Uruguay/ Santa María Eugenia: un barrio de trabajadores amenazado de desalojo [Álvaro Delgado Vivas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de octubre 2017

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Uruguay

Tierra Santa

Una comisión busca soluciones habitacionales para más de 200 familias del
barrio capitalino Santa María Eugenia, amenazadas por una orden de desalojo.


Álvaro Delgado Vivas 

La Diaria, 7-10-2017 

https://findesemana.ladiaria.com.uy/

Santa María Eugenia es un barrio poco conocido del este rural de Montevideo.
Si bien existe hace más de 40 años, parece no quedarle mucho tiempo: una
empresa compró las cuatro hectáreas que ocupan más de 200 familias y exigió
su desalojo. Se trata de una comunidad modesta, fraternal y trabajadora. El
presidente de la comisión vecinal garantiza que es un barrio unido y
tranquilo. “Podés llegar a cualquier hora, dejar tu bicicleta o vehículo
afuera y estar tranquilo que no va a pasar nada”, asegura. El barrio está
ubicado en los bañados de Carrasco, bordeando el arroyo. Se puede llegar
fácilmente por Camino Carrasco; se toma hacia el norte por la calle Servando
Gómez hasta el final. Allí la diaria fue recibida por la comisión vecinal de
Santa María Eugenia: su presidente, Leonardo Frontora, el tesorero, Tomás
Millán, y la secretaria, Mary Rivero.

Santa María Eugenia es un asentamiento sobre un área rural. Las viviendas
son de chapa y de bloque, y las condiciones de saneamiento y de electricidad
no son buenas. Es una comunidad de unas 1.000 personas. Según el último
censo oficial (2016) allí conviven 208 familias, y unos 365 niños menores de
diez años. "Es un barrio de trabajadores", resumió Millán, en una recorrida
por los caminos de tierra. Unos 100 vecinos de Santa María Eugenia trabajan
en los viveros de la florería Mussaco, ubicado a pocas cuadras del lugar.
Muchas vecinas son empleadas domésticas en Carrasco, hay unos 30
clasificadores de residuos, otros producen compost y el resto son empleados
en servicios de limpieza y de seguridad, entre otros rubros. Allí son
comunes los carros de caballos, la cría de chanchos y los gallineros. En
medio del asentamiento hay una cancha de fútbol y un prolijo salón comunal
construido por la comunidad, donde funciona un Servicio de Orientación,
Consulta y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social
(Mides). Este salón, además de ser el lugar para las asambleas vecinales, es
un espacio valioso para los más jóvenes: allí se encuentran con sus
ceibalitas, hacen sus deberes y comparten meriendas. “Acá los gurises
estudian. Todos los días van a la escuela y al liceo en el L20 [una línea
local de transporte público que sale desde el shopping Portones y atraviesa
Carrasco Norte]”, cuenta Rivero, que además de formar parte de la comisión
vecinal, suele cocinar de forma comunitaria para sus vecinos. En cuanto a
servicios de salud pública, el barrio cuenta con una policlínica móvil que
se instala en el lugar todos los lunes.

Rivero cuenta que cuando llegó al barrio, hace unos 40 años, el terreno ya
estaba ocupado por numerosas familias, y ya se llamaba así –nunca supo por
qué–. Recuerda que en aquel momento 70% de las parcelas del asentamiento
eran privadas (incluso que conocía al ex dueño), mientras que el resto era
de la Intendencia de Montevideo (IM) y del Ministerio de Defensa Nacional.
Allí eligió hacer su vida con sus hijos, primero en una casa de chapa y
ahora en una de bloque. Si bien nunca le sobró nada, tampoco le faltó mucho,
y asegura que todo iba bien hasta el 29 de octubre de 2015.

Llamado de emergencia

Fue un mal día para Santa María Eugenia. Sucedió hace dos años, cuando llegó
un cedulón que acabó con la tranquilidad que mantenía la comunidad. Una
empresa denominada Monte Platino Sociedad Anónima solicitó un informe sobre
la integración y situación socioeconómica de las familias y, como siguiente
paso, inició un juicio por desalojo a los vecinos que ocupan sus cuatro
hectáreas. La angustia se apoderó del barrio. “La conmoción llegó a tal
punto que un vecino murió de un ataque al corazón”, dijo Frontora. Agregó:
“Nosotros siempre estuvimos en forma pacífica y sin reclamos previos.
Habitamos la zona desde hace 40 años, cuando el primer dueño de estas
propiedades era Andrés Deus. Monte Platino compró mucho después, en 2010, y
ahora en 2015 nos reclaman las tierras”.

Desde entonces la comisión vecinal inició un proceso de diálogo con la Junta
Departamental de Montevideo (JDM), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Mides, la IM y con el Parlamento,
más concretamente en una visita a la Comisión Especial de Ordenamiento
Territorial. Para poder costear un abogado que los represente como
colectivo, cada familia pone 50 pesos por mes. Según la comisión vecinal,
existe un buen diálogo con los abogados representantes de Monte Platino. La
primera audiencia del juicio para desalojar a Santa María Eugenia tuvo lugar
hace pocos días, el 22 de setiembre. Las negociaciones judiciales apuntan a
un plan para realojar a las 208 familias registradas en los censos
oficiales.

En tanto, la JDM asumió la urgencia y el compromiso, creando una comisión
interinstitucional para el caso específico de Santa María Eugenia. La
presidenta de la JDM, Graciela Villar, consultada por la diaria, informó que
se trata de una comisión que se reúne mensualmente para planificar la
estrategia de realojo, entre representantes del MVOTMA, Mides, la IM, el
Municipio F y la JDM, que oficia de articuladora. “Pocos casos logran que se
articulen todas las instituciones en torno a un mismo problema, pero esta
comunidad se lo merece: son gente trabajadora, con una convivencia sana. Es
una realidad que no suele repetirse en otros lugares. Además de ser una
situación delicada que involucra a más de 200 familias”, agregó.

Con respecto al plan de realojo y su proceso, Villar explicó que las
acciones legales aguardan a que la IM se haga con tierras. Con este objetivo
se prepara un llamado a licitación para comprar parcelas, preferentemente
cerca de la zona o sus alrededores, de manera que las familias puedan
mantener su vida laboral. Una vez que eso suceda, en conjunto con el MVOTMA
y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) se llevará
a cabo un plan de realojo sólo para las familias censadas por el Mides en
2016.

Justamente, otro problema que mencionó Villar fue que, luego del censo, se
han sumado 23 familias al barrio que no están contempladas en este proceso
de realojo. “En estos casos suele haber gente que se asienta buscando ser
favorecida en el proceso; es una constante en los procesos de realojo, por
lo que se define el proceso en base a los censos oficiales. En cuanto a
estas familias que llegaron después, junto con el Mides iremos buscando una
solución aparte, pero no dentro del mismo paquete de realojo”, aclaró.

Si bien todo este proceso está en pañales y faltan muchas decisiones, la
diaria averiguó que esta comisión interinstitucional analiza realojar a las
208 familias en distintos núcleos pequeños, en vez de en un solo lugar.

Aún se desconoce el tipo de viviendas y la arquitectura a elegir. La
presidenta de la JDM y el PIAI estiman que todo el proceso insumirá al menos
dos años (dependiendo también del tipo de viviendas que, llegado el momento,
elija el MVOTMA).

Mientras tanto, el barrio comienza a asumir el deber de abandonar esas
tierras. Según dijeron algunos vecinos a este medio, al principio no fue
fácil asumir que había que irse. El presidente de la comisión vecinal
recordó cómo el barrio se fue superando: “Antes la gente vivía en un
ranchito de lata, mientras que hoy vive en edificaciones más o menos dignas.
Después se logró que llegara el ómnibus. Incluso trabajamos con el derecho
del vecino para que la OSE trajera un ramal de agua del que nosotros nos
valimos para conectar los caños dentro de las viviendas. Ahora ya tenemos
agua potable de la OSE. También la UTE puso cuatro picos para que nosotros
mismos pudiéramos hacer la conexión de la luz, una situación compleja, pues
además de corresponder a una zona privada, está catalogada como inundable.
Cuando llueve en abundancia, en algunas de nuestras casas el agua llega a la
cintura” dijo, y advirtió que esas tierras están contaminadas por plomo,
entre otras sustancias.

Es que si bien se trata de una comunidad fraterna y trabajadora, Santa María
Eugenia no deja de ser un asentamiento irregular, y como tal padece todas
las dificultades vinculadas a vivienda, servicios, acceso, salud.

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“Peleando contra titanes”

Según los mapas y documentos dispuestos por la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial del MVOTMA, los Bañados de Carrasco componen parte
del territorio clasificado como “suelo rural natural”, lo que significa que
son áreas protegidas. Esto implica que cualquier desarrollo inmobiliario en
este suelo está prohibido. Sólo la JDM tiene la potestad de cambiar su suelo
de rural a urbano, lo que significa un proceso complejo requirente de
mayorías especiales. El tesorero de la comisión vecinal comentó que el valor
de las tierras en esta zona ha crecido en los últimos años. “Coexisten el
Carrasco Polo Club, el Lawn Tennis, entre barrios privados y varias
empresas. Además, está cerca del aeropuerto y del estadio de Peñarol”,
explicó Millán. Y concluyó: “Sabemos que estamos peleando contra titanes.
Somos una espina en la pata de estos empresarios, estamos viviendo sobre su
pepita de oro. Así que la empresa también debe poner de su voluntad para que
nos realojen”.

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