Guatemala/ Veinte años de paz secuestrada [Laura Santacristina y Mario Lubán]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de enero 2017

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Guatemala

Veinte años de paz secuestrada *

Guatemala conmemora el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que
pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996). Las
desigualdades y la falta de justicia social palpitan en un país que no ha
cerrado las brechas que originó el enfrentamiento que dejó más de 200 mil
víctimas mortales, en su mayoría indígenas.

Laura Santacristina y Mario Lubán

Brecha, Montevideo, 20-1-2017

http://brecha.com.uy/

La noche del 25 de abril de 1982 soldados del Ejército de Guatemala en ropa
de civil se presentaron en la aldea Chipiacul, en el departamento de
Chimaltenango. “Agarraron a las personas en el salón comunal, les dispararon
y les prendieron fuego. Los que pudimos, huimos esa noche por la montaña. Al
día siguiente regresamos y el Ejército nos reunió a todos en el mismo salón
donde estaban los muertos y nos dijeron ‘esto es lo que pasa por estar con
la guerrilla’. Los que pudimos, huimos una vez más a la montaña”.

Los hechos que relata Celestina Patal (54 años) se repitieron
sistemáticamente durante los años más sangrientos del conflicto armado
guatemalteco, que dejó hasta un millón y medio de desplazados y 200 mil
muertos, el 93 por ciento a manos del Ejército y los grupos paramilitares,
según las estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,
auspiciada por las Naciones Unidas.

Casi la mitad de los hombres y mujeres de Guatemala están hechos de maíz,
como evoca la tradición maya. La población indígena constituye más del 40
por ciento de un total de 16 millones de habitantes en un país eminentemente
rural. Ser indígena y ser pobre van de la mano. El 59 por ciento de la
población es pobre y el 79 por ciento de los pobres son indígenas que
sobreviven con unos 3,5 euros al día, según la última encuesta oficial de
condiciones de vida. Los niños de maíz se mueren de hambre. La desnutrición
infantil crónica (que se prolonga y genera retrasos en el crecimiento)
afecta al 48 por ciento de los menores de 5 años, la cifra más elevada en
todos los países de Centroamérica.

“El modelo que ha regido históricamente la economía de Guatemala no atiende
a las necesidades internas, sino que se adapta a la demanda del mercado
internacional”, asegura el historiador Gustavo Palma. “Tanto la tierra como
la población, especialmente la indígena, han sido consideradas como los pies
sobre los que se ha venido construyendo un modelo extractivista y de
beneficio para escasos grupos sociales.”

Durante el conflicto armado interno, 83 por ciento de las víctimas fueron
indígenas mayas. Celestina Patal pertenece al grupo kaqchikel, fue maestra
en diferentes lugares y durante los años más crueles no pudo evitar toparse
constantemente con la violencia extrema. “Las comunidades comenzaron a
despertar y querer tener agua potable, una escuela, caminos. Ahí fue cuando
el Ejército dijo ‘son comunistas, son guerrilleros, acabemos con ellos’.”

En el contexto de la Guerra Fría, el miedo a la expansión del comunismo se
convirtió en la excusa para reprimir las demandas sociales de los sectores
más desfavorecidos. Varios grupos guerrilleros habían encontrado en la
desigualdad el caldo de cultivo idóneo para lograr fuerza, alimento y
cobijo.

Los sandinistas habían alcanzado el poder en Nicaragua en 1979 y otras
guerrillas contagiaban los ideales de izquierda por Centroamérica. Los
intereses estadounidenses ya habían servido para orquestar un golpe de
Estado en Guatemala en 1954. El segundo presidente democráticamente electo
del país, Jacobo Árbenz, trató de impulsar una ley de reforma agraria que
levantó ampollas entre las elites económicas y puso en jaque los intereses
comerciales de la United Fruit Company, el monopolio estadounidense de
siembra y comercialización del banano en América Latina. La Cia tumbó su
gobierno y se encargó de aupar en el poder a un régimen que deshizo los
avances liberales de la década anterior.

Raquel Zelaya participó en las negociaciones y firmó los acuerdos de paz de
1996 en representación del gobierno: “¿Cuáles fueron las causas del
enfrentamiento? Muchos creemos que fue un escenario de la Guerra Fría. Otros
hablan de pobreza y exclusión, pero no se puede negar que fuimos escenario
de la Guerra Fría con condiciones que se prestaban al enfrentamiento”.

Aunque la lucha se prolongó durante 36 años, los picos más elevados de
violencia se concentraron entre 1980 y 1983, con los gobiernos militares de
Lucas García y Ríos Montt. Durante este período se obligó a la población
local a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil encargadas de
combatir a la insurgencia, convirtiendo a los vecinos en cómplices forzosos
de la violencia. Este fue el caso de Chipiacul, la aldea de Celestina Patal,
donde los propios civiles asesinados en el salón comunal eran quienes habían
sido reclutados para patrullar aquella noche.

También se puso en marcha la estrategia de tierra arrasada, que pretendía
eliminar cualquier recurso que pudiese aprovechar el enemigo, y que en la
práctica supuso la aniquilación de comunidades enteras. Los métodos de
represión empleados por el Ejército y los grupos paramilitares fueron
atroces. “Según el testimonio de mi prima, en la comunidad de El Sitio
atraparon a 15 hombres y una mujer. A los señores los amarraron de las manos
y del cuello con alambres de púas detrás de un convoy y los arrastraron
hasta matarlos. Veinte años después los encontraron en una fosa”, relata
Celestina Patal.

Muchas de estas masacres están meticulosamente documentadas en el informe de
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y por instituciones como la
Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala (Fafg), que ha recuperado
más de 5.500 cadáveres en fosas comunes y ha identificado a más de 2 mil
víctimas.

En 1996 culminaron las negociaciones de paz entre representantes del
gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng), que
aglutinaba a las cuatro principales facciones de la guerrilla. Según Gustavo
Palma, los acuerdos fueron posibles por la presión internacional. En
particular “porque Estados Unidos ya no quería tener problemas en su patio
trasero”. Raquel Zelaya comparte esa opinión: “Los estadounidenses
entrenaron al Ejército guatemalteco para cometer las peores atrocidades y,
de repente, aparecieron un día con el rollo de los derechos humanos”.

Además de decretar el cese de la violencia, que ambos bandos respetaron, los
12 pactos suscritos sentaban las bases para abordar problemas estructurales
del país, como el reparto de la tierra y el racismo. Sin embargo, los buenos
propósitos chocaron con un modelo económico extractivista y agroexportador
que los convirtió en papel mojado. Después de 20 años los problemas sociales
que avivaron el conflicto persisten y los índices de pobreza y hambre no han
mejorado.

Tampoco lo han hecho las cifras de violencia, que han alcanzado un nivel de
pandemia de la mano de las maras y el narcotráfico. En 2015 hubo 5.718
asesinatos, casi 500 al mes, según Amnistía Internacional. Junto a Honduras
y El Salvador, Guatemala conforma el “triángulo norte”, una de las regiones
más violentas del mundo. “Los sectores que viven en los márgenes están
preocupados por sobrevivir. Eso les mantiene ocupados y les impide
involucrarse en otra cosa. La gente sale a la calle y lo primero que hace es
santiguarse esperando regresar en la noche. La supervivencia y el miedo
operan en términos de contención social”, subraya Palma.

Para cerrar las heridas del conflicto también hay que hacer justicia. “Los
testimonios de las víctimas han sido silenciados, desmentidos o negados por
algunos sectores de la sociedad. Cuando hallamos fosas y constatamos las
condiciones en las que quedaron los cadáveres los testimonios adquieren una
nueva relevancia porque hay una verdad social que se vuelve innegable”,
asegura el subdirector ejecutivo de la Fafg, José Suasnavar. La institución
contribuye desde el ámbito científico a cimentar los principios de la
justicia transicional: verdad, justicia y reparación.

La verdad avanza caso a caso en Guatemala. Este mismo año un tribunal
condenó a cientos de años de prisión a dos militares por crímenes contra la
humanidad. Abusaron sexualmente y forzaron a la esclavitud a 25 mujeres maya
q’eqchi en el destacamento militar de Sepur Zarco. Catorce de las
supervivientes decidieron romper el silencio iniciando un proceso en el que
por primera vez en Latinoamérica los delitos sexuales se juzgaron como
crímenes de lesa humanidad.

En 2013 el Estado guatemalteco se sentó en el banquillo junto al general
Ríos Montt, presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983. El mandatario
fue acusado y condenado por genocidio por la masacre de Dos Erres, pero la
Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia porque la jueza decidió
seguir adelante sin atender el recurso presentado por la institución.

Sin embargo, no todos aceptan que en Guatemala hubiera genocidio: “Lo que
pasó no se puede negar, está documentado. Pero lo que hubo fue una guerra
ideológica. Querer meter la cuña étnica omite la responsabilidad de Estados
Unidos”, defiende Zelaya. Pese a que la ley de reconciliación establece que
el genocidio y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, ella
dio por hecho que nada se iba a juzgar. “Nadie firma la paz para irse preso.
No estaba firmado, no estaba hablado, pero era un sobreentendido”.

La signataria también cuestiona que la idea de juzgar a Ríos Montt naciera
dentro del país, y considera que fue “un experimento de la comunidad
internacional”. No obstante, el caso evidencia que la fractura interna
existe y perpetúa la injusticia social en Guatemala.

El racismo sostiene las condiciones de pobreza, y viceversa. Los hombres y
mujeres que cuidan el maíz, alimento sagrado maya, siguen poblando los
márgenes de la sociedad. Después de relatar la barbarie cometida contra su
pueblo, Celestina concluye: “La paz se ha firmado, pero la violencia no ha
parado, es distinta. La gente no tiene servicios básicos, las mujeres
mueren, los niños mueren de hambre, la gente no tiene tierra, las familias
no tienen trabajo. El ciclo de la pobreza no termina”.

* Tomado de Público.es por convenio.

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