Brasil/ La República Federal de Odebrecht [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de abril 2017

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Brasil

Casi un centenar de políticos investigados por corrupción

La República Federal de Odebrecht

La “delación del fin del mundo” de los ex ejecutivos de la constructora que
puso en marcha un gigantesco sistema de corrupción implicó a políticos de la
gran mayoría de los partidos, deslegitimó por completo al sistema político
brasileño y abre la vía a la despolitización.

Agnese Marra, desde San Pablo

Brecha, 21-4-2017

http://brecha.com.uy/

No se salva nadie. Ni el gobierno, ni la oposición, ni gobernadores, y mucho
menos los ex presidentes de la República. Según las declaraciones (de las
famosas “delaciones premiadas”) de 76 ex ejecutivos de la constructora
Odebrecht, políticos de una treintena de partidos habrían sucumbido a las
mordidas y sobornos de la empresa brasileña. No sólo eso, también habrían
accedido a sus peticiones y gobernado en función de sus intereses
comerciales.

No es que la noticia cayera de sorpresa, en los últimos meses se rumoreaban
algunos nombres, pero nadie esperaba que el juez del Tribunal Supremo Edson
Fachin llegara a abrir investigaciones y convertir formalmente en reos a
casi un centenar de políticos. Entre ellos una buena parte de la élite de
Brasilia: ocho ministros del gobierno de Michel Temer, 24 senadores y 39
diputados federales que por tener foro privilegiado serán investigados por
el Tribunal Supremo.

Los tres gobernadores imputados, el ministro del Tribunal de Cuentas de la
Unión y otros 23 políticos, entre ellos los ex presidentes Fernando Henrique
Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, serán investigados en instancias
menores. Diferente es el caso del actual mandatario, que a pesar de ser
nombrado dos veces en las delaciones de los empresarios, acusado de pedir 40
millones de reales para su partido (Pmdb), no está entre los reos de Fachin,
ya que la Constitución ofrece inmunidad al presidente ante crímenes no
cometidos durante su mandato.

Modus operandi

Las declaraciones de los ejecutivos (cuyas grabaciones en gran parte fueron
publicadas la semana pasada) indican que los contratos sobrefacturados y las
donaciones millonarias para las campañas políticas a través de la “Caja 2”
(dinero no declarado), era el modus operandi habitual para desviar dinero a
los políticos a cambio de licitaciones de obra pública.

El ex presidente de la constructora, Emilio Odebrecht, aseguró que estas
prácticas se llevaban a cabo desde hacía más de 30 años. No obstante, el ex
ejecutivo Hilberto Mascarenhas reconoció que entre 2006 y 2014 el
conglomerado “profesionalizó” el esquema de sobornos con un departamento
específico que se encargaba de los desvíos a políticos y partidos. Durante
esos años la empresa “donó” 3.300 millones de dólares y sus ingresos
aumentaron en un 300 por ciento.

Fue precisamente en 2014, el año en el que facturaba por una suma récord de
46.200 millones de dólares, que una investigación de la Policía Federal de
Curitiba descubrió una operación de financiamiento ilegal de unas estaciones
de servicio llamadas Lava Jato. Nadie imaginó que el hilo del dinero
llevaría al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil: una red
de sobornos y desvíos millonarios –que alcanzan los 2.300 millones de
dólares– desde la petrolera estatal Petrobras hacia el bolsillo de los
políticos.

El huevo o la gallina

Si algo ha dejado claro la Operación Lava Jato es que Odebrecht no se
hubiera convertido en la mayor constructora de América Latina sin la ayuda
del poder público. El historiador Pedro Henrique Pedreira Campos en su
trabajo “La dictadura de las constructoras” recuerda cómo la simbiosis entre
el poder público y el privado se remonta al período de dictadura militar.

Fue en esa época cuando la pequeña empresa de Norberto Odebrecht –el abuelo
del clan–, que se había instalado en Salvador de Bahía en 1944, dejaba de
ser un emprendimiento familiar de descendientes de alemanes para convertirse
en una de las constructoras más importantes del país. Con el general Ernesto
Geisel (presidente entre 1974-1979) como aliado, Norberto consiguió que su
empresa fuera una de las principales socias de Petrobras. El dictador
después la apoyaría para construir el aeropuerto internacional de Rio de
Janeiro, la sede de la estatal petrolera y la primera central nuclear de
Brasil.

Se dice que Odebrecht más que negocios hacía política, pero se trata de ese
dilema del huevo o la gallina. “Una de las mayores habilidades de esta
empresa ha sido llevarse bien con los políticos. Todo el mundo sabía que era
la favorita de los gobiernos de turno”, contó a Brecha un ex ejecutivo de la
empresa que pidió el anonimato.

Largos tentáculos

Las declaraciones de los 76 delatores lo confirman. Todos mencionan desvíos
ilegales a políticos de 26 de los 35 partidos inscritos en la Justicia
Electoral. Cuantas más sillas en el Congreso, más dinero recibían los
partidos. Su representación en el Legislativo ubica al Partido de los
Trabajadores (PT) en la primera posición de la lista de receptores de
donaciones ilegales, lo sigue el partido del actual presidente (Pmdb), y el
tercer puesto lo ocupa la oposición comandada por Aécio Neves (Psdb),
imputado cinco veces por recibir un 3 por ciento de la obra millonaria de
una hidroeléctrica. Terminan el top cinco, dos partidos bisagra ex aliados
del PT y actuales socios de Temer: el PP y el Psd.

Para asegurar contratos de obras públicas, los tentáculos de Odebrecht se
extendieron hacia gobernadores y diputados estatales de al menos cinco
regiones. La macro inversión en infraestructura para los Juegos Olímpicos de
Rio de Janeiro hicieron de este estado uno de los más beneficiados por los
sobornos. Un año después sufre la peor crisis económica y humanitaria desde
la redemocratización del país.

Legislativo paralelo

Pero una de las revelaciones que más llamaron la atención en Brasil esta
semana fue el papel casi legislativo que la constructora jugaba dentro del
Congreso. Según el diario Valor Económico, Odebrecht llegó a “comprar” el
voto de diputados para que aprobaran 13 medidas provisionales que
beneficiaban a la empresa, tales como la reducción de impuestos o la
posibilidad de atrasar pagos sin ser multados.

La constructora también tuvo un papel clave en momentos políticos
históricos, como en la elaboración de la “Carta al pueblo brasileño”, que
Lula publicó tras haber sido elegido presidente por primera vez para calmar
los miedos de los mercados financieros ante un gobierno del PT. “Esa carta
es un buen ejemplo del tipo de apoyo que dábamos al ex presidente Lula, y
cómo le pedíamos a cambio que adoptara políticas que ayudaran a la
economía”, confesó Emilio Odebrecht.

La sociedad civil también fue aliada de la constructora. Así lo aseguró su
ex presidente cuando señaló “la importancia” de sus relaciones con las
fuerzas sindicales, especialmente con la Central Única de Trabajadores (Cut)
–brazo derecho del PT–, a la que le pedían que evitara manifestaciones;
también con líderes indígenas de las regiones donde llevarían a cabo grandes
obras, a quienes le solicitaban “no dar problemas”.

Indignados

A casi diez días de la publicación de las declaraciones, la reacción de la
clase política ha sido idéntica: negarlo todo, indignarse o, en algunos
casos, guardar silencio. Uno de los primeros en responder fue el presidente
Temer, quien reconoció que hubo reuniones en su casa con directivos de la
constructora, pero dijo que “jamás había pedido dinero ilícito”.

El ex presidente Lula repitió que “vivía una persecución”; dijo que “las
declaraciones de Marcelo (el presidente de la constructora hasta 2014, preso
desde hace dos años) son tan irreales”, que no iba “ni a reír ni a llorar” y
pidió que “prueben lo que dicen”. El senador Aécio Neves se mostró
“indignado ante tanta mentira”, mientras que el ex presidente Fernando
Henrique Cardoso evitó hablar sobre las acusaciones de financiamiento ilegal
de su campaña electoral.

Tal y como dijo Lula, ahora falta probar las acusaciones. Muchas de ellas
serán difíciles de demostrar y podrían dar lugar a una situación de “tu
palabra contra la mía”. De todos modos podría llevar años resolver los
casos, especialmente para aquellos políticos que tienen estatus privilegiado
y que serían juzgados por el Supremo, un órgano mucho más lento que el de la
justicia ordinaria.

¿Un gran acuerdo?

El único eslabón estatal que no ha sido citado en las delaciones son los
jueces. Sin embargo, para muchos el órgano judicial deberá caer en algún
momento: “Es imposible que no haya togas implicadas en esto, se necesitan
jueces para sacar adelante muchas licitaciones de obras y para silenciar
asuntos inconvenientes”, comentó la periodista política Malu Gaspar, en la
revista Piauí.

Las delaciones han desacreditado completamente a la clase política brasileña
y la falta de legitimidad del sistema político le ha abierto el camino a los
candidatos de la antipolítica. El neofascista Jair Bolsonaro y el empresario
conservador y actual alcalde de San Pablo, João Doria, se postulan como
posibles “candidatos del pueblo” para las elecciones de 2018. Mientras,
Marina Silva y su partido Rede quieren poner en primera línea a
representantes de la Policía Federal y abogados del Ministerio Público que
trabajan en la Operación Lava Jato, hoy convertidos en los nuevos salvadores
del país gracias a los medios.

Esta semana Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer y Lula da Silva se
reunieron en lo que muchos medios llamaron “acordão” (gran acuerdo), para
presuntamente unirse ante una candidatura que defienda la vieja política y a
su vez limpie su imagen. Tienen apenas un año y medio para recuperar una
legitimidad hecha pedazos.

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