Venezuela/ La asamblea constituyente madurista [Edgardo Lander]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de agosto 2017

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Venezuela

La asamblea constituyente madurista

Edgardo Lander *

Brecha, 4-8-2017

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El fallecimiento de Chávez en el año 2013 y el colapso de los precios del
petróleo que ocurrió poco después significaron el derrumbe de dos pilares
fundamentales del proceso bolivariano, y es a partir de entonces que éste
entra en una profunda crisis. La crisis estructural del agotamiento del
patrón petrolero rentista que venía dándose desde comienzos de la década del
80, y que parecía haberse superado en la primera década de este siglo,
reaparece con renovado vigor.

Maduro, careciendo de la capacidad de liderazgo de Chávez, gana las
elecciones presidenciales del año 2013 con una diferencia de menos de 2 por
ciento de los votos. En 2015 la oposición gana por muy amplia mayoría las
elecciones parlamentarias, obteniendo dos terceras partes de los escaños,
mayoría calificada con la cual podía nombrar a los integrantes del Tribunal
Supremo de Justicia (Tsj) y del Consejo Nacional Electoral (Cne). El
gobierno de Maduro rápidamente reconoce que ha perdido la mayoría del apoyo
popular e igualmente que no puede preservarse en el poder si se somete a los
límites que le impone la Constitución.

Comienzan así a tomarse una serie de decisiones que en forma consistente van
apartando al gobierno de la Constitución bolivariana: se cancela el
referéndum revocatorio que había sido celebrado como una de las conquistas
más importantes de la democracia participativa; se posponen las elecciones
de gobernadores que obligatoriamente tenían que realizarse en diciembre de
2016; se nombra en forma inconstitucional a los integrantes del Tsj y el
Cne, y finalmente, desconociendo por primera vez los resultados de una
elección popular, a través del Tsj el gobierno declara que la Asamblea
Nacional (el parlamento) está en desacato y reparte sus atribuciones
constitucionales entre el Ejecutivo y el propio Tsj. Desde febrero del año
2016 el presidente Maduro ha venido gobernando con base en poderes
autoatribuidos de estado de emergencia, sin contar para ello con el aval
constitucionalmente requerido de la Asamblea Nacional y por un período muy
superior al máximo permitido por la Constitución.

En estas condiciones se produce de abril a julio una fuerte ofensiva contra
el gobierno por parte de la oposición. Ésta combina la realización de
masivas movilizaciones pacíficas en las principales ciudades del país,
actividades violentas, destrucción de instalaciones públicas de educación,
salud y transporte, e incluso actos terroristas y la operación de grupos
paramilitares que cuentan con apoyo externo. El gobierno responde con una
indiscriminada represión complementada a su vez por colectivos civiles
armados que atacan violentamente a las movilizaciones opositoras. El
resultado es una escalada de violencia que ha producido más de 120 muertos,
centenares de heridos y detenidos, muchos de ellos pasados directamente a
tribunales militares.

Es éste el contexto en el cual el presidente Maduro anuncia el 1 de mayo la
convocatoria a una asamblea nacional constituyente (Anc). Una Anc se asocia
a un acto democrático, al inicio de un proceso participativo en el cual los
más amplios y diversos sectores de la sociedad podrán deliberar, negociar y
acordar criterios y normas básicas sobre las formas de avanzar en la
dirección del modelo de sociedad al cual se aspira. Este fue, efectivamente,
el caso de la constituyente convocada mediante un referéndum nacional en los
primeros meses del gobierno de Chávez, en el año 1999. Esta rica experiencia
nada tiene en común con la convocatoria hecha por el presidente Maduro.

Si bien la Constitución no es totalmente explícita al respecto, sí establece
una diferencia clara entre “tomar la iniciativa” de la convocatoria (que lo
puede hacer el presidente), y “convocar”, que es una atribución exclusiva
del pueblo soberano (artículo 347). Esto implica que se debería haber
realizado un referéndum consultivo sobre si se convocaba o no, tal como
ocurrió en el año 1999. Obviamente esto no se hizo porque el gobierno no
contaba con el apoyo electoral requerido para ganar esa consulta. Igualmente
problemático fue el diseño de las bases comiciales, absolutamente arbitrario
y no democrático que buscaba convertir a la actual minoría de apoyo al
gobierno en mayoría aplastante en la Anc.

Se alteraron las formas en se habían realizado las elecciones anteriores, se
creó un doble régimen de representación: territorial y sectorial. En el
régimen territorial se le dio una extraordinaria sobrerrepresentación a los
municipios rurales, menos poblados, sobre los municipios urbanos que
concentran mayor población y donde es mayor el rechazo al gobierno. Se violó
en forma expresa e intencional el principio constitucional de la
representación proporcional.

Fue igualmente problemático el diseño de la participación sectorial. En las
bases comiciales se definió que se elegirían constituyentes sectoriales en
representación de cada uno de siete sectores de la población. Se dejó fuera
del derecho al voto sectorial aproximadamente a cinco millones de
ciudadanos, creándose una diferencia entre ciudadanos de primera con derecho
a votar dos veces, y unos ciudadanos de segunda que sólo tenían derecho a un
voto.

De acuerdo a la Constitución, el voto no es obligatorio. Sin embargo
portavoces del gobierno, comenzando por el presidente, amenazaron con las
graves consecuencias que tendría para los ciudadanos su no participación. Se
utilizaron las listas de los empleados públicos y trabajadores de las
empresas del Estado y de los beneficiarios de los programas sociales para
advertirles que perderían sus empleos y beneficios si no votaban. Una vez
pasadas las elecciones se multiplican las denuncias de la aplicación
efectiva de estas sanciones.

Para estas elecciones el Cne desmontó los principales mecanismos de control
que habían convertido al sistema electoral venezolano en un modelo de
transparencia y confiabilidad. No se llevaron a cabo varias de las
auditorías exigidas por las normas electorales. No se utilizó tinta
indeleble destinada a garantizar que cada votante sólo pudiese votar una
vez. Se eliminó de hecho el papel de los cuadernos electorales. Estos
cuadernos eran auditados con la participación de representantes de los
diferentes grupos políticos para confirmar su exactitud. Cuando el Cne
decidió, a última hora, que los votantes podían hacerlo en cualquier centro
electoral de su municipio, y luego incluso fuera de su municipio,
desapareció este vital instrumento de control y transparencia del proceso
electoral.

Como consecuencia de la forma inconstitucional en que se convocó a la Anc y
los plazos perentorios establecidos para el registro de los y las
candidatas, sólo participaron como candidatos, votantes y testigos los
partidarios del gobierno. Esto convirtió a las elecciones del 30 de julio
prácticamente en unas elecciones internas del Psuv sin testigos externos.

Se les prohibió a los medios de comunicación la cobertura del proceso
electoral al impedir a los periodistas acercarse a menos de 500 metros de
los centros de votación. Esto convirtió a estas elecciones en un proceso que
lo es todo menos público.

El presidente de Smartmatic, empresa que suministró la base tecnológica de
todos los procesos electorales totalmente automatizados realizados desde el
año 2004, declaró que no podía garantizar la veracidad de los resultados
presentados por el Cne porque éstos habían sido manipulados y se había
inflado en por lo menos un millón el número total de votantes.

No existe razón alguna para tener confianza en los resultados anunciados por
el Cne. Éste anunció la participación de 8.089.320 votantes, cifra, por
decir lo menos, altamente sospechosa. No tiene relación alguna con lo que
indicaban, sin excepción, todos los principales estudios de opinión que se
habían realizado en el país antes de las elecciones, que proyectaban niveles
de participación muy inferiores, ni con los exit polls.

Estos resultados han producido un severo malestar entre sectores de base del
chavismo y algunos de sus aliados en el Polo Patriótico. Ha quedado claro
que las postulaciones fueron diseñadas de tal manera de asegurar que el
nuevo poder constituyente fuese una fiel expresión del poder constituido,
garantizando la elección de todos los altos dirigentes del Psuv y de todos
los ministros y gobernadores que renunciaron a sus cargos para postularse a
estas elecciones.

Los severos problemas que hoy enfrenta el país no son de orden
jurídico-normativo. No es mediante modificaciones constitucionales que se va
a resolver la severa crisis humanitaria en los ámbitos de la alimentación y
la salud, la profunda recesión y deterioro del aparato productivo o la
existencia de una deuda externa que no hay como pagar. Menos aun puede
esperarse que una constituyente que, en el mejor de los casos, no contó con
el respaldo de 58,47 por ciento del padrón electoral, pueda servir como
instrumento de diálogo y de paz.

Se ha producido en estas elecciones un desmantelamiento del régimen
electoral que con tanto esfuerzo se había logrado montar desde el año 2004.
En un país tan polarizado, con tanta violencia, este desmantelamiento no es
poca cosa. Nos deja sin un pilar fundamental de las posibilidades de la
convivencia democrática. Ya no contamos con un árbitro confiable. Ya no se
trata de si se realizarán o no elecciones, igualmente hay que interrogarse
sobre el para qué de procesos electorales si el supuesto árbitro neutral,
pública y notoriamente, ha dejado de serlo. ¿Qué ocurrirá en el país si esto
conduce al cierre total de toda opción electoral? ¿Significará que se
instalará la violencia, el terrorismo paramilitar y la represión estatal
como la forma de procesar nuestras inevitables diferencias?

A partir de hoy, viernes 4, cuando al parecer se instale la nueva asamblea
constituyente, el país entra en un período de mayor incertidumbre. Los
portavoces del gobierno han anunciado que se trata de una asamblea
plenipotenciaria y supraconstitucional que podrá, por ejemplo, intervenir
directamente a la Fiscalía General de la República y remplazar el parlamento
nacional actual, cuya vigencia está prevista hasta enero del año 2021.
Independientemente de si en el futuro se consulta o no a la población sobre
la nueva Constitución que elabore este cuerpo, a partir de este momento el
gobierno pasa a desconocer, por la vía de los hechos, la Constitución del
año 1999.

*  Sociólogo venezolano, integra la Plataforma Ciudadana en Defensa de la
Constitución en Venezuela, y fue uno de los principales organizadores del
Foro Social Mundial de 2006 en Caracas.

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