Colombia/ ¿La paz nos está costando la vida? [Lida Núñez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de mayo 2017

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Colombia

¿La paz nos está costando la vida?

El proceso de paz en Colombia no es tan pacífico como parece. La situación
en las zonas desmilitarizadas es conflictiva. Muchos defensores de derechos
humanos han sido asesinados.

Lida Nuñez

Nueva Sociedad, mayo de 2017

http://nuso.org/

«Colombia: Alarma la muerte de 41 defensores de derechos humanos en cuatro
meses» es el titular de la agencia de prensa de Naciones Unidas (1) de mayo
de este año. Este titular muestra la preocupación de la comunidad
internacional, especialmente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien en una conferencia
de prensa en Ginebra hizo referencia a la situación general de periodistas,
activistas y defensoras y defensores de derechos a nivel global.

El informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo de marzo, reporta un total
de 344 organizaciones sociales en esta situación. Asimismo, resalta que
entre enero y mayo de 2017, un total 51 líderes y lideresas sociales,
defensoras y defensores de derechos humanos, han sido asesinados en
diferentes lugares del país.

La situación es grave, máxime cuando se trata de un país que recientemente
ha logrado poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado con una de
las guerrillas más antiguas del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC- EP). Lo paradójico es que desde que empezó el proceso de
cese bilateral del fuego ha habido 1.500 muertos menos, entre civiles y
combatientes, de acuerdo al promedio de los últimos 50 años, pero las cifras
de homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos y líderes
sociales aumenta.

Una de las razones de este preocupante fenómeno es que sigue habiendo
actores armados ilegales en el territorio nacional. Además del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), con quien el gobierno inició la fase pública de
la negociación en marzo de 2016, hacen presencia en diferentes regiones de
la geografía nacional lo que se ha llamado como herederos del
paramilitarismo, que con diferentes nombres como Clan Úsuga, Clan del Golfo,
Autodefensas Gaitanistas, etc. han mantenido una actuación armada alrededor
de economías ilegales y «prestando seguridad» en variados municipios.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de
2017 entre las FARC y el Gobierno Nacional, reconoce que la existencia de
los herederos del paramilitarismo sigue siendo una amenaza, no sólo para los
combatientes y milicianos de las FARC en proceso de reincorporación, sino
también para el ejercicio político de la oposición que hacen partidos de
izquierda, y para defensores y defensoras de derechos humanos, líderes
sociales y organizaciones que trabajan en favor de la paz.

Entre las diversas medidas consignadas en acuerdo están la creación de un
Sistema Integral para el ejercicio de la política (punto 2.1.2.1); medidas
especiales de seguridad para el nuevo partido o movimiento político que
surja del tránsito de las FARC a la democracia (punto 3.2.1.1); un extenso
compendio de medidas contenidas en el punto 3.4, «acuerdo sobre garantías de
seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación
de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y
sus redes de apoyo», entre las que se destacan la creación de una Comisión
Nacional de Garantías de Seguridad (en la que participan instituciones del
Estado, representantes de organizaciones de la sociedad civil, un grupo de
personas expertas en la materia, y cuenta con apoyo de organismos
internacionales); una unidad especial de investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones herederas del paramilitarismo; un
cuerpo élite de la Policía Nacional y un Programa Integral de seguridad y
protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.

Una de las principales hipótesis que han sostenido las organizaciones
sociales en el país, es que los homicidios y demás ataques en contra de
defensores y defensoras de derechos humanos provienen justamente de estos
grupos armados, herederos del paramilitarismo, que viene copando los
espacios y territorios que dejó las FARC cuando empezaron el período de
pre-agrupamiento, en agosto del año pasado. Algunos analistas han encontrado
una expansión de estos grupos, en zonas como el Catatumbo (Norte de
Santander), la Costa Caribe, Antioquia y algunas zonas del pacífico
colombiano; pero también han encontrado evidencia de que en otras zonas,
especialmente en el Chocó, lo que ha habido una suerte de venta de
franquicias, especialmente para el control de corredores para el tráfico de
estupefacientes.

Así, simultáneamente vienen produciéndose dos fenómenos. Por un lado, la
falta de reconocimiento de la situación por parte del Estado colombiano,
especialmente desde el Ministerio de Defensa, que en declaraciones públicas
ha afirmado que los homicidios no son una conducta sistemática1, que no
existen pruebas de que estos homicidios hayan sido causados en razón del
ejercicio de defensa de derechos, e incluso que se trata de actuaciones
asiladas o de crímenes pasionales. Por el otro, las múltiples denuncias que
han realizados diferentes organizaciones en las que es posible constatar no
sólo la presencia de hombres armado, sino el uso de uniformes,
entrenamientos e incluso campamentos, como en los tiempos de las
Autodefensas Unidas de Colombia.

Esto evidencia que si no existe consenso sobre el problema, probablemente la
implementación de medidas adecuadas a la realidad aún no está cerca. Por un
lado, organizaciones y comunidades exigen medidas de prevención y protección
que acaben con la ola de homicidios, amenazas y otros ataques de los que son
víctimas. Esto significaría en primer lugar que el conjunto de las entidades
estatales reconozcan el fenómeno del copamiento de los espacios que dejaron
las FARC por parte de los herederos del paramilitarismo, y políticas
efectivas que posibiliten su desmantelamiento y sometimiento a la justicia,
así como mayor eficacia por parte de la justicia, especialmente de la
Fiscalía General de la Nación en la investigación de los ataques en contra
de defensoras y defensores de derechos humanos, la identificación de los
responsables (tanto materiales como intelectuales) y su juzgamiento.

Por otro lado, está el Estado en el que existen diferentes posturas. La
vicefiscal general, María Paulina Riveros (quien fue negociadora
plenipotenciaria del gobierno nacional en el proceso con las FARC), ante la
CIDH reconoció el pasado mes de marzo que, aunque cuando haya avances en las
investigaciones, pidió a la CIDH su acompañamiento para mejorar la actuación
de la fiscalía en estos casos. Por otro lado, la voz del ministerio de
defensa que sostiene que las fuerzas militares y de policía se han
desplegado para prevenir el copamiento de las zonas dejadas por las FARC por
parte de actores armados ilegales, y que en general lo han logrado. Y es que
existen dos dificultades para que el gobierno acepte sus dificultades para
prevenir los ataques contra defensores y defensoras de DDHH, que básicamente
consisten en que esto supondría el reconocimiento de las múltiples fallas
del Estado en el proceso de desmovilización paramilitar, su falta de
eficacia en la persecución y combate de las economías ilegales y de los
grupos armados que las custodian, así como sus deficiencias para lograr una
presencia real del Estado en todo el territorio nacional. Esto último, junto
con las debilidades que ha mostrado el ejecutivo para cumplir sus
compromisos en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en las que
se han agrupado combatientes y miliacianos de las FARC para cumplir con los
procesos de dejación de armas y reincorporación, generan muchas inquietudes
sobre la capacidad del Estado colombiano, no solo en materia de
implementación de lo pactado con las FARC, sino para garantizar la vida e
integridad de toda la población colombiana.

Queda por resaltar el papel de las organizaciones y movimientos sociales
colombianos, que en lugar de amedrentarse ante el riesgo y la crítica
situación, han mostrado de diversas maneras su compromiso con el logro de la
paz por la vía de la negociación y su capacidad de hacer propuestas que se
ajusten a las diversas realidades territoriales y a las necesidades del
contexto. Sin dudas, es un reto garantizar que en Colombia existan garantías
suficientes para la defensa de los derechos humanos y la construcción de la
paz como una tarea central en el corto y mediano plazo. Una adecuada y
pronta implementación de los compromisos del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de la una Paz estable y
duradera, puede contribuir a una mejoría significativa de la situación de
derechos humanos y a la protección del rico y constructivo liderazgo social.


Nota

1)
http://www.elpais.com.co/judicial/homicidios-de-lideres-sociales-no-son-sist
ematicos-viceministro-de-defensa.html

http://www.contagioradio.com/colombia-sin-garantias-en-la-defensa-de-los-der
echos-humanos-articulo-37998/


<http://www.contagioradio.com/colombia-sin-garantias-en-la-defensa-de-los-de
rechos-humanos-articulo-37998/>
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