México/Veracruz/ Los desaparecidos de hoy: en la fosa clandestina más grande del país [Eliana Gilet - Lucy Díaz Genao]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de mayo 2017

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México/Veracruz

En la fosa clandestina más grande de México

Los desaparecidos de hoy

México cuenta oficialmente con 30 mil personas desaparecidas en democracia.
Pero los familiares de las víctimas que trabajan para que sean reconocidos,
luchando contra la negligencia y complicidad de las autoridades públicas,
sostienen que son muchos miles más. En el estado de Veracruz, donde los
jóvenes son las principales víctimas de desapariciones a manos de
uniformados, un colectivo de familiares halló la fosa clandestina más grande
del país.

Eliana Gilet, desde Veracruz

Brecha, 2-6-2017

http://brecha.com.uy/

El hallazgo de más de 250 cráneos enterrados clandestinamente en un predio
en las afueras del puerto de Veracruz revela la imbricación de las
instituciones políticas en la crisis de derechos humanos que vive ese
estado, recostado en el golfo de México. La fosa común la encontraron las
familias que forman parte del Colectivo Solecito, de la ciudad portuaria,
quienes gestionaron la excavación de manera autónoma y obligaron a que la
justicia y la Policía Federal ahora se hagan cargo de la identificación
genética de los restos. Los dos principales fiscales a cargo de los casos de
desaparición forzada renunciaron y el ex jefe de policía ha sido señalado
como autor intelectual de varios de ellos. “Veracruz conforma un caso de
lesa humanidad, donde las desapariciones forzadas han sido masivas y
sistemáticas; han diezmado a la población juvenil y fueron diseñadas para
causar terror, dolor y sufrimiento a todos los demás”, afirma Lucy Díaz
Genao, vocera del Colectivo Solecito.

Un croquis crucial

Antes de que las familias ubicaran aquí el conjunto de fosas clandestinas
más grande que se conoce en México, Colinas de Santa Fe era un complejo de
viviendas. Un fraccionamiento periférico en las afueras del puerto de
Veracruz en el que viven 3 mil personas. Todo cambió un año atrás, cuando el
10 de mayo dos hombres se bajaron de una camioneta y se dirigieron a las
mujeres que preparaban la marcha del Día de la Madre, porque ellas no son de
flores ni de bombones, dicen: “somos madres de salir a luchar”. En una
operación relámpago los hombres les repartieron dos docenas de papelitos con
un croquis, el que las trajo hasta aquí, al predio de diez hectáreas, anexo
al fraccionamiento. El mapa hecho a mano señalaba dónde exactamente se
ubicaban las fosas clandestinas atribuidas a un “comandante del cártel de
Jalisco Nueva Generación”. Muestra cómo las casas rodean el cementerio
clandestino.

Para llegar a la fosa hay que recorrer casi dos quilómetros de camino
arenoso. Un primer portón advierte que no se puede pasar al predio privado.
Allí comienza la parte del terreno gestionado por la empresa, Corporación
Integral de Comercio Exterior (Cice) por cuenta de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Hay un par de lagunas que pasamos de costado.
Lucy Díaz Genao (véase entrevista) explica a Brecha que están gestionando a
nivel federal el dragado de esas lagunas porque creen que allí puede haber
más cuerpos, y en el agua hay cocodrilos que hay que sacar. Es detrás de un
segundo portón rojo, donde empieza formalmente el terreno de la fosa, aunque
no era del todo desconocido para las instituciones públicas. En abril de
2015 la federal Secretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia
Organizada (Seido) había desenterrado de este mismo lugar cinco cráneos.
Luego dejó de buscar. Además de los otros 250 cráneos que las familias
desenterraron, hasta ahora han encontrado en Colinas de Santa Fe 17 mil
fragmentos óseos en 125 fosas distintas. Explica Díaz Genao que tuvieron que
pelear para que les dieran las coordenadas del hallazgo de Seido en 2015,
que les sirvieron como punto de partida para comenzar su propia búsqueda en
este lugar.

Un sonido y un olor

Buscar una tumba clandestina es un trabajo de paciencia y de intuición. Para
hacerlo, las familias no usan más que unas varillas de hierro de dos metros
y medio de largo, que clavan hasta el fondo, las extraen y mediante el
sonido (“se escucha cuando atraviesas con la varilla las bolsas en las que
fueron enterrados los cuerpos”) o el olor que se libera al haber roto la
cápsula que los mantenía encerrados (“pasé semanas despertándome tres o
cuatro veces con ese olor a muerto”) deciden si cavar o no un pozo de
sondeo. Cuando en ese pozo hay un hallazgo se pasa a hablar de una fosa
clandestina.

Ya se ha explicado en estas páginas cómo el caso de la masacre de Ayotzinapa
se transformó en un ejemplo, cuando los colectivos de familiares de
desaparecidos tomaron ellos mismos la posta de las búsquedas en el campo; y
cómo fue en Iguala –la ciudad en donde los 43 estudiantes fueron atacados y
secuestrados– que el grupo Los Otros Desaparecidos creó ese método de
búsqueda, que enseñaron y replicaron en todo lugar que se lo requirieran.
Uno de los buscadores de Iguala, don Lupe, está en Colinas de Santa Fe y
explica las dificultades que presenta este predio.“Aquí lo que cuenta es la
intuición. En otros terrenos se pueden seguir indicios, pero aquí se
pierden, es como buscar en el desierto. Tiene una ventaja, que la tierra
arriba se compacta pero abajo está blanda. En Iguala no hemos encontrado
tanto cuerpo en un solo lugar. Es triste, pero ojalá los señores que hacen
esto allá se tomaran la molestia y no los dejaran regados por los cerros.
Nos facilitarían mucho el buscarlos. Pero esto tampoco es fácil, porque es
un enorme panteón, siguieron un patrón aquí.”

Cargar el ataúd

El patrón es claro: las tumbas clandestinas fueron cavadas una pegadita a la
otra, como siguiendo líneas en los bordes de los médanos chicos que rodean
el claro central del enterramiento. También encontraron otro lugar, al que
llamaron “la alberca” porque es un hoyo de dimensiones mucho mayores, en
donde había 15 cuerpos enterrados. Don Lupe tiene 59 años, es albañil y fue
uno de los tres buscadores que llegaron desde Iguala para apoyar el llamado
del Solecito. Tiene un hijo desaparecido desde el año 2012 y entiende la
determinación de las mujeres del colectivo: “Cada vez somos más y sabemos
que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Iguala destapó la
podredumbre y se decidió a buscar, sin miedo al gobierno y a la
delincuencia. No pensé que llegara a tanto aquí, no imaginé tal magnitud de
cuerpos”.

Sólo dos de los cuerpos encontrados fueron identificados hasta ahora. Pedro
Huesca y Gerardo Montiel eran funcionarios de la justicia de Veracruz y
desaparecieron el 15 de abril de 2013. Sus restos fueron hallados en Colinas
a comienzos de marzo. Huesca, quien fue encontrado gracias a los esfuerzos
de su madre, fue enterrado en su comunidad natal, Palmas de Abajo. Las
mujeres del Solecito cargaron el ataúd.

Desfalco y desaparición

A finales de marzo los 12 colectivos de familiares de desaparecidos del
estado de Veracruz se reunieron con el subsecretario de derechos humanos
federal, Roberto Campa Cifrián, con el fiscal general del estado, Jorge
Winckler, y con el gobernador Yunes. En la reunión, el gobierno federal se
comprometió a terminar la identificación genética de los restos hallados en
no más de 180 días y también a enviar 30 millones de pesos mexicanos (1,5
millones de dólares) para este fin, ante el ruego de las autoridades locales
y la noticia de que Veracruz no tiene una base de datos genéticos de los
familiares de desaparecidos, porque durante los últimos seis años, ni un 10
por ciento de las muestras tomadas fueron procesadas. Las autoridades de
Veracruz afirman que el estado está fundido debido a la gestión del ex
gobernador Javier Duarte, quien es acusado (por familiares de víctimas) de
acción u omisión en los miles de casos de desaparición forzada cometidos por
policías durante su mandato y quien, tras estar seis meses prófugo, fue
detenido en Guatemala (véase recuadro).

Arturo Bermúdez Zurita era el jefe de seguridad pública en Veracruz durante
el mandato de Duarte. Según las estimaciones de los colectivos de
familiares, en el estado de Veracruz cerca de 90 por ciento de los
desa-parecidos fueron llevados por uniformados. Por eso el ex jefe de
policía Bermúdez Zurita es acusado por los familiares de ser el autor
intelectual de muchas desapariciones forzadas. Está detenido bajo prisión
preventiva, pero por enriquecimiento ilícito.

Varios periodistas que han seguido de cerca los casos de desaparición en
Veracruz (Noé Zavaleta, de Proceso; Miguel León Carmona, en E-consulta
Veracruz; y Arturo Ángel, de Animal Político) afirman que hay pistas que
indican que Colinas de Santa Fe fue usado como centro de enterramiento
clandestino tanto por el crimen organizado como por las policías locales.

Lesa Humanidad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en los últimos nueve
años (2007-2016), las distintas fiscalías reportaron haber encontrado 855
fosas clandestinas, de las que recuperaron 1.548 cadáveres. La cifra oficial
de casos reportados por desaparición forzada en democracia ya llegó a las 30
mil personas.

“Yo creo que son muchos más. Sólo Iguala tiene 1.800, Cocula otros 700, en
Teloloapan son 830, en Chilpancingo son 1.500. Si en Acapulco hay más de 3
mil desaparecidos, esos números no cuadran. Y eso sin contar los municipios
más calientes en su momento: Apaxtla, Altamirano, Arcelia. En toda la sierra
alta de Guerrero están fácil los 30 mil desaparecidos de las cifras
oficiales”, señala don Lupe.

Díaz Genao sostiene lo mismo: “En Veracruz tiene que haber más de 15 mil
desaparecidos, y no me sorprendería que me quedara corta. Hay mucha zona
rural y este flagelo ha golpeado más en esas zonas que en las ciudades. Ahí
se los llevan de a 20 y 30 en una sola noche. En Veracruz las desapariciones
forzadas han sido masivas en muchos lugares, y han sido sistemáticas. Todo
da para que se conforme un crimen de lesa humanidad: ha diezmado a la
población juvenil y está diseñado para causar dolor, terror y sufrimiento en
todos los demás”.

Juventud robada

Las principales víctimas de la desaparición forzada en el estado son los
jóvenes. Mayoritariamente tienen entre 13 y 25 años. Víctimas mayores de 30
ya salen de la norma en Veracruz.

Solecito ha registrado al menos tres operativos masivos de detención de
jóvenes, entre ellos un caso que señala directamente a Bermúdez Zurita. En
una de las colonias de la ciudad sucedían robos menores, delitos
patrimoniales sin alto impacto, explica Díaz Genao. Los vecinos convocaron a
Bermúdez Zurita para decirle que ya estaban hartos de esos robos. El ex jefe
de policía les dijo “no se preocupen, mañana mismo nos encargamos de eso”,
cuenta. Y al otro día fue la policía y se llevó a todos los muchachos que
encontró en la calle. “De ese día tenemos ocho casos (de desaparición), pero
fueron muchos más. Ahí está Bermúdez Zurita diciendo lo que va a hacer y
haciéndolo. A los muchachos los buscaban dentro de las casas. Hay una mamá,
compañera del Colectivo, que tiene más niños chiquitos y ese día estaba con
ellos agarrados frente a la patrulla diciendo ‘no, no se lleven a mi hijo’.
Todavía tiene pesadillas porque ve a su hijo diciéndole ‘mami, que no me
lleven’, con los otros chiquitos llorando como locos, y ella que no sabe qué
hacer. Es una mujer pequeñita y tampoco tiene preparación ni nada, pero
aunque la hubiera tenido, ¿qué iba a hacer?”, relata Díaz.

La vocera del Colectivo Solecito, sostiene que la desaparición forzada fue
aplicada como una política policial: “Se los llevan supuestamente a unos
separos (cárceles temporales) y sí, hay testigos de que ahí estuvieron, pero
hasta ahí sabemos de ellos. Es una política policial mezclada con limpieza
social, que también practicaban. Ellos dicen ‘estos para qué andan en el
medio, nos van a dar problemas, mejor los quito. No estudian, no pueden
hacer nada, no tienen ningún futuro’. Hay mucho de eso también”.

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Desapariciones, complicidad y omisión

El “nuevo” Estado

La desaparición forzada es un fenómeno abrumador en México. Y aun más cuando
se toma en cuenta la impunidad que lo rodea. No llegan a diez las personas
condenadas por este crimen en el país de los 30 mil desaparecidos en
democracia. Los crímenes de lesa humanidad son asumidos como prácticas
corrientes. Por ello los familiares de las víctimas vienen reclamando una
ley de desaparición desde hace tiempo. Cuando en 2015 empezó a discutirse el
proyecto de ley federal de desaparición, las familias que eran parte de ese
proceso insistían en que la figura penal incluyera tanto los sucesos en los
que habían participado agentes del Estado –típicos de las dictaduras de
América del Sur– como también los cometidos por grupos del crimen
organizado. El argumento es que de todas maneras el Estado es responsable,
ya sea por acción o bien por omisión (como sucedió con los casos en los que
la mafia se llevó a la gente y el Estado no sólo no lo impidió sino que no
respondió de manera inmediata ni debida para esclarecer los hechos). La
discusión se zanjó creando un nuevo tipo penal, la “desaparición por
particulares”, en donde el Estado acabó blindado: desapareció de la jugada
en una gran cantidad de casos.

El abogado Humberto Guerrero, que representa al Movimiento por Nuestros
De­saparecidos en México y ha participado en la elaboración de la ley –que
aún no ha sido sancionada– junto a los distintos niveles de gobierno, la
justicia y el parlamento federal, explicó a Brecha que las organizaciones
renunciaron finalmente a imponer el concepto de responsabilidad del Estado
porque “aumentaba el riesgo de que mucha gente no accediera a la justicia,
por la imposibilidad fáctica de acreditar la responsabilidad estatal”. Pero,
indicó, “ninguno de nosotros duda de que detrás de las omisiones hay una
intencionalidad que lo hace participar en cada desaparición forzada”.

Mientras la ley de desaparición pelea por su sanción, el Ejecutivo federal
–en manos de Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, clave en temas de seguridad– promueve una ley de seguridad
interior que establece que la Secretaría de Defensa tome en sus manos
definitivamente el control de la seguridad interna del país. “Esta ley se
sostiene en la premisa de que la institución policial fracasó en la tarea, y
argumenta que por eso necesitaríamos a los militares. Es el Estado
resignándose a no poder reconstruir las instituciones policiales”, analizó
Guerrero.

Hace ya diez años que el Ejército avanza sobre el control territorial, con
la misma lógica de los cárteles. Cuando la militarización se promueve en
democracia y en vez de “puercos” –como se les dice cariñosamente a los
uniformados por las calles mexicanas– llegan los “guachos”, los verdes,
¿quién necesita ya de un golpe? Además, en muchas de las desapariciones se
acusa a los mismos militares de haberlas perpetrado.

“No queremos que la ley de desaparición forzada se vuelva una moneda de
cambio para los partidos políticos y para el Estado mexicano; que se avance
en la ley de desaparición a cambio de entregar el control de la seguridad a
los militares”, dijo el abogado a Brecha.

Los hechos conducen a la pregunta: ¿es el mexicano un Estado fallido? “Si en
algo ha claudicado es en asumir sus responsabilidades, pero sigue siendo
funcional, sólo que a otros intereses. Nos falta información para plantear
hacia dónde fluye, pero sabemos que el poder económico es favorecido legal e
ilegalmente”, afirmó Guerrero. “La gracia que provocó la idea de la
alternancia del Pan (Partido Acción Nacional) en el año 2000 en la
Presidencia de la República se acabó. Ahí, donde se veía en México a un país
en camino de consolidar una democracia, debe verse un país que retrocedió,
porque los avances normativos no han logrado que se respeten los derechos de
la gente”, concluyó.

Gracias a que el combate al crimen organizado amparó la militarización del
país el Ejecutivo intenta concentrar el poder y ejercerlo mediante el
Ejército, aprovechando las debilidades de una justicia caída en descrédito y
un Poder Legislativo entretenido en las mieles electorales. El miedo en que
vive cotidianamente la población opera a favor de la desmovilización
política, porque la amenaza de la desaparición o la muerte es real para casi
cualquier persona. En ese panorama, el trabajo de las familias de las
víctimas abre una ventana en un ambiente viciado con el tufo de las
prácticas paramilitares. A través de su trabajo se entiende cómo la
complicidad en las desapariciones, por acción u omisión, es piedra angular
del nuevo funcionamiento del Estado, ahora, en democracia.

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Con Lucy Díaz Genao

“Estamos para llevar esos cuerpos con sus familias”

—¿Qué tan avanzado está el trabajo en Colinas de Santa Fe?

—Hemos completado una zona de fosas de aproximadamente dos campos de fútbol,
pero nos faltaría un 40 por ciento del terreno por explorar. Hay una zona
con mucha vegetación donde encontramos una cantidad muy grande de fosas
múltiples, se veían todos los bultos. No lo veo fácil, pero para poder darlo
por bien explorado (el terreno), tenemos que ver también un par de lagunas.

—¿Cómo ha sido su proceso?

—Nosotras comenzamos hace como dos años, cuando fuimos a Iguala y vimos a
las mamás. Dijimos: “Si estas señoras están haciendo esto, nosotras también
podemos”. Allá nos mostraron las herramientas. Les dijimos: “Si nosotras
convidamos a que vayan y nos apoyen, ustedes, ¿lo harían?”, y nos dijeron:
“Claro que sí”. Regresando de Iguala nos pusimos a conseguir recursos con
ventas de ropa usada, rifas de electrodomésticos. Pedimos los permisos para
entrar al predio. Vinieron tres de los rastreadores de Iguala. Nosotras les
pagamos todo y aparte les damos un sueldo. Una compañera nos prestó la casa
de su hijo desaparecido para utilizarla como base. De ahí salimos, dimos el
banderazo el 3 de agosto de 2016, conjuntamente con la Fiscalía, que tiene
que dar fe de todo y nos tienen que llevar, no podemos entrar solos. Los
primeros días no tuvimos ni un solo hallazgo porque la Fiscalía se imponía e
insistía en manejar el tema a su manera. Nos tenían acordonadas: “No, ahí
no, no pueden hacer eso”. Todo era no. Dijimos que si no nos dejaban
trabajar a nuestra manera, llamábamos a la prensa. Se acobardaron y nos
dijeron: “Está bien, háganlo a su manera”. Entonces fuimos dándole vueltas
al mapa hasta que lo hicimos encajar y empezamos a encontrar. Diariamente
hacíamos seis, siete, ocho, nueve, diez hallazgos. Hace ocho meses que la
brigada Solecito entra a las ocho de la mañana y sale a las cuatro o cinco
de la tarde. Es un horario de empresa, cinco días a la semana. Necesitamos
respuestas, no podemos trabajar de manera improvisada.

—¿Qué dificultades han tenido?

—Una ocasión tuvimos una amenaza muy fuerte. Nos esperaron afuera del predio
con armas largas y nos apuntaron. Nosotras íbamos solas con el chofer de la
Fiscalía. La Fiscalía que no nos quería resguardar, estuvimos meses sin
resguardo, lo pedíamos y no llegaba o era errático. Le dije a las
compañeras: “Ahorita pueden decidir: si quieren seguirse arriesgando o si
cortamos y seguimos las que queramos”. Y ellas dijeron: “Nosotras seguimos”,
esto no nos va a asustar. Nosotras no buscamos culpables, estamos para
llevar esos cuerpos con sus familias. No es posible que 253 familias tengan
ese agujero en su alma, en su corazón, en su mente y que si nosotras podemos
apoyarlas no lo hagamos.

—¿Qué rol cumple la Fiscalía?

—Siempre ha tenido una participación muy acotada, está solamente para dar fe
de los hallazgos. Ellos no cavan, solamente observan, el trabajo lo hacemos
nosotras. Hemos visto todo: cráneos, fémures, huesos cortos, dentaduras,
credenciales, tarjetas departamentales. En cuanto encontramos algo, hablamos
al fiscal y le decimos aquí tenemos esta fosa, es positiva, él toma nota y
más o menos intenta hacer una ubicación, se le marca con una bandera y luego
la policía se encarga de exhumarla.

—¿Cómo se explican estas fosas que encontraron?

—Todavía no hemos pensado en eso. Sé que es terrible, es infernal, pero en
nuestro día a día eso lo hacemos a un lado porque es una información
apabullante, aplastante. Si nos ponemos a analizarlo, no nos podemos parar
de la cama.

—¿Cómo tomaron la noticia de que la base de datos genética de Veracruz no
existe?

—Nos dijeron lo que ya sabíamos: tú das tu muestra de Adn pero no se
procesa. Igual pasa con tu denuncia de desaparición: la haces, te dicen que
no te preocupes, que “cuando lo encontremos, te avisamos”. Ese expediente se
va a engavetar y de ahí se va a tirar a la basura. Ese es el procedimiento
común. Por eso Solecito está haciendo la campaña para recoger nuevas
muestras de Adn (de familiares de desaparecidos para identificar los restos)
porque sabemos que el Estado simula, miente, engaña. Venimos pidiendo desde
el primer momento de los hallazgos que se haga una recolección de muestras
masiva a nivel estatal. Como nadie nos escuchó, la estamos haciendo
nosotras. Ya sumamos como mil muestras.

—¿Qué hace falta para identificar los restos encontrados?

—Se necesitan personas preparadas, compromiso y que el Estado se deje de
simular con tristes pretextos. México presume de ser un país moderno, con
muchísimas carreteras, edificios. ¿Cómo dicen entonces que no tienen para
comprar reactivos (para hacer los análisis de Adn)? ¡Fue bochornoso que el
fiscal del estado saliera a pedir financiación a instancias internacionales
mientras compran el avión más caro para el presidente! (El avión que Peña
Nieto estrenó en 2016 está valorado en 350 millones de dólares.) Es como
decir: regálame la gasolina para mi Lamborghini.

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Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz

Salvado por extradición

El 15 de abril Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz, del
oficialista Partido Revolucionario Institucional (Pri), fue detenido en
Guatemala en cumplimiento de un pedido de captura internacional librado
cuando huyó de su tierra natal. Desde su huida no ha dejado de trascender
información que enloda a su gobierno.

Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador interino, denunció que durante el
mandato de Duarte se practicaron casi 50 mil análisis de Vih con reactivos
vencidos (lo cual daba resultados erróneos) a mujeres embarazadas, y que se
falseó la quimioterapia aplicada a niños, dándoles agua destilada en lugar
de los medicamentos.

Las finanzas del estado son otro caos. La pública Universidad Veracruzana
vive en crisis y el fondo de pensiones de los trabajadores de la educación
fue saqueado. “Duarte usaba nuestro fondo como su caja chica”, señaló a
Brecha una de las jubiladas que pelean por salvar su pensión.

Fue tal el avance de los grupos del crimen organizado durante el mandato de
Duarte que era conocido como “el gobernador Zeta”, en referencia al
sanguinario cártel fundado una década atrás por ex integrantes del Ejército
mexicano.

Una vez detenido, Duarte podría haber sido deportado inmediatamente a
México, por entrar a Guatemala con documentos falsos, violando las leyes
migratorias del país. En cambio, México optó por el trámite mucho más largo
de la extradición, basándose en un tratado bilateral vigente.

“Hasta hoy Duarte tiene tres órdenes de aprensión en su contra vinculadas a
delitos económicos, que no se corresponden con la magnitud del robo que
encabezó, así como tampoco están contempladas las graves violaciones a los
derechos humanos que se cometieron durante su mandato”, señaló a Brecha la
abogada penalista Karla Michel Salas, que lleva la causa del homicidio
múltiple en el que fueron asesinados el fotógrafo Ruben Espinosa y la
activista Nadia Vera, ambos veracruzanos, junto a otras tres mujeres en la
Colonia Narvarte, de la Ciudad de México, en 2015. Tanto Espinosa como Vera
habían huido de Veracruz por las constantes amenazas que sufrían allí por su
trabajo profesional y político. En una de las últimas entrevistas que Vera
dio antes de ser asesinada anunció: “Responsabilizamos a Javier Duarte de
Ochoa y todo su gabinete por cualquier cosa que nos pueda suceder”.

El ex gobernador está acusado del desvío de 2.300 millones de pesos
mexicanos (unos 121 millones de dólares) –que según la Auditoría Superior de
la Federación son en realidad 60.000 millones de pesos mexicanos (3.200
millones de dólares)–, lavado de dinero y delitos electorales. Ninguna de
las acusaciones judiciales que motivan la extradición lo responsabiliza –por
acción u omisión– de los miles de casos de desaparición forzada o
ejecuciones extrajudiciales cometidas por uniformados de Veracruz; tampoco
está acusado de la muerte de los 19 periodistas asesinados durante su
mandato, ni por los dos que continúan desaparecidos. Ni siquiera es
investigado por el ejercicio indebido de sus funciones, indicó Salas.

Como el tratado de extradición indica que la persona reclamada “no podrá ser
detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente
(México) por un delito distinto a aquel por el que se le concedió la
extradición”, el mecanismo termina ofreciéndole a Duarte la posibilidad de
hacer borrón y cuenta nueva y de cerrar la puerta a que sea juzgado luego
por el resto de los crímenes cometidos durante su mandato.

“Hay una resistencia histórica a investigar los casos como desapariciones
forzadas, que es una figura penal con una calidad doble, ya que reconoce esa
práctica como una violación grave a los derechos humanos y tiene una carga
política para los estados, como responsables. (…) Sabemos, además, que en el
caso de Veracruz no han operado sólo particulares en estos delitos, sino que
está involucrada toda la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad
Pública, en manos de Arturo Bermúdez Zurita. Arriba de él, sólo está
Duarte”, señaló la abogada, y dijo que es fundamental que se formalicen las
denuncias públicas que se han hecho en su contra, las que sólo podrán
avanzar si se tiene una decisión firme de investigarlo, aunque los
antecedentes sean aciagos. La Auditoría Superior de Justicia presentó más de
60 denuncias contra Duarte que fueron desechadas por la Procuraduría General
de la República. El próximo 20 de junio se vence el plazo para investigar y
articular formalmente las acusaciones de delitos de lesa humanidad en su
contra.

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