Venezuela/ La constituyente en sus perspectivas [Tomas Straka]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de agosto 2017

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Venezuela

La constituyente en sus perspectivas

Tomas Straka *

Brecha, 4-8-2017

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A 72 horas de las elecciones de la asamblea nacional constituyente,
Venezuela está en una tensa calma. No puede decirse que la vida ha vuelto a
su normalidad, pero contrasta con los más de cien días de protestas que la
precedieron, incluyendo el de los comicios, que ha sido el más sangriento de
todos, con 16 muertos.

Como las cosas cambian de hora en hora, es imposible saber si este panorama
cambiará para cuando estas líneas lleguen a sus lectores, más allá de que
hay motivos para suponerlo. Aunque la oposición parece abrumada por los
hechos y uno de sus principales partidos ha manifestado su voluntad de ir a
los comicios regionales de diciembre, viendo las cosas en una perspectiva
más amplia, es difícil pensar que esta calma no es la del ojo de un huracán.

Veamos: está por reunirse una asamblea nacional constituyente que no ha sido
reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Reino Unido,
Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Chile y Suiza; hay
un presidente considerado dictador por Estados Unidos y sometido a sanciones
que pueden tener un importante impacto en la economía; pende la amenaza de
otras medidas, que en el caso más extremo incluirían a la industria
petrolera; la oposición que es mayoritaria no ha podido romper el bloque de
poder, al menos no lo suficiente como para obligar a una transición, cosa
que puede favorecer el surgimiento de otros liderazgos; hay un chavismo
disidente que puede crecer, sobre todo ahora que sectores que participaron
en la constituyente se han unido a las denuncias de fraude; las protestas
sociales que han ocurrido de forma autónoma a los partidos de oposición no
tienen motivos para detenerse; y una economía en bancarrota, que de
aplicarse más sanciones se pondría peor. Pocas sumas podrían ser más
inflamables que la del descontento social, más la crisis de legitimidad, más
la condena internacional. La suma de todos estos factores es potencialmente
explosiva. Detengámonos en tres que pueden resultar clave.

La protesta social

Primero, hay que entender que el gran telón de fondo de todos estos
acontecimientos es una crisis económica y social muy profunda.
Estructuralmente, ya suma unas tres décadas, pero en lo coyuntural se ha
agudizado por la combinación de la caída de los precios del petróleo y los
resultados desastrosos del Primer Plan Socialista de la Nación, aplicado a
partir de 2007. Esto impulsó una conflictividad social ascendente que poco a
poco se fue politizando y radicalizando. La gente que protestaba reclamando
que el gobierno le resolviera problemas puntuales comenzó a protestar contra
el gobierno, a hacerlo de forma cada vez más violenta y a ver en la
oposición una alternativa. Si algo caracterizó los cien días de
movilizaciones que hemos vivido desde marzo fue que sectores populares y
usualmente chavistas se unieron de diversas formas, aunque muchas veces con
una agenda propia y hasta distinta a la de la dirigencia opositora. Han sido
objeto de una represión particularmente severa, pero eso no ha logrado
acallarlos y no hay ningún pronóstico en la economía que puede hacer pensar
que sus grandes problemas se resolverán en lo inmediato. Venezuela tiene la
inflación más alta del mundo, un desabastecimiento del 80 al 90 por ciento
en muchos rubros, especialmente la medicina; vive una dolarización de facto
en los precios del mercado negro y un hambre creciente: si en 2015 era un
escándalo que un tercio de los venezolanos comiera sólo dos veces al día,
hoy es común ver ejércitos de personas escarbando en la basura por las
calles.

No es de extrañar, entonces, que la oposición haya arrasado en las
elecciones legislativas de 2015. Con la Asamblea Nacional en sus manos,
emprendió el camino para convocar, de acuerdo a la Constitución, un
referéndum para revocar el mandato de Maduro. La propuesta tuvo rápidamente
un 70 por ciento de respaldo, según los sondeos. La respuesta del gobierno
fue anular en la práctica a la Asamblea con constantes sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia, que sistemáticamente alegaba la
inconstitucionalidad de todo cuanto hacía. Después, cuando la oposición
logró sortear todos los obstáculos para obtener las firmas necesarias para
solicitar el referéndum revocatorio, otras sentencias, esta vez de
tribunales de provincia, suspendieron el proceso. La indignación produjo una
ola de protestas que, sin embargo, fueron detenidas para darle opción a un
diálogo mediado por el Vaticano que no logró ningún resultado. Entre tanto,
el Consejo Nacional Electoral (Cne) postergaba infinitamente la convocatoria
a las elecciones regionales y municipales.

Pérdida de la legitimidad

En marzo de este año otra sentencia del Tribunal Supremo disolvía en la
práctica la Asamblea Nacional, asumiendo las funciones legislativas. El
escándalo que produjo internacionalmente, así como la denuncia de
inconstitucionalidad por parte de la fiscal general de la República, Luisa
Ortega Díaz, hasta entonces una de las grandes adalides judiciales del
chavismo, hicieron que Maduro reculara, pero también prendieron la chispa de
un ciclo de protestas inédito hasta ahora en la historia venezolana. Marchas
multitudinarias convocadas por la oposición, disturbios de todo tipo, que a
veces incluyeron quema de casas del Partido Socialista Unido de Venezuela y
entidades gubernamentales, y derribo de estatuas de Chávez; saqueos y
decenas de muertos, llevaron a que Maduro optara por la solución de convocar
una asamblea constituyente. No obstante, fue convocada sin atenerse a lo
estipulado por la ley y sin respetar los principios de individualidad y
universalidad del voto: cada circunscripción eligió un representante, sin
distingo de la población; como a eso se le unió otra elección “sectorial”,
había electores que podían votar dos o tres veces, por su circunscripción y
por sus “sectores”. Era evidente que quería evitarse que los municipios más
poblados, generalmente opositores, se impusieran.

Naturalmente esto sólo elevó la conflictividad. Detener la constituyente se
convirtió en la gran bandera. Según los sondeos, sólo había una intención de
voto del 13 por ciento, mientras el rechazo ascendía al 70 por ciento. El 16
de julio la oposición logró el prodigio de que siete millones y medio de
personas salieran a la calle para firmar contra la propuesta. Después
convocó a dos paros exitosos, al tiempo que la comunidad internacional pedía
su suspensión y que in extremis se intentó retomar el diálogo. Pero Maduro
siguió adelante. Se hicieron los comicios en medio de un día sangriento de
protestas y del llamado a la abstención por parte de la oposición. Esa noche
se anunció que 8 millones de personas habían ido a votar, es decir, no sólo
más de las que habían firmado el 16 de julio… sino tantas como las que
votaron por Chávez en la elección en la que recibió más respaldo. Es una
cifra que pocos creen. Las mejores estimaciones calculaban unos cinco
millones (y otras tan sólo dos millones y medio). Smartmatic, la empresa
encargada de las máquinas de votación, declaró tres días después que
efectivamente hubo manipulación.

Condena internacional

La sospecha del fraude terminó de decidir a muchos países a desconocer los
resultados. El impacto de esto dependerá del tipo de sanciones que se
establezca, cosa en la que Estados Unidos jugará un papel clave.
Inicialmente, se les han aplicado a algunos altos funcionarios del régimen y
a Maduro. Como van de congelar sus bienes en Estados Unidos a prohibir hacer
negocios con ellos, parece que la idea es cercarlos internacionalmente. Es
probable, por ejemplo, que la declaración de Smartmatic tenga que ver con
eso. Pero también pueden aplicarse medidas a la industria petrolera, aunque
ello acarrea el riesgo de hacer aún más penosa la vida de los venezolanos y,
sobre todo, de que suba el precio del combustible en Estados Unidos.

En cualquier caso, Donald Trump tiene un buen margen de acción. Una decisión
de Chávez que tuvo justo el efecto contrario al esperado lo ayudó a esto.
Como Venezuela cada vez le vendía menos petróleo a Estados Unidos para
diversificar su mercado, actualmente a Trump le resultaría más fácil
sustituir los 700 mil barriles que recibe de Venezuela por lo que puedan
venderle otros proveedores. Por el contrario, Venezuela necesita cada vez
más de Estados Unidos, porque los otros mercados son países que pagan a
crédito, o con servicios y especies (Petrocaribe), o China, que ya pagó por
adelantado en un fondo en el que no queda dinero, por lo que el petróleo que
se le envía está hipotecado. El flujo de caja, entonces, lo produce el
odiado imperio del Norte. Además, no es fácil colocar esos 700 mil barriles
de crudo pesado en otros mercados, por lo menos no a buenos precios.
Queriendo ser más independientes de Estados Unidos nos hicimos más
dependientes que nunca.

Este es el contexto venezolano a 72 horas de la constituyente. Como se ve,
comienza una travesía que se vislumbra larga y, lamentablemente, llena de
turbulencias.

*  Historiador venezolano, investigador del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

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