Uruguay/ La contrarrevolución agraria del Frente Amplio [Ernesto Herrera - Mauro Florentín]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de abril 2017

Boletín Informativo

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Uruguay

La contrarrevolución agraria del Frente Amplio

Eran otros tiempos, claro. En su “programa fundacional� de 1971, el Frente Amplio proponía 40 medidas inmediatas para el caso de alcanzar el gobierno, entre ellas: nacionalización de la banca; monopolio estatal del comercio exterior; no pago de la deuda externa; ruptura con el FMI; escala móvil de salarios; reforma urbana. Y, por supuesto, la reforma agraria. Era un programa que podía calificarse de verdaderas “reformas estructurales�.

Por entonces, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), hacía “política con armas�. No integraba el FA y su estrategia se definía en el marco del “foco guerrillero�. En el Programa de gobierno del MLN (1971) se proponía entre otros puntos: la nacionalización de la banca; la socialización de las grandes fábricas para ser administradas por los trabajadores; la reforma urbana con expropiación de los grandes propietarios inmobiliarios. Y la reforma agraria: “con expropiación sin indemnización de los latifundios mayores a 500 hectáreas�. Eran tiempos de las combativas marchas de los trabajadores cañeros de la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas (UTTA), organizados por Raúl Sendic (fundador y principal dirigente del MLN hasta su muerte en 1989), que llegaban desde Bella Unión (en el norteño departamento de Artigas) hacia Montevideo, la capital. Más de 600 kilómetros recorridos a pie por un proletariado rural y pobre, desposeído de todo, que levantaba como seña de clase la bandera de “Tierra para quien la trabaja�.

Aquellas demandas radicales (“ultraizquierdistas� diríamos hoy), son una foto de archivo. El “programa fundacional� se fue vaciando. Con el paso de los años se sumaron otras renuncias. La antigua izquierda ya no discute sobre las “vías de aproximación al poder� (en un sentido revolucionario, anticapitalista), ni propone transformar las relaciones sociales de producción. La democracia ya no es “burguesa� sino el cuadro político-institucional adecuado para dirimir las “contradicciones� que hay en toda sociedad. Las relaciones de fuerzas entre las clases ya no son la medida para definir una estrategia.

Las “reformas estructurales� devinieron así en puro progresismo. Los eufemismos “cultura de gobierno�, “lealtad institucional�, y “país productivo� disfrazaron el reciclaje, en el orden del capital, de tupamaros, estalinistas y socialdemócratas. Es decir, a su investidura como funcionarios del Estado.

Algunos datos ilustran las consecuencias de la “actualización� de aquel “programa fundacional� de la izquierda. Y muestran los resultados de 10 años de gobierno del Frente Amplio. Un estudio (2014) realizado por técnicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, presentado a la FAO, indicaba que: el 2,6% de las explotaciones agrarias poseían un tercio de la tierra (33,6%) y si se toma el 9,2% de esos predios, tenían 61% de la superficie. Más del 80% de los frigoríficos y 70 % de las empresas arroceras estaban en manos de capitales brasileros; 85% de la producción soja (100% transgénica, principal rubro exportador del país), pertenecían a capitales argentinos, estadounidenses, y a “fondos de pensión� europeos. Las dos multinacionales forestales, que fabrican pasta de celulosa, Montes del Plata (unión de Arauco y Stora Enzo, de origen chileno y sueco-finlandés respectivamente), y UPM-Kymmene (ex Botnia, de origen finlandés) era propietarias de 350.000 hectáreas de bosques de eucaliptus. Se beneficiaban de la Ley Forestal y de la Ley de Inversiones para “exonerar� sus impuestos.

Y la fotografía más nítida. En diez años de “era progresista�, desaparecieron 12.241 establecimientos agropecuarios que tenían entre 10 y 100 hectáreas. Vale decir, de aquellos “pequeños productores� y colonos que, supuestamente, se irían a beneficiar de una reforma agraria. Ocurrió exactamente lo contrario. El agro-negocio posicionó su hegemonía para impulsar una “revolución sorprendente� a favor de sus intereses. Tal cual lo describe Rosanna Dellazoppa en su libro “Agro. La revolución sorprendente� (Fin de Siglo, Montevideo, 2014) A la ingeniera agrónoma, asesora de empresas y comunicadora en el área rural, no le caben dudas: “Si bien el Uruguay agropecuario explotó en los últimos veinte años, el crecimiento masivo se percibe en los últimos diez�. Es decir, durante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio.

En efecto, la concentración-extranjerización de la tierra se profundizó. Y debe marcarse: ni como Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010); ni como Presidente de la República (2010-2015), José Mujica intentó siquiera modificar el “modelo agro-exportador�. Lejos, muy lejos, de aquel “Tierra para quien la trabaja� que demandaban los cañeros y que, el MLN, mantuvo hasta el inicio de los años 1990.

El artículo de Mauro Florentín que a continuación reproducimos, ilustra el curso y los resultados de la contrarrevolución agraria. Evidenciando, por si todavía faltaban pruebas, de la falacia progresista. Registrando a los principales beneficiarios del “modelo agro-exportador�; o sea, los patrones de la “matriz productiva� del país.

Mientras tanto, trabajadores rurales del grupo Seu Pedro Bandera Lima de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), instalaron un campamento y mantienen una huelga de hambre frente al Palacio Legislativo. Demandan al Instituto Nacional de Colonización (INC) la adjudicación de un predio para desarrollar un proyecto granjero. “Hace dos meses el grupo ocupó esa tierra porque considera que fue adjudicada de manera ‘poco clara’ e ‘irregular’ y porque hace más de cinco años que esperan ser beneficiarios del INC.� La presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que “la gente que está ocupando plantea que hace muchos años que está esperando la adjudicación de tierras. Nosotros revisamos los antecedentes de registros en los llamados abiertos y en los acuerdos con las organizaciones (las dos maneras que tiene el INC de adjudicar fracciones a colonos) y no hay registros de que los ocupantes se hayan presentado�. Además, la funcionaria informó que “el INC adjudicó, en acuerdo con UTAA, unas 2.000 hectáreas en la zona de Bella Unión cuyos beneficiarios fueron asalariados rurales�. (La Diaria, 4-4-2017).

Viendo los números del artículo que sigue, la negociación con los trabajadores rurales acampados parece un menudeo. En todo caso, de haber alguna concesión por parte del INC, en nada alterará el proceso de acceso a la tierra. Vale decir, que la hegemonía del agro-negocio como factor clave del “país productivo� continuará reinando bajo el gobierno progresista. Y la “distribución de la riqueza� será, como hasta ahora, una consigna de pancarta.

En los años 1980 y 1990, los gobiernos de coalición de colorados y blancos sentaron los principios rectores. Distintas leyes diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas, Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Todas estas leyes fueron votadas en contra por el Frente Amplio, cuando era “oposición antineoliberal�. No obstante, rigen hasta hoy. Ninguna fue derogada�, pese a que el Frente Amplio contó con una mayoría parlamentaria durante 11 años.  Por el contrario. Las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), y las reivindica, con indisimulado énfasis, a la hora de publicitar la “solidez� y el “éxito� de su programa económico. (Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa)

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Esas son las cifras en 10 años de vigencia de la ley que obliga a identificar a los propietarios de los inmuebles rurales en Uruguay

Unas 90 empresas, en su mayoría SA, fueron autorizadas por el gobierno a ser dueñas de casi seis millones de hectáreas

Mauro Florentín

Suplemento Campo

Semanario Búsqueda, 23/29 de marzo de 2017

Prohibir que las sociedades anónimas (SA) sean propietarias de tierras fue uno de los lineamientos del primer gobierno frenteamplista (2005-2010). Con ese objetivo, en 2007, la administración del presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley 18.092 sobre la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.

En una década de vigencia de esa normativa, poco más de 90 empresas que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedades anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales que en total comprenden unas 5,7 millones de hectáreas, según datos oficiales recabados por Campo. Esa extensión equivale a la suma de las tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

El decreto reglamentario de esa norma legal estableció el régimen de excepciones al cumplimiento de la obligatoriedad de identificar a los propietarios de las explotaciones agropecuarias.

Las empresas interesadas en obtener el visto bueno del gobierno debieron seguir un procedimiento que empieza con la presentación de la solicitud correspondiente en la comisión asesora del Poder Ejecutivo, que está integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería y de Economía.

En el caso de las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos al portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las disposiciones precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que desarrollen encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del país, según dispone ese decreto.

La norma indica que la empresa deberá presentar además un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Algunos aspectos que tendrá “especialmente en cuenta� la comisión se refieren a la creación de nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, el fomento de la pequeña empresa familiar y la obtención de productos comercializables a escala internacional, así como que propendan a la erradicación de la pobreza en el campo. Valorará también la incorporación de tecnología, el aumento del valor agregado, el desarrollo de nuevas cadenas productivas y la promoción de la descentralización territorial.

Ese permiso del gobierno fue solicitado por empresas que requerían hacerlo, pero que también lo hacían porque consideraban que favorecía la gestión de otros trámites en organismos públicos y la imagen de las compañías al cumplir con la reglamentación legal, comentaron a Campo fuentes oficiales.

En el listado

Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.

Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.

En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.

Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.

El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment 
Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.

Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.

Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.

El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.

En el listado figuran además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.

RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.

Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.

La excepción y la regla

La ley 18.092 fue promulgada en enero de 2007 y el decreto reglamentario fue publicado en junio de ese año. Dos meses después de entrar en vigencia ese marco legal, en agosto, ejecutivos de Weyerhaeuser alertaron al gobierno sobre la dificultad que generaba esa normativa para que pueda continuar operando en Uruguay.

En una reunión realizada por esos días entre los ministros de Economía, Danilo Astori, de Ganadería, José Mujica, y de Industria, Jorge Lepra, con directivos de esa empresa norteamericana, el Poder Ejecutivo comunicó que sería incluida entre las excepciones a la ley, considerando que cotiza en bolsas de valores de reconocido prestigio, como son las de Nueva York y Canadá.

De acuerdo con esa norma legal, el gobierno podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

La autorización del Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles, dispone.

En 2017 siguen en trámite las solicitudes de empresas, sociedades anónimas y fideicomisos que esperan la autorización del gobierno para ser titulares de inmuebles rurales adquiridos en años recientes.

Es el caso de la firma Fort Blue SA, que pertenece a un fondo de inversión de Alemania que compró campos en Paysandú con una extensión de 3.270 hectáreas a un precio promedio de U$S 7.000 la hectárea, lo que representa unos U$S 23 millones de inversión en los predios de explotación agropecuaria, dijeron a Campo fuentes oficiales. Agregaron que esa empresa germana adquirió esas tierras a la empresa Cereales del Río Negro.

El fideicomiso Tierras Irrigadas de la empresa Bearing Agro, que captó U$S 50 millones mediante una emisión de certificados de participación en 2016, solicitó autorización para ser titular de varios padrones adquiridos en el departamento de Soriano, que suman unas 1.730 hectáreas.

En 2016 la comisión biministerial encargada del análisis de los pedidos de autorización de las empresas para ser titulares de inmuebles rurales dio el visto bueno a las solicitudes de la firma International Cannabis Corporation (Iccorp) y Tersum SA, que se dedicará a la producción de cannabis para varios usos en Uruguay.

Esos permisos comprenden la explotación de un predio cedido por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis a Iccorp en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, y de cuatro fracciones de campo ubicadas en el paraje Piedra del Toro, departamento de Canelones, que pertenecen a Tersum.

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