Paraguay/ Conmoción y crisis política: el luminoso espejo roto [Andrés Colman Gutiérrez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de abril 2017

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Paraguay

Conmoción y crisis política

El luminoso espejo roto

La furia de los ciudadanos que incendiaron el Congreso, en Asunción, y el
brutal asesinato de un joven político por la policía, han frenado hasta
ahora la posibilidad de que Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo
compitan por la reelección. Paraguay se halla fragmentado y en una de sus
peores crisis políticas desde la caída de la dictadura.

Andrés Colman Gutiérrez, desde Asunción

Brecha, 7-4-2017

http://brecha.com.uy/

“¡Señores, es increíble lo que está pasando! ¡Están quemando el Congreso!”,
exclamaba con evidente asombro el reportero Santiago González, con su voz
entrecortada por los efectos del humo y los gases lacrimógenos. Las imágenes
trasmitidas en directo por la televisión mostraban a personas enfurecidas
arrojando piedras, rompiendo vidrios, destruyendo documentos, arrancando
placas de legisladores a quienes consideraban traidores o “senarratas”,
mientras altas lenguas de fuego empezaban a devorar el lujoso edificio del
Poder Legislativo, en el centro histórico de Asunción, ante el llamativo
repliegue de los policías y la muy tardía llegada de los bomberos.

Eran poco más de las 19 horas del viernes 31 de marzo y los “zócalos” de la
mayoría de las pantallas televisivas hablaban de “un nuevo marzo paraguayo”,
evocando la grave crisis política de marzo de 1999, cuando el asesinato del
vicepresidente Luis María Argaña inició una gran revuelta popular que dejó
ocho muertos, más de 700 heridos y la caída del gobierno de Raúl Cubas,
apadrinado por el general Lino Oviedo.

La reciente furia ciudadana contra el Congreso marcó el estallido de otra
crisis, arrastrada desde principios de 2016, cuando dirigentes del
gobernante Partido Colorado habían empezado una abierta campaña a favor de
la reelección del actual presidente, Horacio Cartes, a pesar de que la
Constitución, en su artículo 229, establece que los mandatarios no pueden
ser reelectos “en ningún caso”.

Senado paralelo

La discusión acerca de la posibilidad de modificar la carta magna divide
desde hace más de un año a dos bandos políticos claramente diferenciados,
pero de composición compleja y contradictoria.

En el grupo pro enmienda se unió el sector oficialista del Partido Colorado
(derecha tradicional) con sus adversarios del Frente Guasú, liderado por el
ex presidente Fernando Lugo (izquierda socialista), y un sector disidente
del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (Plra, derecha liberal),
encabezado por el senador Blas Llano.

En el sector anti enmienda convergen la disidencia del Partido Colorado con
el oficialismo del Plra y partidos más pequeños de izquierda (Avanza País) y
de centro (Partido Democrático Progresista e independientes).

Hasta hace pocos días sólo el primero de estos grupos buscaba que el
Congreso aprobara un proyecto de referendo para enmendar la Constitución e
incorporar la reelección presidencial para las elecciones de abril de 2018.
Gran parte de la ciudadanía no se sentía partícipe de la puja, porque en
ambos bandos existen figuras políticas muy resistidas e involucradas en
varios episodios de autoritarismo y corrupción.

“Ésta es principalmente una pelea entre mafias por conservar el poder”,
destacaba el periodista y analista Miguel López. La situación cambió el
martes 28 de marzo, cuando un grupo de 25 senadores pro enmienda realizaron
una maquiavélica maniobra en el Senado –que la mayoría de los analistas
calificaron como un atraco al Congreso–, instalando un “Senado paralelo” (el
senador colorado Julio César Velázquez, vicepresidente segundo, asumió la
presidencia de facto del Senado paralelo, desconociendo la autoridad del
presidente y del otro vice, que estaban en la misma sala) que modificó el
reglamento interno para poder aprobar el proyecto de enmienda.

El episodio generó una creciente indignación ciudadana y movilizó las
simpatías hacia los anti enmienda, como lo demostró una masiva marcha de
protesta por las calles de Asunción en la noche del jueves 30. “No al golpe
parlamentario”, “Evitemos la violación de la Constitución”, eran las
principales consignas. La pelea contra la enmienda había dejado de ser
principalmente política y pasó a ser una lucha ciudadana.

Arde el Congreso

En la tarde del viernes 31 de marzo los 25 senadores de la alianza
Cartes-Lugo-Llano volvieron a reu­nirse en una pretendida “sesión
extraordinaria” del Congreso, excluyendo a los otros 18 senadores opositores
y disidentes, desconociendo la autoridad del presidente, y a velocidad
vertiginosa aprobaron el proyecto de enmienda.

Tras conocerse la maniobra, cientos de ciudadanos acudieron a protestar ante
la sede del Congreso, pero una numerosa dotación de policías les cerró el
paso. Cuando intentaron cruzar la barrera policial, los agentes dispararon
balines de goma a cuerpos y rostros de los manifestantes, destrozando la
mandíbula del diputado liberal Edgar Acosta, hiriendo al presidente del
Plra, Efraín Alegre, y a un custodio que protegía al presidente del Senado,
Robert Acevedo.

La salvaje represión fue observada en directo por televisión, motivando que
más personas acudieran a la plaza. La policía comenzó a replegarse cuando un
grupo de manifestantes atropelló las vallas del Congreso y tras romper las
puertas ingresó al local, provocando serios destrozos y arrojando bombas
molotov. En pocos minutos brotaron llamaradas en toda la primera planta.

“Se incendia el Congreso, parece una obra de arte de alta belleza estética”,
comparó el músico Luis Szarán, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de
Asunción. En medio de la preocupación generalizada, muchas personalidades,
en sus posteos en las redes sociales, consideraron que se estaba cumpliendo
una especie de “justicia poética” contra una clase política caída en el
desprestigio.

Al otro lado de la ciudad, un fastuoso escenario estaba listo para recibir
al presidente Horacio Cartes a inaugurar el flamante mayor viaducto de
Asunción, construido con una inversión de 22 millones de dólares.
“Presidente: No nos abandones, queremos que continúes. El pueblo pide la
reelección”, rezaban los carteles que iban a coronar el lanzamiento de la
campaña por un nuevo mandato. Ante el escándalo generado, Cartes prefirió no
asistir y mandó al vicepresidente, Juan Afara. El impacto propagandístico
del “superviaducto” quedó opacado por el incendio del Congreso y por las
trágicas consecuencias que le siguieron.

Policía de cacería

“¡Han incendiado el Congreso! ¿Cuántos detenidos hay?”, preguntó un asesor
del presidente Cartes al comandante de la Policía nacional, Críspulo Sotelo,
poco antes de la medianoche del viernes, según un informe televisivo.
“Todavía ninguno”, fue la respuesta del jefe policial. La enérgica orden que
sobrevino fue salir a cazar prisioneros.

En una de las noches más negras que se recuerden de los últimos años en
Paraguay, los diversos cuerpos policiales efectuaron una redada
indiscriminada por las calles céntricas, ignorando los derechos cívicos más
elementales.

Además de capturar a muchos manifestantes en los alrededores del Congreso,
procedieron a arrestar a personas que caminaban por las calles o que estaban
cenando en bares céntricos. También varios automovilistas fueron
interceptados por las patrullas policiales, obligados a descender y tumbarse
cuerpo a tierra. Muchos fueron golpeados, esposados y conducidos a las
comisarías. En total, 211 personas resultaron detenidas, muchas sin haber
participado de la manifestación. Varios denunciaron haber sido torturados y
que los agentes policiales les robaron sus pertenencias, especialmente
dinero y teléfonos celulares.

El episodio criminal más grave ocurrió a las 0.22 de la madrugada del sábado
1 en la sede del Plra, uno de los dos partidos más antiguos e importantes de
Paraguay. Más de 30 policías ingresaron al local, sobre la calle Iturbe, sin
portar orden judicial, rompiendo la puerta a golpes y efectuando disparos,
provocando una corrida generalizada de quienes se hallaban dentro,
principalmente jóvenes militantes de la organización política.

Rodrigo Quintana, un dirigente de 26 años de edad, presidente de un comité
político del interior del país, fue alcanzado por un disparo de escopeta con
balines de plomo, munición gruesa, y quedó tendido en el piso. Las
grabaciones de la cámara de vigilancia del local muestran que uno de los
policías, luego identificado como el suboficial Gustavo Florentín, de la
Agrupación de Seguridad, le dispara a Rodrigo y, tras verlo caído, lo pisa y
lo deja agonizante. Los demás ocupantes son detenidos y obligados a tirarse
al suelo; a ninguno se le permite ayudar al compañero herido, hasta que éste
muere, irremediablemente, sin recibir auxilio.

“Nunca, ni en las peores épocas de la dictadura, en el directorio de nuestro
partido fuimos víctimas de una acción tan salvaje y arbitraria, totalmente
fuera de la ley”, aseguró a Brecha el presidente del Plra, Efraín Alegre.

El escándalo del crimen provocó la destitución del ministro del Interior,
Tadeo Rojas, y del comandante policial, Críspulo Sotelo. El gobierno trató
de presentar como único culpable al suboficial Florentín, pero diversas
grabaciones de video demuestran que toda la cúpula policial estuvo
involucrada en el operativo represivo ilegal.

Diálogo imposible

En medio de una creciente indignación ciudadana, tras recibir una
exhortación del papa Francisco y de la embajada de Estados Unidos, el
presidente Horacio Cartes se vio obligado a convocar a una mesa de diálogo
con los titulares de ambas cámaras del Congreso y los presidentes de los
partidos políticos, con la mediación del arzobispo de Asunción, monseñor
Edmundo Valenzuela.

La primera y última reunión se realizó el miércoles 5, tras la cual los
opositores y disidentes comunicaron que no iban a continuar, debido a que
Cartes y sus aliados no estaban dispuestos a echarse atrás con su plan de
aprobar la enmienda y convocar al referendo para decidir la reelección.

La tensión en las calles volvió entonces a cobrar intensidad. Al cierre de
esta edición de Brecha las manifestaciones ciudadanas se suceden en Asunción
y en diversas ciudades del Interior, pero también el Frente Guasú y los
partidarios del gobierno anuncian sus propias movilizaciones para apoyar la
enmienda. Mientras, se espera que la Corte Suprema de Justicia –generalmente
muy servil al gobierno– resuelva sobre una acción de inconstitucionalidad
presentada por los opositores y disidentes pidiendo que declare ilegales las
sesiones del “Senado paralelo”.

Mientras tanto el país sigue profundamente fragmentado. La crisis divide y
enfrenta a amistades de toda una vida, a compañeros y compañeras de causa, a
militantes de izquierda y de derecha, a colegas y parientes. Personas que
han compartido luchas históricas y que arrastran solidarios lazos afectivos
hoy se atacan unas a otras con insultos y amenazas en las redes sociales y
en los grupos de Messenger o WhatsApp, se borran o se bloquean mutuamente en
sus cuentas de Twitter o en sus perfiles de Facebook, según cuál sea la
postura que asumen con respecto a la enmienda.

“Violadores de la Constitución”, “ratas de la oligarquía”, “asesinos”,
“narcoterroristas”, “cómplices de Cartes y Lugo”, “sicarios mediáticos”, son
algunos de los epítetos que se intercambian desde uno y otro bando, en una
pelea que no sólo provoca rupturas afectivas o ideológicas, sino que levanta
muros de intolerancia cada vez más altos, cerrando las posibilidades a la
reflexión o el diálogo.

“Paraguay es como un gran espejo muy luminoso, que se ha roto en muchos
fragmentos”, había escrito, poco antes de morir, el gran novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos.

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