América Latina/ Pueblos indígenas en aislamiento: amenazados por el extractivismo y la privatización de la tierra [Alejandro Parellada - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de noviembre 2017

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América Latina

Con Alejandro Parellada, especialista en derechos indígenas

El perro del hortelano

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas
fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos
indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el
área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no
era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país
que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de
las empresas sobre las tierras.

Alejandro Ferrari

Brecha, 17-11-2017

https://brecha.com.uy/

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo
Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una
organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a
promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas.
Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en
historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y
trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina
desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es
la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.

—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en
Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces
algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de
comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques
nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la
titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban
escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos
o comunidades aisladas.

Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de
una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas
temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a
la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el
Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la
región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de
aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados
básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de
haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y
con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se
armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas
áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden
existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones,
seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde
existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los
países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más
pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su
existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un
trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto:
contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a
nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos
decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y
Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela
sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a
un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una
ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más
regional que nacional.

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo
selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura
de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron
acorralados?

—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se
fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este
pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas
en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo
acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché
sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma.
Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como
pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el
monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían
vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de
empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras,
etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de
empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi
inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones
materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para
intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las
parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades
aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un
sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han
producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en
general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces
resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se
sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no
indígenas entran con armas de fuego.

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto”
2017 de los indígenas aislados en América Latina?

—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con
otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales,
regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas
particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel
regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta
actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión
Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser
relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la
base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones,
talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre
los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no
los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo
tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado
una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque
estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la
inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de
los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios.
En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno
indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que
pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades
están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la
aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera
Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y
entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo
prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad
petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado,
titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento
voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró
la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se
establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a
la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento,
el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo,
a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace
20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero
desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las
Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un
centro urbano en situaciones paupérrimas.

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?

—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes
de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las
dictaduras.

Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron
uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en
aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel
interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por
sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que
esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo
en estos espacio. Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de
involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de
tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros
sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió
sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que
comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique
parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un
proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos
impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte
Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los
estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por . actividades
petroleras, por ejemplo.

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del
encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?

—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han
tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero
sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no
existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros
mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del
pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por
pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–,
muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee
también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la
tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene
un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con
derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos
como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco
dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en
general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado,
debería ser muchísimo mayor.

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