Uruguay/ Aquellos piratas: las radios comunitarias, de perseguidas a olvidadas [Venancio Acosta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de agosto 2017

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Uruguay

La radios comunitarias, de perseguidas a olvidadas

Aquellos piratas

Subvertidoras del orden y potenciadoras de la voz de las organizaciones
barriales, obreras y estudiantiles. Acusadas por los medios comerciales y
reprimidas por el Estado durante décadas. Las radios comunitarias nacieron
con el fin de la dictadura y tuvieron su apogeo en los primeros años de este
siglo, cuando la crisis arreciaba. Su entrada en la legalidad en 2008, la
desmovilización social, la aparición de nuevas tecnologías no las dejaron
ilesas. Después de tanta persecución, la indiferencia estatal parece marcar
la época.

Venancio Acosta

Brecha, 24-8-2017

http://brecha.com.uy

Al mediodía del sábado 3 de agosto de 2002 la Policía entró a saco en una
vivienda del barrio Colón, en cuyos fondos anidaban quienes, para Guillermo
Stirling –entonces ministro del Interior del gobierno de Jorge Batlle–,
habían sido el alma mater de la ola de saqueos que azotaba a los comercios
de la zona. Luego de tumbar la puerta secuestraron computadoras, discos
compactos y equipos de trasmisión. De inmediato, la Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicación (Ursec) clausuró aquella frecuencia bautizada El
Quijote FM, desde la que un grupo de jóvenes emitían clandestinamente las 24
horas del día, con equipos precarios, ganas de sobra, una audiencia barrial
pocas veces registrada y la crisis económica pisándoles los talones.

Este mes se cumplieron 15 años del allanamiento de El Quijote. Antes y
después de aquella fecha, muchas radios comunitarias padecieron el escarnio
del Estado que –acuciado por las gremiales de radiodifusión comercial– se
encargó durante décadas de voltear antenas, incautar trasmisores y barrer
las frecuencias del éter. Luego de aprobada la ley de radiodifusión
comunitaria en el año 2008 sobrevino la regularización, mediante la cual
casi todas las frecuencias marginales encontraron un espacio legal en el
dial. Sin embargo, el proceso iniciado en aquellos años encuentra hoy al
movimiento de radios comunitarias en un escenario distinto, donde la
desmovilización social, la transformación de las plataformas mediáticas y la
indiferencia estatal parecen ser las marcas de época.

Comienzo

“Personas y organizaciones” cuya voluntad democrática planteaba “muchas
dudas”, anarquistas que instruían acerca de la fabricación de explosivos e
instigaban a los saqueos de supermercados,(1) agentes “mal llamados
comunitarios” que contribuían “a generar un riesgo de inestabilidad” y
amenazaban la “paz social” (2) eran algunas de las ideas sobre las
comunitarias en el momento más álgido de su actividad: el principio de los
años dos mil.

Habían nacido, no obstante, a influjo de los movimientos alternativos de
fines de los ochenta. Con los antecedentes de algunos grupos políticos, se
instalaron en los subterráneos de la escena cultural posdictadura. Casas
ocupadas, sótanos olvidados, centros culturales o simples dormitorios de
adolescentes inquietos sirvieron para acomodar trasmisores artesanales,
reproductores de casetes y antenas de fabricación casera. Regados con un
espíritu punki a usanza de la época, los radialistas se mancomunaban también
en torno al movimiento antirrazias, a las huelgas obreras y estudiantiles, y
solían ser militantes de diversas organizaciones barriales, políticas o
culturales de base, a menudo ubicadas en las periferias urbanas.

“Voy a legalizarlas aunque los dueños de los medios me cuelguen de los
pulgares”, había espetado, sin embargo, el entonces presidente Jorge Batlle
cuando despuntaba su mandato.(3) Es que a fines de los noventa los
impulsores de las radios “libres”, o “piratas” –como también eran llamadas–
fueron incluso candidatos a pasar una temporada tras las rejas, pues en el
año 1998 se llegaron a presentar proyectos de ley para castigar la emisión
radial clandestina con pena de prisión.

Existían, por su parte, dos gremiales que agrupaban a los radialistas: la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias-Uruguay (Amarc) y
Ecos-Coordinadora de Radios Comunitarias de Uruguay; ambas participaron
activamente en las discusiones que derivarían, más tarde, en la aprobación
de la ley de regularización, durante el primer gobierno del Frente Amplio.
Desde entonces, según los datos oficiales, hay registro de cerca de 150
radios comunitarias habilitadas. Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta
cuántas de ellas continúan emitiendo regularmente. Al margen de ello,
algunos viejos referentes del movimiento consultados por Brecha descreen que
exista actualmente un número análogo de proyectos de radiodifusión
comunitaria que se asimile a aquella efervescencia que los caracterizó
décadas atrás.

Tensión

“Había dos gremiales de radios, que al final terminaron siendo como los
radicales y los moderados, como todo en este país”, cuenta Nicolás Scarón,
ex integrante de El Quijote FM, de Ecos, y actual referente de Radioactiva,
una FM del barrio Peñarol. “Amarc en su momento estaba liderada por la
Federación Anarquista Uruguaya, o sea, no eran tan moderados. Y Ecos era un
conglomerado de gente más independiente que terminamos siendo los que
después estuvimos en contra de la ley, en tanto Amarc –ya en una nueva
etapa– la apoyó.” Sobre este proceso recuerda: “Nosotros leíamos la ley y no
había nada para decir. Era perfecta. Lo que cuestionábamos era filosófico. Y
en política es muy difícil discutir de filosofía. Decíamos: ‘La legalización
del Estado va a traer aparejada que no tengamos más razón de ser y nos van a
dominar desde el punto de vista administrativo y de la burocracia’. Eran
cosas que no se entendían. La ley termina siendo literalmente perfecta,
aunque para nosotros políticamente nefasta. Entonces nuestro planteo perdió,
e incluso dentro de Ecos ganó una postura pragmática. Y ese fue el comienzo
de la muerte del movimiento de las radios comunitarias como tal”.

Según Scarón, varios fenómenos paralelos contribuyen a explicar esta
realidad. Por un lado, asimilar el trance burocrático de convertirse en una
frecuencia legal les costó a las radios un esfuerzo valioso. “Los trámites
llevaron el 80 por ciento de las horas que tenían para hacer radio. La
personería jurídica, el trámite, el papelito, las coordenadas del Ministerio
de Defensa. Hubo un desgaste importante.” También menciona el fenómeno de
las redes sociales: “Nosotros en 2002 teníamos una audiencia que nunca más
logramos. Teníamos cien personas comunicándose por día, en el barrio todos
sabían quiénes éramos. La Voz FM, de Lezica, la conocían en todo Montevideo.
¿Dónde quedó eso? No sé. En las radios comunitarias no está más”.

Actualmente Ecos dejó de existir como organización, en tanto Amarc sigue
congregando a algunos pocos radialistas. Respecto a las radios como
movimiento, Scarón opina: “Lo que tenían las radios comunitarias era un
trabajo para adentro, de aglomerar jóvenes en algo que en ese momento era
clandestino, ilícito, contestatario. Y en ese sentido la ley también hace
que se desdibuje. Y pasó a ser ‘el club de los que hacen radio’, como el
club de bochas. Quedan solamente aquellos que son muy apasionados por el
medio; en un momento además en que el medio está siendo cuestionado por toda
la producción audiovisual. Todo eso se va sumando para que este movimiento
envejezca y desaparezca. Yo tengo 42 años, y andamos todos más o menos ahí”.

Riesgo

En febrero de 1995 un grupo de amigos levantó una antena en algún lugar del
barrio Belvedere. Con una potencia de tres vatios, un doble casetero y un
trasmisor diminuto llegaban hasta el Prado, Los Bulevares, Paso Molino e
incluso al Cerro. “Nos vinculábamos principalmente por lo musical, por la
distribución de revistas alternativas, fanzines. Y también concurríamos a
espacios libertarios. Quisimos quebrar un poco con la hegemonía que había en
el dial e irrumpimos con música que no se pasaba. Al principio salíamos
desde el cuarto de uno de los compañeros. Después al año ya hicimos como un
estudio en el frente de la casa. Era una especie de ranchito de chapa todo
aislado. Y mejoramos un poco la calidad de los equipos, para que se
escuchara bien”, dice Fernando González, fundador de Alternativa FM, que hoy
sigue trasmitiendo, pero desde Nuevo París, con uno de los estilos más
fieles a aquel germinal movimiento de los noventa. Pese a todo, en 2008,
luego de una larga discusión, la radio decidió plegarse a la regularización
y consiguió una licencia para emitir legalmente durante diez años.

“Ya al primer año, en el 95, nos allanaron. Y hasta el 99 tuvimos cuatro
allanamientos. Después otro intento de allanamiento en 2001. Ahí nos mudamos
para una cooperativa de viviendas en Nuevo París. Y después a una casa de
ahí de la zona, hasta ahora. Nunca cambiamos nuestra impronta política. No
nos manejamos con ningún tipo de publicidad ni con beneficios de ningún
organismo estatal. Es autogestionada al cien por ciento. Pero entramos a la
ley por una cuestión de que estábamos cansados de que se nos llevaran los
equipos. Cuando llegamos a la ley en 2008 llevábamos cinco allanamientos.
Tres veces perdimos todo. Teníamos como una tatucera y nos cayeron con
detectores de metales y demás. Tomamos la decisión de entrar y corrimos el
riesgo.”

Para Alternativa –que integraba Ecos– el hecho de que las gremiales de
radios comunitarias prácticamente no existan es una señal clara de que el
costo fue alto. “Después de que se logró el blanqueo a través de la ley, el
movimiento perdió fuerza”, sostiene uno de sus fundadores. “Todas las radios
se encerraron en sí mismas a trasmitir. No había nada por lo que unirse. Ta,
logramos un objetivo: que el Estado no nos tocara más. Pero si bien nos dio
la seguridad de seguir trasmitiendo, nos acható políticamente.”

Gestión

Trasmitían cuando caía el sol para sortear los allanamientos. Más de una vez
pudieron mandarse a mudar antes, con los equipos encima. Una vez no lo
lograron y perdieron todo a manos de los inspectores. Ser nómades les salvó
el pellejo: trasmitir desde el Club Progreso, desde la parroquia de La Teja,
desde alguna vivienda prestada. Después de todo, el estudio cabía en una
valija: un doble reproductor de casetes, una compactera, tres micrófonos y
un cable a la antena. ¿La antena? Una vara de aluminio, una caña larga, un
poco de madera. Así fueron los noventa para El Puente FM, según Lauro
Ayestarán, uno de sus integrantes de entonces. Al día de hoy sigue
trasmitiendo desde La Teja. Nacida en 1994, es una de las emisoras más
veteranas del movimiento.

“En ese momento hacíamos radio, pero éramos todos militantes políticos
–recuerda Ayestarán–. Queríamos un cambio, por lo menos en los patrones de
consumo de la sociedad y en la distribución del poder. Entonces la gente que
había era esa. Y una de las luchas era generar la ley para legalizar las
radios. Y entonces había un movimiento fuerte y se logró. Fuimos creciendo,
y la nueva gente que fue entrando no tenía esa cabeza, porque el derecho ya
estaba adquirido. Vinieron a hacer programas de radio. Y nos costó mucho
gestionar la radio. Entonces hubo un retroceso porque no supimos cómo
sostener el proyecto político ‘radios’. Los nuevos militantes se fueron para
otras luchas y se fue perdiendo participación. Además, medios de
comunicación aparecieron miles. Antes decíamos, como un gran eslogan:
‘Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz’. Y ahora en parte todos
tienen voz, porque los canales se multiplicaron.”

Desde el Cerro, el barrio vecino, trasmite desde el año 2000 La Cotorra FM.
Durante la crisis de 2002 integraron sus filas decenas de personas, muchos
de ellos jóvenes, trabajadores desocupados o changadores. Actualmente
trasmiten desde el Polo Tecnológico y cubren “el Cerro y adyacencias”, según
José Imaz, uno de sus integrantes. “Las radios comunitarias no son ajenas a
los fenómenos sociales –opina–. Si ves el panorama de las organizaciones y
comparás, te das cuenta de que han perdido militancia y protagonismo. Y el
fenómeno no es ajeno a las radios. Lo han perdido otras organizaciones:
comedores, policlínicas, organizaciones de vecinos. También en aquella época
había más disconformidad, una necesidad de ser más contestatario. Tampoco
estaban las redes sociales. Mucha gente hoy a través de las redes se siente
partícipe de la comunicación. Además, un montón de gente que fue
dinamizadora del movimiento social hoy son funcionarios. Muchísimos
militantes de organizaciones sociales trabajan en el Mides, en el Mec, acá,
allá.”

La Cotorra y El Puente integran Amarc, la organización más moderada del
gremio. Sus representantes insisten en que el movimiento de radios sufre un
cierto abandono por parte del Estado, que luego de legalizar las frecuencias
no promovió correctamente la comunicación comunitaria como política pública.
Entre otras reivindicaciones, reclaman la tan discutida publicidad oficial
para el sector, lo que salvaría a más de uno de hacer el peso a través de
avisos comerciales barriales, colectas o recitales callejeros. Al respecto,
Ayestarán opina: “Para mí, había que dar el paso de la legalización. Pero el
movimiento social está en otro lado ahora. La lucha por las radios ya fue.
Conquistamos ese espacio pero no se lo pudo sostener. No se dio lo que tuvo
que venir después, que fuera parte de una política pública. Entonces, si la
izquierda pensaba que esto era una profundización de la democracia, lo que
debió hacer fue seguir trabajando en eso. No decir ‘bueno, son legales,
ahora manéjense’. El proceso se detuvo. Las radios siguen existiendo porque
hay uno o dos que se la ponen al hombro e invitan a gente, y están siempre
ahí. Estamos en un piso, que es lo mínimo que se puede hacer. Se perdió el
sentido colectivo de para qué estamos haciendo esto, y para dónde va. No hay
que volver para atrás. Ni borrar la ley para que la gente se junte de nuevo
y vuelva con aquel espíritu. No hay marcha atrás. El problema es que la
izquierda no visualizó estos medios como espacios de construcción de poder
barrial y de ciudadanía. Los ven como una pyme”.

Herramienta

Después de 2008 se calcula que pocas radios quedaron por fuera de la
legalidad. Entre ellas, la cifra incógnita de radios religiosas
–expresamente prohibidas por la ley– o comerciantes que sólo se dedican a
vender avisos. También, quizás, algún empedernido clandestino, como Contonía
FM, la radio comunitaria de Ciudad Vieja, que optó por no regularizarse para
preservar aquel espíritu pirata de años ha. En 2010 sus integrantes contaban
a este semanario: “La radio comunitaria no es un fin en sí mismo, es una
herramienta en tanto sirva para mejorar la calidad de vida y garantizar la
libertad de expresión de los vecinos. Cuando no sirva para eso, la
herramienta será otra. No se nos va la vida en un trasmisor”.(4)

Sea como fuere, las comunitarias siguen al aire, haciendo lo que pueden con
su magra potencia en el espectro radioeléctrico saturado de muchas zonas del
país, en los huecos que dejan las radios comerciales. Sostienen proyectos a
pulmón. Se financian como pueden. Ya no son veinteañeros, ni clandestinos,
ni tienen ya que huir de un sitio a otro cargando con los trasmisores. La
época es otra. Difunden en las redes sociales, utilizan sistemas de cámaras,
producen spots, pagan por el streaming. Putean, discuten, recuerdan, se
reinventan. Siguen llevando, muy a su pesar, la bandera de “las tres p”
(pocas, pobres y pequeñas). Pero ahí están. Aún nadie les ha escrito el
epitafio, ni se anima a vaticinar el día en que dejarán de existir
definitivamente.

“A pesar de todo se están pergeñando proyectos que tienen que ver con redes
de comunicadores alternativos y que tienen un futuro bárbaro –dice Nicolás
Scarón, de Radioactiva–. Con el mismo espíritu que en 2002, pero desde otros
lugares. Estamos convencidos de que es desde otro lado. Asumimos ya otro
rol. Y después de que cambiamos se nos empezó a acercar gente de 20 años. No
es una casualidad. Y no hay contestación ni quilombo si no hay gente que
tenga 20 años. Las generaciones nuevas tendrán cosas para decir, pero
elegirán otros canales y no ponerse al hombro esto. Y no hay que tomárselo
con dramatismo. Es un fenómeno que existió y que hizo lo que tenía que
hacer. Por algo nos eligieron como chivo expiatorio de los saqueos.
Cumplimos ese rol y hoy lo cumplirán otros. No es tan grave. Nosotros
estamos en la búsqueda.”

Notas

1) Véase Brecha, 26-X-01.

2) Comunicado de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay
(Andebu): “Sobre las radios comunitarias”, 23 de agosto de 2002.

3) Véase Brecha, 14-VII-00.

4) Véase Brecha, 3-IX-10.

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Legales pero…

En 2014 la ley de servicios de comunicación audiovisual dejó sin efecto la
actuación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (Charc),
órgano encargado de la asignación y seguimiento de las frecuencias. Mientras
el gobierno se decide a convocar a la Comisión Honoraria Asesora de Servicio
de Comunicación Audiovisual (Chasca) –órgano que suple al anterior– (1)  la
ley que reguló las radios comunitarias en 2008 no se cumple.

Alternativa obtuvo el permiso estatal para trasmitir durante diez años en
2008. A partir de entonces no tuvieron más noticias de los agentes
reguladores. “Tenía que haber una inspección de la Ursec que nunca se
realizó. En teoría nunca nos habilitaron”, afirman. “Nunca más tuvimos
contacto. Nunca más vinieron a ver el tema de la instalación eléctrica, ni
de los equipos con los que salimos. Una total irregularidad de su parte.
Nunca más se aparecieron.”

Nicolás Scarón, de Radioactiva, opina al respecto: “La asignación de
frecuencias quedó en la nada. El Estado está en debe. Hay papelones. No nos
llamaron nunca más, están todas las radios atrasadas, nadie presentó más
papeles, no existe. Es legal, pero todo es irregular. Igual muchos siguen
trasmitiendo de hecho y queda por esa. Rompíamos las pelotas, quisieron
solucionarlo regularizando, pero el tema quedó enterrado. Hay una desidia
absoluta”.

“Está todo detenido porque la ley de 2008 no se está cumpliendo”, dijo a
Brecha Gabriel Kaplún, representante de la Universidad de la República en el
ex Charc. “La impresión que tenemos muchos es de una falta de voluntad
política para avanzar con esto, más allá de la espera de los recursos. Ese
es el limbo en que está la situación hoy. Y no hay solución para el sector
comunitario.”

Nota

1) También para el caso de las difusoras comerciales.

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