Colombia/ Postextractivismos: entre la violencia y la paz [Eduardo Gudynas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de julio 2017

Boletín Informativo

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Colombia

Postextractivismos en Colombia: entre la violencia y la paz

Los extractivismos conservadores se implantaron bajo la guerra, y como esa
era una problemática apremiante, comprensiblemente muchos sostenían que la
prioridad era buscar la paz y se debía dejar para después temas como el
ambiente o el ordenamiento territorial. El proceso de paz ofrece las
condiciones para adentrarse en toda esta problemática con más energía,
libertad y pluralidad, y esto abre oportunidades para transiciones
postextractivistas.

Eduardo Gudynas *

Palabras al Margen, 31-6-2017

http://palabrasalmargen.com/

En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, se han expandido
los llamados extractivismos, tales como la explotación de minerales o
hidrocarburos. Con ellos se desencadenaron todo tipo de impactos sociales y
ambientales, y la conflictividad ciudadana se disparó. Es bajo esas
circunstancias que se han planteado alternativas que buscan ir más allá de
los extractivismos, para no seguir repitiendo la historia de alimentar los
mercados internacionales con materias primas mientras quedan en nuestras
tierras todos sus efectos negativos.

Ese tipo de exploraciones recibe la denominación de posextractivismos. Es un
conjunto de propuestas que por un lado cuestionan a los extractivismos, sea
en sus impactos locales como en los efectos en otros ámbitos, como la
política o la cultura, y por el otro lado postulan abandonar ese tipo de
desarrollo, presentando medidas que sean concretas, efectivas y replicables.
Esto permite una transición hacia una verdadera erradicación de la pobreza,
la calidad de vida y la conservación de la naturaleza.

Los debates sobre los extractivismos surgieron en los países andinos, a
inicios de la década de 2010, especialmente en Perú. Estaba claro que
emprendimientos como la minería o el fracking, no se podían resolver por
meros ajustes tecnológicos. Son necesarios cambios más profundos en cómo se
entiende la economía, la política y hasta la cultura.

No sorprende que como en Colombia se repite toda la problemática de los
extractivismo, en ciertos momentos asomaron debates sobre alternativas para
poder superarlos (1). Pero los antecedentes del país, y su actual coyuntura,
hace que se enfrenten particularidades distintas a lo observado en el resto
de América del Sur.

En este breve artículo se comparten algunas ideas sobre postextractivismos,
intentando considerar esas particularidades, y que por cierto no pretende
agotar la cuestión sino llamar la atención sobre la importancia avanzar en
ese esfuerzo.

El empuje extractivista colombiano

En Colombia se promueven los extractivismos, tanto sobre minerales como
hidrocarburos, pero también en la agricultura. Recordemos que los
extractivismos son un tipo de apropiación de recursos naturales,
caracterizado por grandes volúmenes o intensidad, y por destinarse sobre
todo a exportarlos como materias primas (2).

En efecto, las materias primas han representado más de la mitad de las
exportaciones colombianas, alcanzando máximos en el orden del 85% del total
en los años 2012 a 2014. Esta es una condición muy similar a la de otros
países andinos, como Perú o Bolivia.

Esa canasta de materias primas exportadas está concentrada en unos pocos
productos; por ejemplo en 2015, el 37% de las exportaciones fueron
petróleos, y le siguen el carbón con el 12%. Esto genera mucha dependencia,
aunque la situación colombiana es menos grave que la de otras naciones, como
Ecuador o Venezuela, donde es todavía más concentrada y por ello son más
vulnerables a la globalización.

Estos extractivismos generan una enorme variedad de “impactos directos” que
se expresan localmente. Incluyen contaminaciones de todo tipo, con los casos
icónicos del mercurio en la minería ilegal o el carbón de El Cerrejón,
deforestación, afectación del agua, reconfiguración de territorios, etc. A
ellos se suman impactos sociales, como pérdida de medios de vida
tradicionales, desplazamientos, y por supuesto distintos tipos de violencias
(3).

Si bien estos impactos son bien conocidos en América Latina, el caso
colombiano es particular porque cuenta con una de las mejores
sistematizaciones, que además fue producida por una agencia estatal
independiente, la Contraloría General de la República (4). Sus cuatro
volúmenes cubren prácticamente toda la problemática, y por lo tanto no tiene
ninguna seriedad insistir en que los extractivismos no tienen impactos o que
la denuncia de sus efectos es una exageración de activistas sociales o
ambientales.

En paralelo se encuentran los llamados “efectos derrame” de los
extractivismos. Estos responden a cambios en las políticas públicas para
favorecer algún proyecto pero con efectos que se “derraman” a todo los
sectores y en todo el territorio. El instrumento de licencias ambientales
“express” se ha vuelto un ejemplo internacional de un efecto derrame
extractivista, ya que para atraer a algunos inversores se termina reduciendo
y debilitando el control y gestión ambiental en todo el país y en todos los
sectores.

Una presentación mínima del postextractivismo para Colombia

Los postextractivismos buscan enfrentar estas situaciones. Se los puede
concebir como un cuestionamiento a los extractivismos que nutre la
exploración de alternativas a ellos. La particularidad es que esas
alternativas se expresan en medidas concretas, efectivas, replicables y
entendibles por la opinión pública. Su meta es una erradicación real de la
pobreza, asegurar la calidad de vida de las personas y conservar la
naturaleza (5).

Por un lado se presentan medidas de urgencia ante aquellos emprendimientos
que producen los impactos más graves en el ambiente, la salud y la calidad
de vida en las comunidades, y para los cuales no existen soluciones
tecnológicas disponibles. Estos deben ser clausurados, más allá de cualquier
beneficio económico o comercial.

En este frente se dispone de un amplio abanico de instrumentos, muchos de
los cuales se inician con un efectivo cumplimiento de las exigencias y
normas actualmente vigentes. Es que muchos extractivismos son posibles por
no cumplir esos requerimientos, sea por controles inadecuados, faltas de
sanciones, redes de corrupción, etc.

Por otro lado se proponen cambios sustanciales en las dimensiones económicas
y productivas. En una etapa inmediata se apunta a reducir los extractivismos
en las exportaciones, los que no deberían superar el 50% del comercio
exterior total, y tampoco pueden estar concentrados en uno o dos productos.
Dicho de otro modo, debe disminuir el volumen de recursos naturales
extraído.

Ante estas ideas postextractivistas surgen inmediatamente todo tipo de
cuestionamientos. Unos insisten en que esas medidas son incompatibles con la
vida moderna, y otras alertan que provocaría gravosas pérdidas económicas.
Por ejemplo, es común escuchar que la minería es indispensable para la vida
actual, proveyendo los metales que se encuentran en todo tipo de productos.
Se da un paso más, y se afirma que cualquier alternativa postextractivista
nos obligaría a regresar a la edad de piedra.

La respuesta ante esos cuestionamientos es que confunden “minería” con
“extractivismo”. El postextractivismo no está en contra de la minería ni de
otros usos de los recursos naturales, no postula una naturaleza intocada. Su
objetivo está en una apropiación que sea indispensable y no dispendiosa, y
por ello debe estar específicamente enfocada en asegurar la calidad de vida
de las personas y terminar con la pobreza, y no en el mero consumismo. Es
por esta razón que la definición de extractivismo es clave, y no cualquier
uso de los recursos naturales, ni siquiera aquellas con impactos
ambientales, cumplen esa condición. Pero además, los mayores sectores
extractivos de Colombia no están enfocados en la calidad de vida de los
colombianos sino en nutrir una demanda global, que esencialmente satisface
las necesidades del consumismo del norte.

Lo que es presentado como un éxito exportador en verdad es una pérdida neta
de patrimonio. En efecto, usando los nuevos indicadores físicos de la
balanza comercial (exportaciones de materia medidas en toneladas contra las
importaciones), se observa que Colombia registra un déficit desde 1990.
Hacia 2011, el país tenía una pérdida neta de unos 100 millones de toneladas
por año, lo que implica un gravoso comercio desigual: el país debe exportar
5 toneladas de materias primas para importar una tonelada de manufacturas u
otros bienes con valor agregado (6).

Las medidas económicas y productivas para el postextractivismo se dividen en
varios grupos. Unas buscan hacer visibles para la economía los costos de los
extractivismos en las dimensiones sociales y ambientales, los que usualmente
termina pagando toda la sociedad. Esto tiene varias consecuencias, tales
como una corrección de los precios de los commodites que se exportan, que
serán muchos más caros.

Se asume que ese aumento hará caer las exportaciones, con menores ingresos
económicos. El postextractivismo responde que esto se compensa desde varios
frentes. Por un lado, los commodities que se sigan exportando serán mucho
más caros. Por otro lado, la reducción de la extracción también supone
menores gastos (del Estado y la sociedad) en cubrir los costos de los
impactos, como el daño a la salud o la pérdida de suelos. Además, es
necesaria una reforma tributaria. En la actualidad, el Estado captura una
proporción muy baja de la renta minera y petrolera, las empresas gozan de
muchos beneficios (como las deducciones por inversiones, por depreciación de
activos, etc.), y son conocidos los casos de subfacturación para evadir
varios tributos como se ha mostrado para el carbón (7). Esto hace que otro
componente sea una reforma tributaria que apunte a impuestos justos y
efectivos.

Otras medidas que operan en el mismo sentido atacan los subsidios que el
Estado otorga a los extractivismos. Es que casi siempre se olvida que los
extractivismos gozan de asistencias financieras directas, reducciones o
devoluciones de impuestos, energía o agua barata, etc. La información que se
acumula en varios países muestra que el Estado termina financiando a mineras
y petroleras. Ante esto, el postextractivismo plantea desmontar esos
subsidios, y utilizar buena parte de esos fondos en sostener una
diversificación en otros sectores productivos.

En el caso de Colombia, como en otros países, existen enormes oportunidades
para diversificaciones en la agricultura, pero enfocadas en prácticas
orgánicas o ecológicas. Con ello se consume menos energía y agua, se
producen alimentos más sanos, y a la vez requiere mano de obra adicional (lo
que servirá para tomar a trabajadores que deban dejar emprendimientos
extractivistas). Una reformulación de la agropecuaria de este tipo además
permitiría romper con la creciente problemática colombiana de tener que
hacer exportaciones extractivistas para poder importar alimentos, cumpliendo
así otra meta del postextractivismo (asegurar la calidad de vida).

Estas medidas se deben complementar con otras, especialmente en el terreno
de la integración regional y la globalización. No pueden ser descritas en
detalle aquí, pero al menos queda asentado que son parte esencial de los
postextractivismos.

Insistencia conservadora y el papel de las empresas

El postextractivismo en Colombia debe abordar al menos dos aspectos clave
que le son propios: por un lado, están insertados en políticas conservadoras
desde hace mucho tiempo, y por otro, han proliferado bajo la violencia
armada, y ahora bajo el proceso de paz. Cualquier alternativa debe atender
esas particularidades.

Comenzando por la primera de esas cuestiones, el gobierno de Álvaro Uribe
sentó bases para extractivismos de inspiración neoliberal, mientras que las
administraciones de Juan Manuel Santos, si bien introdujeron algunos cambios
instrumentales, representan a los llamados “extractivismos conservadores
reajustados”. En estos pueden haber cambios, como incorporar ciertas formas
de responsabilidad empresarial y un discurso verde, pero no se abandona el
protagonismo del mercado.

Bajo políticas conservadoras y con extractivismos en manos de empresas
privadas, es comprensible que muchos postularan que la mejor alternativa era
recuperar el papel del Estado apostando, por ejemplo, a mineras o petroleras
estatales. Se miraba empresas estatales como PDVSA de Venezuela o Petrobras
de Brasil, todas ellas bajo gobiernos progresistas (las administraciones
Chávez y Lula respectivamente).

Esa es una opción que permitiría lidiar con algunos problemas, como contener
la subordinación del Estado a los intereses de las corporaciones
transnacionales, o lograr que queden en el país las ganancias del
extractivismo. Sin duda es una idea que sigue teniendo muchas adhesiones
políticas.

Pero el problema es que bajo ese esquema no se detienen los extractivismos
ni sus consecuencias. Esta es una de las advertencias claves de la reflexión
sobre postextractivismo. Es que allí donde se ensayó un extractivismo
progresista, con mayor presencia estatal, podría haber habido algunas
ventajas económicas (lo que es discutible), pero se mantuvieron buena parte
de los impactos locales ambientales, sociales y territoriales propios de los
extractivismos. Las empresas estatales petroleras no tuvieron mejor
desempeño ambiental y de todas maneras para operar se asociaron a
corporaciones extranjeras. Desde el punto de vista de las comunidades
locales, los impactos son los mismos, más allá de si el responsable es una
compañía estatal, nacional o extranjera. La propia esencia del
extractivismo, por el tipo de apropiación que hace de los recursos
naturales, impone todas esas consecuencias.

Lo mismo ocurre con los efectos derrame, ya que las empresas estatales de
todos modos deben vender los recursos naturales extraídos en el mercado
global, lo que les obliga a competir bajo las reglas y dinámicas del
capitalismo. Entonces, ellas también buscan medidas como las licencias
ambientales express o recibir subsidios desde el gobierno.

El análisis comparado internacional muestra que ese extractivismo estatista
repitió problemas análogos a los observados en Colombia. Por ejemplo, en
Bolivia, la administración de Evo Morales ha rebajado las exigencias
ambientales y sociales, y subsidia la exploración y explotación de
hidrocarburos dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

Los extractivismos se pueden instrumentalizar bajo dos estilos, unos más
conservadores y otros más progresistas, y no se niegan esas diferencias, ni
que el balance de costos y beneficios sea distinto. Pero lo que se subraya
que todo ellos siguen siendo extractivismos, desencadenando impactos
similares. Existe un núcleo central de ideas, conceptos y políticas que
permanece incambiado, en elementos tales como la apropiación masiva de la
naturaleza y la subordinación como exportadores de materias primas.

Es importante agregar aquí una nota de precaución. Es que el mal desempeño
de los progresismos en varios terrenos no debe anular sus aciertos en otros,
ni ser convertido en una excusa para regresar a un extractivismo todavía más
conservador. Esas tensiones están presentes en Colombia donde ante la
debacle del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, no falta quienes la
aprovechan para criticar las intervenciones estatales y reclamar más libre
mercado. Eso abre las puertas a reforzar todavía más los extractivismos
conservadores.

Considerando todo esto, el horizonte de los postextractivismos no está en
elegir entre distintos tipos de extractivismos, sino en ir más allá de esas
ideas compartidas por todos ellos. Dicho de otro modo, es una alternativa a
cualquier tipo de extractivismo, sea conservador o progresista.

Esto hace que los postextractivismos promuevan una regulación social tanto
del mercado como del Estado. Esta posición no siempre es fácil de entender,
especialmente en los países donde prevalecieron por décadas perspectivas
conservadoras y neoliberales. Sin duda es importante recuperar las
regulaciones de la sociedad sobre el mercado, colocándole límites,
transparentando las reales transferencias de dinero, señalando las
externalidades, etc. En esa tarea hay roles importantes para el Estado, e
incluso para empresas estatales. Pero también hay que reconocer que los
ensayos de empresas estatales al estilo progresista escapaban a la
regulación social, abusaban de pagos a las comunidades locales para ganar
sus favores, o bien se enfrentaban a ellas. Los postextractivismos también
defenderán empresas estatales, pero bajo una estructura y dinámica distinta,
y siempre bajo regulación ciudadana.

Alternativas bajo la violencia y la paz

El otro componente clave para el caso colombiano es su larga historia de
guerra interna, con todas sus consecuencias en la vida política nacional, y
el proceso de paz que ahora ofrece todo tipo de oportunidades.

Los extractivismos conservadores se implantaron bajo la guerra, y como esa
era una problemática apremiante, comprensiblemente muchos sostenían que la
prioridad era buscar la paz y se debía dejar para después temas como el
ambiente o el ordenamiento territorial. El proceso de paz ofrece las
condiciones para adentrarse en toda esta problemática con más energía,
libertad y pluralidad, y esto abre oportunidades para transiciones
postextractivistas.

Si bien las consecuencias del conflicto armado no se han perdido, e
inevitablemente afectarán los debates postextractivistas, es posible
compartir algunas ideas. En primer lugar, debe apuntarse que la cuestión
ambiental no ha sido plenamente incorporada en los planes de paz, como ha
sido señalado por varios analistas. Los postextractivismos deben remontar
esto ya que cualquier alternativa debe atender las cuestiones ecológicas.

En segundo lugar, el conflicto armado generó muchos daños ambientales pero a
la vez impidió el avance de la apropiación de los recursos naturales en
distintas áreas. Hoy existe un riesgo real, también señalado por varios
analistas; que el acceso del Estado a territorios, que antes estaban en
manos de las FARC, desencadene un aumento de la presión extractiva. Hay
muchas razones para esto, destacándose que el gobierno necesitará fondos
para sostener la desmovilización y puede buscarlos en rubros como minería o
petróleo. A su vez, las empresas ahora estarían dispuestas a ingresar en
esos sitios en la medida que se consolide la paz. De la misma manera, no
debería sorprender que grupos desmovilizados busquen en la minería aluvial u
otros extractivismos una vía para sostenerse económicamente.

Es más, si se toman en cuenta las experiencias de otros países, no sería
raro que alguna autoridad estatal comience a justificar los extractivismos
como necesarios para la paz bajo la conocida excusa de sus supuestos réditos
económicos. Entonces, los debates sobre postextractivismos deberán ser muy
afinados para no quedar atrapados bajo etiquetas como las de impedir la
pacificación.

Todo esto abre opciones para exploraciones, concesiones o emprendimientos
mineros y petroleros, o por el avance agropecuario, sobre los páramos y
otras zonas andinas, en la Amazonia, el Chocó y otras regiones. En muchas de
esas zonas están ubicadas reservas forestales, áreas protegidas o tierras en
manos de comunidades indígenas. Se ha advertido que más del 90% de los
municipios con prioridad en el posacuerdo, tienen alguna figura de
protección o de regulación, y que en los municipios más afectados por el
conflicto, en el 80% ya hay títulos mineros otorgados (8). Esto explica
enormes riesgos sobre la biodiversidad y las comunidades locales
(especialmente indígenas y campesinos), y mayores efectos derrames como la
desterritorialización.

Pero más allá de esas cuestiones, hay otra todavía más compleja. Las
herencias políticas y culturales del conflicto y la propia tónica de los
gobiernos conservadores han hecho que varios sectores sociales aceptaran
como natural un alto nivel de violencia y repetidos incumplimientos de los
derechos humanos. El Estado ha ejercido controles militarizados y persisten
hostigamientos a líderes locales.La cifra de asesinatos es escandalosa (26
homicidios de líderes defensores de la tierra en 2015; la tercer cifra más
alta del mundo; 9).

Los extractivismos no sólo avanzan bajo estas condiciones de violencia, sino
que las aprovechan para implantarse en contra de la resistencia local. Hay
extractivismos como la megaminería a cielo abierto o el fracking, donde la
violación de derechos no es una consecuencia sino una condición previa y
necesaria para poder implantarlos.

Bajo condiciones de violencia se vuelve muy dificultoso, riesgoso, y hasta
imposible plantear opciones alternativas. Este es un enorme escollo para las
alternativas, ya que presentarlas y discutirlas necesita de un marco
democrático y de la salvaguarda de los derechos de las personas que las
postulan. Cualquier avance en una agenda postextractivista requiere
desmontar esa naturalización de la violencia, y desde allí surgen sus
medidas de emergencia que protejan a los grupos locales y sus líderes, y el
apoyo a la democratización de las decisiones.

Las oportunidades para los postextractivismos

Frente a esas severas restricciones también hay muchas oportunidades.
Comencemos por señalar que la movilización ciudadana frente a los
extractivismos se ha potenciado en todo el país, y existe un creciente
consenso sobre sus impactos negativos. Todo esto alimenta la necesidad de
buscar alternativas.

Las iniciativas ciudadanas de promover consultas locales son otro aporte
sustantivo. Ellas contribuyen a democratizar el debate y las decisiones, y a
su vez ejemplifican una de las medidas propias del postextractivismo. El
papel de la Corte Constitucional también debe ser valorado, demostrando las
consecuencias positivas que tiene un ejercicio independiente y concreto de
la justicia. Estos componentes pueden potenciar transiciones basadas en las
justicias ambiental y ecológica.

A su vez, en el país hay innumerables iniciativas ambientales y sociales
locales que han florecido incluso bajo el conflicto, y que en condiciones de
paz no sólo representan ejemplos de alternativas posibles sino que se
podrían ampliar y replicar (10).

Finalmente, asoman desde distintos sitios otros componentes propios de los
postextractivismos incluso más radicales. Por ejemplo, la demanda de
moratorias mineras o petroleras se ha debatido en países vecinos como
Ecuador y Perú, pero parecería alejada al estado del debate actual en
Colombia. Pero es interesante observar cómo diferentes analistas llegan casi
a esa conclusión en el país. Por ejemplo en un reciente intercambio sobre
las consultas ante la minería (11), M. Hofstetter (Uniandes) hace en parte
una defensa de la minería (confundiendo extractivismo con minería) pero
admite una moratoria en la minería de oro, una extracción innecesaria. Juan
Camilo Cárdenas (también de la Uniandes) le replica, y lo interesante es que
afirma que “mientras no hagamos una contabilidad correcta” de todos los
costos, “es mejor esperar”. Esos dos componentes, la clarificación de los
costos y las moratorias en algunos tipos de emprendimientos, son medidas
centrales en los postextractivismos.

También existen varias propuestas de marcos genéricos, para incorporar el
ambiente en el proceso de paz, que brindan muchos insumos para los
postextracivismos (12). Pero es necesario insistir en una de las
particularidades de esta perspectiva, su insistencia en medidas concretas,
entendibles y replicables. Por ello es necesario ofrecer algunas
precisiones.

La primera es que muchos sin duda estarían de acuerdo con amplios llamados
como cambiar la matriz exportadora, y de hecho el postextractivismo tiene el
mismo reclamo. Pero en lo que insiste es en precisar, con creciente detalle,
cómo pueden lograrse esas metas, cómo serían sus políticas públicas, sus
planes de acción, y sus instrumentos de gestión. Es que no es raro que los
llamados genéricos por la justicia resulten simpáticos, pero, ante esa falta
de precisión, buena parte de la opinión pública escoge no arriesgarse y
recae una y otra vez en los extractivismos. Por esto, los postextractivismos
tienen que ofrecer medidas concretas, siempre que sea posible referidas a
sus implicancias económicas o a ejemplos concretos, y tienen que ser
entendibles por el público.

La segunda se enfoca en articular con precisión los instrumentos con
estrategias y políticas. Es que en muchas ideas alternativas se ofrecen
sobre todo instrumentos en forma aislada, sin evaluar si su aplicación no
genera políticas implícitas que al poco tiempo serán una traba. Por ejemplo,
es común presentar como alternativa a los extractivismos los planes de
ordenamiento territorial, y sin duda son muy valiosos, pero no aseguran un
tránsito postextractivista. Es que pueden haber consultas ciudadanas donde
un ordenamiento territorial legitime, pongamos por caso, una minería intensa
(y existe evidencia sobre esto en países vecinos). Por lo tanto, no basta
con presentar al ordenamiento territorial, sino que éste debe derivarse de
planes de acción que a su vez respondan a mandatos en políticas públicas
como es la salvaguarda de los derechos de la naturaleza.

Otro ejemplo común es presentar como alternativa a los extractivismos
instrumentos como pagos por servicios ambientales, cuantificar el capital
natural y otras herramientas de la llamada economía verde. Por ejemplo, la
propuesta de Naciones Unidas para incorporar el ambiente y el ordenamiento
territorial en el proceso de paz tiene aciertos notables (como fortalecer la
institucionalidad ambiental o revisar la participación estatal en las rentas
mineras), pero termina reclamando “promover modelos de desarrollo local
sostenible y crecimiento verde que también se basen en el uso sostenible del
inmenso capital natural de la nación”. De manera muy similar, la reciente
propuesta de desarrollo rural y paz, tiene varias ideas compartibles, pero
al abordar las iniciativas económicas cae otra vez en asumir que puede haber
tecnologías “sostenibles” para los extractivismos y en los “mercados
verdes”.

Ante este tipo de propuestas, el postextractivismo analiza con detalle.
Insiste en que instrumentos pagos por servicios ecosistémicos o ideas como
capital natural no son neutros. Si se los aplica y se los usa, se genera una
política pública que acepta la mercantilización de la naturaleza, y esto
desemboca en que más temprano que tarde se volverá imposible cumplir con los
mandatos de conservación, se recae en las clásicas tensiones entre economía
y ecología, y persistirán los extractivismos.

Instrumentos como los pagos por servicios ecosistémicos pueden ser positivos
en un inicio, pero no permiten dar otros pasos adicionales para salir de los
extractivismos. Usar instrumentos propios de entendimientos políticos de una
naturaleza como conjunto de bienes y servicios que pueden ser transados en
los mercados es justamente la base de los extractivismos. Por ello, es un
instrumento que en el mediano plazo violaría un mandato central del
postextractivismo que es asegurar la protección de la Naturaleza.

Los postextractivismos hacen este ejercicio una y otra vez, evaluando si
cada instrumento permite avanzar hacia alternativas más profundas y
abarcadoras. A su vez, su racionalidad es inversa, ya que se parte de los
mandatos y principios en las políticas y desde allí se derivan planes de
acción con sus instrumentos. Siguiendo con el ejemplo, el postextractivismo
tiene como uno de sus pilares la protección de la naturaleza (entendida como
derechos propios en ésta), y ese es un mandato independiente de si alguien
puede pagar o no por ello.

Como puede verse, los postextractivismos son un campo en pleno nacimiento,
dando sus primeros pasos, aunque descansa sobre una rica diversidad de
saberes y experiencias, desde las comunidades locales a las reflexiones
académicas. No es un mero ejercicio intelectual, sino que es un esfuerzo
necesario y urgente para lidiar con el avance de los extractivismos y todos
sus impactos.

Referencias

1. Un ejemplo muy reciente es Pineda Ruíz, F. Minería y petróleo: las
consultas populares y el futuro de Colombia del siglo XXI. Las 2 Orillas, 15
junio 2017.

2. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos,
incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en:
www.extractivismo.com

3. Un ejemplo de los impactos y conflictos en Pérez-Rincón, M.A. y
colaboradores. Caracterizando las injusticias ambientales en Colombia:
estudio para 115 casos de conflictos socio-ambientales, Cinara, Univalle,
Cali, 2016.

4. Minería en Colombia. Volumen 1: Fundamentos para superar el modelo
extractivista. Vol. 2: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza. Vol. 3:
Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un modelo minero
alternativo. Vol. 4: Control público, memoria y justicia socio-ecológica,
movimientos sociales y posconflicto. Contraloría General de la República,
Bogotá, 2013.

5. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está
disponible en: www.transiciones.org

6. Samaniego, P. y colaboradores, Commercial and biophysical déficits in
South America, 1990-2013, en Ecological Economics, 2017.

7. Ver por ejemplo el detallado análisis de Rudas Lleras, G. y J.E. Espitia
Zamora, Participación del Estado y la sociedad en la renta minera, en
Minería en Colombia, Vol. 1, 2013.

8. Morales, L. La paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para
un desarrollo sostenible. Diálogo Interamericano, Washington, 2017. ONU.
Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial
estable, duradera y sostenible en Colombia, Bogotá, 2014.

9. Global Witness, En terreno peligroso, Global Witness, Londres, 2016.

10. Ejemplos de iniciativas ambientales bajo el conflicto en Guerra,
sociedad y medio ambiente, M. Cárdenas y M. Rodríguez B. (eds), Foro
Nacional Ambiental, Bogota, 2004.

11. ¡No más minería! ¿O sí?, M. Hofstetter, La Silla Vacía, 27 marzo 2017.
¿Cuál minería? Respuesta a Marc Hofstetter, Juan Camilo Cárdenas, La Silla
Vacía, 3 abril 2007.

12. Un ejemplo es Rodríguez Garavito, C., y colaboradores. La paz ambiental.
Retos y propyestas para el posacuerdo. Documentos 30, DeJusticia, Bogotá,
2017.

13. Estas propuestas están citadas en la referencia 8.

* Analista en temas de ambiente y desarrollo, y defensor de la Naturaleza.
Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES);
investigador asociado en el Dpto Antropología, Universidad California,
Davis; Duggan fellow del Natural Resources Defense Council de EE UU. Docente
invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, EE UU
y Europa. Acompaña organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a
federaciones indígenas, en distintos países del continente.

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