EEUU/ Clinton y Obama sentaron las bases de la política de inmigración de Trump [Aviva Chomsky]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de mayo 2017

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Estados Unidos

Clinton y Obama sentaron las bases de la política de inmigración de Trump

Aviva Chomsky *

TomDispatch.com, 25-4-2017

http://www.tomdispatch.com/post/

Traducción de Viento Sur

http://www.vientosur.info/

Desde que tomó un ascensor de la Torre Trump hacia la carrera presidencial,
en junio de 2015, y juró construir su “gran muralla” para impedir que los
“violadores” mexicanos entren en el país, los inmigrantes indocumentados
están en el punto de mira de las iras de Donald Trump. Ahora que está en el
Despacho Oval, corren malas noticias. Un soniquete de titulares aterradores
y mensajes aterrorizados en las redes sociales han puesto de relieve su
lenguaje incendiario, sus planes y sus órdenes ejecutivas con respecto a los
inmigrantes, y los primeros actos de los agentes de la patrulla fronteriza y
de la autoridad de inmigración y aduanas en materia de redadas y
deportaciones. La temperatura ha subido rápidamente en torno al debate sobre
las deportaciones, de modo que si uno piensa que nos hallamos en un momento
que no tiene precedentes en relación con la inmigración y los y las
inmigrantes, está bien acompañado.

Trump ha afirmado repetidamente que las personas inmigrantes, y sobre todo
las indocumentadas, están inundando EE UU, provocando oleadas de crímenes y
absorbiendo los presupuestos de los servicios sociales. No importa que el
número de inmigrantes venga disminuyendo de modo constante desde 2008; que
las tasas de criminalidad entre inmigrantes sean menores que las de los
nacionales; que los indocumentados no tengan acceso a la mayoría de
programas de bienestar social y que las cifras de crímenes también hayan
disminuido en los últimos años. Los medios de comunicación han desempeñado
su propio papel en eso de echar leña al fuego. Desde que Trump ha entrado en
el Despacho Oval, han proliferado informaciones sobre crecientes redadas,
detenciones, encarcelamientos y deportaciones. Indican que está
produciéndose algo nuevo, terrorífico y genuinamente trumpiano –algo que
simplemente nunca antes habíamos visto–, inclusive peinados masivos para
deportar a individuos que habrían estado a salvo bajo el gobierno anterior.

Los números cuentan una historia diferente. Un típico titular alarmista del
Washington Post dice: “Las detenciones de inmigrantes no delincuentes se
duplican bajo Trump”. Aunque el dato es cierto, la noticia induce a
confusión. El número de detenciones de inmigrantes no delincuentes ha pasado
efectivamente de 2 500 en los tres primeros meses de 2016 a 5 500 durante el
mismo periodo de 2017, mientras que las detenciones de delincuentes también
han aumentado, alcanzando un total de 21 000. Tan solo 16 000 fueron
detenidos en los mismos meses de 2016. El artículo, sin embargo, no dice que
2016 fue el año con el menor número de detenciones de todo el mandato del
presidente Obama. En los tres primeros meses de 2014, por ejemplo, se
practicaron 29 000 detenciones, muchas más que el “récord” trimestral de
Trump. Y aunque durante los tres primeros meses del mandato de Trump han
subido las detenciones, las deportaciones han bajado, en gran parte debido a
que el número de inmigrantes que cruzan la frontera ha descendido.

Para quienes han seguido las políticas de deportación en este país, el
programa de Trump que se desarrolla actualmente tiene inquietantes
resonancias. Parece derivarse directamente de políticas instituidas durante
las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama. Es cierto que el presidente
Obama solía hablar de “nuestra tradición de acoger inmigrantes”, mientras
que nuestro presidente actual ha tirado esta retórica humanitaria liberal al
cubo de la basura y pregona en su lugar un crudo nativismo. Sin embargo, el
caso es que los presidentes Demócratas sentaron las bases de la política
actual de Trump. Al fin y al cabo, fue el presidente Clinton quien supervisó
la draconiana “ley de reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad del
inmigrante” de 1996. Esta ley incrementó drásticamente todos los niveles de
control de la inmigración, ampliando las patrullas fronterizas,
criminalizando numerosos tipos de leve violación de la normativa vigente en
materia de inmigración y facilitando y ampliando los trámites de
deportación. (La reforma de la asistencia social introducida ese mismo año
por Clinton muestra en el fondo una insistencia similar en echar la culpa de
los problemas estructurales y sistémicos a los individuos.)

De muchas maneras, Trump no hace más que reiterar, aunque de forma más
ruidosa, ideas y políticas inauguradas bajo Clinton, que después se
convirtieron en una parte fundamental del planteamiento de Obama en materia
de inmigración. Esas políticas se nutrían directamente de prácticas
policiales racistas en la represión del crimen y el terrorismo que también
contribuyeron a fomentar los temores raciales de los blancos.

Es cierto que ya ha habido numerosos casos de detención y deportación que
parecen ir mucho más lejos de lo que solía ocurrir en tiempos de Obama. Sin
embargo, si observamos más de cerca esos casos y los números, veremos que
sorprendentemente hay más continuidad que cambio. Tanto los medios
dominantes como las redes sociales han destacado lo que parecen ser casos
extremos de jóvenes que habían cruzado la frontera cuando todavía eran
menores, también llamados “ilusos”, así como de personas que habían
comparecido para un trámite rutinario ante un agente del Departamento de
Inmigración y Aduanas (ICE), y otras detenciones y deportaciones
arbitrarias. La mayoría de estos casos, sin embargo, son mucho más
coherentes con las políticas de la era Obama que lo que los lectores de esas
noticias podrían imaginar. Entonces, los “inmigrantes de baja prioridad”
también solían quedar atrapados con asombrosa frecuencia en lo que el New
York Times llamó en 2014 “la red de deportación”.

El legado de Obama: un sistema de tres escalones

A simple vista, el legado del presidente Obama en materia de inmigración
parece realmente contradictorio. Por un lado, afirmaba ser una persona
humanitaria que solo quería deportar a “delincuentes, no familias”, salvando
de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Por otro
lado, lo llamaban el “deportador en jefe” por una razón: bajo su mandato se
produjeron aumentos históricos de las tasas de deportación. Para captar la
naturaleza contradictoria de su política es preciso examinar tres ámbitos
geográficamente diferenciados en relación con los indocumentados: control
interior, control fronterizo y el Programa Frontera Sur de México.

En el ámbito del control interior, Obama creó varios programas de protección
y prioridad para los inmigrantes indocumentados que ya estaban en el país y
que, en efecto, evitó la deportación de grupos enteros de personas. Los
defensores de los derechos de los inmigrantes que destacan la naturaleza
humanitaria de lo que hizo Obama se centran en estas medidas de protección,
al tiempo que restan importancia a los flancos fronterizos de su política.
Aun así, incluso los programas humanitarios presentan un lado oscuro, al que
se ha prestado escasa atención, pues criminalizaban y discriminaban a
quienes no cumplían sus requisitos. En este ámbito, el presidente Obama
recurrió al ICE para que ejerciera la “acusación discrecional”. Los
inmigrantes que tenían hijos, eran estudiantes, trabajaban duramente,
mantenían estrechos lazos familiares y comunitarios o servían en el ejército
debían quedar a salvo de la deportación. De paso, sin embargo, empleó un
lenguaje que contraponía la inocencia a la criminalidad y difundía la idea
de que, hablando de inmigrantes, la noción de criminalidad era evidente y
concitaba el consenso universal. Al dividirlos entre delincuentes y
familias, de hecho contribuyó a la criminalización de grandes grupos de
inmigrantes y de este modo alimentó directamente la futura retórica de
Trump.

Obama también se basó en la política de “mano dura con los delincuentes” de
Clinton, de una manera que vinculó la criminalización de la gente de color
con la deportación de inmigrantes “delincuentes” (también mayoritariamente
gente de color). Como explican los expertos en inmigración Alan Aja y
Alejandra Marchevsky:

“La criminalización de los inmigrantes se derivó en parte de un control
policial más agresivo de las comunidades de color. En las décadas de 1980 y
1990, las fuerzas del orden de todo el país aplicaron estrategias de patada
en la puerta y cacheo, afirmando que las detenciones masivas por delitos
menores prevendrían crímenes más graves. A medida que los inmigrantes que
vivían en estas comunidades fueron víctimas de la actividad policial
racializada y de encarcelamientos masivos, las listas de inmigrantes
delincuentes del gobierno federal crecieron vertiginosamente.”

Una vez criminalizados, entraron a formar parte de un sistema separado y
desigual de control de la inmigración, en el que quedaron suprimidas las
garantías legales y la deportación, el castigo draconiano definitivo, podía
aplicarse independientemente de la gravedad del “delito”. Peor aún, el
peinado policial cada vez más exagerado y minucioso de las comunidades de
color y la expansión de los encarcelamientos masivos provocaron, como
señalan Aja y Marchevsky, “una reserva de inmigrantes con antecedentes
delictivos que generó una cadena interminable de detenciones y
deportaciones”.

Como ha dejado perfectamente claro Michelle Alexander, autora de The New Jim
Crow, todo esto –la redefinición de los delitos menores como crímenes, la
creciente presión ejercida sobre las personas encargadas de proponer tratos
con la fiscalía y las medidas que excluyeron después a los delincuentes de
los programas de vivienda pública, de empleo, de asistencia social, de los
censos electorales y otros aspectos de la sociedad– relegó a un número
significativo de hombres negros a una clase inferior permanente. En esta red
también quedaron atrapados inmigrantes indocumentados, aunque con ciertas
particularidades. Por ejemplo, a raíz de la ley de inmigración de Clinton,
de 1996, las condenas de cualquier clase, incluida la mayoría de delitos
menores, pasaron a ser motivo de deportación, incluso retroactivamente. Así,
una antigua infracción que supuso la libertad condicional para el infractor
y su condena a trabajos para la comunidad, o a una pequeña multa, pasó a ser
la prueba de la condición de “criminal” del inmigrante, con la consiguiente
deportación del mismo.

Y hubo también otra nueva categoría “trampa”: los llamados delitos de
inmigración. Quienes tenían antecedentes de reentrada ilegal y quienes
hubieran cometido lo que vino en llamarse “fraude inmigratorio”, quedaron
recalificados automáticamente de “delincuentes” con arreglo a la política de
control prioritario del presidente Obama. La “reentrada ilegal” es, de
hecho, el más curioso de los delitos, ya que distingue entre quienes
lograron entrar clandestinamente en el país en el primer intento y quienes
fueron interceptados y solo lo consiguieron en un intento posterior. El
“fraude inmigratorio”, una categoría amplia, incluye prácticas comunes como
el uso de un número de seguridad social falso para poder trabajar.

El mecanismo de deportación de Obama se basó en gran parte en esta noción
expansiva de la criminalidad de los indocumentados, que normalmente habrían
sido considerados personas que tratan de seguir adelante lo mejor que
pueden. Ahora, el presidente Trump amplía todavía más esta criminalización
estableciendo que cualquier persona condenada, acusada o incluso sospechosa
de haber cometido un delito pasa a ser objeto de deportación prioritaria. De
paso, ha ampliado el concepto de “delincuente” basándose directamente en el
legado de Clinton y Obama.

En la frontera y más allá

No obstante, lo que le granjeó al presidente Obama el apodo de “deportador
en jefe” fue su política de control fronterizo, pues fue en este ámbito
donde más creció el número de deportaciones. En parte, esto se debió a que
declaró prioritaria la deportación de los “intrusos recientes”; a partir de
entonces, toda persona que hubiera cruzado la frontera sin autorización, es
decir, toda persona interceptada en la región fronteriza, quedó
criminalizada. Bajo los gobiernos anteriores, la mayoría de las personas
capturadas allí eran sometidas a lo que se denominaba “salida voluntaria”;
en otras palabras, eran devueltas al lado mexicano de la frontera sin
ninguna sanción jurídica. Durante los gobiernos de Clinton y Bush, más de un
millón de personas al año fueron devueltas a México de esta manera, sin ser
declaradas delincuentes y por tanto sin ser incluidas en las estadísticas
habituales de deportación.

Durante el mandato de Obama se empezó a acusar formalmente a las personas
interceptadas en la frontera y a tomarles las huellas dactilares antes de
emitir la orden de deportación. De este modo, quedaron recalificadas de
“delincuentes”, y si eran capturadas en un segundo intento de cruzar la
frontera, se las declaraba “infractoras reincidentes”. Esto supuso también
que el número de deportaciones formales empezó a dispararse pese a que el
número de personas que cruzaban la frontera, interceptadas en la frontera y
devueltas a México comenzara a disminuir.

Más pronto que tarde, los delitos de inmigración empezaron a rivalizar con
los delitos de narcotráfico en el sistema judicial federal. Obama pasó a ser
el deportador en jefe, no porque deportara a más personas que los gobiernos
anteriores, sino porque criminalizó a más deportados. Así es cómo se las
arregló para salvar a muchas personas de la deportación al mismo tiempo que
incrementó las estadísticas de deportación muy por encima de las de sus
predecesores. De hecho, la situación de muchos de los capturados en la
frontera resultó ser notablemente parecida a la de quienes quedaron a salvo
de la deportación en el interior del país. Tenían familia, incluso hijos, en
EE UU, o un empleo y fuertes vínculos comunitarios, o habían vivido en el
país durante muchos años. Por el hecho de haber salido y tratar de volver,
sin embargo, quedaron recalificados de delincuentes.

Finalmente, hay un aspecto del control de la inmigración bajo el gobierno de
Obama que suele pasar desapercibido: el papel del presidente a la hora de
presionar a México para que colaborara mediante la detención y deportación
de emigrantes centroamericanos que se dirigían al norte (inclusive familias
y niños no acompañados) antes de alcanzar la frontera con EE UU. En 2014,
bajo crecientes presiones de Washington, el gobierno mexicano puso en
práctica el Programa Frontera Sur. Mientras que la ley estadounidense fue
actualizándose repetidamente para proporcionar un trato humanitario a las
familias y los menores de edad interceptados en la frontera, en los casos en
que los mexicanos las interceptaran primero, las deportaban sin más.

En 2014 solo fueron deportados el 3 % de los menores capturados en EE UU; en
México, el porcentaje asciende al 77 %, es decir, 18 269 menores de edad. Un
informe resumió la situación con estas palabras: “EE UU subcontrata su
control fronterizo a México”. Al igual que en EE UU, la creciente
militarización y represión por parte de México en su frontera meridional no
redujo realmente el flujo migratorio. Lo único que hizo es añadir
peligrosidad al viaje y potenciar a los contrabandistas y bandas criminales
que ahora se aprovechan de los migrantes centroamericanos que intentan
desesperadamente evitar los controles fronterizos mexicanos.

Inmigrantes, criminalización y mercado de trabajo

Mucho antes de que Trump entrara en el Despacho Oval, esta política de “mano
dura con los delincuentes” en materia de inmigración, integrada en un patrón
más amplio de criminalización de la gente de color que alimentó el complejo
carcelario-industrial, hizo de EE UU el país con más población carcelaria
del planeta y favoreció la proliferación de cárceles privadas. Ayudó a
justificar la creciente militarización de la policía en aquellos años y el
peinado sistemático de las comunidades de color. También alimentó una
sensación de inseguridad a escala nacional que contribuyó a la pasividad
política, al desempoderamiento y a ese nativismo sobre cuya base ha
prosperado Trump. La criminalización es asimismo un factor que contribuye a
la creciente desigualdad económica del país. Justifica tanto las elevadas
tasas de desempleo como los bajos salarios de la gente de color, mientras
que al mismo tiempo mantiene en reserva a aquellos cuyos empleos se han
vuelto superfluos. Y desempeña un papel particular con respecto a los
inmigrantes y el mercado de trabajo.

Los inmigrantes experimentan realmente una participación significativamente
mayor en la fuerza de trabajo y menores tasas de paro que los nacidos en el
país, con lo que constituyen una excepción entre la gente de color. Sin
embargo, ganan menos (681 dólares a la semana) que los trabajadores nacidos
en el país (837 dólares a la semana), de acuerdo con las cifras de la
Oficina de Estadística Laboral correspondientes a 2015. En los últimos años,
la criminalización de los inmigrantes, cuya condición de por sí ya era
inestable, y su imposibilidad, en general, para acceder a los servicios
sociales, hace que para las empresas sean una fuerza de trabajo explotable
como ninguna y por tanto muy deseable. Los suelen contratar para trabajos
tan inmundos, arduos o peligrosos que ningún trabajador nacido en el país
está dispuesto a aceptarlos. El antropólogo Nicholas de Genova ha sugerido
que la misma “deportabilidad” de los inmigrantes indocumentados hace que
sean tan codiciados por estas empresas.

Mientras, la criminalización de la gente de color, y de los inmigrantes en
particular, tendió una mano amiga a Trump en su campaña presidencial, del
mismo modo que ayudó al complejo carcelario-industrial y a la policía a
justificar unos presupuestos y niveles de empleo que no dejan de crecer. El
enfoque polifacético de la inmigración por parte del gobierno Trump se basa
en la criminalización de los inmigrantes y la fomenta. Cuando deniega la
entrada a refugiados o personas con visado de determinados países, contrata
a miles de nuevos agentes de fronteras y aduanas y guardianes fronterizos,
promete construir una “gran, gran muralla”, deniega financiación federal a
ciudades de acogida o publica listas de delitos cometidos por inmigrantes,
la política de inmigración de Trump camina sobre las huellas y también
intensifica las de sus predecesores y continua generando miedo, justificando
la explotación y racionalizando el autoritarismo.

* Aviva Chomsky es profesora de historia y coordinadora de estudios
latinoamericanos de la Universidad Pública de Salem en Massachusetts.

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