La Habana después de cuatro años de negociaciones entre el
negociador del gobierno, Humberto de la Calle, e Iván Márquez ,
representante de la guerrilla. El papel de las Naciones Unidas ha sido una
de las claves del éxito para que, después de tres intentos en los gobiernos
de Belsario Betancur (1984), César Gaviria (1992) y Andrés Pastrana (1998),
fuera Juan Manuel Santos quien consiguiera que la guerrilla más antigua de
América Latina estuviera dispuesta a dejar las armas. “Sin los garantes
internacionales nunca hubiéramos aceptado, ellos nos aseguran que el
gobierno cumpla”, ha repetido en varias ocasiones Iván Márquez. Los países
garantes del pacto son Cuba y Noruega, y los “acompañantes” del proceso
Venezuela y Chile.

La pretendida revolución en el campo tendrá como primera misión la creación
de un Fondo de Tierras para aquellos campesinos que no tengan ningún
terreno. Aquellos que sí lo tengan tendrán la oportunidad de legalizarlo
gracias a los títulos que se distribuirán. En los acuerdos también se habla
de construcción de infraestructuras y de una política de estímulos a la
agricultura familiar, pero todavía no hay fechas concretas para su ejecución
y eso ha generado un gran escepticismo entre algunas asociaciones encargadas
desde hace años de cumplir el papel de Estado que el gobierno colombiano
nunca ejerció.

Si lo relativo al desarrollo agrario no ha generado conflicto dentro de la
población, lo vinculado con la reintegración de la guerrilla en la sociedad
y las ayudas que recibirán los guerrilleros para reanudar sus vidas se ha
convertido en uno de los puntos más polémicos. La desinformación, en parte
creada por un sector de los medios nacionales que se hacen eco del discurso
del ex presidente Álvaro Uribe, líder de la campaña por el No, tampoco
ayuda: “Esos guerrilleros van a ganar un millón de pesos al mes, más de lo
que reciben sus víctimas”. La frase de este taxista es uno de los argumentos
más escuchados entre los votantes del No. Sin embargo, las páginas 66 y 67
del documento que se votará el domingo hablan de una ayuda mensual del 90
por ciento del salario mínimo, alrededor de 620 mil pesos, durante los
primeros dos años a partir de la desmovilización, siempre y cuando no tengan
un vínculo contractual que les genere ingresos.

La amnistía es otro de los temas que más incomodan. “El mensaje que da el
gobierno es que se puede matar y salir impune. No me gusta que esos asesinos
sigan libres, así no se hacen las cosas”, decía Nelson Segovia, un vendedor
de souvenirs, que todavía no tiene claro si votará o se abstendrá en el
plebiscito. El miedo de Segovia es otro de los falsos mitos con relación a
los acuerdos. En realidad este documento contempla por primera vez en la
historia del país que un grupo guerrillero tenga que someterse a la justicia
para responder por los eventuales crímenes cometidos por sus miembros.

En acuerdos anteriores, con la entrega de las armas se daba a cambio la
amnistía. Una mayoría de guerrilleros será amnistiada, pero aquellos que
hayan cometido delitos de lesa humanidad, secuestro, violencia sexual y
reclutamiento de menores tendrán que contar la verdad ante el Tribunal de
Justicia Especial para la Paz y pueden sufrir penas de entre cinco y ocho
años de cárcel. Las sanciones ordinarias se impondrán a quienes no hayan
reconocido responsabilidad, y tendrán una privación efectiva de libertad de
entre 15 y 20 años.

Otro de los reclamos que se hacen a los acuerdos tiene que ver con el dinero
acumulado por las Farc gracias a las vacunas y el narcotráfico. “Ellos van a
recibir más dinero y no van a devolver al Estado todo lo que tienen”, dice
Juliana Contreras, una estudiante de administración de empresas que lidera
la campaña de Jóvenes por el No. “Los rumores sobre las cuentas millonarias
de las Farc en el extranjero los han investigado tanto la justicia
colombiana como diversos organismos internacionales, y por ahora no han
encontrado nada”, declaró a Brecha el ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, uno de los principales dirigentes de la campaña por el Sí.

Si bien en los acuerdos no se especifica nada sobre el dinero de la
guerrilla, el ministro del Interior asegura que los dirigentes de las Farc
tendrán que informar sobre sus cuentas: “Deben decir la verdad en el
Tribunal Especial de Justicia para la Paz, y paralelamente la justicia
colombiana continuará sus investigaciones con relación a ello. Los
ciudadanos pueden estar tranquilos sobre este punto”.

Forma partido

La transición de guerrilla armada a partido político es, junto con la
reforma agraria, otro de los puntos más extensos de los acuerdos, y también
uno de los que más incomoda a un sector de la población. El documento
garantiza que la futura sigla tenga una representación mínima de cinco
senadores y cinco representantes en las elecciones de 2018 y de 2022. A su
vez está prevista la creación de 16 circunscripciones transitorias
especiales en las regiones que han sido más golpeadas por el conflicto y en
zonas históricas de la guerrilla.

Para Juliana la idea de que los guerrilleros estén en el Congreso con una
representación mínima, aun si no reciben el apoyo popular suficiente, es “un
insulto al país”. La queja de esta joven uribista de clase media también se
escucha entre las clases más bajas. Adela Bonilla, limpiadora de 52 años, no
entiende cómo “los asesinos” de su sobrino “pueden llegar a gobernar”. Por
otro lado, Yolanda Perera, violada por guerrilleros cuando tenía 11 años,
tiene claro que prefiere “ver a un pequeño partido en el Congreso que a una
guerrilla armada en el monte”.

El plebiscito llega este domingo con la sociedad muy dividida. A pesar de
que las últimas encuestas dan ventaja al Sí, los votos del No han aumentado
en los últimos días, y sus votantes se quejan de que los acusen de no querer
la paz. “Santos se cree el dueño de esa palabra, pero es una falacia. Todo
el mundo quiere vivir en paz, pero estos acuerdos no son el fin de la
violencia”, dice la profesora de matemática Rosalía Márquez.

En el caso de que gane el No se desconoce si se reiniciarán las
negociaciones. Dirigentes guerrilleros advirtieron que volverán al monte. Y
si el resultado ratifica los acuerdos, el gobierno espera que la guerrilla
inicie el desarme y la desmovilización al día siguiente. El Secretariado del
Estado Mayor de las Farc anunció hace diez días que hasta que no se no se
apruebe la ley de amnistía para sus guerrilleros no habrá desmovilización ni
entrega de armas. Las negociaciones entre gobierno y guerrilla continúan y
sigue sin haber una fecha precisa para la desmovilización.

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Día D

El proceso de paz empezará a concretarse efectivamente a partir de que se
defina cuál es el “día D”. El gobierno consideró que ese día será el lunes,
tras el plebiscito. Las Farc estiman que será el día en que empiece a
aplicarse la ley de amnistía que el gobierno deberá elevar al parlamento
apenas los acuerdos obtengan aval popular.

El texto pactado entre el Ejecutivo y la guerrilla establece que en el “día
D”, sea cual fuere, deberá comenzar el proceso de despeje de los corredores
que utilizarán los militantes de las Farc para llegar hacia las zonas en que
serán concentrados para su posterior desarme. Cinco días después, la Onu
deberá recibir de parte de la guerrilla información sobre su armamento, y a
los diez, datos sobre la ubicación de sus depósitos de armas artesanales.
Éstas deberán haber sido destruidas como máximo a los dos meses del “día D”;
y a los noventa días, 30 por ciento de los guerrilleros entregarán sus
pertrechos militares a funcionarios de las Naciones Unidas, que los
dispondrán en contenedores, otro 30 por ciento hará lo mismo como tope a los
120 días y el 40 por ciento restante un mes después. A los 180 días los
contenedores deberán ser retirados de las zonas de concentración de los
guerrilleros. Ese día se considerará concluido el desarme.

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