Uruguay/ Dueños de la tierra: el gobierno exime a empresas de la obligación de identificar a sus propietarios [Natalia Uval]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de junio 2017

Boletín Informativo

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En dos años, el gobierno eximió a 11 empresas de la obligación de
identificar a dueños de tierras

Natalia Uval

La Diaria, 29-6-2017

https://ladiaria.com.uy/

“Se declara que los titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles
rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas” es el
encabezado que figura en el sitio de Presidencia para nombrar a la Ley
18.092, aprobada en enero de 2007. Pese a las contundentes intenciones
expresadas allí, en los hechos la ley que estableció que los titulares de
inmuebles rurales deben ser personas físicas y que las sociedades anónimas
(SA) dueñas de tierras deben tener acciones nominativas se diluye en
excepciones. Algunos de los eximentes son casi automáticos, y en otros juega
la voluntad política del gobierno de no exigirles a las empresas
transparentar su origen.

El Decreto 225/007, reglamentario de la ley, determina que están exceptuadas
de estas disposiciones las AFAP, los fiduciarios de fideicomisos, los fondos
de pensión y las sociedades comerciales “cuyo capital social está
representado mayoritariamente por títulos al portador, que se hayan
integrado mediante procedimientos de oferta pública y coticen en la Bolsa de
Valores o en otras bolsas del exterior de reconocido prestigio u otros
mecanismos que aseguren un procedimiento de oferta competitivo y
transparente a juicio del Poder Ejecutivo”. En este último caso, la decisión
de autorizar a estas SA se toma en función del proyecto de desarrollo
productivo que presenten. Este deberá incorporar un plan de producción y
manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección
del medioambiente. Para proceder respecto de estas excepciones existe una
comisión integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y
Finanzas y dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP).

En 2017, según consta en las resoluciones del MGAP publicadas en el sitio de
Presidencia, el Ejecutivo eximió a tres empresas del cumplimiento de la ley.
El 22 de junio autorizó a la sociedad anónima de capitales alemanes Fort
Blue SA a comprarles 3.270 hectáreas en Paysandú a las empresas Cereales del
Río Negro y El Caronero SA. Fort Blue SA compró la tierra por 23 millones de
dólares para arrendarla a otra sociedad anónima. El estudio Posadas, Posadas
& Vecino ofició como depositario de la garantía de la transacción.

El 27 de marzo de 2017 el Ejecutivo autorizó a la empresa Telensy SA a
continuar siendo exceptuada del cumplimiento de la norma. En base a
información pública, no puede determinarse de qué origen son los capitales
de Telensy SA, que poseía en aquel momento 6.672 hectáreas en Florida, 283
en Rocha y 684 en Lavalleja. Hay, además, una resolución del 24 de enero de
2017 que autoriza a la empresa Arroyo Daca SA a quedar exceptuada de la
norma, pero no se puede acceder al documento de la resolución.

En 2016 el gobierno adoptó otras cinco resoluciones que beneficiaron a
sociedades anónimas con campos en San José, Canelones, Salto, Rivera y otros
departamentos que no pueden especificarse, porque no todas las resoluciones
detallan los departamentos en los que están las tierras y el número de
hectáreas que poseen las SA. En 2015, tres empresas fueron eximidas de los
requisitos de la Ley 18.092.

Según publicó el semanario Búsqueda el 23 de marzo, con base en fuentes
oficiales, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo
dictó 90 autorizaciones a sociedades anónimas para ser propietarias de
inmuebles rurales, por un total de 5,7 millones de hectáreas. Esta cantidad
de hectáreas equivale a la extensión de tierras agropecuarias de los
departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

De todos modos, esto no significa que esa cantidad de hectáreas esté ocupada
por sociedades anónimas, ya que puede haber varias autorizaciones para una
misma extensión de tierra. Entre otras, las empresas beneficiadas fueron
Union Agriculture Group (UAG), con 320.000 hectáreas; Stora Enso, con
308.000 hectáreas; Forestal Oriental (UPM), con 115.709 hectáreas; Aratirí,
con 9.000 hectáreas; Weyerhauser, con 31.433 hectáreas; Eurofores (adquirida
en 2009 por Arauco y Stora Enso), con 369.000 hectáreas; y las empresas
propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni, con 28.641 hectáreas.

Decisiones

Cada resolución publicada por el MGAP cita un informe o resolución de la
comisión encargada de aplicar la Ley 18.092. Sin embargo, una fuente de la
comisión dijo a la diaria que no todas las autorizaciones a SA para tener
tierras son publicadas como resoluciones en la web de Presidencia. En muchos
casos, cuando el trámite es “normal” y se identifica el beneficiario final
de la sociedad, la autorización la brinda la comisión. Los casos que
requieren firma del ministro y del presidente son aquellos en los que “no se
puede certificar que se cumplan las características del trámite normal” y la
decisión es política en función del proyecto productivo, explicó la fuente.
Por consiguiente, en este período de gobierno las autorizaciones fueron más
que las 11 publicadas en la web de Presidencia, pero la comisión no tiene
sistematizada la cantidad de excepciones, porque sus informes son caso a
caso, aseguró la fuente.

El subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del
MGAP (OPYPA), Adrián Tambler, explicó a la diaria que los pedidos de
excepción sólo son considerados por la OPYPA cuando debe analizarse el
proyecto productivo, y, por ese concepto, entran “por goteo”. En los casos
de las empresas que cotizan en bolsa o los fideicomisos, la excepción es
prácticamente automática. Tambler aseguró que las empresas que están
exceptuadas de cumplir con la Ley 18.092 son “las que todo el mundo conoce:
las forestales, UAG”, apuntó el jerarca.

El último censo agropecuario de 2011 estableció que 39% de la tierra de
Uruguay está en manos de sociedades. Las SA poseen 24% de la superficie; las
de responsabilidad limitada, 5%; las dirigidas por comanditas, 1,3%;
mientras que en la categoría “otras” se ubican propietarios de 8,6% de la
tierra uruguaya. Teniendo en cuenta estas cifras y las excepciones a la Ley
18.092, Tambler admitió que no es posible establecer qué porcentaje de la
tierra uruguaya está en manos de extranjeros.

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