Venezuela/ Propuesta política para afrontar la crisis: ni a las marchas del PSUV, ni a las de la MUD [Marea Socialista]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Dom Abr 16 10:12:18 UYT 2017


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Correspondencia de Prensa

16 de abril 2017

Boletín Informativo

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Venezuela

Editorial #20

¿Por qué no vamos a las marchas del PSUV ni a las de la MUD?

Nuestra propuesta para afrontar la crisis política

Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista

Aporrea, 14-4-2017

https://www.aporrea.org/

La velocidad con que se están desarrollando los hechos obliga a la
reflexión. La ruptura del hilo constitucional y el recule parcial del TSJ,
abrieron una nueva coyuntura política que puso al gobierno a la defensiva.
La clara postura de la Fiscal General, ayudó a detener parcialmente la
deriva totalitaria hacia la que, con las sentencias cuestionadas, pretendía
avanzar la cúpula del PSUV. Esto último y el impacto del rechazo
internacional a estas sentencias injustificables, hasta por los presidentes
amigos del gobierno, oxigenó a la maltrecha cúpula de MUD. Pero alertamos
frente a la confusión y desconcierto que generan estos hechos: no estamos
presenciando sólo una disputa entre cúpulas, que lo es. De lo que se trata
es que la nueva coyuntura, caracterizada por una descomunal entrega de
soberanía a capitales locales y extranjeros, también abrió las puertas a una
represada acción popular.

Mientras el gobierno de Maduro intenta avanza con una Contrarrevolución
Económica  sustentada en los llamados 15 Motores, que desde el Motor Minero
hasta el Forestal, le abre las puertas a capitales financieros y
corporaciones trasnacionales bajo el régimen de la Ley de Regionalización de
Zonas Económicas Especiales, los componentes esenciales de la nueva
coyuntura, desde nuestro punto de vista, son:

a) crisis en la cúpula del chavismo oficial y comienzo de visibilización de
sus fracturas internas.

b) respuesta crecientemente represiva y autoritaria del gobierno por su
propia debilidad.

c) Perdida del miedo de un amplio sector de la población, no sólo los de
oposición tradicional, muchos otros que son parte de una importante franja
que rechaza a ambas cúpulas y otros de amplios sectores populares que hasta
hace poco podrían considerarse como base social del chavismo oficial, como
pudo apreciarse en San Félix.  Porque como señalábamos en nuestro Editorial
#19 la coyuntura abre paso también a la lucha política y social.

d) Intento de las cúpulas de re-polarizar para controlar desde arriba el
repudio popular que se expresa en las calles por lo intolerable de la vida
cotidiana, no solo en las movilizaciones sino en las colas y en todos los
espacios públicos.

e) lo más peligroso en esta fase: la creciente violencia de aparatos de un
lado y del otro, funcional a los objetivos de ambas cúpulas.

Rechazamos la represión estatal y la violencia de aparatos

En la disputa política de las cúpulas, por el control estatal en el reparto
de la renta petrolera, ha empezado a aparecer una creciente violencia que
tiende a aumentar exponencialmente. Por un lado la represión estatal
desproporcionada e inconstitucional que rechazamos. Pero a esta represión se
han sumado grupos mercenarios, malintencionadamente llamados “colectivos”. Y
orientados por sectores de la otra cúpula, grupos claramente fascistoides
que aprovechan las manifestaciones, convocadas por la MUD para desplegar
actos individuales de características foquistas[1], ambos son grupos
pequeños en número pero bien preparados, financiados y pertrechados.

El peligro en esta primera fase de la actual coyuntura radica justamente en
el crecimiento en espiral de esta violencia de aparatos, que de hecho da
argumentos “justificativos” para un despliegue mayor de la represión del
Estado.  Si no se detiene esta violencia que es caldo de cultivo de
desbordes imponderables, se podría abrir una situación que superará toda
posibilidad de solución democrática a la crisis, abriendo paso a una salida
totalitaria y antipopular con la excusa típica de todas las dictaduras:
reinstaurar el orden.

Por eso llamamos a que todos los ciudadanos, los sectores populares, al
tiempo que defienden sus derechos, rechacemos de manera contundente a los
grupos que generan esta violencia de aparatos. Los que supuestamente
responden a la dirección política de la MUD deben ser aislados y controlados
en esas marchas por los mismos manifestantes, porque no expresan ni la
voluntad ni la posibilidad de que se cumplan los objetivos proclamados de
sus manifestaciones. Y por otra parte exigimos al Estado, que debería ser el
garante del ejercicio de los derechos de todos, que deje de alentar a los
que actúan de su lado. Este llamado es  en especial a la Fuerza Armada, no
se puede tolerar que grupos de civiles armados actúen contra movilizaciones
desarmadas desde los cuarteles, como reconoció un jefe de la GNB, explicando
que, “esos motorizados salían del cuartel porque iban a limpiar las
barricadas”.

De la misma manera que todos debemos rechazar la inaceptable injerencia
extranjera, debemos velar por el respeto a los derechos comunes, debemos
rechazar la represión del Estado; también debemos proceder al aislamiento de
los grupos “parapoliciales” o fascistoides, que con su despliegue de
violencia y amedrentamiento representan otra forma de impedir el ejercicio
de los derechos del pueblo.

Ni la MUD ni el gobierno buscan una salida constitucional ni favorable al
pueblo, por eso no acompañamos sus movilizaciones

Estos aparatos violentos son funcionales a la política de ambas cúpulas. En
primer lugar porque con su violencia buscan quitarle protagonismo a la
amplia mayoría que, en las calles, busca ejercer sus derechos vulnerados por
el Estado, y en segundo término porque le dan justificación mediática, pero
justificación al fin, a la represión estatal y dejan sólo en manos de las
cúpulas actuales la vía de salida a la crisis.

Los hechos del último año demuestran con contundencia que ninguna de esas
cúpulas tiene vocación democrática. El PSUV en el gobierno en vez de revisar
y rectificar su política de entrega y miseria, impidió todo tipo de
manifestación electoral que lo llevaría a tener que dejar el poder. Así
violó principios constitucionales tanto en lo político como en lo económico
y social y fue desmontando paso a paso la institucionalidad de la República
Bolivariana de Venezuela. Postergó sin plazo las elecciones regionales, y
suspendió el revocatorio que había cumplido todos los requisitos legales.
Estas violaciones las realizó de la mano del CNE y el TSJ, volviendo sal y
agua instituciones respetadas y ejerciendo el poder como un gobierno de
facto.

La MUD por su parte aceptó la postergación electoral de las regionales, no
enfrentó como debería la suspensión del referendo que propició tarde y mal,
para luego utilizar instancias internacionales para promover la injerencia
extranjera en vez de presionar para una solución democrática verdadera. Y la
fresa del postre fue la aceptación en silencio de la antidemocrática y
anticonstitucional renovación de los partidos, un “adefesio de 1965”, que
deja por fuera a una gran parte de las expresiones políticas del país,
excepto a la MUD y al PSUV, y hasta excluye a las del GPP. Y se dedicó a
nombrar sus candidatos presidenciales, mientras el gobierno aplicaba el plan
económico más entreguista de la historia. A cambio de todo esto esperaba
obtener paso a paso el control del Estado para manejar ellos el reparto de
la renta petrolera, y la administración de los nuevos proyectos de
características neoliberales y extractivistas que diseñó el gobierno en el
Consejo de la Economía Productiva de la mano de las corporaciones
internacionales, y de los  Vollmer y los Cisneros.

El intento totalitario montado por el gobierno con las sentencias del TSJ y
su recule, abrieron esta coyuntura donde la cúpula de MUD busca
reposicionarse para mejor negociar la transición inevitable. Mientras que el
gobierno, hoy a la defensiva busca a punta de represión volver a manejar la
carta de las elecciones regionales para ganar un tiempo que se le agota
rápidamente. Ambos están buscando el punto de negociación. La ruta verdadera
que están evaluando es la que les aconseja el consultor de ambas cúpulas,
Luis Vicente León en el artículo ¿Habrá una elección?[2]: Luego de señalar
que es irrelevante lo que quiera o desea el pueblo, señala:

(…) el secreto del éxito no proviene sólo de elevar el costo de la represión
sin modificar el costo de salida. Esa es la base de la propuesta radical,
que busca la calle para cortar la cabeza del gobierno. El mejor resultado de
esa combinación es una guerra, que aún ganando, dejará al país en una
situación completamente inestable. Se trata de elevar el costo del bloqueo
electoral, para usar esa fuerza como poder de negociación frente al gobierno
para re-institucionalizar el país, combinado con una reducción de costos de
salida, que abra la compuerta para una elección justa y transparente y un
cambio pacífico a futuro.(…)

Esta es la verdad de lo que busca la MUD una negociación que no amenace la
libertad y los bienes obtenidos por la cúpula del PSUV  y que le permita
“re-institucionalizar” el país, por fuera de la Constitución y “a futuro”
obtener una elección.

Por estas razones es que no participamos ni de las movilizaciones del PSUV
ni de la MUD. Porque detrás del discurso, como pudo constatarse todo el año
el pasado, está la voluntad de alcanzar un acuerdo contrario al pueblo
donde: Es irrelevante si la mayoría de la población lo desea y lo vota o si
ellos (el gobierno) se lo merecen.[3]

No vamos a esas acciones y llamamos a no participar de ellas porque lo que
allí se prepara es una nueva frustración para nuestro pueblo. Mientras tanto
convocamos a luchar por nuestros derechos y nuestro nivel de vida de manera
autónoma en confrontación con las cúpulas que hoy copan el escenario y que
pretenden manipular a la mayoría de la población

Al contrario de esas cúpulas, llamamos a aplicar esa energía en la lucha
social y económica para detener el terrible deterioro del nivel de vida del
pueblo que vive de su trabajo y la decadencia del país.

La solución a la crisis debe ser democrática y sin limitaciones ni
exclusiones

La solución debe ser democrática, es lo que reclama la mayoría de nuestro
pueblo. Pero no se trata de descomprimir la calle con una elección más.
Incluso el cronograma electoral de las regionales o las propias
presidenciales está viciado de nulidad y plagado de desconfianzas.

Cuándo se puso en marcha el mecanismo del revocatorio, con todas sus
limitaciones el Consejo Nacional Electoral (CNE), era una institución
respetada hasta por la MUD. Su proceder hasta entonces había sido
incuestionable y convalidado por varias comisiones internacionales. Hoy,
luego de la suspensión del revocatorio acatando una orden de tribunales
inferiores y de carácter penal y no electoral; luego la suspensión
arbitraria de las regionales, además de otras elecciones profesionales.
Luego proscribir partidos como Marea Socialista y otros y exigir una
relegitimación de los que participaron en las elecciones de 2015, que
significa la inhabilitación de los más pequeños. El CNE ha perdido toda
legitimidad y confianza ciudadana. Ni que hablar del TSJ.

¿Y entonces? ¿Hay tiempo y posibilidad de una salida democrática? Sí y sólo
si, si se restablece el hilo constitucional de manera clara, transparente y
con mecanismos excepcionales.

En primer lugar, activando el suspendido Referendo Revocatorio, pero este no
puede estar bajo la supervisión de un CNE ilegitimo. Por eso es necesaria la
conformación de una comisión Ad Hoc que con el apoyo de los técnicos del CNE
garantice la realización transparente de ese proceso electoral. Esa comisión
debe contar con el más amplio consenso ciudadano, llevada a consulta a todos
los sectores políticos y sociales del país, incluso de los partidos
proscritos o recientemente ilegalizados, los organismos de derechos humanos
del signo que sean, e instancias internacionales no oficiales.

Ningún proceso electoral del que sólo participen el PSUV y la MUD será
legítimo ni resolverá la crisis política actual.

En segundo término la habilitación inmediata de manera excepcional de todos
los partidos políticos que así lo pidan.

En tercer lugar la suspensión inmediata de todos los contratos nacionales e
internacionales que comprometen el futuro del país como el Arco Minero del
Orinoco, los de la Faja Petrolífera y otros, y de los nuevos endeudamientos,
que están siendo gestionados ilegal e ilegítimamente por el ejecutivo, hasta
la normalización política del país. La suspensión de los pagos de la deuda
externa para dedicar esos recursos a la emergencia alimentaria y de
medicamentos; y la puesta en marcha de una auditoria pública y ciudadana
para determinar  legitimidad de la Deuda y el Desfalco a la Nación y a
establecer quiénes fueron los responsables, recuperar lo desfalcado y
castigar a los desfalcadores.

En función de este programa mínimo es que llamamos a todos aquellos que
estén de acuerdo en estos puntos a comenzar a organizar acciones e
iniciativas comunes para enfrentar la estafa que preparan las cúpulas y
luchar por una salida verdaderamente democrática a la crisis.

Notas

[1] No estamos hablando de los grupos que enfrentan la brutal represión del
Estado con lo que tienen a mano, esos están ejerciendo su derecho a la
legítima defensa. Hablamos de los grupos comandos que incendian y destrozan
instituciones, Liceos, Centros de Salud, Mercales u otros mercados populares
y bienes públicos, etcétera.

[2] http://prodavinci.com/blogs/habra-una-eleccion-por-luis-vicente-leon/
<http://prodavinci.com/blogs/habra-una-eleccion-por-luis-vicente-leon/>

[3] Idem anterior.

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