Argentina/ Los mapuches del siglo XXI: el Estado y los pueblos originarios [Fabian Kovacic - Alexis Papazián]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de diciembre 2017

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Argentina

El Estado argentino y los pueblos originarios

Los mapuches del siglo XXI

Otra muerte en una comunidad aborigen a manos de la Prefectura Naval genera
gran preocupación en el movimiento indígena y enrarece el clima social. El
caso Santiago Maldonado puso al descubierto la discordia y las
contradicciones que todavía genera la cuestión indígena en Argentina. Un
antropólogo analiza con Brecha la situación histórica de esas minorías y
denuncia el afloramiento del racismo.

Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 1-12-2017

https://brecha.com.uy/

“La sociedad argentina mantuvo durante mucho tiempo el discurso oficial de
país convertido en un crisol de razas, y con eso de algún modo la cuestión
de los pueblos originarios nunca fue una preocupación social. Pero hoy hay
un planteo abiertamente racista que deja de lado esa idea del crisol de
razas”, comentó a Brecha el historiador Alexis Papazián, integrante de la
Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, de Argentina, y
doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires (Uba). El caso de
la desaparición y muerte de Santiago Maldonado tras la dura represión a una
ocupación de tierras por una comunidad mapuche en Chubut, afirmó Papazián,
“generó algo curioso”: hizo que la sociedad dirigiera su atención hacia la
cuestión indígena. “En primer lugar porque fue un caso en el que actuaron
fuerzas federales y no provinciales, que además fueron respaldadas en sus
excesos por el gobierno. Eso le chocó a una parte de la sociedad. En segundo
lugar, Maldonado era un joven urbano, civilizado, blanco, no mapuche que
eligió apoyar una causa social vinculada a los reclamos de una minoría y
terminó muerto. Eso indica que ayer fueron los mapuches, hoy es Santiago
Maldonado y mañana puede ser cualquier otro. Nadie está exento de ser
sospechado y criminalizado por este gobierno.” Fue el hecho de que se
entroncaran estas dos situaciones lo que hizo que saliera a la superficie el
reclamo de una minoría étnica, afirmó Papazián. También pasó algo que “no
había ocurrido antes: el gobierno no sólo no admitió que hubo excesos
represivos, sino que los reivindicó con un discurso dirigido a sus votantes
más representativos: el sector social más beneficiado por las políticas
oficiales desde diciembre de 2015”, analizó. “Los medios en esta situación
actúan fidelizando a los votantes de Cambiemos hacia la derecha”, concluyó.

El caso Maldonado no sólo dividió a los argentinos según la matriz de
izquierda/derecha, también reveló contradicciones dentro de la inmensa
movilización social que generó. Mientras la comunidad mapuche insistía en
que el reclamo por la aparición con vida del joven se inscribía en su larga
lucha por las tierras de la Patagonia y contra el avance de los
terratenientes y las empresas mineras en la zona, que ya había cobrado
muchas víctimas mapuches, en cierto momento la familia de Santiago Maldonado
no quiso entreverar su caso con la causa mapuche.

Muertes paralelas

El sábado 25 de noviembre, mientras en la localidad bonaerense de 25 de Mayo
familiares y vecinos velaban el cuerpo de Santiago Maldonado y se despedían
de él en una ceremonia privada, a 1.421 quilómetros de allí, en el
departamento de Bariloche, otro joven era asesinado por las fuerzas de
seguridad mientras reclamaba por las tierras de sus ancestros. Rafael
Nahuel, de 21 años y ascendencia mapuche, fue asesinado por la Prefectura
Naval mientras huía de la represión en el desalojo de la comunidad Lof
Laf­ken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, a 35 quilómetros de
Bariloche. El 17 de noviembre un grupo de familias mapuches decidieron
ocupar pacíficamente esa tierra que el Estado argentino puso bajo
jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, y colocaron un
cartel improvisado: “Territorio mapuche recuperado”.

La autopsia confirmó la muerte de Rafael Nahuel a causa de un balazo que
penetró por detrás en uno de sus glúteos, disparado por un arma calibre 9
milímetros, la pistola reglamentaria del grupo Albatros (de la Prefectura
Naval Argentina), que participó del operativo de represión junto a unos 200
gendarmes entre el viernes y el sábado. Para la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, “las fuerzas de seguridad actuaron correctamente, más
allá de lo que investigue y diga el juez de la causa”. El magistrado a cargo
del caso, Gustavo Villanueva, está en la mira del gobierno nacional, que ya
trabaja con sus delegados en el Consejo de la Magistratura provincial
buscando manchas en su trayectoria para iniciarle un juicio político.
Villanueva es un funcionario de carrera que llegó en 2011 al cargo de juez
federal durante el gobierno de Cristina Fernández. A la Casa Rosada le
molesta lo que considera su falta de firmeza para avalar el de­salojo en las
inmediaciones de Villa Mascardi, y por ende el accionar de las fuerzas de
seguridad. El juez puede correr la misma suerte que su colega chubutense
Guido Otranto –quien inicialmente manejaba el caso de Santiago Maldonado
pero al que la Cámara de Apelaciones le quitó la causa para entregársela a
otro juez–, pero tiene a su favor que dictó la detención de Facundo Jones
Huala y su extradición a Chile, aunque esta última medida le valió una
denuncia ante la justicia federal de Buenos Aires, por lo que aún está por
definirse su suerte y la de Jones Huala.

Tras el estallido mediático que generó la represión en el Pu Lof de Cushamen
el 1 de agosto pasado, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago
Maldonado, la cuestión mapuche cobró fuerza y permanece en los medios a
partir de noticias policiales. La detención y juicio de extradición a Chile
desarrollados contra el lonko (líder) de la Pu Lof en Cushamen Facundo Jones
Huala tiene en vilo a toda la comunidad mapuche y se extiende a otros
pueblos originarios del resto del país, que se han solidarizado con esta
causa.

El “enemigo interno”

El gobierno nacional apunta toda su artillería represiva y propagandística a
la supuesta aparición de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche
(Ram), que sería una suerte de guerrilla rural mapuche que se dedica
únicamente a agredir a propietarios blancos en nombre de sus derechos
milenarios, sin formular reivindicación alguna. “Es una forma de
criminalizar a esa etnia creando un enemigo pretendidamente social, como
ocurrió durante la dictadura: cuando las organizaciones armadas fueron
aniquiladas por las fuerzas armadas y la Triple A, sólo quedaba inventar la
figura sumamente lábil y sin forma definida del ‘subversivo’ como
justificación de la represión estatal. Para el avance de la frontera
extractiva y los negocios inmobiliarios (en la Patagonia) hay que demonizar
al pueblo mapuche, y la Ram sirve de excusa para justificar y generalizar la
represión. Es necesario para el Estado tener un enemigo interno”, sostuvo
Alexis Papazián.

Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del
Consejo Pluricultural Indígena de Argentina, coincide con Papazián. “La Ram
es una invención de los servicios de inteligencia para acusar al pueblo
mapuche. Nadie sabe a ciencia cierta qué es la Ram”, aseguró en una
entrevista con los medios neuquinos. En setiembre pasado referentes de
diversas comunidades mapuches de toda la Patagonia firmaron un documento
reafirmando el accionar pacífico del pueblo mapuche, condenando todo método
violento de reclamo por tierras y calificando a la Ram como la “obra de un
montaje (…) para implementar el Plan Cóndor en nuestros territorios”. “Hoy
surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y
panfletos se responsabiliza de acciones directas, de ataques físicos y
destrucciones materiales (…) que, por lo grotesco y evidente, parece más el
accionar de un ‘grupo de inteligencia’”, afirmaban en el documento.

Pese a las reiteradas dudas sobre la existencia de la Ram y la falta de
pruebas concretas al respecto, el fiscal general de Neuquén, José Ignacio
Gerez, aseguró a los medios locales el pasado martes que la justicia
provincial había encontrado “la conexión local de la Ram”. Interrogado por
los periodistas, aseguró que puede “confirmarlo fehacientemente”, sin
embargo no presentó ninguna prueba contundente que lo demostrara. El anuncio
del fiscal se produjo tras un allanamiento a una vivienda en la que se
encontraron cinco armas de fuego de caza en desuso y oxidadas junto a
panfletos con el rostro del Che Guevara.

Racismo y violencia

El clima en la zona cordillerana patagónica está política y socialmente
caldeado. Mientras el gobierno nacional plantea la criminalización de todo
acto mapuche que reivindique la toma y recuperación de territorios, los
gobiernos provinciales se mantienen en una actitud cauta y la sociedad está
dividida. Frente a las marchas en repudio a la muerte de Rafael Nahuel en
las ciudades de Bariloche, Neuquén, Esquel y otros pueblos patagónicos,
aparecieron en la última semana pequeños grupos de ciudadanos que
reivindican el accionar de las fuerzas de seguridad. El miércoles 29 en
pleno centro de Bariloche unas 500 personas pedían reprimir a los
movimientos originarios y el cese de la ocupación de tierras “por parte de
mapuches chilenos”, según el planteo que forma parte del discurso dominante,
similar al de la ministra Bullrich.

“No es cierto que los mapuches sean chilenos”, aseguró Papazián. “Hubo
migraciones históricas entre Argentina y Chile de mapuches y tehuelches,
según la represión de un gobierno u otro, a lo largo de los últimos cien
años, y en esos movimientos migratorios han quedado familiares
alternativamente a un lado y otro de la cordillera que, por cierto, para
ellos no es un límite divisorio sino un punto de encuentro que simboliza el
agua que da la vida, y también la vida en comunidad, como los mapuches la
conciben en sus costumbres. Hay muchos que han vuelto desde Chile después de
décadas de exilio, y regresan con sus familias formadas allá. Eso es
utilizado en el discurso dominante, de un nacionalismo turbio y mezquino,
desde el gobierno, y amplificado por los medios para llamar al rechazo de
una invasión chilena. Eso también contribuye a crear en la vida cotidiana de
las comunidades un clima de convivencia hostil, racista y discriminatorio”,
sintetiza el antropólogo.

Los manifestantes contra los mapuches se cruzaron el miércoles 29 con otra
manifestación mayor contra la reforma laboral y jubilatoria –que se discutía
ese mismo día en el parlamento nacional– y en apoyo a los reclamos
indígenas. No se produjeron incidentes pero la situación estuvo a punto de
estallar. En ese contexto el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, llamó
a una mesa de diálogo para bajar el nivel del conflicto. A la propuesta se
sumaron los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi,
y los organismos de derechos humanos locales, pero no los gobiernos nacional
y provincial, ni la justicia. “Es necesario abrir canales de diálogo para
evitar la violencia”, sostuvo el obispo Chaparro, un hombre que suele
coincidir con los reclamos mapuches por su cercanía cotidiana con las
situaciones de desigualdad en las que viven las comunidades originarias. El
domingo, tras la muerte de Nahuel, el obispo visitó el territorio ocupado
para dialogar con los allí presentes; a su regreso a la ciudad se encontró
con los enviados del gobierno nacional. Entre ellos estaba una delegación
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), dependiente del
Ministerio de Justicia, que se sumaron al coro de la Casa Rosada y dijeron
que sólo se sentarían a dialogar si primero se levantaba la ocupación del
territorio reclamado. “Esperábamos alguna cercanía mayor de nuestros
hermanos en el Inai, pero sólo cumplen los deseos del gobierno y no
escuchan”, aseguró un vocero mapuche de la comunidad Lafken Winkul.

Cuestión histórica

En Argentina la relación entre el Estado y los pueblos originarios tiene una
larga historia. En los comienzos del Estado moderno argentino el interés por
los pueblos originarios estaba íntimamente relacionado a un proceso de
colonización. En 1879, en plena “Conquista del desierto” –la campaña militar
mediante la cual la República Argentina se apropió de vastos territorios en
la Pampa y la Patagonia, donde vivían diferentes pueblos aborígenes–, Julio
A Roca encargó al Ministerio de Guerra un estudio sobre éstos. Setenta años
después, en 1949, a fines de la primera presidencia de Juan Perón, el
Ministerio del Interior se preocupó por identificarlos para reconocer a sus
integrantes como ciudadanos. Recién en tiempos de Raúl Alfonsín, en 1985,
fue creado el estatal Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai),
dependiente del Ministerio de Justicia, para hacerse cargo de los asuntos
específicos de las 39 etnias censadas y reconocidas en el país.

“Durante la llamada ‘Conquista del desierto’, en 1879, los medios de prensa
mostraban el avance militar sobre las tierras patagónicas, y las notas
relataban cómo las mujeres y los niños eran empleados en las casas de
familias de la alta sociedad porteña, mientras los hombres eran hacinados en
campos de concentración”, explicó Alexis Papazián. A fines del siglo XIX y
en las primeras décadas del XX el Estado atendió las peticiones de familias
mapuches para obtener tierras, y éstas se canalizaron a través de las leyes
de la época, creadas para colonizar los territorios, especialmente con
inmigrantes europeos. Pero recién en la reforma constitucional de 1994 se
concretó el reconocimiento de los pueblos originarios. El artículo 75 de la
Constitución no solamente reconoce su existencia sino que también le otorga
importancia a la calidad de vida de las comunidades mediante el
reconocimiento de sus tierras y sus modos de producción. La incorporación de
sus derechos a la Constitución y la legislación internacional permitieron
una mayor visibilización de los reclamos de los indígenas y también algunas
soluciones.

Pero si en términos legales los avances se perciben lenta aunque firmemente,
a nivel social la cosa es más compleja. En las zonas urbanas y rurales donde
cohabitan mapuches y criollos la realidad cotidiana está atravesada por el
racismo. “Cuando estuve en la localidad de Aluminé (Neuquén) haciendo
trabajo de campo como antropólogo, a la hora de ir a hacer compras de
comestibles en cualquier comercio los mapuches preferían que fuera yo o
algún otro compañero del equipo, porque los comerciantes suelen
discriminarlos”, relató Papazián. “Existe una situación de racismo no sólo
con los mapuches sino con todos los pueblos originarios, allí y en las
ciudades o pueblos donde la convivencia es inevitable. Y los medios de
prensa locales refuerzan ese imaginario”, apuntó el investigador.

En 1997 hubo un conflicto en las cercanías de Aluminé, en la zona de
Pulmarí, entre el Estado provincial y varias comunidades mapuches, y los
medios locales sostenían que esa zona sería la Chiapas argentina. “Sin
embargo la situación se resolvió de manera satisfactoria: los gobiernos
nacional y provincial donaron 50 mil hectáreas, se levantó un hospital
comunitario plurinacional y hasta se estableció –mediante un convenio con la
justicia neuquina– un sistema de justicia penal que respete y aplique la ley
mapuche en determinados casos en la reserva de Pulmarí”, relató Papazián.

“Hay ejemplos como el de Bolivia, con su experiencia de Estado
plurinacional, que con todas sus limitaciones ameritan ser tomados en cuenta
para aplicar esa experiencia, y no la represión estatal para resolver las
situaciones de litigio. El problema es que los medios están financiados o
directamente son propiedad de empresarios vinculados a grandes negocios en
esas regiones, y lo que necesitan no es convivir sino expulsar a las
comunidades originarias”, concluyó el investigador.

La recuperación de sus territorios sigue siendo una reivindicación central
en la agenda de las comunidades mapuches cada vez más arrinconadas por los
emprendimientos extractivistas y turísticos de inversores extranjeros. Desde
el gobierno de Mauricio Macri la represión parece ser el único lenguaje para
resolver una cuestión que tiene más de enfrentamiento entre concepciones
culturales del mundo que de conflicto entre partes dispuestas a la
negociación.

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