América Latina/ El grito de la Pachamama: ser mujer y defensora del ambiente [Azul Curdo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de noviembre 2017

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América Latina

Ser mujer y defensora del ambiente

El grito de la Pachamama

En América Latina, la lucha de los pueblos en defensa de las tierras,
bosques y agua contra las pretensiones extractivas de trasnacionales de
transformarlos en industria, tiene también una reacción machista. Las
defensoras de la vida y la naturaleza, por ser mujeres sufren una
persecución particular, cuyas principales características son la
estigmatización, la violencia sexual y psicológica y hasta la muerte.

Azul Curdo

Brecha, 24-11-2017

https://brecha.com.uy/

Estigmatización, acoso permanente, manoseo durante detenciones ilegales,
violaciones y hasta asesinatos son algunos de los vejámenes que sufren las
mujeres que militan en defensa del ambiente en América Latina. En la lucha
por defender la tierra y la naturaleza, muchas veces las que resisten,
acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea a ejércitos,
policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta resistencia
las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos. El caso más
emblemático es el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres (véase nota
en página 17). Pero entre las ambientalistas que siguen vivas se destaca la
peruana Máxima Acuña, agricultora que sigue siendo blanco de persecución por
vivir en un terreno cerca de donde la minera Yanacocha quiere llevar
adelante su emprendimiento extractivista. Hasta el día de hoy, funcionarios
de la empresa continúan ingresando a su vivienda y rompiendo sus cultivos.

En sus cuerpos las defensoras del ambiente encarnan a la Pachamama. Defender
los territorios que habitan desde tiempos ancestrales, por pertenecer a
comunidades indígenas y campesinas, es defender la vida. A quienes tienen el
poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por supuesto que les
molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se corren del rol
tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las luchas por la
defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso los métodos para
intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra los hombres.

La socióloga Jessenia Cassani, de la organización feminista peruana Estudio
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló recientemente –a
fines de octubre, en una de las sesiones públicas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo– que las militantes mujeres
en conflictos socioambientales son acosadas y atacadas de manera diferente
por ser mujeres, y que esta persecución se manifiesta en violencia física,
psicológica y sexual, de la que son víctimas “de manera permanente y
cotidiana”. “La violencia sexual es un mecanismo que han utilizado los
agresores para neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”, agregó la
activista.

Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el propio Estado a
través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema judicial,
haciendo un uso arbitrario del sistema penal.

Manoseo

La violencia sexual contra las mujeres es común en los contextos de
protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos van dirigidos (con
golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese momento de lucha y
en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las detenciones se producen
amenazas de violación, inspecciones de genitales y pechos y exhibición de
ropa interior”, agregó.

Emperatriz Bolaños –de Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió en
carne propia cuando el personal de la minera Yanacocha amenazó con violarla.
También le mataron a sus dos perros, y las autoridades no le tomaron la
denuncia. Bolaños denunció en la misma audiencia de la Cidh otras prácticas
intimidatorias comunes: “Nos quieren reubicar, y en nuestra comunidad hay
ancianos, hay discapacitados, gente que no está acostumbrada a la ciudad. El
gobierno no hace nada por nosotros, al contrario: manda a la policía a que
nos reprima, manda a la policía a que mate, a que nos saquen, y eso no es
justo”.

Según Cassani, “el despojo, desalojo y desarraigo de sus tierras es otro
impacto de género”, las mujeres son desplazadas “muchas veces a zonas
urbanas donde están en mayor indefensión por las desigualdades económicas,
el racismo y el machismo existentes en nuestras sociedades, sumado a la
cultura de violación imperante en nuestro país”. Mientras no existan
estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que sufren las mujeres,
estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible generar “un
diagnóstico claro y normativas y políticas públicas eficientes que puedan
garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, insistió.

Para la abogada peruana Mirtha Vásquez, que defiende a Máxima Acuña y
participó en la misma audiencia, es un problema cuando estas agresiones no
son juzgadas como actos de violencia basada en género. Aunque en Perú exista
la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar”, el Ministerio Público suele
definir la violencia contra las mujeres sólo como “aquella que se comete en
el marco de las relaciones familiares, y que sólo se produce en el cuerpo de
las mujeres, desconociendo los contextos y las características de las
violencias”, afirmó la abogada. En las salas de audiencias de los
tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están brindando su testimonio no
las dejan amamantar a sus bebés.

“Femicidio político”

La lucha que dio Berta Cáceres era a la vez anticapitalista, antirracista y
antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, en diálogo
con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica como un “femicidio
político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a ella porque lo
que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los desafiaba. En un
contexto tan machista como el de Honduras, el papel de la mujer siempre está
relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando alguien se rebela ante ese
papel eso genera más odio”, señala Laura Zúñiga. A su madre “la describían
como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y luego de muerta su condición de mujer
también incidió en la caracterización del crimen que hicieron tanto las
autoridades como la empresa: “A pesar de que su trabajo era peligroso, de
que había tenido 33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la primera
hipótesis que presentó el Ministerio de Seguridad fue que había ocurrido un
‘crimen pasional’”. Además, subraya, la empresa Desa –que estaba detrás del
proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres– intentó
deslindarse del asesinato argumentando públicamente que se trataba de un
crimen “de faldas”. “Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en
estos hechos son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución
que ha sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos
internacionales se logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el
asesinato) a su intimidad, de investigar a su ex pareja y deslegitimar su
lucha por ser mujer. Por eso decimos que es un femicidio político: porque el
crimen ha tenido motivaciones de odio por ser mujer”, asevera.

Zúñiga dice que su madre “fomentaba y demostraba que las mujeres podemos
liderar y que los hombres pueden ser liderados por una mujer. Hizo que las
comunidades comenzaran a pensar en la posibilidad de tener un liderazgo
femenino”.

Es precisamente el caso de Elvia Dagua, referente ecuatoriana en lucha
contra la instalación del proyecto Mirador, de minería a cielo abierto, que
se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador.

En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la minera china Ecuacorriente SA
(Ecsa) una concesión por 30 años. Y en diciembre de 2016 la empresa logró
desplazar a la comunidad shuar Nakints para imponer su proyecto de
extracción de cobre, contando con el aval del gobierno. Con la mano
represiva del Ejército destruyó casas, expulsó a más de 500 indígenas a la
selva, los dejó sin alimentación ni escuelas y alambró el terreno para
montar el campamento minero.

Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses por
enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo vecino que,
el 22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de presionar y detener
a quienes resistían. Los hombres permanecen clandestinos y pasan hambre.

La representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en responsabilizar al gobierno de
Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del buen vivir, pero a las
comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal vivir. Para hacer
negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de comprar la
conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas, y
nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado
ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha.

Hostigamiento

Las amenazas y campañas de difamación en las redes sociales, medios de
comunicación y en las comunidades son otra forma de violencia machista que
sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen calificar como “Máxima
Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y difamación, de
incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su vida, por ejemplo
con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta un sol. Muerto el perro
se acabó la rabia”.

La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada inocente de los
delitos por los que la minera la había acusado, como la usurpación del
terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la justicia civil
peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa había
solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo, relató su
abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto minero. Según
Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en defender esto y ya
ni la justicia nos defiende”, porque no actúa ante las denuncias que ha
presentado por hostigamiento constante en su finca.

“Además de haber sido atacada físicamente años atrás, Máxima no puede volver
a vender sus productos porque la propia gente de la comunidad la ataca, como
consecuencia de las campañas de desprestigio de las que es objeto”, comentó
a Brecha su abogada.

Y sin embargo, relató recientemente Vásquez en una carta pública en
NoticiasSer.pe, cuando le ha preguntado si quiere dejarlo todo y bajar los
brazos después de haber sufrido tanto y logrado mucho, la activista le
respondió: “No importa ya el terreno ni el daño que me siguen haciendo; a
ellos se les sigue yendo el alma por quitarme Tragadero, tal vez lo logren
alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a cambio de mis derechos,
para olvidar mi sufrimiento, eso jamás. Tal vez decida irme cuando mi cuerpo
ya no aguante. Yo he ganado, yo demostré que las lagunas, que la tierra, que
la dignidad del pobre no tienen precio, su oro no ha podido comprarme”.

Para Laura Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y avanza
sobre (…) los territorios indígenas preservados. La batalla de estos pueblos
es por la vida, y vemos formas repetidas de criminalización en su contra,
campañas de desprestigio, asesinatos”. En este contexto, dice, el desafío es
“definir en conjunto cómo vamos a enfrentar estos ataques”.

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