Colombia/ No es no: el pueblo de Cajamarca frenó a la minera Anglo Gold Achanti [Marcelo Aguilar]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de abril 2017

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Colombia

Pobladores colombianos frenan proyecto minero

No es no

El minúsculo pueblo Cajamarca, en Colombia, frenó a la gigante minera Anglo
Gold Achanti en una consulta popular. El 97 por ciento de los habitantes de
este municipio del departamento de Tolima votó en contra de uno de los
proyectos mineros más grandes del continente.

Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 31-3-2017

http://brecha.com.uy/

Cajamarca y Cajamarca, dos localidades que comparten el mismo nombre y una
historia de resistencia. A pesar de los miles de quilómetros que las
separan, ambas se encuentran entre montañas altas y abundantes reservas de
agua. Una en Perú, donde se hizo famoso el caso de Máxima Acuña, quien desde
el año 2011 junto a su familia resiste los embates de la minera
multinacional Yanacocha y su proyecto de explotación, Conga, que la
obligaría a desplazarse y acabaría con la laguna de la que vive su familia.
La movilización por su caso ha logrado ponerle un freno al proyecto. La otra
Cajamarca se encuentra en Colombia, en el departamento de Tolima, y allí los
pobladores acaban detener uno de los proyectos de extracción de oro a cielo
abierto más grandes del mundo. El domingo pasado los habitantes de la
colombiana Cajamarca expresaron su tajante rechazo al proyecto de
explotación de la minera sudafricana Anglo Gold Achanti en una consulta
popular. El 97 por ciento de los votantes (6.165 personas), según los datos
oficiales divulgados por la Registraduría Nacional, optó por el No a la
pregunta: “¿Está usted de acuerdo Sí o No con que en el Municipio de
Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. Solamente 76
votaron por el Sí. En total 16.312 personas estaban habilitadas para votar,
y al menos 5.438 debían hacerlo para que la decisión tuviera validez.

Anglo Gold Achanti es una de las empresa con más concesiones mineras en
Colombia, y en este caso busca explotar la mina La Colosa en esa zona.

“Anglo Gold Achanti ha invertido en los últimos 11 años cerca de 370
millones de dólares, legalmente el derecho está adquirido, pero socialmente
hay que trabajar más”, dijo sobre el proyecto el gerente de asuntos públicos
de la minera, Carlos Enciso, al medio digital La silla vacía. El yacimiento
de La Colosa fue descubierto en 2006, y esta no es la primera vez que el
proyecto, que afecta a varios municipios, se topa con el rechazo de las
comunidades. En julio de 2013 otro municipio del departamento de Tolima,
llamado Piedras, también votó en contra del proyecto. En aquel momento 2.971
personas votaron No, y solamente 24 Sí.

Así, gracias a la herramienta de la consulta popular las comunidades han
logrado imponer su voluntad frente a las grandes mineras en Colombia. Su
carácter vinculante está establecido en la ley 134 de 1994, según la cual
“una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional
(…) municipal o local” puede ser sometida “a consideración del pueblo” y “en
todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.

La esperanza

“El resultado es muy positivo y esperanzador”, dice Renzo, impulsor de la
campaña del No, a Brecha desde Camajarca. “La dignidad del pueblo
cajamarcuno se impuso sobre el poder de cooptación (…) de la multinacional,
que tiene el apoyo del gobierno nacional pero no cuenta con el apoyo ni el
corazón de la comunidad”. Según su relato, la iniciativa del plebiscito ha
sido combatida varias veces por la empresa, quien consiguió aplazarla en
varias ocasiones por la vía judicial. La estrategia ha sido la misma que las
oligarquías han usado históricamente en Colombia cuando no aplican bala: la
estigmatización y el engaño. En el caso de Cajamarca, fue a través de la
promoción de la abstención, y según relata Renzo, pobladores que impulsaron
el No fueron tratados de “guerrilleros, de puro vandalismo, de ser un
movimiento mentiroso y falto de argumentos”. En algunos volantes que
circularon por la zona se puede leer: “¡No salgamos a votar!, ¡Cajamarca no
es comunista!” o “Cajamarca precisa obras, no consultas”. Pero los
resultados de la consulta popular, dice Renzo, “demostraron que la gente no
se dejó llevar por esa publicidad engañosa y salió a respaldar masivamente
el No, defendiendo el derecho colectivo al ambiente sano y a la salud de
nuestras familias, y mostrando que los cajamarcunos quieren seguir
fortaleciendo su vocación productora de alimentos”. Cajamarca es conocida
como “la despensa agrícola de Colombia”, y figura primera en la producción
nacional de arracacha, raíz tuberosa de la familia de la zanahoria y el
apio, además de producir también café, fríjol, maíz y diversas frutas. La
disputa parece jugarse hasta en la bandera del municipio. Ella tiene tres
franjas horizontales: la de arriba es verde y representa la riqueza
agrícola, la del centro es amarilla y representa la riqueza en general, y la
blanca de abajo, la paz. La coexistencia del amarillo y el verde se ha
mostrado complicada.

La locomotora minera

Aunque ya había sido articulada por el gobierno de Álvaro Uribe –del que el
actual presidente, Juan Manuel Santos, fue ministro de Defensa entre 2006 y
2009 –, la idea de la minería como una de las “locomotoras del desarrollo”
fue parte del plan económico del gobierno Santos; y a pesar de las
oscilaciones de los precios de los minerales y del entusiasmo de los
inversores, sigue siendo un componente central de la estrategia económica de
Colombia. El país “está en una disyuntiva”, comentó a Brecha Jaime Tocora,
también integrante del grupo favorable al No en la consulta en Cajamarca,
porque “lastimosamente el territorio nacional fue entregado para hacer
minería casi en su totalidad. Se cultivan 4,9 millones de hectáreas para
alimentar a cerca de 47 millones de habitantes, y paradójicamente las
mineras tienen concesionadas 24 millones de hectáreas”. El problema, señala
Tocora, “es que la minería se ha acentuado en las zonas estratégicas más
importantes del país, donde se producen los alimentos, donde está el agua”.
Gran parte de las concesiones se han otorgado en zonas de reservas
forestales, por ejemplo.

El lunes –al día siguiente de la consulta popular– el ministro de Minas y
Energía, Germán Arce, dejó clara la postura del Ejecutivo: “Esta es una
consulta localizada en un municipio, donde se expresó la voluntad de las
comunidades, y que tiene el poder de darle una orden a su alcalde”, dijo en
Blu Radio, “pero 6 mil personas no tienen la capacidad de romper el Estado
social de derecho, ni alterar los equilibrios de poderes entre el Ejecutivo,
el Legislativo y las cortes”. El ministro dejó entrever que el proyecto
minero podría seguir adelante a pesar del resultado de la consulta. Según
Arce, la votación tenía un “carácter político”, pero la discusión acerca del
proyecto La Colosa y la minería en la región es “técnica”. Y agregó: “Aquí
quien define el manejo legal de esto es el Congreso de la República, ya que
la nación, delegada por la Constitución, es responsable del manejo del
subsuelo, y los municipios son los encargados del ordenamiento del suelo”.
Algunos de estos permisos de exploración minera, según Arce, fueron
otorgados entre 2006 y 2009, pero como los proyectos están todavía en fase
de exploración y no se necesitan licencias ambientales para esta etapa, la
decisión final sobre el proyecto de explotación se tomará cuando las mineras
lo soliciten: “la autoridad ambiental tendrá que pronunciarse desde el punto
de vista técnico sobre la viabilidad de desarrollar estas actividades”.

En oposición a lo expresado por el gobierno, sin embargo, la organización
Dejusticia-Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad afirmó que lo
resuelto por la consulta popular tiene carácter vinculante y obligatorio.
Según explica la organización en un informe sobre el caso de Cajamarca en
Colombia, “la ley establece de forma clara que si la votación en la consulta
supera el umbral (un tercio del censo), la decisión que obtenga la mitad más
uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse”. La Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, agrega la organización, “han
reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las
licencias ambientales constituyen derechos adquiridos”.

Además en una sentencia de 2016 la Corte Constitucional de Colombia
estableció que “la protección del ambiente prevalece frente a los derechos
económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y
contratos de concesión en las circunstancias en que esté probado que la
actividad produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio
de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a
la salud humana”. Según la Corte Constitucional, “la minería evidentemente
es una actividad que afecta ámbitos de competencia de los municipios, como
la regulación de los usos del suelo, la protección de las cuencas hídricas y
la salud de la población”. La argumentación es contundente: “una consulta
popular que trate sobre este tipo de decisiones está claramente dentro del
ámbito de competencias del municipio (…) cuya opinión debe ser adecuadamente
escuchada”.

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