Uruguay/ Marihuana: veto financiero bloquea venta en las farmacias [Salvador Neves/Betania Núñez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de agosto 2017

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Uruguay

Imposiciones de Estados Unidos ponen en peligro la ley de regulación del
Cannabis

Mal viaje

Quince días después de un comienzo largamente anunciado, la venta de
marihuana en farmacias comenzó a desbarrancarse a partir del veto impuesto
por el sector financiero. El riesgo de que así sucediese, analizado hace
alrededor de un año por el directorio del Banco República, no fue
explicitado por las autoridades ni determinó acciones que lo conjurasen. 

Salvador Neves/Betania Núñez

Brecha, 24-8-2017

http://brecha.com.uy/

Entre los farmacéuticos del Interior circula la hipótesis de que algún
colega poderoso a nivel nacional compra a muy buen precio más medicamentos
de los que necesita para atender a su clientela y los vuelca a los canales
de distribución que surten al comercio minorista. “Hay distribuidoras que
conforme te descargan unos litros de aceite, unos quilos de yerba o de
harina, te bajan los analgésicos. Así que no es que tengamos cinco farmacias
en el pueblo, tenemos quinientas contando los almacenes, supermercados y
quioscos. Día que pasa es día que vendemos menos. Entonces la decisión de
plegarnos a la venta de marihuana fue fundamentalmente comercial. Si a vos
vienen y te dicen ‘mirá que vamos a vender cannabis y habrá que cumplir toda
una cantidad de requisitos para participar’, vos pensás ‘bueno, acá no voy a
tener competencia’”, explicó a Brecha Miguel Taberne, representante de la
Asociación de Farmacias del Interior.

Pero esta vez no fueron los competidores locales los que amenazaron el
negocio. El sistema financiero uruguayo anunció que cerrará las cuentas
bancarias de las farmacias que venden marihuana legal, y Taberne bajó el
lunes de Trinidad a la capital para participar de una conferencia de prensa
convocada junto al Sindicato Médico del Uruguay, Proderechos, Aebu, el
Pit-Cnt y tres ex presidentes de la Junta Nacional de Drogas para presentar
una iniciativa ciudadana ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Los convocantes demandan que la entidad establezca que la actitud atenta
contra derechos y libertades constitucionales, “viola la seguridad y los
derechos de más de 20 mil ciudadanos y ciudadanas que, acatando la ley, se
han registrado”, y por tales razones emita una recomendación para que el
Poder Ejecutivo encuentre una solución al bloqueo financiero.

El bloqueo ya hizo desistir a una de las cuatro farmacias montevideanas
involucradas en el mecanismo de distribución, seguramente desestimule a las
20 que habían manifestado su intención de sumarse y vuelve improbable que en
el Interior se arriesgue a hacerlo alguien más que los actuales 12
apóstoles. Para atreverse a vender “hierba” fuera de la capital “tenés que
tener un carácter muy especial. No hay lugar donde vayas que no se saque el
tema este. Sea un cumpleaños, un partido de fútbol, sea que te sientes en la
plaza, el asunto es si vendiste o no vendiste. Y ahora está la broma de:
‘Che, te cerraron el banco’”, refirió Taberne.

Hasta la noche del lunes ninguna botica del Interior había tenido problemas
con los bancos. “Ahora me llegó el whatsapp de una farmacia de Artigas a la
que el Bandes intimó a cerrar su cuenta”, informaría Taberne al semanario a
la tarde siguiente. “De donde menos esperás el palo es de donde lo recibís”,
barruntaba.

Hace sólo un mes el mundo parecía otro mundo. El mismo periodista que tres
años atrás había anunciado en Brecha la aprobación de la ley que reguló el
mercado del cáñamo, el 18 de julio pasado informaba en el New York Times que
al día siguiente comenzaría finalmente la venta al público. “El porro de la
farmacia pega”, notició ese viernes este semanario. Sumando las tres vías de
acceso que quedaban habilitadas (autocultivo, clubes y farmacias), contando
sólo los 5 mil usuarios que se habían registrado a esa altura, se le estaba
arrebatando al narco el 38 por ciento del mercado (medido en toneladas) o el
42 (haciéndolo en cantidad de clientes). Esta ley “será el golpe de gracia a
este mercado del narco”, declaraba para esa nota Julio Calzada, ex
presidente de la Junta Nacional de Drogas.

Quince días después se supo que había caído la primera cuenta. La cerró el
banco Santander. Ese 3 de agosto El Observador informó también que el Itaú
ya venía cortando lazos con productores, clubes y farmacias. Fuentes del
semanario confirmaron que el principio del episodio estuvo en una
advertencia que el Scotiabank, corresponsal del Santander en Estados Unidos,
había hecho al banco español. Como la marihuana sigue siendo una sustancia
prohibida para la ley federal estadounidense, el Scotia no podía mantener la
corresponsalía con el Santander mientras siguiese alojando cuentas
vinculadas a la sustancia.

En los días siguientes se divulgó que el Banco Central estaba intentando
convencer a las autoridades financieras de Estados Unidos de que hicieran
una excepción con Uruguay, pero a esa altura el Bank of América ya había
comunicado a su corresponsal uruguayo, el Banco República, lo mismo que el
Scotia al Santander. La conclusión a la que llegaban los representantes de
la Asociación de Farmacias que se reunieron el jueves 17 con el presidente
del Central, Mario Bergara, fue que la suerte de su existencia financiera
dependía de que el gobierno estadounidense cambiara sus leyes. “La
institución no mantendrá relaciones comerciales con las farmacias
autorizadas a vender marihuana”, había declarado en la misma jornada el
presidente del Brou.

La amenaza era seria, sin duda. Que el sistema financiero uruguayo fuera
considerado tóxico por su par estadounidense no sólo bloquearía sus
relaciones con ese mercado sino con los de todo este mundo, pues no hay
ninguno en él que quiera privarse de mantener relaciones con Wall Street.
Ninguno de los estados de la Unión que han venido legalizando la sustancia
tenían para ofrecer otra cosa que la incertidumbre compartida acerca de cómo
terminarán tratando a la marihuana legal las autoridades financieras
estadounidenses. Hezekiah Allen, que tiene una pequeña plantación de
marihuana medicinal al norte de California, entierra su dinero “a 15 pasos
del roble”, y una encuesta reciente de la Asociación de Productores de
Cannabis de ese estado encontró que la tercera parte de sus miembros no
tiene cuenta bancaria y que el cuarto restante ha soportado que se las
cierren al menos dos veces a lo largo de su carrera, aseguraba este 18 de
febrero una nota del The San Diego Union Tribune (véase recuadro “En la cuna
del lío”).

Pero pronto empezó a saberse que las autoridades conocían desde bastante
antes el riesgo existente. El experto en lavado de activos Ricardo Sabella
lo había señalado desde fines de 2013. Una nota de El Observador de
noviembre de 2016 trasuntaba que el gobierno estaba discurriendo acerca del
punto. Brecha pudo saber que en torno a esas fechas el asunto estuvo “sobre
la mesa” del directorio del Banco República. Su inclusión en el orden del
día lo motivó un informe de asesoría presentado al organismo,
presumiblemente originado en inquietudes de la gerencia de la sucursal del
banco en Nueva York, que ya sentía el peligro. Pero además el Brou ya había
cerrado antes otras cuentas bancarias vinculadas al cannabis. “El tema viene
desde hace unos seis meses y ha afectado incluso a empresas que realizan
investigación científica, un uso que está reconocido por las convenciones
internacionales. Hay una persecución indiscriminada”, aseguró Sebastián
Sabini, diputado del Mpp.

Las reacciones

“Acá está lleno de pechos fríos”, es la versión apretada de la evaluación
que Milton Romani hizo para Brecha de lo sucedido. “Aceptemos que es un tema
difícil. Por ahí no estaba previsto en todas sus dimensiones, pero lo que no
podés prever, lo que no podés admitir, es que los bancos no cumplan la ley”,
alegó. “¿Cómo hacía el Uruguay soberano para cumplir sus compromisos
comerciales con Irán o con Cuba cuando estos países sufrían restricciones?
En los peores momentos les seguimos mandando arroz. No sé, por lo menos salí
a jugar, salí a trancar, tomá una iniciativa”, reclamó el ex secretario de
la Junta de Drogas, quien cree que alcanzan los motivos para confiar en las
posibilidades de esta tesitura: “Tenemos excelentes negociadores en
Washington, y Uruguay tiene un enorme prestigio por los mecanismos de
control de lavado que se desarrollaron para combatir el imperio de las Safi
que era este país. ¡Que no me venga ahora el banco Santander, que tuvo que
pagar multas en Argentina y en Brasil por lavar dinero, a cerrarme la cuenta
de la farmacia Pitágoras! Si hay algún país que tiene un modelo que asegura
la trazabilidad de la marihuana es Uruguay”, afirmó. Romani acepta que “la
rigidez mental ante el tema de las drogas” determina niveles de resistencia
inconcebibles, pero duda de que ésta pueda sostenerse ante el hecho de que
California, séptima economía del mundo, ya legalizó, y de que Canadá lo hará
a partir del 1 de julio de 2018. “Quiero saber hasta cuándo los
corresponsales seguirán sin ver que el flujo de dinero de la marihuana legal
tiene menos riesgos y muchos más atractivos que lavar dinero del
narcotráfico”, aseguró, y, visto este contexto, apuntó que aunque no sabe
“si las autoridades financieras están haciendo o no lo suficiente”, el hecho
es que “no se nota”.

“Si no pueden encontrar una solución que se vayan y que venga gente capaz de
encontrar una salida”, le recriminó el senador José Mujica al Ejecutivo, y
volvió a aparecer en todos los titulares nacionales y a ser noticia en el
mundo. Luego de amenazar con trancar la aprobación de leyes a consideración
del Senado –“Si esto queda trancado, queda trancado el Parlamento”–, el
presidente Tabaré Vázquez no tuvo más remedio que darle “toda la razón del
mundo” por su defensa de la ley, “de la misma manera que la defiende este
gobierno”.

Pero más allá de las declaraciones públicas, desde el propio oficialismo se
pone en duda la voluntad política del Ejecutivo para hacer cumplir la ley.
La pregunta que se hacen los legisladores es cómo (“¡Cómo!”) a menos de un
mes de comenzar la venta, luego de dos años de negociaciones entre el
gobierno y las farmacias, el Brou tomó una decisión que podría generar
similares efectos a la derogación de la ley.

En esos términos se expresó Sabini: “Se está derogando indirectamente la
ley” y hay que generar “voluntad política para solucionar este problema, en
el que se juega la viabilidad del proyecto”. Repasando los antecedentes,
Sabini consideró que “la instrumentación de la venta en farmacias ha sido
muy lenta, y muy lento se ha ido con el cannabis medicinal y el desarrollo
del conocimiento científico. Ha habido una falta de audacia para avanzar en
algo que es innovador y que está dando buenos resultados”. Si el problema
actual se tratara de defectos en la ley, el diputado adelantó que “se harían
los cambios que hagan falta, pero hasta ahora lo único que hay es una
decisión (del Brou) por un planteo que viene desde Estados Unidos, y lo que
tenemos que hacer valer son las leyes de Uruguay”.

Porque comparten ese análisis, los legisladores de la 609 solicitaron que se
convoque a las autoridades del Brou, del Banco Central y de la Junta
Nacional de Drogas a la bancada del Frente Amplio, ya que son funcionarios
que ocupan cargos políticos de confianza y hasta el momento no han rendido
cuentas a su fuerza política.

“El Brou es una institución dirigida por cargos políticos de confianza” y
las autoridades “están puestas por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo
tomaron una decisión que no tiene el respaldo político del Frente Amplio?
¿Quién la tomó, en función de qué? Pido transparencia”, dijo la senadora
Constanza Moreira. El tema “se ha manejado horrible. Esto nunca estuvo sobre
la mesa, que no me vengan a decir que lo habían advertido (como dijo el
presidente del Banco Central, Mario Bergara). No, no, no: jamás estuvo
presente que se iban a tomar medidas restrictivas”, aseguró, y se preguntó
cómo es posible que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori,
sostenga que no estaba al tanto de esta situación: “Los bancos dependen de
él, y el Poder Ejecutivo tiene que tener una sola voz en esto, no puede ser
que la Junta Nacional de Drogas diseñe esta política y el Ministerio de
Economía no la respalde. El banco público tiene que tomar las políticas que
nosotros decidimos, no está para aplicar las políticas de Estados Unidos. Si
nosotros no podemos domar a nuestros propios bancos, ¿entonces qué?”.

La senadora recordó que en este momento se cuestiona la obligatoriedad de la
inclusión financiera, ley que afectará duramente a las farmacias si se
quedan sin cuentas bancarias, “y vamos a defenderla sólo si sirve al
proyecto nacional. Tienen que cambiar la decisión, no encontrar una solución
parche. Y si no, no van a encontrar respaldo en el sistema político para
defender la inclusión financiera, así de simple. Si la banca no responde a
los propósitos políticos, ¿a qué responde? Yo estoy indignada”.

Con “parche” Moreira se refiere a las alternativas que está explorando el
Ejecutivo para lograr que el dinero que las farmacias recauden por la venta
de cannabis no ingrese al sistema financiero (véase recuadro).

Pero por ahora ni siquiera se arriesga cuánto tiempo demorará el Ejecutivo
en encontrar esa salida que exigió Mujica y ahora también demandan las
organizaciones y los legisladores. Ante las preguntas de Brecha, las
autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, la Junta
Nacional de Drogas y el Banco Central se negaron a dar “una línea de tiempo
precisa” y a hacer cualquier tipo de declaración. En este sentido, para el
diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila “faltó previsión” y “debemos
buscarle una solución rápida para no convertir una conquista en una derrota.
A esta altura no es sólo una necesidad para la aplicación de la ley, sino
también una cuestión de soberanía”. Mientras tanto, la temprana crisis que
enfrenta la venta de marihuana va envolviendo en otra, esta vez política, al
propio partido de gobierno

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La actitud de Estados Unidos frente al negocio interno

En la cuna del lío

Jorge Bañales

Brecha, 24-8-2017

En Estados Unidos el comercio de marihuana, ya sea con fines medicinales o
recreativos, está legalizado en 29 estados y en el distrito de Columbia bajo
leyes estatales, pero sigue siendo ilegal para las leyes federales. Y, al
igual que en los casos de la producción, comercio y consumo de drogas
ilegales y la prostitución (ilegal en todos los estados excepto Nevada),
quienes participan en el negocio se enfrentan a la paradoja de que deben
pagar impuestos pero no tienen acceso fácil al sistema bancario.

El negocio hace circular unos 6.700 millones de dólares al año y se calcula
que para 2021 el giro rondará los 21.000 millones. Un informe de New
Frontier Data señala que la industria de la marihuana creará un cuarto de
millón de empleos para 2020, que es más de lo que la Oficina de Estadísticas
Laborales de Estados Unidos espera de las industrias manufactureras,
empresas de servicios públicos o gobiernos estaduales y municipales en todo
el país. Se calcula que la industria crecerá a una tasa anual del 17 por
ciento.

Se espera que el estado de California colecte anualmente 1.000 millones de
dólares en impuestos sobre la venta de cannabis una vez que se abran los
dispensarios de marihuana recreacional en 2018.

Pero, en virtud de las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos
(Irs), y dadas las dificultades para abrir cuentas bancarias, quienes
participan en el negocio legal de la marihuana deben pagar sus tributos,
según la sección 280E del Código Impositivo Federal, en efectivo. Y en las
oficinas del Irs los empleados tienen que contar ese dinero.

Tal ha sido el volumen de contribuciones que el Irs tuvo que incrementar la
vigilancia armada y su capacidad para contar billetes en las oficinas de
Seattle (Washington) y Denver (Colorado). En este último estado el tributo
marihuanero superó los 670 millones de dólares.

La carencia de servicios bancarios crea dificultades enormes en las
operaciones cotidianas de los comerciantes de marihuana, que en muchos casos
deben contratar los servicios de transportes blindados, con guardias
armados, para efectuar sus negocios y pagar impuestos.

En abril el representante demócrata Ed Perlmutter, de Colorado, presentó un
proyecto de ley que permitiría que los bancos den servicios a los negocios
relacionados con la marihuana sin temor a sufrir penalidades por parte del
gobierno federal.

Los riesgos de vincularse con este negocio son mucho mayores para los
grandes bancos de Estados Unidos, como el Bank of America o Citicorp, y han
sido hasta ahora los bancos menores y las cooperativas de ahorro y crédito
los que han provisto algunos servicios.

Otra opción que se estudia en varios estados es el establecimiento de bancos
públicos. En Estados Unidos hay uno solo, el Bank of North Dakota, creado en
1919 para atender las necesidades de los agricultores y otros residentes con
dificultades para operar en bancos comerciales. Sus transacciones están
respaldadas por el estado, en lugar de la Corporación Federal de Seguros de
Depósito, lo que significa que no están sujetas a regulaciones federales.

En California, el Banco de Oakland y la ciudad de Los Ángeles consideran la
posibilidad de crear bancos administrados por la municipalidad.

El gobierno de Barack Obama adoptó una política de “mirar para el costado”,
enfocando la acción policial en la producción, tráfico y venta ilegales de
marihuana, pero ha habido indicios de que el gobierno del presidente Donald
Trump, por medio del secretario de Justicia, Jeff Sessions, podría aplicar
estrictamente las leyes federales.

El ex gobernador de Minnesota Jesse Ventura advirtió que si Trump va contra
las leyes estatales sobre el cannabis “arruinará, si no empuja a la
bancarrota, a los estados que han legalizado la marihuana. Esto iría no sólo
contra la gente que votó para legalizar la marihuana, sino que causaría otro
colapso económico”.

El “estratega político” conservador Roger Stone, que al igual que Ventura es
un aliado de Trump, anunció en junio que formaría “una coalición de
republicanos y demócratas, progresistas y libertarios, liberales y
conservadores para recordarle al presidente que mantenga sus promesas de
campaña, cuando tomó una posición clara y directa sobre este asunto”.

Durante la campaña en 2016 Trump dijo que la legalización de la marihuana
debería ser objeto de leyes estatales, pero desde que asumió la presidencia
se ha mostrado ambiguo sobre el asunto.

La legalización, y la necesidad de regulaciones bancarias que normalicen el
negocio, son a esta altura asuntos que han pasado a segundo plano en el caos
que es la presidencia de Trump.

Ello no quita que el presidente, quien cada semana encuentra un lío nuevo
para mantener distraída la atención pública mientras avanza lenta y
metódicamente la investigación sobre la injerencia de Rusia en las
elecciones de 2016, decida pescar del remolino la controversia sobre la
marihuana.

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Alternativas en danza

Más allá del hermetismo del Ejecutivo, las opciones que se manejan para
esquivar al sistema financiero internacional van en la línea de apelar a las
cooperativas de intermediación financiera, o que el Estado monte una
estructura para administrar directamente el dinero que surja de la
compra-venta de cannabis.

Esta última estrategia fue aportada por el consultor en prevención y gestión
de riesgo de lavado de dinero Ricardo Sabella: la estructura involucraría a
una o más instituciones del Estado e implicaría que los usuarios compraran
el cannabis en las farmacias a través de cupones o dinero electrónico. Esos
pagos, que quedarían dentro de la órbita de instituciones públicas y no de
los bancos, se utilizaría para que las farmacias salden sus impuestos (con
la Dgi, el Bps y/o las intendencias), además de cubrir sus gastos en
servicios públicos (como Ose, Ute y Antel).

En la misma línea, el senador oficialista Rafael Michelini propuso que los
compradores paguen el cannabis en redes de cobranza, de las que obtendrían
un “papel” que entregarían a las farmacias. Esos cupones serían utilizados
por las farmacias para abonar el cannabis que reciben de los productores, y
con el sobrante deducirían impuestos, por ejemplo de la Dgi.

Si bien esta segunda opción sería más simple, porque el Estado no debería
montar una estructura que administrara el dinero, Sabella sostiene que
cualquier camino que implique abonar el cannabis en una red de cobranza no
soluciona el problema, porque tanto Abitab como Red Pagos depositan el
dinero en cuentas bancarias.

“Hay muchas metodologías que se podrían diseñar para implementarlo, el tema
es a cuántas instituciones del Estado se quiere involucrar, qué tan
centralizado o descentralizado sería el modelo, lo que implica tener
conversaciones con esas instituciones. Además implica toda una estructura de
controles para mantener ese dinero lo más separado posible del sistema
financiero. Hay que ver también si a las farmacias les convence, porque tal
vez preferirían manejar ese dinero en efectivo, lo que sería otra
posibilidad”, explicó Sabella.

Aun así, los corresponsales de los bancos podrían plantear reparos. En ese
sentido, Sabella dijo que su solución debe ser conversada con los
corresponsales, “porque aunque el dinero lo administre el Estado, si toca
una caja de seguridad, un cofre fort, siempre hay algún tipo de vínculo con
el sistema financiero”. Por su parte, Michelini sostuvo que “el problema va
más allá de lo financiero. Los bancos no quieren tener nada que ver con
cuentas de empresas que comercializan marihuana, aunque el dinero de la
venta de cannabis no pase por los bancos. El Ejecutivo está muy, muy
limitado por las cuestiones internacionales. Ese es el problema que
tenemos”.

Como advirtió el secretario general de Aebu (sindicato de empleados
bancarios) Fernando Gambera, en la conferencia de prensa del lunes,
“normalmente cuando la cosa es de un débil ante un fuerte lo que tenés que
tratar de tener es un paraguas”. Por eso el sindicalista cree que “mientras
se producen los cambios de largo plazo Uruguay debe abrir una negociación
que desde el comienzo le dé cobertura a los bancos para operar con cualquier
farmacia”, según replicó a quienes insistían sobre si se podía hacer algo
sin viajar a Washington.

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