Uruguay/ Trabajadores rurales: "qué lejos está mi tierra" [Salvador Neves]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de noviembre 2017

Boletín Informativo

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Uruguay 

La falta de controles en el trabajo rural

“Qué lejos está mi tierra”

A pesar de las manifestaciones de escándalo que rodearon el caso del
castigado peón salteño (ver nota aparte), sigue sin haber modo de comprobar
hasta qué punto la ley de ocho horas rige campo adentro. La política del
Ministerio de Trabajo apunta a consensuar soluciones con los empresarios del
agronegocio. En este panorama las buenas noticias vienen de abajo: los
asalariados denuncian más y buscan soluciones autogestionarias.

Salvador Neves

Brecha, 3-10-2017 

https://brecha.com.uy/

A pesar de las manifestaciones de escándalo que rodearon el caso del
castigado peón salteño, sigue sin haber modo de comprobar hasta qué punto la
ley de ocho horas rige campo adentro. La política del Ministerio de Trabajo
apunta a consensuar soluciones con los empresarios del agronegocio. En este
panorama las buenas noticias vienen de abajo: los asalariados denuncian más
y buscan soluciones autogestionarias.

En alguna actividad rural la limitación a ocho horas de la jornada laboral
precedió 75 años al primer gobierno del Frente Amplio (FA). El artículo 8 de
la ley 9.991 del 20 de diciembre de 1940 estableció que “el horario de
trabajo en los arrozales será de ocho horas, dividido en dos jornadas de
cuatro horas, debiendo mediar entre ellas, por lo menos, un espacio de
tiempo de una hora”. Para el historiador del movimiento sindical Yamandú
González la norma fue consecuencia de la “primera huelga ‘moderna’ del
proletariado rural de Uruguay”. Sucedió en 1932 en los arrozales de Treinta
y Tres y fue violentamente reprimida con el concurso de la Policía y el
Ejército. Pero “si (de aquella ley) hay algún artículo que se ha cumplido
–escribió Gutemberg Charquero en Marcha 14 años después de su aprobación–,
ese debe ser el último, aquel que dice: ‘comuníquese, archívese, etcétera’”.
(1)

Olvídese, etcétera

Seis décadas después de aquella nota, el mundo parece otro. Antes “las
condiciones eran siempre pésimas. Trabajabas diez, doce horas (…).
Trabajabas más, ganabas menos. Y ahora muchas cosas han mejorado en pila,
principalmente el sueldo”, decía en setiembre de 2014, para un spot empleado
en la campaña electoral del FA, Daniel Humberto Silvera, “Pirulo”, miembro
fundador del Sindicato Único de Peones de Estancia e integrante de su
dirección.

Silvera era capataz en dos de las 14 estancias del contador Diego Ramón
Ortiz, propietario también de los frigoríficos Frigocerro, en Durazno, y
Agroindustrial del Este, en Treinta y Tres. Pero como por ocuparse de las
5.600 hectáreas que sumaban los dos campos Ortiz le pagaba a Silvera sólo
12.200 pesos por mes, omitiendo además liquidarle licencias, salarios
vacacionales, aguinaldos y horas extras, el trabajador osó reclamar lo que
las leyes le acordaban. Ortiz aceptó lo reclamado y acordó una forma de pago
de los haberes adeudados, pero 13 días después de pactada la fórmula
despidió al trabajador.

Éste acudió ante la justicia demandando su reintegro. Ortiz insinuó entonces
que Silvera sería responsable de cierto faltante de ganado y el juez
convalidó el despido. Sin embargo, una inspección del Sistema de Información
y Registro Animal del Ministerio de Ganadería comprobó que el estanciero
tenía más bichos de los que declaraba, no sólo ante el juzgado sino a los
efectos del pago de impuestos, por lo que su credibilidad, en este punto, se
desmoronó.

Con esos elementos Silvera recurrió la sentencia en primera instancia, pero
hubo una acusación que no pudo levantar: la de haber permitido que se
filmara el spot proselitista en campos de su patrón. El 21 de octubre de
2015 el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno ratificó la
resolución del juez y, aunque la causa llegó a la Suprema Corte, el 29 de
febrero de 2016 el máximo órgano judicial confirmó lo sentenciado.

Y podrían seguirse enumerando ejemplos acerca de la enorme distancia
existente entre los derechos que las normas disponen para los trabajadores
del campo y aquellos de los que efectivamente disfrutan, tantos que es
difícil no asumir que esa discordancia es, para las personas algo atentas a
esas cosas, un hecho obvio.

La ley 18.441 que la legislatura pasada aprobó estableciendo que “la
duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho
horas diarias”, blandida insistentemente a la hora de disputar electores e
invocada con unción con motivo de los atropellos cometidos el 20 de
setiembre pasado en la estancia de Ernesto Estévez, en Salto, no ha sido
siquiera reglamentada.

“En tiempos de Mujica llegó a haber un borrador de reglamentación, pero
quedó en algún cajón”, afirmó una fuente del Ministerio de Trabajo. Esto no
significa que carezca de vigencia. Pero mientras no haya disposiciones
reglamentarias que establezcan mecanismos adecuados para controlar su
aplicación, su nivel de cumplimiento será un misterio.

Es cierto que el último artículo de la norma creó una comisión de
seguimiento para verificar su cumplimiento. La integrarían representantes
del Poder Ejecutivo y los delegados nombrados por los empresarios y los
trabajadores para los consejos de salarios del sector. A los 15 meses de
aprobada la ley, la comisión “deber(ía) presentar un informe evaluatorio de
la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o
modificaciones que considere pertinentes”. Por lo tanto, en abril de 2010 el
informe debía estar listo. Lo cierto es que el organismo nunca se
constituyó.

Desparejo 

De otros aspectos del trabajo rural puede hablarse con cierta seguridad.
Según el último censo agropecuario (2011), 49 por ciento de los asalariados
de ese sector están en la ganadería de carne y 13 por ciento en la de leche,
un 12 por ciento se dedica a la hortifruticultura (incluyendo viñedos) y un
10 por ciento a la agricultura de cereales y oleaginosos. De acuerdo a los
registros del año pasado del Banco de Previsión Social, son rurales 9 por
ciento de los trabajadores de la actividad privada, unos 90 mil. Son 15 mil
menos de los que había en 2011, pero a estos números habría que sumar los
trabajadores no declarados.

“Aunque se ha avanzado muchísimo, hay que decir que el informalismo de este
sector es más o menos de un tercio”, aseguró a Brecha Gerardo Rey, inspector
general de Trabajo y Seguridad Social. Se considera que en el país la
proporción de informales es de un 25 por ciento, pero algo menos de la mitad
son cuentapropistas, por lo que la cantidad de asalariados en negro en todo
el territorio andaría en realidad en un 15 por ciento. En cambio, ese tercio
de trabajadores en negro que cumplen tareas en el sector agropecuario
estaría compuesto casi exclusivamente por personal dependiente. “Es probable
que el informalismo de los rurales tenga en algunos lugares registros
superiores al de las empleadas domésticas, aunque no todos los sectores son
igual de incumplidores. Un ejemplo claro: el arroz cumple más que la
ganadería, y en el norte del país el incumplimiento es mayor que en el sur,
tanto en materia de formalización como de respeto a las normas de seguridad
y salud en el trabajo. En los sectores con mayor sindicalización el
informalismo y las condiciones de trabajo tienen mejores registros que allí
donde los sindicatos están ausentes”, precisó el inspector.

Las rutas recorridas por la dependencia que Rey dirige también aportan una
idea de los rubros percibidos como problemáticos. “Este año los operativos
fueron intensos en el arroz. En 2015 hicimos avícolas, pero esencialmente
por denuncias. Tomando como insumo lo que hicimos ese año en Montevideo y
Canelones, en 2016 extendimos el operativo a toda la avicultura. Este año
hicimos hincapié también en el citrus. Y encaramos un debe que teníamos, que
no es precisamente rural: los frigoríficos, donde hay una enorme disparidad.
Hay ejemplos de cumplimiento de la normativa y ejemplos de lo que no hay que
hacer, al punto que en Frigocerro, luego de una sucesión de multas, el
ministro tuvo que clausurar la actividad por seis días, que es la máxima
sanción imponible por incumplimiento de la normativa laboral. Aspiramos a
intensificar nuestro trabajo sobre el sector ganadero porque hay bastante
evidencia de que es muy incumplidor. Es mucho más difícil, es mucho más
costoso, pero también es cierto que desde el año pasado tenemos una buena
flota de vehículos, y seguramente podremos intensificar nuestro control
sobre ese sector el año que viene”, estimó el funcionario.

Ministerios 

Pero respecto al cumplimiento de la ley de ocho horas seguimos a oscuras. No
aparecen las medidas específicas destinadas a echar luz sobre el punto.
“Verificar los asuntos de seguridad y salud es relativamente sencillo, dicho
esto en el sentido de que cuando llega el inspector verifica unas ciertas
condiciones que no pueden ser cambiadas por la empresa, y entonces eso es
sobre lo que se actúa. ¿Pero cómo se controla el cumplimiento de las ocho
horas? Si se llega durante el horario definido para el trabajador, y éste,
después de que el inspector se va, se queda y hace una jornada de 12 horas,
el inspector no podrá asentar como una infracción la no limitación de la
jornada laboral. Por eso la inspección debería contar, en primer lugar, con
un decreto que reglamente la aplicación de la jornada de ocho horas, y ese
decreto no existe, y en segundo lugar, debería ir dos veces al
establecimiento, y eso no es habitual”, apuntó a este semanario un
funcionario de larga andadura en estas fiscalizaciones.

“Los temas probatorios son los complejos”, admitió el inspector general, por
su parte. “En una fábrica hay por lo menos tarjetas de cartón donde dice
desde qué hora hasta qué hora se trabajó y cuánto se descansó. En el campo
no tenemos eso. Entonces en el reclamo de las horas extraordinarias los
elementos probatorios son escasos para el trabajador rural. Ese es un punto
que hay que corregir”, asumió Rey.

¿Pero por qué –a seis años de aprobada la ley– no se ha avanzado en eso? El
catedrático en derecho laboral y asesor del Pit-Cnt Héctor Zapirain fue
categórico cuando Brecha se lo preguntó: “Es una política del Poder
Ejecutivo”. La respuesta de Rey de algún modo lo ratificaría: “Nosotros
nunca renunciamos a las potestades que tenemos de sacar las cosas
unilateralmente, pero preferimos recorrer el camino del consenso. El año que
viene tendremos la ronda salarial más grande de la historia. De repente un
punto importante de la discusión podría ser establecer un mecanismo de
documentación de las horas trabajadas en el medio rural. Hay que verlo con
los actores sociales, porque no se puede sacar una reglamentación con la
óptica que uno pueda tener sin la consulta a los actores. Después puede ser
que no llegues a un acuerdo, y nosotros no renunciamos al ejercicio de
nuestras facultades. Pero la impronta de este ministerio –no hablo por mí–
es el consenso”, declaró el funcionario.

¿Pero tiene sentido seguir difiriendo la solución a la espera de un
empresariado que tan escasa voluntad de acuerdo viene mostrando en los
consejos de salarios? Tal vez lo tendría si se estimase que las cosas
podrían ser peores. “Valorando particularmente que la Asociación Rural ha
sido de las entidades empresariales que más discrepancias han tenido con el
conjunto de las políticas de los gobiernos del Frente, a mí me pareció muy
bueno que, cuando pasó lo de Salto, la Asociación Rural se expresara
diciendo que no comparte ese tipo de prácticas”, comentó el inspector
general.

“Nada podemos esperar sino de nosotros mismos”, decía don Pepe Artigas,
anticipándose varias décadas a la frase de idéntico sentido que proclamarían
los primeros sindicatos uruguayos y que parece estar ganando terreno
bastante más allá de la estancia de Estévez. Al menos en esa dirección
parece ir la información surgida del procesamiento de las denuncias
presentadas ante el ministerio. “En los últimos tres años el número total es
aproximadamente el mismo, pero las del Interior están superando a las de
Montevideo, y este año la tercera parte de las denuncias del Interior han
pasado a ser del sector rural. ¿Quiénes son los denunciantes en el sector
rural? El 20 por ciento son sindicatos, pero el 80 por ciento son
trabajadores individuales. Entonces podemos decir –interpretó Gerardo Rey–
que la gente se está apropiando de esta herramienta.”

Marcelo Amaya, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, no
cuestionó este último razonamiento, y parece bastante claro que la creciente
urbanización del proletariado rural y los años de buenos precios y bajo
desempleo se combinaron con las políticas públicas para generar un clima más
propicio a que los trabajadores del campo demanden sus derechos. Sin embargo
el dirigente cree que buena parte de esas denuncias versan sobre cuestiones
de seguridad y salud laboral, que pueden realizarse anónimamente. “Cuando
hay que discutir cuestiones de salario u horas extras, hay que dar la cara.
Y ahí la cosa es distinta”, advirtió.

Urgencias mayores 

Pero un aspecto que está generando preocupación creciente entre los
sindicalistas del sector agropecuario es el manejo de los agroquímicos. El
uso de herbicidas es particularmente intenso en el caso del arroz, con el
que compiten malezas como el capin, una herbácea africana que entró por la
frontera brasileña a mediados del siglo pasado: “La especie coloniza
gradualmente los tapices (no respetando ni tipos de suelos, ni manejos) (…)
ocasionando finalmente la pérdida total (eliminación) de las especies
originales y el deterioro significativo de la capacidad productiva de los
campos”, advierte el sitio web del Ministerio de Ganadería.

Las historias de trabajadores del sector cuyas enfermedades se asocian al
contacto con los agroquímicos son muchas, pero los diagnósticos son
polémicos, por lo que Amaya prefirió referir a Brecha los casos con los que
convivió en sus años de trabajo en el arrozal Mangrullo: “Éramos 37 y hubo
cuatro casos de enfermedades aparentemente inexplicables. Uno se terminó
definiendo como cáncer. Le ocurrió a un compañero que trabajaba donde
depositaban los tanques de 200 litros de propanil (un herbicida). Era un
trabajador muy obsecuente con la empresa. Teníamos debates: decía que
nuestros patrones no eran como el promedio y yo le retrucaba que para ellos
sólo éramos un número. El compañero vivía en una casa proporcionada por la
empresa, donde también estaban su hija, su yerno y su nieta. Yo tenía un
hermano que vivía cerca de él. Un domingo, estando ya él en tratamiento,
llegamos a visitarlo. Yo veía que el hombre no me encaraba. Cuando me
hablaba agachaba la cabeza, miraba al piso. Hasta que en determinado momento
alzó el rostro, me miró a los ojos y me dijo: ‘El patrón me pidió la casa,
me pidió que me fuera’. Supe que no quiso que la empresa le cargara la
mudada. Prefirió pedirle ayuda al anterior empleador, con el que había
trabajado veinte años atrás. Murió al poco tiempo”.

En otros casos las enfermedades empezaron afectando el sistema nervioso: “Un
compañero quedó sin poder caminar y luego falleció. Trabajaba en el
escritorio, pero hay productos prohibidos acá que se usan en Brasil, donde
tienen un valor muy alto, y por eso se guardan en la oficina. Este
trabajador, encargado de las compras, trasladaba esos productos. Otros dos
compañeros que conducían camiones en los que se trasladaban agroquímicos, y
que a veces participaban de su preparación, se enfermaron de la misma manera
y uno de ellos también falleció. En esos dos casos el diagnóstico fue
difuso. En el caso de Johny, un compañero al que se le diagnosticó alergia
severa, sí se estableció el vínculo con los agroquímicos. Me cuentan que
todavía tiene que internarse en la época de las fumigaciones”.

Julio de los Santos trabajaba en el Arrozal 33. Todavía vive allí pues su
esposa sigue trabajando para la empresa. Es herrero. Reparaba la maquinaria
usada en las fumigaciones. Construía cañerías con tanques de agroquímicos en
desuso. Empezó con un dolor en la espalda. Los calmantes administrados no
funcionaban. Le hicieron placas y los médicos empezaron a hablar de una
micosis pulmonar, pero el tratamiento seguía sin resultar. Entretanto se le
despertó una diabetes. Resultó internado en el Cti durante más de una
semana. Hubo nuevas placas y se concluyó que ahora sus pulmones lo que
padecen es fibrosis: “Los médicos me explicaron que los pulmones se resecan
y se empiezan a agrietar”, dijo De los Santos al semanario. La dolencia
sobreexigió su corazón, a causa de lo cual se le agrandó. El Banco de
Seguros comprobó el carácter de “enfermedad profesional” de su dolencia
asociándola a su exposición a los químicos y le fijó una renta, pero está
tramitando su jubilación. El miércoles pasado le informaron que es posible
que haya que ponerle un marcapasos y que sus riñones también estén siendo
afectados. Tiene 43 años.

Para Amaya la recientemente aprobada ley de riego hace aun más apremiante la
preocupación. La disponibilidad de agua es una de las razones que explican
la fortaleza de los yuyos contra los que los arroceros fumigan. “Seguramente
se van a incorporar otros herbicidas en la medida en que se use riego en
otras producciones, pues van a venir malezas similares a las que se combaten
en el arroz”, advirtió el dirigente.

Como Silvera, Amaya fue despedido de la empresa en la que cumplía funciones
cuando se reanimó el sindicalismo rural. Silvera es ahora capataz en la
Colonia Emiliano Zapata que el Sindicato de Peones de Estancia tiene en
Tacuarembó, y Amaya, por su parte, participa de un emprendimiento colectivo
de producción lechera y cría de cerdos que aspira afincarse también en
tierras de Colonización en costas del Tacuarí, Cerro Largo. Porque también
hay vida más allá del salariado.

Nota 

1) Los olvidados de la tierra. Vida, organización y luchas de los sindicatos
rurales (Nordan Comunidad, Montevideo, 1994). La nota de Charquero se
publicó en Marcha, 21-V-1954.

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El caso de Salto

Al tranco

A cuarenta y cinco días de la golpiza sufrida por Hugo Leites en la estancia
Flor de Ceibo el caso continúa sin avances. Todo ha discurrido sin apuro. La
denuncia registrada por la comisaría correspondiente a la Seccional 5ª del
departamento de Salto el 20 de setiembre seguía sin ser adjuntada al
expediente siete días después, cuando se realizó la hasta ahora única
audiencia. El informe de la Inspección General del Trabajo también tardó lo
suyo en reunirse con el resto de la documentación debido a que hasta el 11
de octubre el ministerio no había recibido el oficio solicitándolo.

Recién el 24 de ese mes el paquete completo llegó a manos del fiscal Ricardo
Lackner. El asunto tiene sus complejidades y es de esperar que la fiscalía
se tome quince o veinte días para resolver su pronunciamiento, lo que hace
suponer que éste se produzca entre la semana que viene y la otra.

Parece no haber disputa sobre la responsabilidad del capataz, quien en todas
las instancias ha asumido la autoría de los rebencazos recibidos por Leites.
En cambio, Ernesto Estévez, el patrón, a pesar de que fue informado
inmediatamente de la agresión por el propio capataz, negó haber advertido
que Leites estaba herido. No se sabe que haya dispuesto ninguna sanción
contra el agresor ni tampoco ha querido mostrar buena disposición para
resolver la contienda material: de ofrecer inicialmente 40 mil pesos pasó a
proponer en la Dirección Nacional de Trabajo 23.800, por lo que este aspecto
deberá dirimirse en la justicia civil.

Marcelo Silva, el magistrado que venía atendiendo la causa penal, fue
ascendido y el viernes 27 pasó a desempeñar la titularidad del juzgado de
Young. Ayer todavía no había sido designado su remplazante, y esto puede
llegar a estirar aún más los plazos.

Hugo Leites, entre tanto, sigue buscando trabajo.

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