Uruguay/ AFAP: el gobierno busca asegurar ganancias del negocio privado de jubilaciones [Samuel Blixen - Víctor H Abelando]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

20 de noviembre 2017

Boletín Informativo

https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

  _____

Uruguay

Los efectos colaterales del sostén del Estado a las AFAP

Se lo llevan preso

El sistema previsional de las Afap hace agua y el gobierno ensaya fórmulas
que otorguen rentabilidad a las empresas aseguradoras privadas. Mientras, el
Banco de Seguros asume todo el peso de la crisis y sostiene pérdidas
acumuladas por millones de dólares. En cualquier caso, las jubilaciones se
verán reducidas.

Samuel Blixen

Brecha, 17-11-2017

https://brecha.com.uy/

Atrapado en el fracaso del sistema de renta previsional, el Banco de Seguros
del Estado (Bse) podría fundirse en 2019 como consecuencia de las pérdidas
que asume por el pago de jubilaciones, si permanece incambiado el actual
esquema de las Afap. Al finalizar este año las pérdidas por ese concepto
alcanzarán los 100 millones de dólares, y el patrimonio de la institución es
de unos 350 millones de esa moneda. Por el momento, algunas soluciones
propuestas por el Banco Central de Uruguay (Bcu) para revertir la crisis no
han tenido eco en el sector privado de las aseguradoras y de los bancos
vinculados a las Afap.

La herencia de la ley de 1996 que impulsó la privatización parcial –pero
obligatoria– del sistema previsional impone al gobierno un único camino:
reducir las jubilaciones de las Afap y asumir las pérdidas por la vía del
endeudamiento, hasta que nuevas reglas de juego aseguren al sector privado
un nivel aceptable de ganancias.

El estallido jubilatorio

El dilema del Bse deriva de la perversa estructura de las Afap, y de
decisiones políticas. Las cuatro aseguradoras que operan en el país reciben
del Bps los aportes de sus afiliados y los administran realizando
colocaciones en títulos de deuda o compra de acciones (forestales, eólicas,
etcétera). Pero una vez que el afiliado se jubila, el capital acumulado es
transferido a una empresa aseguradora, que deberá pagar la jubilación hasta
el fallecimiento, y aun después, si se aplica una pensión.

Hoy el Bse es la única aseguradora que atiende unas 13 mil prestaciones de
todas las Afap, porque las aseguradoras privadas se retiraron del negocio
hace unos diez años. La ley establece que serán las aseguradoras las que
administren los capitales y paguen las prestaciones, pero no lo establece en
forma obligatoria. Cuando dejó de ser negocio, las aseguradoras privadas se
abstuvieron de participar en el asunto y quedó sólo el Bse, por decisión
política, que sus directores asumieron aun con las prevenciones expresadas
en numerosos informes al Banco Central y al equipo económico.

El proceso de deterioro de ese virtual monopolio de administración de rentas
vitalicias previsionales comenzó a impactar en el balance del Bse en 2014,
cuando tuvo que atender el pago de 7.680 prestaciones; y en 2016 se agudizó
la crisis al producirse el “estallido” de las jubilaciones de afiliados de
las Afap. Ese año el Bse tuvo una pérdida de 40 millones de dólares, y el
futuro dibuja una curva de crecimiento geométrico que en el mediano plazo
puede comerse la totalidad de su patrimonio. Mes a mes, año a año aumenta en
catarata la cifra de jubilados que absorbe el Bse, y de esta manera
disminuye el número de afiliados a las Afap, que hoy está en el orden de los
1.260.000.

Pese a las pérdidas acumuladas por la asistencia de la renta previsional
(admitidas tanto por el directorio como por el Bcu), el Bse sigue dando
ganancias anuales –a setiembre el resultado neto fue estimado en 19 millones
de dólares–, lo que parecería contradictorio, porque la cifra de la pérdida
es muy superior. Una fuente del banco explicó a Brecha que las pérdidas se
están derivando a las tarifas de los otros servicios de seguros: “De no ser
por ello, los seguros de automóviles, de vivienda o de vida podrían ser más
baratos y más competitivos”.

La deserción de los privados

El retiro de las aseguradoras privadas se produjo tras el cambio abrupto de
las llamadas “condiciones externas” (léase crisis financiera mundial),
cuando las tasas de interés se desplomaron. Por entonces había seis Afap:
República, Integración, Capital, Unión, Comercial y Santander. Un proceso de
concentración las redujo a cuatro: Santander se fusionó con Comercial y
surgió Afinidad Afap, que después se transformó en Afap Sura; Capital y
Unión se fundieron en Unión Capital Afap; y se mantuvieron República e
Integración.

Al comienzo funcionaron emitiendo pólizas (de vida, de accidentes y de
incapacidad) para las Afap las siguientes compañías de seguros: Bse,
Compañía Cooperativa de Seguros Surco, Itt Hartford Seguros de Vida SA,
Metropolitan Life Seguros de Vida SA, Real Uruguaya de Seguros; Santander
Seguros y Alico, aunque en la práctica Metropolitan Life nunca emitió
pólizas.

Simultáneamente con la concentración se consolidó la formación de “grupos
previsionales integrados”, bancos, Afap y aseguradoras pertenecientes a un
mismo grupo económico: República Afap=Brou, Bse; Integración Afap=Banco
Bandes, Aseguradora Surco; Unión-Capital Afap=Banco Itaú, Porto Seguros;
Afap Sura=Bancolombia, Seguros Sura (véase recuadro).

Nada de pérdidas, sólo ganancias

Hoy sólo el Brou mantiene en el mercado de la renta previsional al Bse como
aseguradora, asumiendo pérdidas; las otras, privadas, se replegaron,
mientras las entidades financieras asociadas –la brasileña Itaú, la
venezolana Bandes y la colombiana Sura– permanecen en el sector rentable del
negocio.

A fines de 2016 las cuatro Afap recibieron 1.027 millones de dólares del
Bps; son los aportes jubilatorios de los trabajadores afiliados al sistema
de administración de fondos de ahorro previsional. En lo que va de 2017 se
traspasaron 817 millones de dólares.

La acumulación de los aportes jubilatorios suma actualmente 2.946 millones
de dólares, de los cuales casi 2.000 millones están invertidos en el agro
(principalmente la forestación), en el sector energético y en menor medida
en el transporte, en servicios y en el sector financiero. Estas colocaciones
han producido una rentabilidad superior en 8 por ciento a la evolución de
los salarios. Visiblemente complacido, el presidente de la Asociación
Nacional de Afap, Sebastián Peaguda, explicó a El Observador que “después de
20 años del régimen, las rentabilidades históricas son muy atractivas. Es
difícil que, por más que una persona ahorre todos los meses, acceda a una
inversión que le dé estos retornos”. Ciertamente, pero como las Afap
privadas retiraron a sus aseguradoras del pago de la renta previsional, no
contribuyen a superar el déficit que genera el sistema.

El representante por el Pit-Cnt en el directorio del Bps, Ramón Ruiz,
escribió en su cuenta de Twitter: “En 2016 las Afap obtuvieron una ganancia
de 43 millones de dólares y el Bse perdió 40 millones por pagar las
prestaciones del régimen de Afap”.

Los elementos de la crisis

La deserción de las aseguradoras privadas tiene una explicación sencilla: el
“descalce” entre lo que se le debe pagar al jubilado de la Afap y la renta
que genera la inversión de las reservas. Quizás para hacer más aceptable el
sistema, originalmente se fijó una tasa “optimista”, asociada al índice
medio de salarios, que ninguna tasa de las colocaciones autorizadas llega a
cubrir. De hecho, la pérdida acumulada del Bse es consecuencia de ese
“descalce”: por cada 100 pesos que recibió de las Afap en el momento de la
jubilación debe pagar 107 pesos.

No hay expectativa de que el “descalce” se reduzca sin una intervención
estatal que modifique las reglas de juego; de lo contrario la erogación
crecerá geométricamente a medida que se sumen nuevos jubilados del sistema
de las Afap, que en masa están llegado a los 35 años de actividad.

Al tema de las tasas debe sumarse otro factor: la tabla de mortalidad ha
aumentado en dos años, tanto para hombres como para mujeres; vivimos más, o
dicho de otra forma, postergamos la muerte. Ese logro, consecuencia de las
condiciones de vida y de los avances sanitarios, es un calvario para las
prestaciones de la renta vitalicia previsional: los dos años de yapa no
están cubiertos por el sistema, pero igual habrá que pagarlos.

El corsé del sistema se anuda con tres elementos definidos en la normativa
de 1996: el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual; la
expectativa de vida del afiliado de acuerdo a las tablas de mortalidad por
sexo que determine el Bcu; y la tasa de interés anual que ofrezca la empresa
aseguradora, que no podrá ser inferior a la tasa mínima en unidades
reajustables (UR) que fije el Bcu (esa tasa ya fue reducida sin que
resolviera el problema).

Las soluciones

A los efectos de cubrir las pérdidas, el Banco Central emitió deuda en
unidades reajustables exclusivamente destinada al Bse, que por otra parte
paga los intereses. Pero fue sólo un remiendo: a mediados de octubre el
presidente del Bcu, Mario Bergara, anunció una batería de medidas para
instalar un equilibrio en el Bse y a la vez reincorporar a las aseguradoras
privadas, impulsando elementos que otorguen rentabilidad y, por tanto, sean
atractivos. Se anunció que algunas de esas medidas se aplicarían a partir de
2018, pero ya se sabe que en el sector privado fueron recibidas con
frialdad.

Una de las modificaciones principales “prevé que la tabla de renta inicial
mínima –parámetro que sirve de base para determinar el monto a cobrar
mensualmente por lo acumulado en la Afap a lo largo de la vida laboral– deje
de ser fijada por el regulador y pase a ser ‘una referencia’ a partir de la
cual cada aseguradora deberá agregar sus costos y ganancias. De esa manera,
cada aseguradora podrá fijar la renta inicial ‘libremente’”, dice un estudio
elaborado por el Bps, cuya gerencia señaló que “la ‘extinción’ de la renta
mínima va en contra de la normativa vigente”.

Otra modificación consistirá en aplicar una curva de tasas de interés que se
actualizará semestralmente atada al rendimiento financiero de títulos de
deuda u otros indexados al índice medio de salarios nominal. Hoy rige una
tasa de interés técnica única de 1,5 por ciento que se aplica para toda la
vida del jubilado.

Una tercera propuesta implica modificar las tablas de mortalidad: “serán
dinámicas y el Bcu las actualizará cada año. Respecto de las originales, la
esperanza de vida se ha incrementado dos años tanto para hombres (con el
cambio pasa a ser 71,75 años) como para mujeres (pasa a ser 79,08)”. Para el
representante de los trabajadores en el directorio del Bps, “las nuevas
tablas de mortalidad que se usarán para calcular las rentas vitalicias
rebajarán entre 12 y 15 por ciento las futuras jubilaciones”.

El Bcu autorizará a las aseguradoras a cobrar una comisión de 0,75 por
ciento del rendimiento de las tasas para mejorar su eventual ganancia. El
informe del Bps sostiene que “la aplicación de cualquier margen de ganancia,
recargo de seguridad, carga de gastos administrativos o la aplicación de una
tasa de interés más baja a la fijada por el Bcu, al igual que la utilización
de cualquier tabla de mortalidad distinta a la establecida por el Bcu, no
sería posible”.

Finalmente, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de creación de una
nueva unidad de valor, que se llamará “unidad previsional”; fluctuará según
el índice medio de salarios y permitirá emitir títulos de deuda pública
destinados a las aseguradoras. El texto está a estudio de las comisiones de
ambas cámaras y se presume que será aprobado antes de fin de año.

Al anunciar la batería de medidas para enfrentar el déficit que provoca el
“descalce”, Bergara comunicó su íntima convicción de que su aplicación
aparejaría un “equilibrio” en el sistema. Sin embargo, muy poco después, a
comienzos del corriente mes, el vicepresidente de Bse, Guillermo Porras,
puso en duda el optimismo del presidente del Banco Central: “La comisión de
0,75 por ciento del rendimiento de las tasas (que la nueva normativa permite
cargar a la aseguradora al calcular la renta inicial) es insuficiente para
que el negocio sea rentable y se reduzca el déficit de la institución”,
declaró al diario El País. Otro twit del represente de los trabajadores en
el directorio del Bse afirmaba que “cambios resueltos por el Bcu agregan más
incertidumbres al fijar la renta vitalicia del régimen de ahorro individual
(jubilación Afap)”. Las aseguradoras privadas mantuvieron un significativo
silencio.

Quién gana y quién pierde

Con el tiempo se ha instalado una lógica que, como un axioma, no parece
requerir fundamentación: en materia de inversiones extranjeras el Estado
debe asegurar una cierta rentabilidad. Si se dejara en manos del mercado, el
sistema previsional de renta vitalicia se vendría al suelo, porque nada
obliga al Bse a hacer el sacrificio de acumular pérdidas.

Como ningún sector de la economía, nacional o internacional, asegura hoy un
retorno de las colocaciones de reservas previsionales con tasas de interés
que superen el gasto por cada renta vitalicia, la única forma de lograr un
saneamiento del sistema es definir una cierta rentabilidad “aceptable” para
las aseguradoras privadas. No hay manera de obligar –a ellas y a las Afap– a
contribuir con un porcentaje de sus ganancias, aun en mucha menor proporción
que el sacrificio que sobrelleva el Bse, deteriorando sus cuentas y
perdiendo competitividad.

Todo indica que en el correr de 2018 se entablará una negociación para
definir el volumen de esa rentabilidad. Es muy factible que el interlocutor
de las aseguradoras con el gobierno sea el propio Banco de Seguros, en tanto
integrante de República Afap, porque en ello le va la vida.

Todo va a contribuir a satisfacer la rentabilidad que reclaman las
aseguradoras privadas (y sus bancos asociados): niveles de comisiones,
reducción de la renta inicial mínima, modificación de las tasas de interés.
En cualquiera de los casos habrá dos consecuencias evidentes: los jubilados
cobrarán menos, y el Estado asumirá las deficiencias del sistema emitiendo
títulos que sean atractivos para el sector privado del sistema previsional.

En esencia, no hay ninguna diferencia con los antiguos salvatajes de bancos
vaciados.

  _____

Participación accionaria de las AFAP

•Integración. Banco Bandes, 77,40 por ciento; Cabal, 8,10 por ciento; Fucac,
14,50 por ciento. Aseguradora: Surco Seguros.Sura. Grupo Sura Asset
Management Sociedad de Inversión, 100 por ciento. Aseguradora: Seguros Sura.

•Unión-Capital. Banco Itaú, 100 por ciento. Aseguradora: Porto Seguros.

•República. Brou, 51 por ciento; Bse, 12 por ciento; Bps, 37 por ciento.
Aseguradora: Banco de Seguros.

  _____

Ley de los “cincuentones”

Un parche problemático

Víctor Hugo Abelando

El 5 de diciembre es la fecha prometida por la bancada frenteamplista de
Diputados para aprobar el proyecto de ley que permite que aquellos mayores
de 50 años que fueron obligatoriamente afiliados a las Afap puedan volver al
régimen solidario de previsión social. El compromiso incluye además que, una
vez en el Senado, el texto recibirá sanción a “tapas cerradas”. De no
aprobarse, quienes se jubilen por el régimen de las Afap recibirían un 30
por ciento menos de remuneración de la que percibirían si hubieran
permanecido en el Bps.

Desde julio, cuando el Ejecutivo envió la iniciativa, a la actualidad,
aparecieron diferencias dentro de los legisladores oficialistas y una
advertencia de Economía sobre los costos del pasaje de los cincuentones al
Bps, aunque el texto inicial fue aprobado por todo el gabinete.

La diferencia básica reside en el costo que representa para el Estado la
incorporación de los mayores de 50 años al sistema tradicional de
jubilaciones. El cálculo primario era de 2.500 millones de dólares, en un
período de 48 años, para el pago de esas nuevas pasividades. Las nuevas
cifras presentadas por Economía sostienen que el monto será de 3.700
millones de dólares en el mismo período. El incremento responde a que el Bcu
aumentó la expectativa de vida de los uruguayos en dos años.

Con la aprobación del proyecto, los cincuentones ingresarían al Bps con lo
aportado a las Afap, y esos recursos irán a un fideicomiso, con capacidad
para hacer inversiones en bonos uruguayos. De acuerdo a las estimaciones del
organismo de previsión, el dinero que estaría a disposición de la entidad
estatal es de 1.500 millones de dólares. Esa cantidad permitiría financiar
con holgura los primeros cinco años de las pasividades de los cincuentones,
hasta llegar a los 10 años del pago en un empate y a generar déficit en los
posteriores. De acuerdo a los números manejados en Diputados, los
beneficiados por ese pasaje oscilan entre las 40 mil y 70 mil personas.

El proyecto fue uno de los compromisos del presidente Tabaré Vázquez ante la
demanda de los perjudicados. Sin embargo, tanto desde el Fls como desde el
Mef hay cuestionamientos. El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay)
comentó a Brecha que la aprobación de la norma generaría más deuda pública,
afectando al alza el déficit fiscal. Incluso recordó que algunas
calificadoras de riesgo amenazan con modificar el grado inversor si el
endeudamiento aumenta y el sistema se desfinancia. Por el contrario, su
colega comunista Gerardo Núñez afirmó a este semanario que se trata de
justicia social y que transcurrido el período de cinco años de vigencia de
la ley, el FA debe iniciar un proceso de debate profundo del sistema
previsional.

De acuerdo a la compulsa realizada por Brecha, tanto el Pcu (Partido
Comunista) el Mpp (Movimiento de Participación Popular), el Pvp (Partido por
la Victoria del Pueblo) y la 711 (sector del ex vicepresidente Raúl Sendic)
son partidarios de votar el texto sin modificaciones. Incluso varios
recuerdan que en la plataforma que permitió el acceso en 2005 al gobierno se
incluía, como una de las medidas a tomar, la derogación de las Afap. En el
transcurso de los años, el tema desapareció del programa frenteamplista.

  _____





---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20171120/ec72e962/attachment-0001.htm