Ecuador/ La minería amenaza a los indígenas: Pachakutik y la Conaie no apoyan al correísmo [Carmen Martínez Novo]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Jue Mar 30 00:08:42 UYT 2017


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Correspondencia de Prensa

30 de marzo 2017

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Ecuador

La minería amenaza a los indígenas shuar

En la segunda vuelta del domingo 2 de abril, el partido indígena Pachakutik
apoyará al candidato de oposición Guillermo Lasso, un banquero de derecha.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) tampoco respaldará al
partido de gobierno, Alianza País. ¿Qué explica el desencanto indígena con
Correa?

Carmen Martínez Novo *

The New Times, edición en español, 27-3-2017

https://www.nytimes.com/es/

El 19 de febrero, Lenín Moreno, el candidato oficialista del actual
presidente Rafael Correa, que ha gobernado el país por una década, no solo
no ganó la presidencia en la primera vuelta sino que obtuvo sus peores
resultados en la Amazonía Sur y en la Sierra Central, las regiones más
pobres y con mayor población indígena de Ecuador. Para un partido que se
define de izquierda y cuyas prioridades son luchar contra la pobreza y
promover el desarrollo con base en la cosmovisión indígena, esta es una
paradoja. En la segunda vuelta del domingo 2 de abril, el partido indígena
Pachakutik apoyará al candidato de oposición Guillermo Lasso, un banquero de
derecha. La Confederación de Nacionalidades Indígenas tampoco respaldará al
partido de gobierno, Alianza País. ¿Qué explica el desencanto indígena con
Correa?

La Amazonía Sur es una zona amenazada por la expansión de la minería a cielo
abierto y ha sido escenario de enfrentamientos entre indígenas y fuerzas
armadas. En agosto de 2016, policías y militares desalojaron a indígenas
shuar de la comunidad de Nankints. El operativo buscaba dar paso a la
explotación de cobre a cielo abierto por Explorcobres S. A., propiedad de
las empresas estatales chinas CRCC y Tongling. En noviembre, los comuneros
retomaron el campamento minero argumentando que era ilegal, pues el gobierno
no había realizado la consulta previa que establece la Constitución. La
refriega dejó varios heridos y un policía muerto.

El gobierno declaró el estado de excepción, envió tanques y helicópteros,
allanó viviendas y apresó a dirigentes comunitarios. Las fuerzas de
seguridad desalojaron varias comunidades de la zona minera. Los desplazados
fueron en su mayoría mujeres y niños, ya que los hombres habían huido. Según
testimonios, los militares entraron al poblado disparando y sembraron los
campos y las casas con bombas incendiarias. Cientos de mujeres y niños
caminaron aterrorizados por la selva en medio de la noche huyendo de la
represión.

El presidente de la Federación Shuar, Agustín Wachapá, emitió un duro
pronunciamiento contra la minería e instó a la nacionalidad shuar a defender
su territorio. Después, el gobierno allanó la organización y detuvo
violentamente a Wachapá, quien todavía está preso en una cárcel de alta
seguridad. El único cargo en su contra es incitar a la discordia entre
ciudadanos. Además, el gobierno trató de cerrar la organización
ambientalista Acción Ecológica y silenció la radio comunitaria Arutam. Estas
acciones fueron acompañadas de declaraciones oficiales y artículos de prensa
que cuestionaban a los indígenas presentándolos como grupos de revoltosos
que se dedican al robo de ganado y al hostigamiento de colonos.

Correa fue elegido por primera vez en 2006 con apoyo de indígenas,
ambientalistas y otras fuerzas progresistas. Ecuador posee un legado de
propuestas innovadoras desde los movimientos sociales que el gobierno
aseguró que implementaría en sus primeros años. Contó con el movimiento
indígena más poderoso del continente y consiguió declarar al país
plurinacional. Fue el primer país reconocer los derechos de la naturaleza.
Propuso dejar el petróleo bajo la tierra en el parque nacional Yasuní a
cambio de apoyo financiero internacional.

Pero el desarrollo de estas propuestas fue abandonado por un gobierno
autoritario que no pudo superar la dependencia de los recursos no
renovables. Una razón es que su estrategia política fue distribuir las
ganancias petroleras para mantenerse en el poder, lo que lo ha hecho más
vulnerable a los ciclos de materias primas. Al caer los precios del
petróleo, el gobierno se ha enfocado agresivamente en la minería,
particularmente de cobre.

Este mineral ha cuadruplicado su precio en la última década debido a la
escasez e importancia para la industrialización de los países. China consume
el 40 por ciento del cobre mundial y de allí que haya buscado asociarse con
Ecuador para explotar una de las mayores reservas del mundo localizada en la
Cordillera del Cobre de la Amazonía ecuatoriana, donde reside la
nacionalidad shuar. Como en otros países de la región, el gobierno chino se
ha asegurado el acceso a las materias primas mediante préstamos que han sido
claves para mantener el gasto público.

Los shuar argumentan que la minería a cielo abierto los desplazará de sus
territorios, acaparará y contaminará el agua, afectará la agricultura, la
cría de ganado, la caza y la pesca. Tres activistas shuar antimineros han
muerto en circunstancias no aclaradas, por lo que los shuar han llevado el
caso al Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el conflicto entre el gobierno ecuatoriano, las transnacionales
mineras y los shuar es un ejemplo de una tendencia más amplia.

Después de algunas décadas de afianzamiento de los derechos indígenas que
culminó en la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, la situación de estos grupos ha
empeorado. El Banco Mundial ha retrocedido en su política de apoyo a estos
derechos por presión de países africanos, asiáticos y latinoamericanos que
ven a los pueblos como obstáculos a sus planes de desarrollo.

Muchos gobiernos que empujan agresivamente proyectos de desarrollo mineros y
de otros tipos a través de las compañías transnacionales están en conflicto
con comunidades indígenas. En Estados Unidos, los sioux buscan evitar la
construcción del oleoducto Dakota que dicen contaminará el río Misuri y
destruirá su patrimonio cultural. La construcción del oleoducto por
territorio sioux fue suspendida por el presidente Barack Obama bajo presión
de activistas, pero ha sido reanudada bajo el gobierno de Donald Trump. En
Brasil, pueblos amazónicos luchan contra la expansión de la frontera
agrícola. En Honduras, la activista Berta Cáceres fue asesinada por defender
comunidades que trataban de impedir la construcción de una represa
hidroeléctrica. En Chile y Argentina, indígenas mapuche se oponen a
desarrollos hidroeléctricos y mineros.

Pareciera que los gobiernos y las compañías transnacionales se han dado
cuenta de que los derechos indígenas, aunque sean superficiales, pueden
perjudicar fuertemente sus intereses económicos, por lo que estamos entrando
en un periodo de regresión. En este contexto, es urgente reafirmar el
derecho de los indígenas al territorio y los recursos.

En Ecuador, la tensión entre las nacionalidades indígenas, las corporaciones
y los gobiernos no ha dejado de aumentar en la última década. Desde 2009,
los indígenas se opusieron a una ley de minería que abría la puerta a la
minería a gran escala. Como represalia, el gobierno desmanteló una serie de
logros históricos como la educación intercultural bilingüe, la justicia
indígena y las instituciones estatales de desarrollo indígena. Así, la
expansión minera ha estado ligada al desmantelamiento del Estado
multicultural.

Frente a la segunda vuelta electoral del 2 de abril, el opositor Guillermo
Lasso ha prometido no expandir la frontera petrolera en áreas protegidas,
implementar la consulta previa vinculante y cesar la persecución a líderes
sociales. El candidato del gobierno prometió a última hora fortalecer la
regulación ambiental e impulsar proyectos productivos en las zonas mineras.
A pesar de su azucarada retórica, Alianza País, el partido del gobierno, ha
demostrado su desprecio por los indígenas y el medioambiente.

Los intereses en juego hacen difícil que cualquiera de los dos candidatos
cumpla todo lo prometido. Pero, de ganar, Lasso podría comprometerse con la
sociedad civil y los pueblos indígenas a defender la interculturalidad, el
desarrollo sustentable y la naturaleza.

* Carmen Martínez Novo es profesora de antropología en la Universidad de
Kentucky y becaria del American Council of Learned Societies

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