Uruguay/ "Una máquina de aplastar a los otros": el gobierno niega torturas a menores presos para no pagar reparación [Acosta - Núñez - Ohanian]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de mayo 2017

Boletín Informativo

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Uruguay

INAU apela fallos judiciales que determinaron la reparación de adolescentes
torturados en el SIRPA

El poder de la negación 

Los testimonios de los adolescentes son contundentes, los de la justicia
también: en el SIRPA se torturó con organización y connivencia de las
jerarquías. Ahora, después de que las autoridades lo reconocieran, el INAU
intenta ahorrarse la reparación económica de las víctimas por el único
camino posible: negar lo ocurrido.

Venancio Acosta/Betania Núñez

Brecha, 12-5-2017

http://brecha.com.uy/

Golpeados, desnudados y empujados a hacer lagartijas en el patio bajo la
lluvia. Atados de pies y manos en cuclillas durante horas. De plantón,
acalambrados, de cabeza en el balde con agua. Entre la medicación
psiquiátrica, los palazos, el retaceo de la comida y el insomnio sobre el
colchón mojado, varios adolescentes se hicieron en el odio y en la rabia. En
el hogar Ser de la Colonia Berro, entre los años 2013 y 2014, se practicaron
torturas sistemáticas, amparadas y organizadas por distintos niveles de la
jerarquía política, estatal y sindical. La rosca cayó finalmente a golpes de
testimonios, sumarios y desfiles por los juzgados. En el gigantesco
expediente de la sede penal de Pando se ataron los cabos sueltos de las
pruebas, a partir de las denuncias de familiares, trabajadores y las propias
autoridades. El procesamiento de ocho funcionarios del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) en 2014 fue el primer
reconocimiento formal del abuso que cometió el Estado.

Las autoridades cambiaron en 2015. La nueva administración condenó las
torturas y hasta realizó denuncias por las golpizas que los funcionarios
–mandato de otros tiempos– seguían impartiendo a los adolescentes. En los
últimos meses, sin embargo, la reorientación de la política institucional,
con Gabriela Fulco al mando del timón del nuevo Instituto Nacional de
Inclusión Social Adolescente (Inisa, ex Sirpa), encalló en un punto crucial.
La administración está apelando las sentencias judiciales que dan la razón a
las cuatro familias de adolescentes afectados que, luego de que los
maltratos se probaran en la justicia penal, presentaron demandas
reparatorias de índole económica contra el Instituto del Niño y el
Adolescente del Uruguay (Inau). En esta segunda instancia del proceso, los
abogados que en su momento fueron testigos y piezas fundamentales para dar
curso a las denuncias, ahora litigan contra los familiares. En pos de
custodiar las arcas del Estado, cuyos dineros eventualmente se gastarían en
las indemnizaciones, los defensores se empeñan en esquivar lo que otrora
supieron condenar.

La tortura

En el primer día de encierro “te hacían desnudar todo y te pegaban en las
manos, en las costillas. Te hacían un régimen de ingreso sin visitas. A
veces pegaban con una manguera con tuerca en la punta”, contó un adolescente
en los juzgados. Y ante el “¿Algo que desee agregar?”, resumió: “Que me
pegaron muchas más veces”. Otro contó: “A la primera pieza que entraron fue
a la mía. Entraron cinco, de una, a pegar. Fernando me agarró del cuello,
Claudio me pegó y Alejandro también. Jessica Barrios miraba por la mirilla
de la puerta mientras me desnudaban. Me dejaban descalzo, me sacaban la ropa
de a poco y después nos sacaban al patio, desnudos”. Un tercero, apuntó: “En
el Ser pasábamos muy mal, nos dejaban marcados, no nos dejaban (ver a las)
visitas, recuerdo a Popeye, era el que más pegaba, pegaba mal, nos dejaba un
ojo negro, las costillas marcadas”; además “nos hacían limpiar los baños
desnudos y se reían de nosotros”.

Testimonios por el estilo, relatados por adolescentes y sus familiares, por
funcionarios y abogados del Sirpa, abundan en los expedientes a los que
accedió Brecha. También que en el año 2013 el Departamento Jurídico del
Sirpa recibió un aluvión de denuncias: varias familias se presentaron
reiteradamente ante los abogados Andrea Caffiro y Pablo Irisarri para
relatar la situación que se vivía en el hogar Ser. La mayoría de las
denuncias fueron anónimas y en las actas quedaba asentado casi sin
excepción: “Se niegan a identificarse por temor a represalias contra sus
hijos”.

En los juzgados, una madre reconstruyó un diálogo que tuvo mientras esperaba
para ingresar a la visita: “‘Descubrieron que eras tú la que estaba en la
tele contando las torturas que pasan dentro del Ser’. Entonces me teñí de
negro el cabello, traté de cambiar mi forma de vestir para que no me
reconocieran, pero fue en vano. A mi hijo le hicieron comer una carta de
citación dirigida a Jessica Barrios, diciéndole: ‘Comete esta carta porque a
tu madre le gusta hablar en la tele y contar cosas’”. Otra madre respondía
así ante la pregunta del juez: “Mi hijo fue amenazado”: le decían que “si yo
seguía haciendo denuncias iba a ser peor para él”. Un adolescente, mientras
tanto, explicó: “La única posibilidad era comunicarnos con la familia y que
la familia hiciera algo afuera”, pero “después de que denunciaban tomaban
represalias (…) algunos funcionarios iban a hablar para que las madres
levantaran las denuncias”.

Los principales denunciados y finalmente procesados fueron la directora del
Ser, Jessica Barrios, el subdirector Claudio “Popeye” Martínez, y los
coordinadores de turno y educadores Alejandro Araújo, Alejandro Ferreira,
Mauro Martínez, Fernando Daniel, Héctor Amaro y Daniela Mato.

Dentro y fuera de los juzgados también fueron señaladas las propias
autoridades de la época: el presidente del Sirpa Ruben Villaverde, su
asesora letrada Mónica Rodríguez y hasta el presidente del Inau, Javier
Salsamendi. Por no hablar de la plana mayor del sindicato de funcionarios
(Suinau).

“Eran golpeados, mojados, sacados a correr en la noche al patio, desnudos;
los engrillaban de pies y manos y los tenían por varias horas arrodillados
en el piso”, resumía un ex funcionario, que fue despedido de la institución
tras denunciar los hechos. “Era lo que el director del Sirpa (Villaverde)
les pidió, a los que habían ingresado como directores, que hicieran los
funcionarios; eran las órdenes que tenían, de poner mano dura en el hogar
(…). El director mío, que trabajaba en el Ser, Javier Tiscornia, tuvo una
reunión con la directiva del Sirpa y le plantearon esa situación, y al no
estar de acuerdo renunció (…). Nos dijo que las nuevas órdenes eran esas,
que venían nuevos funcionarios a poner mano dura, que el que se quisiera ir
que se fuera, que él nos firmaba el traslado.”

Según la abogada Sandra Giménez, el esquema de funcionamiento del hogar Ser
se fundaba en la pretensión del “cero fugas”, reivindicada por las
autoridades como la imagen pública de su gestión. El lugar oficiaba entonces
como un “centro de castigo” donde se contravenía toda normativa: “Mandaron a
todos aquellos funcionarios que habían estado sumariados por torturas y
abusos sexuales”, explicó Giménez a Brecha. El clima fue caldo de cultivo
para el desmadre de esos funcionarios, según lo relatado por la abogada,
quien por esos años dio con su primer caso de familiares que batallaban por
hacerse oír entre los defensores de oficio y los abogados de Jurídica del
Sirpa. Entre estos últimos, la abogada Mónica Rodríguez fue identificada
particularmente como símbolo de la ineficacia del sistema a la hora de
investigar los hechos. Acerca de esto, Giménez opinó: “Ella escondía las
denuncias y aterrorizaba a las madres. Tomaba nota y decía que iba a hacer
algo. Y cuando las madres decían los nombres de los gurises, resultaba que
éstos eran más castigados, más torturados. Por algún lado se filtraba la
información”. Otros abogados, como Caffiro, pidieron traslado al Inau. “Me
parecía que no estaban claros los procedimientos, que no estaban dadas las
garantías ni estábamos protegiendo los derechos de los chiquilines”, explicó
a este semanario, repitiendo lo que declaró en los diferentes juzgados:
“Nosotros habíamos informado sobre la cantidad de denuncias que existían” y
“nos parecía que había que tomar medidas urgentes en el centro Ser (…). Yo
entendía que en ese momento era pertinente cambiar la dirección del centro”.

Las fugas no se toleraban, pero un adolescente se fugó. La noche que
apareció en su casa su madre le dijo “que estaba mal lo que había hecho, que
era mejor presentarse, entregarse y hacerse cargo de sus actos”. Él tenía
miedo de que le pegaran, así que le pidió que lo acompañara. “Lo entraron de
los pelos y me quedé escuchando. Como madre me dolió muchísimo escuchar los
gritos desgarradores de mi hijo.” Lo estaban torturando.

La filtración de información a través de la prensa ayudó a que el tema
acabara en el orden del día de una sesión de la Comisión de Derechos Humanos
del Senado. A la vez, en Pando, la jueza Isabel Tórtola “acordonaba” todas
las denuncias que llegaban a su sede penal; a esa altura, hasta una
realizada por las propias autoridades del Sirpa y el Inau. En octubre de
2014 Tórtola procesó con prisión a un funcionario, Claudio “Popeye”
Martínez, y sin prisión a los otros siete, por el delito de abuso de
autoridad.

La reparación 

La abogada Sandra Giménez inició cinco juicios contra el Inau, con el
objetivo de que la administración reparara económicamente a las víctimas que
dieron su testimonio y sustentaron el procesamiento de los funcionarios en
la causa penal. Cuatro de los casos refieren a las familias de los
adolescentes, y uno de ellos al ex funcionario del Ser que denunció los
maltratos y fue despedido (véase recuadro “Más allá del Ser”). Los tres
jueces que reúnen todos los casos ya se expidieron en tres de ellos y les
dieron la razón a los demandantes.

Pablo Eguren, juez de lo Contencioso Administrativo de tercer turno, tuvo a
su cargo dos de los casos. El 21 de febrero condenó al Estado por los
maltratos sistemáticos aplicados en el centro Ser en los años 2013 y 2014, y
ordenó pagar 8 mil dólares. El 10 de marzo dictó la segunda sentencia,
condenando al Estado a pagar 240 mil pesos a la familia de uno de los
jóvenes. Con base en las pruebas que surgen del proceso penal de Pando, el
juez probó la existencia de los maltratos y afirmó: “Se ha acreditado la
responsabilidad estatal por lo sucedido con los menores internados en
régimen de máxima seguridad en el hogar Ser”.

Un tercer caso estuvo a cargo del juez Gabriel Ohanian, de primer turno. En
su sentencia del 4 de abril ordenó al Estado a resarcir a la familia con un
monto de 2.550.000 pesos. El magistrado aseguró que “no hay duda alguna” de
que el joven “padeció tratos inhumanos”. “Cabe entender que mediante
prácticas sistemáticas de tortura, tratos degradantes y humillaciones, el
Estado violentó los más elementales derechos constitucionalmente
reconocidos”, escribió, y se refirió a “prácticas verdaderamente medievales”
en las que “subyace además el manto de silencio que cubría la situación
desde las cúpulas”. Ohanian no tuvo pruritos en referirse directamente al
delito de tortura, previsto por la ley 18.026, a pesar de que los
funcionarios hayan sido procesados por un delito de abuso de autoridad
(véase entrevista “Una máquina de aplastar a los otros). 

La cuarta demanda está siendo analizada en este momento por el juez Carlos
Aguirre, de lo Contencioso Administrativo de cuarto turno. Pero más allá de
lo que resuelva, según pudo constatar Brecha, todos los juicios serán
apelados hasta las últimas consecuencias.

Las apelaciones 

“Nosotros nos manejamos con un criterio estrictamente jurídico. Recibimos la
demanda, la contestamos, tratamos de abatir los montos, de controlar la
prueba, y aprovechamos todas las instancias, como lo haríamos con cualquier
otro juicio”, dijo a Brecha Caffiro, que lleva adelante la defensa del Inau,
pero también fue citada a declarar como testigo. “Capaz que venimos con un
poco de deformación de la práctica y sabemos que siempre tenemos que apelar.
Mientras yo sea la directora de Jurídica lo voy a seguir haciendo, porque es
lo que le da cierta garantía a la institución”, agregó. Si bien la abogada
aseguró que se trata de una “política institucional” e indicó que “en esto
está de acuerdo el directorio del Inau, que después de cada instancia nos ha
llamado para preguntar si vamos a presentar los recursos correspondientes”,
también afirmó que “Fulco siempre ha sostenido que hay que reparar. Somos
nosotros, desde Jurídica, que a veces le decimos: ‘bueno, reparemos en el
momento procesal adecuado’, que entendemos que es cuando se terminaron todas
las instancias de defensa”.

Pero para aprovechar todas esas instancias –lo confirman los documentos
judiciales a los que accedió este semanario– la institución ha caído en una
serie de contradicciones: la única forma es relativizar los hechos,
desestimar el testimonio de las víctimas, negar “en todos sus términos” la
afectación y apelar las sentencias de los jueces. Eso, ya sabiendo de
antemano que “seguramente estemos equivocados, porque no hemos tenido mucha
suerte con el Poder Judicial”, como reconoce la propia Caffiro, al tiempo
que sonríe con resignación.

La primacía del criterio técnico sobre el político se ve también en las
declaraciones de Fulco que, consultada por Brecha, sostuvo que su opinión es
que el instituto debe reparar: “La parte económica es importante, sobre todo
cuando se trata de gente que ha quedado lesionada, que requiere tratamientos
de por vida, me parece que es un tema que tiene que estar contemplado
siempre. Después están los temas presupuestales, que a mí me exceden, pero
estoy totalmente de acuerdo con la reparación, más tratándose de menores”,
explicó.

Acostumbrado a que los abogados del Estado defiendan esta postura en los
juzgados, así se trate de violaciones a los derechos humanos, el juez
Gabriel Ohanian sostuvo, ante las consultas de Brecha, que “en el juicio se
defienden negando los hechos” porque “son las reglas del juego del abogado
que patrocina al Estado. El ente podría haber tomado otra estrategia, como
transar, pero optaron por esa y la implementaron”.

En este marco, Luis Pedernera –integrante del Comité de Derechos del Niño de
las Naciones Unidas y miembro del Ielsur– afirmó que la conclusión es clara:
“Por un lado hay una administración que aceptó las torturas y tiene un
discurso claro de condena, pero después sus subordinados (los abogados)
desconocen todo el proceso histórico y vuelven a reforzar los argumentos que
usó la administración anterior, que está siendo juzgada. Arguyen que no hubo
tortura y descalifican el testimonio de los adolescentes”.

Las (otras) reparaciones 

Para Pedernera el valor simbólico de estas últimas sentencias tiene que ver
con el reconocimiento de “la omisión del Estado en investigar y sancionar a
los responsables de la tortura y resarcir a las víctimas. No olvidemos que
acá hay un resarcimiento de índole económico, pero también tiene que haber
una reparación de los daños. Hay testimonios en los que se ve que la vida
fue alterada por problemas importantes de corte psicosocial. Y no estamos
hablando de familias de clase media o alta que puedan acceder a una
terapia”.

Es que, al margen de la reparación económica, Uruguay tiene prevista la
actuación de un órgano especializado (con énfasis en la atención en salud
mental) como forma de reparación a los afectados por la violencia estatal.
Sin embargo su jurisdicción es limitada: atiende a los afectados por la
“actuación ilegítima del Estado”, pero solamente la ejercida entre los años
1968 y 1985. Se trata de la Oficina de Atención a las Víctimas del
Terrorismo de Estado, instrumentada por la ley 18.596. Esto constituye una
peculiaridad, si se tienen en cuenta las políticas que, al respecto, llevan
adelante los vecinos del Cono Sur, que disponen de órganos públicos
especializados en brindar atención psiquiátrica y psicológica a las víctimas
de la actuación ilegítima del Estado también en contextos democráticos.(1)

En otra señal contradictoria, el Mides –del que dependen tanto el Inau como
el Inisa– anunció que la semana que viene enviará un proyecto de ley para
reparar los daños ocasionados por el Estado a las personas trans nacidas
antes de 1976. En paralelo, la política opuesta es aplicada a los
adolescentes que el Inau tenía el mandato de proteger y fueron torturados
por sus propios funcionarios, en sus propios establecimientos.  

Nota 

1) Es el caso del Centro de Atención a las Víctimas de las Violaciones a los
Derechos Humanos Doctor Fernando Ulloa, en Argentina, y del programa
Clínicas do Testemunho, en Brasil.

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Son siete las demandas reparatorias por maltratos

Más allá del Ser

En este momento hay siete demandas reparatorias por maltratos cometidos en
el sistema de privación de libertad adolescente, presentadas entre 2015 y
2016, según la información que recogió Brecha en los juzgados y el Inisa.
Cuatro fueron iniciadas por las madres de adolescentes que sufrieron
torturas en el hogar Ser, relatadas en la nota central. La quinta responde
al reclamo de un funcionario del hogar Ser que fue despedido luego de
denunciar los abusos que ejercían sus compañeros. Este trabajador registró
uno de los hechos en un video, lo que sirvió de sustento para el reclamo de
las madres y el procesamiento de los funcionarios.

De las dos restantes, una corresponde a un adolescente que fue privado de
libertad por un delito que no cometió, donde se cuestionan las condiciones
en las que se lo mantuvo preso, y la última a un traslado de 19 adolescentes
del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación al ex Hogar Puertas
realizado por la Guardia Republicana del Ministerio del Interior. Según los
testimonios que recolectó la justicia, los adolescentes, ya esposados,
recibieron “una andanada de golpes tanto con los bastones policiales como
con las manos en algunos casos enfundadas en guantes” de policías con cascos
o pasamontañas, por lo que resultaron con traumatismos de cráneo, dientes
partidos, hematomas y heridas en la cabeza, el tórax, los brazos y las
piernas. A fines de 2015 la justicia procesó a los cuatro policías por el
delito de abuso de autoridad.

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Con Gabriel Ohanian, juez de los Contencioso Administrativo

“Una máquina de aplastar a los otros” 

“Mediante prácticas sistemáticas de torturas, tratos degradantes y
humillaciones, el Estado violentó los más elementales derechos”, puede
leerse en la sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel
Ohanian, que en abril dispuso una reparación de 2.550.000 pesos a la madre
de uno de los adolescentes privados de libertad en el ex SIRPA. 

Venancio Acosta/Betania Núñez

—No son muchas las familias de los adolescentes –que padecieron torturas
mientras estaban privados de libertad en el Sirpa– que apelan buscando una
reparación. ¿Qué aspectos explican que no sea un mecanismo más usado?

—Para mí fue una novedad. Desconozco si hay algún caso similar en el
Interior, pero es relativamente novedoso. Evidentemente, el segmento de
público que selecciona el sistema penal juvenil es el más vulnerable de la
sociedad. En algunos casos no hay conciencia ni siquiera del derecho propio,
entonces la cultura del reclamo, de la reivindicación de los daños y
perjuicios, tal vez no esté instalada en esos sectores.

—Varias organizaciones sociales proponen que se cree un organismo
independiente para patrocinar estas causas, que no tenga limitaciones para
ir contra el Estado cuando lo amerite. 

—En Uruguay ya hay organismos de sobra; hay de todo tipo, color, tamaño y
presupuesto. El desafío, que no es propio de Uruguay sino que es universal,
pasa por desburocratizar los derechos humanos, que son un estándar mínimo de
convivencia y no tienen una ideología política que los sustente, porque
están consagrados en países capitalistas como Estados Unidos y en los
socialdemócratas de Europa. El gran desafío en América Latina es dejar el
papel exquisitamente redactado, con puntos y comas bien pensados, para
llevarlos al plano de la realidad. Si no pasa eso, no sirven absolutamente
para nada. Uruguay ratifica convenciones y tratados, lo que está
espectacular, pero si después queda en eso y no se avanza en su
implementación, realmente el aporte es nulo.

—¿Cómo se haría para desburocratizar los derechos humanos?

—En primer lugar, asignando cometidos concretos a cada uno de los
organismos, porque en muchos casos hay funciones superpuestas y eso le
presenta, a quien va a formular una denuncia, esa espada de Damocles de no
saber ni siquiera a quién se tiene que dirigir. Y lo segundo es implementar
los derechos humanos. Pero si yo tuviera la receta, seguramente estaría en
Europa cobrando de 8 a 10 mil dólares la conferencia. Naturalmente no lo sé.
Lo que veo es la burocratización y la exacerbación del gesto, de la palabra
políticamente correcta, de la irritabilidad cuando se tocan determinados
temas, pero en mi muy humilde concepto, eso es pura hipocresía. Las
transformaciones no pasan porque alguien diga “todos y todas” o
“afrodescendiente”, pasa por lograr la equidad real. Como llegar a eso es
más complejo, entonces nos conformamos con el mundo de la palabra, que suena
lindo pero no cambia nada.

—En su sentencia es categórico al hablar de las torturas, pero los jueces en
general no aplican ese delito. El juez Gustavo Iribarren procesó por tortura
a 26 funcionarios del Sirpa en 2015, pero después un tribunal de apelaciones
cambió la tipificación a abuso de autoridad. 

—Con el estatuto de Roma y la ley 18.026, la primera discusión que hay que
sortear es el tema de la vigencia, porque en su artículo 26 dice que no es
retroactiva, y eso ambienta a buena parte de la jurisprudencia a decir que,
por ejemplo, la ley no puede ser aplicable a los hechos relativos al período
de 1973 a 1985. En el presente, con la ley ya vigente, el problema es que la
práctica de la tortura requiere que se pruebe una sistematicidad de los
actos degradantes. No hay tortura en un acto único: se puede someter a una
persona a un acto descarnado por una única vez, y sin embargo que no encarte
en el criterio jurídico, que requiere una continuidad en esas prácticas.

—Cuando en Pando procesaron a ocho funcionarios del Sirpa, un caso que usted
tomó como antecedente para la reparación, se probó la sistematicidad y sin
embargo se lo tipificó como abuso de autoridad. 

—Sí, es verdad. Por un tema ético yo no voy a opinar sobre lo que hizo mi
colega de Pando, pero en todo caso los ámbitos de valoración de un juzgado
penal son diferentes a los de un magistrado de lo Contencioso
Administrativo.

—En el caso que analizó, ¿cómo probó la tortura?

—Quedaba claro que había prácticas sistemáticas de degradación de la
persona: los mojaban en invierno, los hacían dormir en sótanos, les
aplicaban el paquetito (la práctica consiste en dejar a la persona en
cuclillas, con grilletes de manos a pies). Todo lo que está descrito en la
sentencia, y que fue algo dilatado en el tiempo.

—El auto de procesamiento de Iribarren y su sentencia podrían considerarse
pronunciamientos judiciales históricos. ¿Estamos en un punto de quiebre?

—Histórico fue el gol de Maracaná, lo que hace un juez en un despacho es
simplemente transitar caminos, que muchísimas veces son olvidados, en
algunos casos pueden generar adhesión y en muy pocos casos, cambios.

—La abogada que patrocinó las causas, Sandra Giménez, plantea que una
limitante está en nuestra idiosincrasia: socialmente se asume que en
dictadura se torturó, pero se relativizan las mismas prácticas cometidas en
democracia. ¿Comparte esa mirada?

—Lo que sucede es que el derecho penal, y ahora el penal juvenil, es una
máquina de aplastar a los otros. Tú no sos una delincuente, yo no soy un
delincuente, y entonces nunca nos vamos a imaginar que en algún momento esa
máquina puede comprendernos a nosotros. En realidad lo que hay es ajenidad
de lo que les pasa a los otros, que son los vagos, los marginales, los mal
vestidos, “los que nos gastan el aire”, como decía un profesor de Facultad
de Derecho, para dar un ejemplo del grado de barbarie al que puede llegar el
ser humano. Los adolescentes infractores tienen novia, madre, padre,
escuchan los partidos de fútbol y gritan los goles de Luis Suárez, pero los
vemos tan distintos a nosotros, “la sociedad bien”, que nos congratulamos si
pasan mal. En realidad estamos apagando el incendio con nafta, porque esa
persona cuando salga, resentida por el trato que recibió, lo primero que va
a hacer es agredir a un tercero, y de la forma más violenta que pueda.

—Las autoridades del Inisa (ex Sirpa) han sido críticas de la pasada
administración y han jugado un rol protagónico en las denuncias por
torturas. Sin embargo, en la defensa de estas causas niegan todos los abusos
e incluso apelan las sentencias. ¿Qué lectura tiene de esa actitud, que
podría catalogarse de contradictoria?

—La lectura es una sola. Esto viene desde las enseñanzas jurídicas de
(Vicente) Santamaría de Paredes, del derecho español: el Estado no transige.
Cuando lo demandan se siente agraviado y va a defender su suerte económica
hasta las últimas consecuencias. Se trata en definitiva de dinero, porque el
daño ya está causado. En el juicio se defienden negando los hechos, porque
el Código no les da otra opción.

—Podrían optar por reparar económicamente el daño, que saben que la
institución ejerció. 

—Son opciones de política, que toman todos los entes del Estado. Alguna
excepción hay, hay organismos que en esta misma sala han transigido, por
ejemplo Casinos, pero en general se toma esa postura.

—¿Incluso ante violaciones de los derechos humanos? 

—En cualquier ámbito.

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