Brasil/ Un paquete de maldades contra los trabajadores [Eduardo Perondi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de julio 2017

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Brasil

Un paquete de maldades contra los trabajadores 

En la noche del martes 11 fue aprobada en Brasil una reforma laboral que
puede ser resumida como el más profundo ataque que la legislación del
trabajo haya recibido en ese país.

Eduardo Perondi *

Brecha, 21-7-2017

http://brecha.com.uy/

No ha sido el único. En un contexto de profunda crisis económica, el Estado
brasileño lleva adelante, en medio de escandalosas revelaciones sobre su
corrompido engranaje, una ofensiva en contra de los derechos laborales,
organizada desde distintos frentes, involucrando a personajes clave de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Están retirando derechos históricos y legalizando formas de explotación del
trabajo ya utilizadas por las principales ramas productivas en Brasil, como
el trabajo tercerizado, el trabajo temporario e intermitente, el trabajo
análogo a la esclavitud, entre otros. Los gobernantes dicen que es para dar
“seguridad jurídica” al empresariado y “modernizar la ley”. En realidad
buscan reducir los costos de contratación y despido, facilitando que los
patrones puedan utilizar la fuerza de trabajo cuando sea necesario y luego
descartarla como si fuera una mercancía desechable cualquiera que se avienta
a la basura.

La reforma laboral (Plc 38/2017), un proyecto del gobierno de Michel Temer,
trata no sólo de rebajar el piso –ya de por sí bastante débil– de la
legislación laboral, sino transformarlo en un techo, o sea, establecer un
marco dentro del cual los derechos del trabajador pueden ser reducidos según
lo negociado entre empleado y empleador.

En esa negociación, que se vuelve individual, el patrón y el trabajador
pueden firmar contratos que reduzcan el costo del despido, aumentar la
jornada diaria y disminuir el tiempo de descanso y de comida, utilizar un
“banco de horas” para evitar el pago de horas extra, y las pausas para la
lactancia materna las tendrá que negociar la mujer trabajadora con el
empleador.

La negociación colectiva permitirá establecer términos inferiores en 15
puntos de la ley, sobre todo en lo que se refiere a la jornada laboral y la
remuneración. En paralelo, permite que la representación de los trabajadores
en las negociaciones con los patrones se realice por una “comisión de
representantes”, en cuya elección está vedada la participación del
sindicato. Eso aumenta la cooptación de representantes e implica un duro
golpe a la organización sindical.

Otros cambios importantes que establece esta ley son: ampliación del período
de trabajo parcial (pasa de 25 a 30 horas); libera el trabajo autónomo;
facilita y abarata el despido inmotivado; instituye el trabajo intermitente
o “jornada cero hora” (en la que el trabajador debe estar a disposición para
cuando lo llame el patrón); instituye el teletrabajo (trabajo remoto, desde
el hogar); permite que las embarazadas puedan trabajar en locales insalubres
(si un médico las autoriza); acaba con la contribución sindical obligatoria.

En una clara manifestación de manipulación y selectividad, pocas horas
después de aprobada la reforma ha ganado los titulares de los medios de
comunicación la condena en primera instancia del ex presidente Lula, acusado
de corrupción. Lanzaron una cortina de humo para desviar la atención de los
ataques a los trabajadores. En paralelo, el mismo Congreso que aprobó la
medida hacía todo tipo de maniobras para salvar a Temer, comprobadamente
involucrado en casos de corrupción.

De segunda clase

Otro ataque al trabajo vino con la aprobación por los diputados de la ley
13.429/17, que permite la tercerización de la fuerza de trabajo incluso en
las actividades principales de una empresa.

Los trabajadores tercerizados pertenecen a una especie de “segunda clase”:
reciben salarios más bajos, tienen jornadas más largas y extenuantes, suelen
ser las principales víctimas de enfermedades, accidentes y muertes en el
local de trabajo.

La ley aprobada dificulta que la empresa contratante del servicio sea
responsabilizada en el caso de que las tercerizadas no cumplan con las
obligaciones laborales. También amplía la posibilidad de utilización del
contrato temporario: aumenta de 90 a 270 días el límite de duración de esa
modalidad contractual, que prevé condiciones inferiores.

Trabajar hasta la muerte 

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso hizo una reforma en la jubilación
de los trabajadores del sector privado en 1998. Lula completó el ataque
reformando la jubilación del sector público en 2003. Ahora Temer acelera la
marcha por una nueva y más profunda reforma en la previsión social, para
aumentar la edad y el tiempo de contribución para acceder al derecho,
llegando al absurdo de proponer que un trabajador contribuya durante 49 años
para recibir su jubilación integral, inviabilizando ese derecho para
millones de personas.

Lo justifica por un supuesto déficit en las cuentas que, sin la reforma,
podría inviabilizar el sistema. Datos de la Asociación Nacional de Auditores
Fiscales de la Receita Federal lo desmienten: las cuentas de la previsión
social son superavitarias año tras año.

El verdadero objetivo de la reforma consiste en el saqueo del ahorro de los
trabajadores por parte del sistema financiero, además de la mercantilización
del derecho con la venta de fondos privados de jubilación.

Por otra parte, actualmente se está tramitando en el Congreso la propuesta
de reforma del trabajo rural (proyecto de ley número 6442/2016, del diputado
Nilson Leitão, del Psdb-MT), que prevé que las empresas paguen al trabajador
“con salario o remuneración de cualquier especie”, o sea, con vivienda y
comida. También permite que la jornada laboral sea ampliada hasta 12 horas
diarias y que un trabajador pueda estar 18 días seguidos trabajando sin un
descanso semanal.

Modernizar, para los latifundistas brasileños, significa constitucionalizar
su arcaica costumbre, nunca abandonada, de usar fuerza de trabajo en
condiciones de esclavitud en el agronegocio.

La magnitud de la crisis económica en que se encuentra Brasil es vista por
el empresariado como una oportunidad para avanzar en este conjunto de
reformas impopulares. Pero la dificultad de aprobarlas también genera crisis
de gobernabilidad, que ya resultó en la ilegítima deposición de Dilma
Rousseff y ahora amenaza derrumbar al usurpador Temer. La indefinición sobre
quién gobierna no ocurre cuando se trata de la agenda del Ejecutivo: para
las clases dominantes lo importante es avanzar en la desvalorización de la
fuerza de trabajo.

Los trabajadores reaccionaron. El éxito de la huelga general organizada por
las centrales sindicales el 28 de abril frenó parcialmente la tramitación de
las reformas y provocó escisiones en el bloque dominante. Un nuevo paro, el
30 de junio, tuvo menos adhesión, al parecer como resultado del aumento de
la presión patronal sobre los trabajadores y la desmovilización de algunas
de las centrales sindicales, que diluyeron la huelga general en una “jornada
de lucha” y en la consigna de elecciones “directas ya”.

Esto demuestra que sólo la lucha organizada por los trabajadores tiene el
poder de frenar la ofensiva del capital en Brasil. Hay disposición y
potencial para tal posibilidad, incluso para revertir los ataques ya
plasmados. Sin embargo, urge unificar las consignas en torno a las
prioridades de los de abajo, y no quedar rehén de las agendas políticas
impuestas por los de arriba.

* Sociólogo.

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