Uruguay/Ayer y hoy: familiares de desaparecidos en el acto del 1° de Mayo [Samuel Blixen]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de mayo 2017

Boletín Informativo

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Uruguay

Ayer y hoy 

Familiares en el Día de los Trabajadores

Samuel Blixen

Brecha, 5-5-2017

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En un preámbulo a una nueva Marcha del Silencio, el descorazonador balance
en la búsqueda de desaparecidos y en el castigo a los culpables de los
delitos cometidos durante la dictadura fue expuesto por Familiares en el
acto principal del Día de los Trabajadores. Desde el estrado en la plaza
Primero de Mayo cuestionaron el letargo del Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia, del cual la organización forma parte, y propusieron incorporar un
equipo profesional de investigación dotado de recursos para analizar la
documentación incautada, sin lo cual se desvirtúa el esfuerzo de búsqueda y
ubicación de archivos de la represión.

Óscar Urtazún, representante de Madres y Familiares de
Detenidos-De­saparecidos, adelantó el contenido de la consigna que convocará
a la vigésimo segunda Marcha del Silencio, el sábado 20 de mayo: “Impunidad:
responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. En nombre de Familiares, Urtazún
leyó un breve pero contundente mensaje en el acto del Día de los
Trabajadores, el pasado lunes, con un enfoque que combinó un balance
pesimista del largo proceso por verdad y justicia, y una determinación de
continuar la lucha contra la impunidad.

La proclama sintetizó que en los últimos 12 años (es decir, desde la
asunción del primer gobierno frenteamplista) “sabemos más; pero seguimos
sabiendo poco”. En el haber, significativamente, Familiares destaca los
rubros de memoria –“son muchas las placas (recordatorias) colocadas por todo
el país”–, reparación, conocimiento histórico, y “lo más importante, gracias
a la movilización de todos, no se ha cerrado el tema”.

Pero en el debe, Familiares apunta: “Con inmenso esfuerzo de testigos,
víctimas, familiares, de nuestra lista de 210 detenidos-desaparecidos:

• se encontraron y restituyeron 15 niños;

• los adultos identificados fueron 29 (la mayoría en Argentina); cinco de
ellos en Uruguay, aunque no en todos los casos se recuperaron los restos
completos, y en la mayoría no se pudo aclarar quiénes fueron todos los
responsables del cómo, dónde, cuándo, quién y por qué de su desaparición y
asesinato;

• se mantienen desaparecidos tres adolescentes;

• y no sabemos qué sucedió en los casos de compañeras desaparecidas que
estaban embarazadas”.

El recuento expresa una situación dramática para “nuestras queridas viejas
que no bajan sus brazos, y su ejemplo de lucha paso a paso ha sido integrado
y multiplicado por las nuevas generaciones”, pero que inexorablemente llegan
al fin de sus vidas sin haber recibido respuestas reclamadas a los poderes
democráticos desde hace 32 años. El mensaje de Familiares pone en claro que
la determinación de los militares de mantener un cerrado silencio sobre los
crímenes de la dictadura no es la explicación única y ni siquiera principal
del mantenimiento de la impunidad.

Urtazún enumeró las razones de aquel balance tan exiguo: “El Estado sigue
siendo hoy responsable de cada uno de estos delitos, y seguirá siéndolo
hasta que se aclaren”; y por tanto, “es el presidente quien tiene la
potestad y el deber de exigir a las distintas dependencias del Estado esta
investigación, así como los medios para hacerlo”.

Una vez más, y en esta ocasión con gran énfasis, Familiares reclama una
explicación completa y coherente del proceso criminal de la dictadura:
“Cómo, por qué y quiénes organizaron y ejecutaron la persecución de los
ciudadanos, desde la categorización y las consiguientes listas negras, hasta
los asesinatos y desapariciones, para así poder develar y desmantelar toda
la operativa terrorista que utilizó el Estado dictatorial”. El mensaje
recuerda que en esa operativa “actuaron las fuerzas represivas, pero también
instituciones como el Consejo de Estado, la diplomacia y civiles que desde
su seno apoyaron esta persecución a nuestro pueblo”. Esa responsabilidad
global, según Familiares, quedó ratificada una vez más en los documentos de
los archivos descubiertos: “Esa operativa se mantuvo varias décadas después
del retorno de la democracia, para vergüenza de nuestras instituciones”.

Poderes en falta 

Es el Poder Ejecutivo, sostienen, el que debe “transformar y democratizar
cada rincón oscuro de nuestra institucionalidad. Entre ellos, los dos más
evidentes: las Fuerzas Armadas y la justicia”. Una garantía de no repetición
implica “erradicar prácticas autoritarias y privilegios que se mantienen en
el presente”.

El mensaje de Familiares hizo especial hincapié en el Poder Judicial:
reconoce el papel comprometido que jugaron algunos jueces y fiscales; pero
“las causas se empantanan y sólo hay 30 presos de una dictadura de 12 años,
con asesinados, desaparecidos y miles de torturados”. Y subrayó que recién
hace unas semanas un juez, José María González, dictó la primera sentencia
por el delito de tortura, aplicada contra el sobrino del dictador Gregorio
Álvarez, el oficial retirado Rodolfo Álvarez. Tal sentencia provocó la
reacción del general retirado Raúl Mermot, ex comandante del Ejército
durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, quien, según
Familiares, con sus declaraciones amenazó a la justicia e hizo apología de
la tortura.

“No puede existir una justicia para ricos y otra para pobres; una vara para
juzgar los crímenes de los militares y otra para el resto”, afirma el
mensaje. Y abunda en la responsabilidad del Estado: “En estos años, varios
de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos,
fueron asesores del gobierno, profesores en la escuela militar o la Utu,
directivos de clubes, ejercieron como médicos y psiquiatras. Todos siguieron
en sus cargos recibiendo ascensos y cobrando sueldos, incluidos los que
fugaron al ser emplazados y fueron requeridos, como Jorge Tróccoli, Hermes
Tarigo, Pedro Mato y últimamente Eduardo Ferro. Ninguno enfrentó un tribunal
de honor”.

Sin embargo la crítica más contundente refiere al Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia (Gtvj), creado a iniciativa del presidente Tabaré Vázquez.
Familiares sostiene que la “falta de decisión y de respaldo a las políticas
que han permitido ciertos logros” hace que dichos logros “se vean
permanentemente comprometidos”, una postura ambigua que se expresa, también,
en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y el Judicial, en episodios
como el fracaso por “aclarar quiénes atentaron contra el Giaf o quiénes
están detrás del Comando Barneix”; los titubeos en el episodio del “archivo
Castiglioni”, o con la reforma de la Caja Militar.

Familiares aprovechó la invitación del Pit-Cnt para hacer un balance de los
dos años de existencia del Gtvj, de cuyo directorio es parte. Gracias a una
“acertada decisión política”, se puede acceder a archivos de la represión,
como ocurre hoy con el archivo de la Armada. Pero, sostiene, “de continuar a
este ritmo, si no se dota rápidamente de los medios, de personal y
materiales, la batalla para acceder a nuevos archivos está perdida y este
esfuerzo será nuevamente una mera declaración de buenas intenciones”.

Para Familiares, la apertura de los archivos tiene una finalidad principal
(aunque no excluyente): la búsqueda de los desaparecidos. Y en ese sentido
entiende que el Grupo de Trabajo debe centrar sus esfuerzos en la
investigación que facilite la búsqueda de datos sobre el destino final de
los desaparecidos y sobre quiénes los desaparecieron. Para ello propone que
el Gtvj conforme “un equipo profesional de investigación, donde se aplique
un riguroso trabajo y cruzamiento con otras fuentes de verificación”.

Esa tarea de cruzamiento de datos, reiteradamente reclamada para que los
esfuerzos en la búsqueda de archivos no sea otro saludo a la bandera, se
viene postergando desde hace años. El 20 de mayo, una nueva marcha –en la
que esta vez serán jóvenes quienes portarán las fotos de los desaparecidos–
respaldará la postura de Familiares: “No bajaremos los brazos ni
claudicaremos en nuestras reivindicaciones”.

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