Colombia/ "Falsos positivos": las madres de Soacha no encuentran justicia en el "proceso de paz" [Sally Palomino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de mayo 2017

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Colombia

Proceso de Paz

Las madres de Soacha no encuentran justicia en Colombia

María Sanabria lleva nueve años luchando por conocer la verdad tras el
asesinato de su hijo a manos del Ejército

Sally Palomino, desde Bogotá    

El País, 14-5-2017

http://internacional.elpais.com/

María Sanabria quiere saber la verdad. Hasta hace algún tiempo también
esperaba una sentencia condenatoria por el asesinato de su hijo Jaime
Estiven Valencia. “Después de nueve años, se empieza a dudar de que alguien
vaya a ser condenado, pero al menos quiero saber qué pasó, cómo fue, por qué
lo hicieron. Saberlo es otra forma de justicia”, dice. Desde 2008 lleva
haciéndose las mismas preguntas. Su única certeza es que a Jaime Estiven lo
torturaron, lo mataron y lo hicieron pasar por guerrillero. Su nombre es
parte de la lista de las más de 3.000 personas que aparecen en uno de los
peores capítulos de la historia reciente de Colombia: las ejecuciones
extrajudiciales también conocidas como falsos positivos.

Su hijo, de 16 años, desapareció en Soacha, cerca de Bogotá, y fue
encontrado muy lejos de su casa en Ocaña (Norte de Santander), bajo el
rótulo de ‘guerrillero muerto en combate’. Su asesinato fue uno de los
tantos que sirvió para que muchos soldados y altos mandos del Ejército
recibieran felicitaciones y consiguieran beneficios económicos y vacaciones
durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002- 2010). Nueve años después, María
sigue tropezando con un aparato judicial que no parece estar a favor de las
víctimas. El pasado 29 de marzo se lo recordaron, una vez más. Las madres de
Soacha, como se llaman a las mujeres que perdieron a sus hijos en ese
municipio colombiano a manos del Ejército, siguen luchando para que el
asesinato de los jóvenes no quede en la impunidad.

La audiencia en la que se hablaría del proceso por la muerte de Jaime
Estiven fue cancelada bajo el argumento de que el caso debía ser examinado
por la Justicia Especial para la Paz (JEP), anunciada en el proceso de paz
con las FARC. Como si la desaparición de su hijo se hubiera dado en el marco
del conflicto colombiano, como si su hijo, un adolescente estudiante,
hubiera hecho parte de alguno de los bandos que por más de cincuenta años
desangraron a un país. “¿Nueve años después me dicen eso? ¿mandan el proceso
a un sistema que ni siquiera ha empezado a funcionar?”. María interpuso una
acción de tutela manifestando sus dudas y pronto, un juez le dio la razón.
Señaló que se vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia al pretender enviar el caso a la JEP. María espera una nueva
citación por la vía ordinaria para ver si por fin puede escuchar la verdad.

El debate sobre la aplicación de la JEP apenas empieza y no está muy claro
sobre cuáles investigaciones procederá. Hay dudas incluso por los
expedientes en los que ya hay condena. Hace unos días 21 militares, entre
ellos un coronel, fueron sentenciados a penas de cárcel de entre 37 y 52
años por estos crímenes, pero no se descarta que esas investigaciones se
reabran en la jurisdicción especial. “Estamos frente a una inflexión
histórica que permitirá un tratamiento que realmente cobije a quienes
participaron en el conflicto de manera directa o indirecta y esa
determinación la tomarán los jueces y magistrados en cada caso", dijo
recientemente el vicepresidente de Colombia, el general en retiro Óscar
Naranjo. Serán entonces los jueces quienes decidan a qué tribunal se
someterán los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.
Muchas madres se alistan para demandar con tal de que los procesos de sus
hijos sigan en el ámbito ordinario.

“Hemos vivido un doble crimen: asesinaron a nuestros hijos y nos niegan el
acceso a la justicia”, repite María, de 60 años. Los casos por los que las
madres de Soacha luchan han sido declarados como crímenes de lesa humanidad
y ese es el argumento principal, dice ella, para rechazar que tengan un
tratamiento especial.

María también espera que la demanda contra el expresidente Uribe por injuria
y calumnia avance. En la audiencia más reciente, el exmandatario no asistió
y varias madres de los jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente se
quedaron esperando la retractación del ahora senador. Hace dos años, Uribe
aseguró en un trino que se había reunido con algunas de estas mujeres y que
ellas le reconocieron que sus hijos habían participado en actos
delincuenciales. Las víctimas lo denunciaron e insisten en saber a quién se
refería con esa afirmación.

“Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me
denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis
palabras no refieren a ellas, les pido perdón. A las madres que estuvieron
en la reunión de la presidencia también les pido perdón”, decía un mensaje
escrito por el expresidente. Ellas solo esperan que asista el próximo 19 de
mayo a una nueva audiencia en este proceso. “Si no llegamos a una
conciliación, el juicio tendrá que avanzar”, sentencia María, que cada año
que pasa habla con más fuerza.

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